El Gobierno de Uruguay revocó ayer con un decreto todos los actos administrativos de gestiones anteriores que paralizaron unos 88 juicios de la última dictadura (1973-1985). Esta decisión, tomada por "razones de legitimidad", fue anunciada esta semana en coincidencia con el aniversario de los 38 años del golpe de Estado. Así quedan sin efecto todas las resoluciones de gobiernos anteriores que, para bloquear posibles juicios, incluyeron las denuncias de delitos cometidos durante la dictadura en la Ley de Caducidad, una normativa vigente desde 1986 que hasta ahora concede impunidad a los militares de los crímenes de lesa humanidad.
Medios castrenses ya han anunciado que pretenden revocar el decreto. "Intentaremos por todos los medios jurídicos, con todo lo que esté a nuestro alcance, rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad", dijo Emilio Micolick, abogado de uno de los procesados.
Pero la fiscal Mirtha Guianza considera improbable que pueda prosperar una iniciativa de este tipo. "No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad", explicó. "A lo sumo podrán recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional".
Los presidentes que consiguieron frenar procesos judiciales contra represores de la dictadura fueron Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005). Todos ellos pertenecen a los dos partidos tradicionales (el Colorado y el Nacional) que estuvieron en el poder desde la creación del Estado uruguayo hasta 2005, cuando por primera vez llegó la coalición Frente Amplio al Ejecutivo de la mano de Tabaré Vázquez.
El precedente de Vázquez
La Ley de Caducidad, promulgada durante el primer Gobierno de Sanguinetti, fue sometida a referéndum en 1989 y en 2009, y en ambas ocasiones fue ratificada por la ciudadanía. El mes pasado la normativa volvió a estar en el centro de la polémica, cuando los legisladores del gobernante Frente Amplio trataron de dejar sin efecto la ley por vía parlamentaria. El proyecto fracasó en la Cámara de Diputados, a falta del voto de un legislador oficialista que no quiso respaldar a su coalición.
La Ley de Caducidad, sin embargo, reconoce al Ejecutivo la potestad de excluir determinados casos dentro la misma norma. Los únicos que han hecho uso de esta facultad han sido el presidente, José Mujica, y Vázquez, quienes hasta ahora han reactivado a base de resoluciones 16 casos para que puedan ser investigados por la Justicia.
Por primera vez, en mayor, el presidente también revirtió un acto administrativo amparado por el Gobierno deSanguinetti, paso previo para que la Justicia pudiese indagar sobre el asesinato del comunista Álvaro Balbi, que murió bajo tortura en 1975.
* Artículo aparecido el 01-07-2011 en el diario español Público.
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