sábado, 14 de mayo de 2011

El Supremo permite que los crímenes de la dictadura militar prescriban en Uruguay

En medio del debate sobre la derogación de la Ley de Caducidad, que en Uruguay garantiza la impunidad a los militares que participaron en la dictadura (1973-1985), la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que los crímenes cometidos por el régimen de represión ya no son delitos de lesa humanidad, sino homicidios, y por tanto, permite que prescriban con el paso del tiempo.


Según el Código Penal, el delito de homicidio tiene una vigencia de 20 años a no ser que se tipifique como agravado, en cuyo caso el plazo de prescripción llega a los 26 años y ocho meses. Si se cuenta desde 1985, ese periodo de tiempo concluye el próximo 1 de noviembre, cuando todos los crímenes de Estado prescribirán automáticamente.


Una fiscal interpondrá ahora un recurso de aclaración y ampliación sobre el dictamen de la Corte, que no hace sino añadir más fuego a la discusión creada dentro de la coalición gobernante del Frente Amplio sobre la conveniencia de invalidar la Ley de Caducidad.


El conflicto dentro de la agrupación de izquierdas se debe a los dos referéndums de 1989 y de 2009 con los que la ciudadanía se negó a rescindir la ley de Caducidad. El Frente Amplio impulsó no obstante un proyecto para anular la ley de amnistía que fue aprobado por el Senado y que ahora esperaba tranquilo a las puertas del Congreso para recibir su sanción definitiva el próximo jueves 19. Fue entonces cuando el mismo presidente de Uruguay se pronunció a favor de respetar la voluntad popular.


“No es bueno que se le diga [a la gente] que se la consultó por equivocación porque en realidad no tenía derecho a decidir nada”, expresó el ex guerrillero tupamaro. “No es bueno que se le diga que no entiende cuando vota”. Alarmados por semejante disyuntiva interna, hoy se reúne el plenario de la coalición para discutir si abandonan la iniciativa o siguen adelante sin su presidente, quien no exigirá disciplina partidaria ni impondrá su veto a lo que apruebe el Congreso, aunque ya haya culpado al canciller Luis Almagro por actuar con iniciativa propia sin que “nadie” le preguntara “qué opinaba”.


El mandatario ha sugerido una alternativa: un decreto que inhabilite los recursos de Gobiernos anteriores que han impedido juzgar los crímenes de la dictadura. Además Mujica anuló, hace dos días, una resolución del ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) para reabrir un caso sobre el asesinato de un militante comunista.


Desde que en 2005 el Frente Amplio accediera al poder de la mano de Tabaré Vázquez, tanto éste como el actual presidente han utilizado una excepción de la Ley de Caducidad que permite al Ejecutivo excluir algunos casos. Es así que han podido juzgarse a los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry.


* Artículo aparecido el 14 de mayo de 2011 en el diario español Público.

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