La dictadura argentina (1976-1983) contó con un encubridor en
su plan para apropiarse de los hijos de opositores y entregarlos en adopción a
familias afines: Estados Unidos.
Un alto cargo de la administración Reagan que ha declarado
este jueves ante la Justicia
argentina ha confirmado que “Estados Unidos estaba al tanto de que había niños
sustraídos a sus familias y entregados a otras cuando sus padres estaban
prisioneros o muertos”.
Elliot Abrams, subsecretario de Derechos Humanos en 1982, ha admitido desde
Washington que la apropiación de menores no era cuestión de “uno o dos niños, o
uno o dos oficiales que hubiesen sustraído a los niños”, sino que al contrario,
“sabíamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o
asesinaban y nos parecía que el Gobierno militar había decidido que algunos
niños se entregasen a otras familias”.
Este ex alto cargo declaró por videoconferencia desde
Washington ante el Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires, que instruye el juicio
sobre el plan sistemático de robo de bebés en el que están procesados, entre
otros, los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone.
El ex funcionario, que además formó parte de los dos
Ejecutivos de George W. Bush, reconoció también que “lo que circulaba en el
Gobierno de Estados Unidos” eran dos cuestiones de base: “Uno era que las
familias de los desaparecidos eran vistas como no aptas para criarlos, que eran
comunistas”, sostuvo. “El segundo factor es que en algunos casos las familias a
los que los entregaban no podían tener hijos, entonces lo consideraban como una
bendición para estas familias leales al régimen”.
El testimonio de Abrams confirma lo que en 2002 desvelara un
documento publicado por el diario argentino Página12.
El periódico divulgó el contenido de un informe divulgado por Abrams, lo que
motivó que Abuelas de Plaza de Mayo, parte querellante en el juicio por el robo
de bebés, pidiera su comparecencia. Este escrito –uno de los 4677 cables
secretos desclasificados ese año por Estados Unidos que hablaban del terrorismo
de Estado en Argentina– fue después una de las pruebas utilizadas por las
organizaciones de derechos humanos.
Por esto mismo, Abuelas de Plaza de Mayo ha vuelto a pedirle
a Estados Unidos que publique todos los documentos, “en particular de la CIA y el FBI, que puedan
aportar información clave para encontrar a los nietos y nietas y condenar a los
genocidas”.
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