Pequeña rebelión de España ante la Unión Europea

Madrid rechazó las últimas recomendaciones del bloque, que sugerían un aumento del IVA y de los impuestos a los combustibles. Un "no" simbólico de un país que acató una de las reformas estructurales más severas

Hasta ahora, España era uno de los países que, como Grecia, seguía sin rechistar todas las propuestas sugeridas tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea -que equivale al poder Ejecutivo de la Unión-. Esta institución emitió el pasado martes una serie de recomendaciones, en las que exigía, a cada uno de sus miembros, nuevos ajustes y más recortes sociales y económicos.

En el caso de España, la Comisión consideró que el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero debía poner un techo de gasto en las Administraciones, una rebaja a las cotizaciones sociales de los trabajadores; tenía que aprobar también, y lo antes posible, la reforma que lleva la edad de jubilación a los 67 años y además, incluir un sistema automático para equiparar ese tope establecido con la esperanza de vida.

El Ejecutivo de Zapatero, que hasta ahora siguió religiosamente todas las propuestas del FMI y de la Unión Europea, consideró ahora que estas propuestas están fuera de lugar. En primer lugar, se niega a reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, porque "sirven para pagar futuras pensiones", según argumentó la ministra de Economía, Elena Salgado. "Esa recomendación no la vamos a seguir en el corto plazo. Dentro de no sé cuántas legislaturas, cuando las reformas estén produciendo sus efectos, será ocasión de ver qué dice la Comisión", afirmó.

El Gobierno del PSOE recuerda el castigo que ha recibido en las últimas elecciones municipales y autonómicas del 22 de marzo, cuando un millón y medio de personas le retiraron su apoyo como represalia por los recortes adoptados en su segunda legislatura: reforma laboral, reducciones salariales, recorte del gasto público, congelación de las pensiones, subida de los impuestos del IVA y del tabaco, recortes de 6 mil millones de euros en la inversión a obras de infraestructura, limitación a las ayudas por dependencia y discapacidad y el impulso a una reforma de las pensiones que atrasa la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

En realidad, todos los países miembros de la Unión Europea han acordado acatar la principal prioridad que establece la Comisión y que comparte la visión del FMI: ejecutar recortes y privatizaciones para "sanar" las cuentas públicas, que están en riesgo por los multimillonarios rescates bancarios con los que han tratado de salvar a la banca.

Muy distinto es lo que ocurrió en Islandia, un país de apenas 310 mil habitantes y que no pertenece a la Unión Europea, pero que quedó al borde de la bancarrota en 2008. Allí, los tres principales bancos del país, que eran, a su vez, las empresas más grandes de la nación, colapsaron por deudas por lo que el Gobierno se vio en la necesidad de nacionalizarlos. Hasta entonces había coqueteado con un sector financiero sin ningún control, hasta el punto de que el volumen de dinero que se manejaba en ese rubro equivalía a ocho veces el PIB nacional.

Pero la población había escarmentado, y así lo hicieron saber en dos referendos. En el primero, en marzo de 2010, dijeron "no" al hecho de cubrir de su bolsillo el quiebre de uno de los bancos. En el segundo, celebrado en abril de este año, volvieron a decir que no a la posibilidad de indemnizar a unos 300 mil ahorradores ingleses y holandeses que habían depositado su dinero en uno de los bancos islandeses.

Por si fuera poco, el ex primer ministro conservador que gobernaba durante la crisis, Geeir H. Haarde, está procesado en un juicio que comenzó este año por cometer "negligencia grave". En 2009, tras numerosas manifestaciones, se vio obligado a dimitir con todo el Gobierno en bloque. Él es el primer político en sentarse en el banquillo por la crisis financiera. Ahora gobierna la izquierda con mayoría absoluta, desde abril de 2011, tras 65 años de poderes conservadores.

España, en cambio, ha hecho todo lo contrario. Al compás de lo que marca la Unión Europea de mano del FMI, que tomaron por política salvar a los bancos de la ruina, hoy se sigue y ejecuta un plan de austeridad sin precedentes. Entre los países miembros hay una interdependencia económica, y se marca una pauta sobre el tipo de política económica y social a seguir. El "no" de España no puede deslindarse, en realidad, de una causa común que lidera la Unión Europea y bendice el FMI.

* Artículo aparecido en Infobae América el 08-06-2011