La Justicia argentina procesa por espionaje al jefe de la Armada

La Justicia argentina ha procesado al jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy, y a quien fuera el subjefe de este cuerpo, Benito Rótolo, por el espionaje ilegal a políticos, a dirigentes sociales, y a integrantes de organismos de derechos humanos. Esta causa judicial demuestra que, aun en esta nación, donde es política de Estado la investigación de los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1976-1983), hay sectores de las Fuerzas Armadas que incurren en prácticas propias del régimen de represión que por aquel entonces instauraron en el país durante casi ocho años.

El desarrollo del proceso que dirige el juez federal Daniel Rafecas ha dado pasos de gigante a casi seis años de su comienzo, pues involucra de manera directa a uno los más altos cargos de las Fuerzas Armadas en un delito que era práctica habitual entre los militares de la dictadura, quienes en aquella época hicieron desaparecer a unas 30.000 personas.

Rafecas da por acreditado que tanto el jefe de la Marina como su ex subalterno dirigían el aparato de inteligencia de la Armada, el cual vigilaba, incluso antes de que ambos asumieran su cargo, a “personalidades del ámbito público o privado y agrupaciones políticas, sociales, sindicales y culturales”, según puede leerse en el fallo judicial.

Al menos de 2003 y hasta 2006, “la clasificación de las personas se realizaba de acuerdo a sus ideas políticas, haciendo hincapié –básicamente- en su adscripción a modos de pensamiento catalogados como de 'izquierda'”, añade la resolución. Esta información, a veces codificada, era después “remitida a los escalones superiodes de la Armada”.

En una variante más de espionaje, la Marina también se infiltraba en actos que organizaban víctimas de la dictadura, como los del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria (instaurado por Néstor Kirchner en 2006, al cumplirse 30 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón. “La actividad de inteligencia interna”, concluye el juez Rafecas, “fue habitual, prolongada y reiterada”.

Godoy, que fue designado por el difunto ex presidente Néstor Kirchner en junio de 2003, y el exsubjefe de la Armada, han sido acusados del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Lo más probable es que ambos sean ahora apartados de sus cargos.

Este caso fue impulsado en 2006 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo ante el que se presentó el cabo Carlos Alegre para denunciar que en la base aeronaval de Trelew, localidad de la provincia de Chubut (sur), había recibido la orden de realizar tareas de inteligencia política. Ante la oposición del marino, los superiores le respondieron: “Sos muy joven. Esto se hace desde siempre”. Como aun así se negó a acatar el mandato, fue sometido a maltratos.

Alegre fue quien contó, por ejemplo, de una reunión en 2005 en la que “se preparaba un plan de acción psicológica para contrarrestar (…) la propaganda de 'izquierda'”. Tras su denuncia, la base de Trelew fue allanada y así se comprobó que la cúpula de la Marina pedía información a todas las bases. El director de inteligencia de la base y otros ocho marinos fueron entonces destituidos y procesados. En 2008, la denuncia se amplió al jefe y al subjefe de la Armada.

Prácticas de la dictadura

Para uno de los abogados del CELS querellantes en la causa, Rodrigo Borda, este proceso es de una relevancia excepcional porque, explicó a Público, “corrobora la hipótesis de que maniobras de inteligencia ilícita eran parte de una práctica sistemática de la Marina”. La causa también desvela “la autonomía de las Fuerzas Armadas, que tienen sus propios planes de inteligencia al margen de la política institucional”.

Aunque por ahora sólo la Marina está involucrada, lo revelado durante las investigaciones “no es novedoso porque tiene que ver con prácticas de los militares que pertenecían a la Doctrina de Seguridad Nacional de la dictadura”, enfatiza Borda, quien reconoce que algunos de sus compañeros del CELS han sido víctimas del espionaje.

Aunque estas actividades ya están prohibidas en Argentina por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, la presidenta Cristina Fernández reglamentó a raíz de esta causa una reforma en el sistema de inteligencia argentina, a la vez que la por entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, también espiada por la Marina, estableció una serie de medidas para fortalecer el poder civil respecto a todas las Fuerzas Armadas.

“No es fácil cortar con la inercia tan fuerte de las Fuerzas Armadas con respecto a estas prácticas que arrastran de la dictadura”, admite Borda. “Éste es un trabajo arduo que debe ser política no sólo de Gobierno, sino de Estado”, sentencia.


* Artículo aparecido el 21-12-2011 en el diario español Público.