martes, 31 de marzo de 2015

"El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo"

BUENOS AIRES.- Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional han respondido rápido a la reprimenda que el pasado viernes Naciones Unidas dio al Gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Este mismo lunes han manifestado su apoyo al organismo, aludiendo a futuras medidas que tomarán en breve y que pondrán a España en un brete aún más evidente.
Manuela Bergerot (CeAqua), Máximo Castex (abogado argentino), Ignacio Jovtis (Amnistía), Adriana Fernández, Inés García Holgado, Darío Rivas (querellantes originales de la causal), y Carlos Slepoy (encabezando la mesa) - ADP

Presentes en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires estaban los tres querellantes originales de la causa abierta en el país para investigar los crímenes franquistas –Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández–, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), la plataforma argentina de apoyo a la querella, Amnistía Internacional Argentina y España.

“Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente” adujo Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Nosotros hemos documentado cómo en realidad no investiga los estas causas. En España se han presentado 114.000 denuncias, la mayoría por desapariciones forzadas. Nosotros tuvimos acceso a esos expedientes, y pudimos corroborar que todos ellos, sin excepción, han sido archivados”.

El comunicado emitido por la ONU concluía que si España no iba a investigar los crímenes del franquismo, estaba obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

“Después de 5 años luchando en esta querella, pidiendo medidas y acompañando a las víctimas, sabíamos que España nunca indagaría estos crímenes y que pondría trabas a su investigación. Y ésta fue la constante en las respuestas que daba a las rogatorias de la jueza”, relató el abogado que desde Argentina impulsa la causa, Máximo Castex. “Que ahora cuatro organismos internacionales de derechos humanes dicten este comunicado nos posiciona en una nueva etapa en la que vamos a seguir insistiendo con las extradiciones y con las indagatorias”.

El letrado mencionó el último pedido librado por la magistrada para exhumar a una de las víctimas, Timoteo Mendieta, localizado en una fosa común en Guadalajara. Después de un año, una jueza de esa provincia que debía resolver el exhorto de Argentina rechazó la exhumación. “¿Qué le queda a la querella? Insistir. Y esta semana se nos ha confirmado que se ha librado un nuevo auto insistiendo en esta exhumación”, reveló Castex.
 
Cuestión de tiempo
Manuela Bergerot, representante de CeAQUA, recordó que el de Argentina es el único proceso judicial abierto en el mundo que está investigando el franquismo. La joven contó que la Coordinadora está inmersa en una campaña desde octubre de 2014, cuando Servini dictó el auto de detención preventiva para 20 imputados –tres de los cuales han fallecido recientemente. “Hemos viajado a Ginebra donde pudimos reunirnos con el relator de la ONU Pablo de Greiff, se nos recibió también en el Parlamento Europeo, donde fuimos a pedir apoyo, y por eso ahora hemos venido también a Buenos Aires, donde buscamos un compromiso incluso de fuerzas políticas”.

Uno de los principales referentes en la causa, el abogado Carlos Slepoy, confirmó que han pedido al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que eleve su protesta contra España por incumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por ambos países. “El Ejecutivo argentino debe protestar puesto que se trata de delitos de lesa humanidad: o se extradita, o se juzga, no se dejan con impunidad los crímenes de uno de los peores genocidios cometidos en el siglo XX, apoyado además por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Slepoy destacó la colaboración permanente del Consulado argentino en Madrid, adonde acuden personas de manera continua para declarar e incorporarse a la querella.

“Fue un hecho insólito que todos los partidos, menos el PP, firmaron en el Senado una resolución hace unos días para crear una comisión de la verdad. Hemos conseguido para la querella argentina el apoyo de más de 100 ayuntamientos y gobernaciones en España. Algunos se han planteado presentarse como querellantes”, indicó el abogado. “El fin de la impunidad es irreversible. Cuánto tiempo durará, no lo sabemos con exactitud. Sí hay fuerzas políticas – Podemos, Izquierda Unida y distintas fuerzas nacionalistas del País Vasco, entre otras organizaciones, que están en contra de la impunidad del franquismo. Tienen un peso importante. Como sucedió en Argentina, esto acelerará el proceso”.


Hablan los querellantes
“El Estado español está cada vez más cercado para obligarlo a cumplir el principio de justicia universal”, resaltó la querellante Inés García Holgado. Su compañera Adriana Fernández contó que tanto ellas como Darío Rivas se reunieron hace unos días por primera vez con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Fue la primera vez que pudimos contar lo que pasó con nuestros familiares ante un organismo internacional”, observó la mujer. “Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas. Al no hacerse cargo el Estado, los familiares también van muriendo. Yo supe hace seis años que mi abuelo había sido asesinado por la Falange. Como yo durante mucho tiempo, debe haber muchos casos que viven en el más profundo de los silencios”.

El querellante que inició la causa en Argentina, Darío Rivas, señaló por último que Franco todavía vive en España con sus leyes. “Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos”, alegó con sus 95 años. “Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y se le ocurrió hacer las leyes para regir el Estado después de muerto, poniendo de cabecilla a una corte con un rey corrupto. El actual Gobierno es representante del franquismo, así que la lucha es despareja”.


* Artículo aparecido el 30 de marzo de 2015 en el diario español Público.

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