La crisis dentro de la coalición uruguaya del Frente Amplio por la derogación de la ley de Caducidad, que protegía a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1986) y que había sido ratificada en dos referéndums, ha encontrado una vía de escape. El oficialismo ha decidido convocar la tercera consulta popular para no arriesgarse a validar en la Cámara de Diputados un proyecto que no cuente con el beneplácito de la ciudadanía.
El próximo jueves 19, entonces, se mantiene la votación en la Cámara Baja para anular la ley que amnistía a los militares. Se espera que la bancada del Frente Amplio apoye la iniciativa a pesar de la oposición que ha mostrado hasta ahora el presidente José Mujica sobre la idea de ir en contra de los plebiscitos celebrados en 1989 y en 2009 sobre la ley de Caducidad.
Si el proyecto es aprobado en el Congreso (el Frente Amplio cuenta con 50 legisladores de los 99), se convocará el referéndum definitivo para que el pueblo pueda desestimar o ratificar esa decisión.
La ley de Caducidad de 1986 garantiza la impunidad a todos los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El máximo órgano de conducción del Frente Amplio, el plenario, se reúne hoy para acordar este asunto.
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