Argentina ha constatado en las últimas horas que la
investigación de los crímenes de la dictadura no se limita al espacio
que brindan los tribunales de Justicia. Dos hallazgos de restos humanos y
la publicación de fotos inéditas sobre las víctimas de los vuelos de la
muerte completan la escenografía de un periodo de represión en el que
los militares no sólo cometieron delitos de lesa humanidad, sino que
además trataron de ocultarlos.
En un edificio militar de la provincia de Tucumán se han localizado los restos de al menos 15 personas enterradas en una fosa común. "Los cuerpos se encontraban ubicados como cayeron", según el Centro de Información Judicial (CIJ). "Varios de ellos [estaban] atados en las extremidades superiores" y junto a otros se detectó "la presencia de proyectiles de arma de fuego".
En la fosa, que funcionó como lugar de ejecución, también quemaban los cadáveres, como refleja la presencia de neumáticos y restos humanos carbonizados, de acuerdo con el informe de la CIJ. La primera vez que se encontraron cadáveres en el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue en marzo. Ahora ya son cuatro las fosas descubiertas en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el norte del país. Por él podrían haber pasado unos 900 prisioneros.
Al recinto militar acudía el general Antonio Domingo Bussi, que además de ser el gobernador de Tucumán durante la dictadura y la democracia fue quien creó y dirigió los 30 centros clandestinos de la provincia. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, el represor se presentaba en ocasiones para ser el primero en disparar un tiro en la nuca a los detenidos que aguardaban en fila a ser fusilados.
No es la única noticia que llega de Tucumán. Por fin se han identificado los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas. Un hombre que, a los pocos días de haber asumido Bussi como gobernador de facto, fue secuestrado en 1976 delante de su familia.
Luego, en 2008, el general sería condenado a arresto domiciliario perpetuo por la desaparición del exlegislador, pero el 24 de noviembre Bussi falleció. Parecía que no se sabría nada más de Vargas, pero las primeras excavaciones en un pozo de agua de 50 metros de profundidad han revelado, en cambio, que entre otros restos de cuerpos calcinados, cal y productos químicos se encontraba el pie derecho del político.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó ayer a un juez federal 130 fotos de víctimas de los vuelos de la muerte, otra de las prácticas de exterminio a la que solían recurrir los militares para deshacerse de las 30.000 personas que hicieron desapa-recer en la dictadura.
Las imágenes, tomadas por la Prefectura y la Policía uruguaya, confirman que los marinos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) arrojaban a los presos políticos al Río de la Plata. Los cuerpos quedaban a la deriva, arrastrados por las corrientes marinas, hasta que algunos encallaban en las costas de Uruguay.
Es la primera vez que se desclasifica toda esta información y también la primera que la CIDH accede a entregar sus archivos confidenciales para un proceso judicial. En este caso, la megacausa de la ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el mayor centro clandestino de detención que existió en Argentina.
* Artículo aparecido el 16-12-2011 en el diario español Público.
En un edificio militar de la provincia de Tucumán se han localizado los restos de al menos 15 personas enterradas en una fosa común. "Los cuerpos se encontraban ubicados como cayeron", según el Centro de Información Judicial (CIJ). "Varios de ellos [estaban] atados en las extremidades superiores" y junto a otros se detectó "la presencia de proyectiles de arma de fuego".
En la fosa, que funcionó como lugar de ejecución, también quemaban los cadáveres, como refleja la presencia de neumáticos y restos humanos carbonizados, de acuerdo con el informe de la CIJ. La primera vez que se encontraron cadáveres en el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue en marzo. Ahora ya son cuatro las fosas descubiertas en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el norte del país. Por él podrían haber pasado unos 900 prisioneros.
Al recinto militar acudía el general Antonio Domingo Bussi, que además de ser el gobernador de Tucumán durante la dictadura y la democracia fue quien creó y dirigió los 30 centros clandestinos de la provincia. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, el represor se presentaba en ocasiones para ser el primero en disparar un tiro en la nuca a los detenidos que aguardaban en fila a ser fusilados.
No es la única noticia que llega de Tucumán. Por fin se han identificado los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas. Un hombre que, a los pocos días de haber asumido Bussi como gobernador de facto, fue secuestrado en 1976 delante de su familia.
Luego, en 2008, el general sería condenado a arresto domiciliario perpetuo por la desaparición del exlegislador, pero el 24 de noviembre Bussi falleció. Parecía que no se sabría nada más de Vargas, pero las primeras excavaciones en un pozo de agua de 50 metros de profundidad han revelado, en cambio, que entre otros restos de cuerpos calcinados, cal y productos químicos se encontraba el pie derecho del político.
Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó ayer a un juez federal 130 fotos de víctimas de los vuelos de la muerte, otra de las prácticas de exterminio a la que solían recurrir los militares para deshacerse de las 30.000 personas que hicieron desapa-recer en la dictadura.
Las imágenes, tomadas por la Prefectura y la Policía uruguaya, confirman que los marinos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) arrojaban a los presos políticos al Río de la Plata. Los cuerpos quedaban a la deriva, arrastrados por las corrientes marinas, hasta que algunos encallaban en las costas de Uruguay.
Atados de pies y manos
La gran mayoría de las víctimas estaban atadas de pies y manos. Algunas, incluso, habían sido torturadas antes de ser lanzadas al agua, como revelan las marcas que habían dejado en los cadáveres las descargas aplicadas con una picana eléctrica.Es la primera vez que se desclasifica toda esta información y también la primera que la CIDH accede a entregar sus archivos confidenciales para un proceso judicial. En este caso, la megacausa de la ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el mayor centro clandestino de detención que existió en Argentina.
* Artículo aparecido el 16-12-2011 en el diario español Público.
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