Argentina sigue atenta la evolución
de la causa abierta en el país para juzgar los crímenes del franquismo.
Los representantes de las víctimas se han reunido este jueves con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda,
para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno
español, que rechazó el 13 de marzo la extradición de los 20 imputados
franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora
del proceso.
En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. "España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo", expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.
En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. "España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo", expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.
Manuela Bergerot (CeAqua) y el abogad Carlos Slepoy, con simpatizantes de la querella, junto al Palacio de Justicia de la Nación, en Buenos Aires. |
Fresneda también manifestó su
contrariedad por que España obstaculice cualquier intento de averiguar
lo que sucedió durante el franquismo. “No sirve tener inmensos
mausoleos de la memoria que no provocan la discusión de las nuevas
generaciones sobre lo que pasó en la historia. ¿Qué aprendizaje
tiene la juventud española para decir 'nosotros somos garantes de la
democracia' si le tapan todo? El mundo tendrá que hacerse cargo”,
afirmó.
Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. "El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. "El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
El Gobierno español no sólo ha espantado cualquier tipo de cooperación, sino que en mayo de 2013 realizó una protesta formal ante el Ejecutivo argentino cuando
estaban por producirse las primeras videoconferencias entre Servini y
las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba
incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se
necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante
el consulado argentino.
"El Tratado se hace cuando es necesario la
colaboración judicial de un país con otro, no cuando las víctimas se
presentan a declarar voluntariamente", objetó Slepoy. "Pero este
precedente de protesta nos sirve, porque hoy planteamos que ha habido un
incumplimiento muy serio precisamente de ese Tratado. Hay un artículo
que establece que por razones de urgencia, y lo es en caso de delitos de
lesa humanidad, se puede pedir la detención previa en el marco de un
proceso de extradición, y por lo tanto, es obligación detener a esas
personas y ponerlas a disposición judicial".
Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. "El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste", expresó el abogado.
Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. "El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste", expresó el abogado.
"El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables", relató el letrado. "Su sucesor Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos".
No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables.
Los cambios en España también son paulatinos, pero visibles. Todos los partidos, menos el PP, firmaron este martes una resolución en el Senado para establecer una comisión de la verdad sobre el franquismo. Los organismos de derechos humanos en torno a la ONU insisten también con que España debe investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio.
Los cambios políticos que pueden producirse a corto plazo en España pueden provocar, por último, el final de una impunidad que comenzó a resquebrajarse hace casi cinco años, cuando los primeros querellantes de la causa presentaron sus denuncias ante la Justicia argentina.
* Artículo publicado el 27 de marzo de 2015 en el diario español Público.
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