"El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo"

BUENOS AIRES.- Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional han respondido rápido a la reprimenda que el pasado viernes Naciones Unidas dio al Gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Este mismo lunes han manifestado su apoyo al organismo, aludiendo a futuras medidas que tomarán en breve y que pondrán a España en un brete aún más evidente.

Manuela Bergerot (CeAqua), Máximo Castex (abogado argentino), Ignacio Jovtis (Amnistía), Adriana Fernández, Inés García Holgado, Darío Rivas (querellantes originales de la causal), y Carlos Slepoy (encabezando la mesa) - ADP

Presentes en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires estaban los tres querellantes originales de la causa abierta en el país para investigar los crímenes franquistas –Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández–, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), la plataforma argentina de apoyo a la querella, Amnistía Internacional Argentina y España.

“Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente” adujo Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Nosotros hemos documentado cómo en realidad no investiga los estas causas. En España se han presentado 114.000 denuncias, la mayoría por desapariciones forzadas. Nosotros tuvimos acceso a esos expedientes, y pudimos corroborar que todos ellos, sin excepción, han sido archivados”.

El comunicado emitido por la ONU concluía que si España no iba a investigar los crímenes del franquismo, estaba obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

“Después de 5 años luchando en esta querella, pidiendo medidas y acompañando a las víctimas, sabíamos que España nunca indagaría estos crímenes y que pondría trabas a su investigación. Y ésta fue la constante en las respuestas que daba a las rogatorias de la jueza”, relató el abogado que desde Argentina impulsa la causa, Máximo Castex. “Que ahora cuatro organismos internacionales de derechos humanes dicten este comunicado nos posiciona en una nueva etapa en la que vamos a seguir insistiendo con las extradiciones y con las indagatorias”.

El letrado mencionó el último pedido librado por la magistrada para exhumar a una de las víctimas, Timoteo Mendieta, localizado en una fosa común en Guadalajara. Después de un año, una jueza de esa provincia que debía resolver el exhorto de Argentina rechazó la exhumación. “¿Qué le queda a la querella? Insistir. Y esta semana se nos ha confirmado que se ha librado un nuevo auto insistiendo en esta exhumación”, reveló Castex.

 
Cuestión de tiempo
Manuela Bergerot, representante de CeAQUA, recordó que el de Argentina es el único proceso judicial abierto en el mundo que está investigando el franquismo. La joven contó que la Coordinadora está inmersa en una campaña desde octubre de 2014, cuando Servini dictó el auto de detención preventiva para 20 imputados –tres de los cuales han fallecido recientemente. “Hemos viajado a Ginebra donde pudimos reunirnos con el relator de la ONU Pablo de Greiff, se nos recibió también en el Parlamento Europeo, donde fuimos a pedir apoyo, y por eso ahora hemos venido también a Buenos Aires, donde buscamos un compromiso incluso de fuerzas políticas”.

Uno de los principales referentes en la causa, el abogado Carlos Slepoy, confirmó que han pedido al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que eleve su protesta contra España por incumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por ambos países. “El Ejecutivo argentino debe protestar puesto que se trata de delitos de lesa humanidad: o se extradita, o se juzga, no se dejan con impunidad los crímenes de uno de los peores genocidios cometidos en el siglo XX, apoyado además por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Slepoy destacó la colaboración permanente del Consulado argentino en Madrid, adonde acuden personas de manera continua para declarar e incorporarse a la querella.

“Fue un hecho insólito que todos los partidos, menos el PP, firmaron en el Senado una resolución hace unos días para crear una comisión de la verdad. Hemos conseguido para la querella argentina el apoyo de más de 100 ayuntamientos y gobernaciones en España. Algunos se han planteado presentarse como querellantes”, indicó el abogado. “El fin de la impunidad es irreversible. Cuánto tiempo durará, no lo sabemos con exactitud. Sí hay fuerzas políticas – Podemos, Izquierda Unida y distintas fuerzas nacionalistas del País Vasco, entre otras organizaciones, que están en contra de la impunidad del franquismo. Tienen un peso importante. Como sucedió en Argentina, esto acelerará el proceso”.


Hablan los querellantes
“El Estado español está cada vez más cercado para obligarlo a cumplir el principio de justicia universal”, resaltó la querellante Inés García Holgado. Su compañera Adriana Fernández contó que tanto ellas como Darío Rivas se reunieron hace unos días por primera vez con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Fue la primera vez que pudimos contar lo que pasó con nuestros familiares ante un organismo internacional”, observó la mujer. “Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas. Al no hacerse cargo el Estado, los familiares también van muriendo. Yo supe hace seis años que mi abuelo había sido asesinado por la Falange. Como yo durante mucho tiempo, debe haber muchos casos que viven en el más profundo de los silencios”.

El querellante que inició la causa en Argentina, Darío Rivas, señaló por último que Franco todavía vive en España con sus leyes. “Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos”, alegó con sus 95 años. “Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y se le ocurrió hacer las leyes para regir el Estado después de muerto, poniendo de cabecilla a una corte con un rey corrupto. El actual Gobierno es representante del franquismo, así que la lucha es despareja”.


* Artículo aparecido el 30 de marzo de 2015 en el diario español Público.

"Pedimos que Argentina reclame al Gobierno español la extradición de represores franquistas"

Argentina sigue atenta la evolución de la causa abierta en el país para juzgar los crímenes del franquismo. Los representantes de las víctimas se han reunido este jueves con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno español, que rechazó el 13 de marzo la extradición de los 20 imputados franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.

En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. "España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo", expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.

Manuela Bergerot (CeAqua) y el abogad Carlos Slepoy, con simpatizantes de la querella, junto al Palacio de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

Fresneda también manifestó su contrariedad por que España obstaculice cualquier intento de averiguar lo que sucedió durante el franquismo. “No sirve tener inmensos mausoleos de la memoria que no provocan la discusión de las nuevas generaciones sobre lo que pasó en la historia. ¿Qué aprendizaje tiene la juventud española para decir 'nosotros somos garantes de la democracia' si le tapan todo? El mundo tendrá que hacerse cargo”, afirmó.

Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. "El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

El Gobierno español no sólo ha espantado cualquier tipo de cooperación, sino que en mayo de 2013 realizó una protesta formal ante el Ejecutivo argentino cuando estaban por producirse las primeras videoconferencias entre Servini y las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante el consulado argentino.

"El Tratado se hace cuando es necesario la colaboración judicial de un país con otro, no cuando las víctimas se presentan a declarar voluntariamente", objetó Slepoy. "Pero este precedente de protesta nos sirve, porque hoy planteamos que ha habido un incumplimiento muy serio precisamente de ese Tratado. Hay un artículo que establece que por razones de urgencia, y lo es en caso de delitos de lesa humanidad, se puede pedir la detención previa en el marco de un proceso de extradición, y por lo tanto, es obligación detener a esas personas y ponerlas a disposición judicial".

Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. "El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste", expresó el abogado.

Slepoy considera que la situación con el Gobierno español es muy similar a lo que sucedió en Argentina ante los pedidos de detención hechos desde España para juzgar a los responsables de su última dictadura (1976-1983).

"El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables", relató el letrado. "Su sucesor Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos".

No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables.

Los cambios en España también son paulatinos, pero visibles. Todos los partidos, menos el PP, firmaron este martes una resolución en el Senado para establecer una comisión de la verdad sobre el franquismo. Los organismos de derechos humanos en torno a la ONU insisten también con que España debe investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio.

Los cambios políticos que pueden producirse a corto plazo en España pueden provocar, por último, el final de una impunidad que comenzó a resquebrajarse hace casi cinco años, cuando los primeros querellantes de la causa presentaron sus denuncias ante la Justicia argentina.


* Artículo publicado el 27 de marzo de 2015 en el diario español Público.

Slepoy: "España da un bochornoso espectáculo de impunidad con la causa del franquismo"

BUENOS AIRES.- Los representantes de las víctimas del franquismo han difundido un comunicado de repudio a la decisión del Consejo de Ministros este viernes, que denegó la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina de ocho exministros franquistas y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad.

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

* Artículo aparecido el 14 de marzo de 2015 en el diario español Público.

“Estados Unidos es un peligro para América Latina”

Ignacio Ramonet, Ricardo Forster, Álvaro García Linera e Íñigo Errejón (A.D)

BUENOS AIRES.- La segunda mesa que disertó en el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad no quiso perder impulso ante la resolución que había mostrado horas antes la exsenadora Piedad Córdoba para denunciar el peligro que se cierne sobre Venezuela.

El periodista y escritor Ignacio Ramonet quiso recoger el testigo que había dejado la defensora de derechos humanos al alertar de los intentos por derribar al Gobierno de Nicolás Maduro, y relacionó la intentona golpista que sufrió el país el 12 de febrero con la intimidación del presidente estadounidense Barack Obama hacia Venezuela al tildarla de “amenaza nacional”.

“Es necesario un momento de introspección” avanzó Ramonet. “Estamos a 16 años de la primera toma de posesión de Chávez, que fue el primer presidente con el que inició esta revolución latinoamericana. En la ciencia política, un ciclo de 15 años es uno que por circunstancias de vida y por el desgaste natural de las experiencias conlleva cambios”.

Maduro no ha tenido un día de descanso, afirmó, porque ha tenido todo tipo de conspiraciones y varias intentonas golpistas, incluida la tentativa, hace un mes, de bombardear el palacio de Miraflores y asesinar a Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. “Ahora sigue la campaña con Estados Unidos, arrancándose la máscara que había mantenido Obama, al anunciar una serie de medidas que podrían pasar por un bloqueo naval”, aventuró.

Ramonet aludió también a la otra agresión que sufre el continente por el caso de corrupción de Petrobrás, el cual intenta poner de rodillas al Gobierno de Dilma Rousseff. “Es una campaña internacional que pretende instaurar que el Gobierno no tiene legitimidad y que debe haber nuevas elecciones o que la mandataria no puede terminar su mandato”, denunció.

El escritor indicó que nunca, en América Latina, fueron derrotadas en las urnas las políticas de transformación social como las que ahora pueden observarse en la mayoría del continente. “Las dos únicas experiencias fracasadas fueron por golpes de Estado: Honduras y Paraguay”, sostuvo.

Gracias a esas iniciativas de inclusión, Ramonet destacó que“en el conjunto de América Latina han salido de la pobreza unos 50 millones de personas que además han vuelto a recuperar la dignidad, cuando antes sus países eran lacayos”. Y entonces preguntó: “¿En qué otro lugar del mundo sucede eso?”. La crisis financiera que comenzó en 2008, aseguró el periodista, no ha terminado porque el poder financiero no permite que se termine, ahora que ya se han desregulado los mercados financieros para no tener reglas.

“Las políticas de austeridad son un castigo social, en particular hacia los más humildes, lo que ha provocado que esos humildes pero de América Latina se hayan indignado. Ahora, las sociedades de Europa están reaccionando como las latinoamericanas en los años 90 por las terapias de choque”.

Un discurso muy ovacionado fue el del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que mandó un mensaje muy directo a Estados Unidos. “Ustedes son un peligro para la soberanía latinoamericana, para los Estados latinoamericanos. Son un peligro para la vida en Latinoamérica”, lanzó antes de que el público estallara en aplausos.

Ante la resolución de condena a Venezuela del Parlamento europeo, que siguió estratégicamente a la amenaza velada de Estados Unidos, el político también tenía algo que decir. “Para la derecha europea: ¿No son ustedes los que han destruido Estados en Asia y en África? Primero recojan sus tropas y empresas antes de reclamar nada a Venezuela”.

“Hoy la humanidad está en peligro”, alertó García Linera. “Ahora quieren combatir a ISIS. ¿Acaso no es una criatura de los países europeos y de Estados Unidos? ¿Acaso no han destruido Siria? Ellos son los padres de ese tipo de fundamentalismo que ha surgido en Europa”.

En un discurso en el que trató de combinar la ilusión ideológica con el pragmatismo de gobernante, el vicepresidente boliviano señaló que lo nuevo de América Latina era una “dualidad institucional que combina fuerza electoral con fuerza en la calle”.

“Las izquierdas deben plantearse el tema del Estado: el peligro es que el Estado nos tome a nosotros. El Estado es una forma de comunidad. Y Marx decía que tenía ámbitos de lo común, pero que también era ilusorio porque es monopólico. La manera de vacunarnos es cultivar las esferas de autonomía. Cuando más lucho por la autonomía, más debo luchar por la transformación del Estado, y viceversa. Lo uno para lo otro.”, razonó.

El político boliviano reivindicó por tanto la democracia callejera y plebeya. “No se puede entender el proceso boliviano sin ese correlato, esa dualidad institucional”, afirmó. “Una mayoría electoral legitima una propuesta, una voluntad política, que no podría sostenerse frente a los embates de la derecha si no reforzamos lo social y lo autónomo para impedir que eso común se enajene y se vuelva contra la propia sociedad”.El vicepresidente miró con atención al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, cuando habló de la pobreza. “Por sí sola, ella no genera emancipación, pero sí desesperación y aislamiento. La pobreza y el malestar no siempre son caldo de cultivo para procesos revolucionarios. Eso sucede si además la gente cree que es posible luchar y que su lucha dio resultado. Uno no lucha sólo porque es pobre, sino también porque luchando cree que puede tener esperanza. La clave de un proceso revolucionario radica en que esta esperanza se extienda a una mayor cantidad de personas”.

La intervención del secretario de Íñigo Errejón fue coreada antes y después por un “Sí se puede” que puso al auditorio de pie una vez más. El joven se refirió al agotamiento en España del sistema político, de los actores y de las certezas que rigieron la vida del país en los últimos 35 años.

“En España hay una crisis de régimen, no de Estado. Nuestro pueblo vivió un proceso de movilizaciones políticas que le costaron mucho sacrificio pero que no alteraron los ciclos de poder. Después de un ciclo largo de enfados y protestas sin referentes comunes, hoy estamos en condiciones para que lo que antes eran descontentos fragmentados, ahora sean una voluntad nueva”, alentó.“El pueblo está en condiciones de reclamar su soberanía tensando el horizonte de lo posible”.

* Artículo aparecido el 12 de marzo de 2015 en el diario español Público.

"Si cae Venezuela, cae América Latina"

BUENOS AIRES.- La intervención de la colombiana Piedad Córdoba, exsenadora y defensora de derechos humanos, marcó a fuego la primera jornada del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. No dio pie a discursos frágiles o eufemísticos. Con una contundencia que levantó en aplausos al auditorio, Piedad Córdoba alertó de que Estados Unidos tiene una meta inmediata en mellar la región para retomar el control y dominio del patio trasero.

Cuauhtémoc Cárdenas, Constanza Moreira, Piedad Córdoba y Emir Sader (A.D)

"En nuestra región, lo viejo no termina de morir y nuevo no termina de nacer”, dijo en palabras de Gramsci. “Con la implantación neoliberal, hemos visto que la utopía se ha muerto, y el capitalismo no ha desaparecido”.

Sin titubeos, la exlegisladora advirtió: “La campaña contra Venezuela es espantosa. Y nos queda claro que la campaña de Estados Unidos tiene por objetivo recuperar toda la región. No se nos puede olvidar que Venezuela es el país con mayor cantidad de reservas petroleras, con agua, y con una importante cuenca amazónica”.

Córdoba recordó que el expresidente venezolano Hugo Chávez fue el impulsor de organismos regionales como la Celac, la Unasur, o el Mercosur, “que son lo que hoy le permiten a la región tener mecanismos e instrumentos para enfrentar el proceso desestabilizador de Estados Unidos contra la región”.

Así se implantaron procesos de izquierda que se unieron en el esfuerzo de enterrar el ALCA. “Sin esa confluencia, hubiera sido difícil enfrentar una agenda política económica y política que EEUU quería imponer”, sostuvo.

Con Chávez como impulsor del camino que comenzó a transitar América Latina, el compromiso de Washington continúa en su intento de debilitar todos estos procesos en la región. “Nosotros somos parte de un proceso bolivariano transformador y humanista en la región, y eso no nos impide ver que desde Colombia se ha instalado una base militar para tratar de desestabilizar la región”, avisó Córdoba.

La activista se refirió a su país como una nación que constituye un desafío y al mismo tiempo, una esperanza para América Latina. Por un lado, casi seis millones de campesinos han sido desplazados. “En los últimos diez años, la Escuela de las Américas ha preparado a 6.000 militares colombianos. El país tiene 8 bases militares, mientras que en la región hay 76”.

La exsenadora recordó que Colombia vive el mayor avance con el proceso de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos después de un conflicto que lleva más de 50 años de historia. No obstante, recordó el peso en la región del narcotráfico, al que se refirió como a la multinacional del capitalismo. “El narcotráfico es hermano del paramilitarismo, el cual se convierte también en una transnacional paralela”.

Después de indicar que la paz debía darse en Colombia para que pudiera ser continental, Piedad Córdoba recordó que su solidaridad con Venezuela era activa. “Estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender la revolución bolivariana. No se le puede olvidar a la gente a la que ahora le da miedo defender la revolución bolivariana, incluidos los intelectuales, que si Venezuela se cae, el efecto dominó afecta a toda la región. No es Venezuela. No es que Nicolás Maduro no sea inteligente. No es que tenga un lenguaje procaz. Es que el imperialismo viene con toda la fuerza y por eso tiene tambaleando la posibilidad de que Rouseff sea derrotada en una tercera elección”.

Emir Sader

Los intentos de convocar un nuevo proceso electoral en Brasil preocupa también a Emir Sader, escritor y profesor universitario brasileño. “Dilma casi perdió porque no se ha avanzado casi nada en la democratización de los medios de comunicación. Al parecer, se va aprendiendo de eso”, deslizó.

Sader se refirió también a la ideología consumista del modo de vida estadounidense, que lesiona los derechos con el poder de compra. “México se casó con Estados Unidos pensando que se casaba con la vida rica. Pero éste es el país con mayor grado de consumo de drogas en el mundo por lo que ya sabemos: el modo de vida norteamericano”, señaló.

El resto de la región eligió priorizar medidas sociales y recuperar los derechos de los sectores más postergados, políticas destributivas en las que ve “embriones de ideología humanista”, aunque Sader reconoció que América Latina todavía arrastra problemas por su economía primarizada y su desindustrialización.

Cuauhtémoc Cárdenas

Otro intelectual que se refirió a México casi en la totalidad de su simposio fue Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido Democrático Revolucionario (PRD) de México, abucheado por un por un par de personas al principio y al final de su disertación en lo que fue el único momento tenso que se vivió durante esta primera jornada del Foro.

“México ha sido el país donde con mayor rigor se han puesto en práctica las políticas neoliberales. El pueblo mexicano ha luchado para rescatar el ejercicio de la soberanía nacional. Logró romper el poder colonial. Hoy nos encontramos en la mas aguda reversión neoliberal. La mayor parte de los países no ha logrado separarse de estos controles. Más del 50 % vive en condiciones de pobreza”, mencionó el político.

Ni siquiera el lento crecimiento económico que Cárdenas reconoce a México pudo impedir dos caídas brutales cuyas consecuencia todavía arrastra: la de 1994-1995 y la de 2008-2009. “México apenas se está recuperando. Está cediendo sus mercados a los capitales extranjeros, y hemos tenido un fuerte abandona del campo por parte del Estado, lo que ha llevado a una extensión de violencia por todo el país. El narcotráfico controla prácticamente la vida social y económica de ciertas comunidades”, aseguró.

Cárdenas también recordó “la acción intervencionista de Estados Unidos y las declaraciones del presidente señalando que Venezuela representa un peligro”. Alentó a que este foro sirviera para solidarizarse con la integridad y la soberanía de los países, y finalizó con un dicho de su país. “Entre los pueblos, el respeto a los ajenos es la paz”.


Constanza Moreira 

La senadora uruguaya Constanza Moreira, perteneciente a la coalición de izquierdas Frente Amplio que gobierna en su país, invitó a los asistentes a trocar la famosa frase “es la economía, estúpidos”, por la de “es la política, estúpidos”. Considera que en América Latina ésta es una década ganada “porque hubo un retorno de la política porque hubo acumulación de política de izquierda en todos los países”, añadiendo: “Es el crisol de los Mujica con los Camila Vallejo”.

La senadora observó que América latina dejó de proyectarse en los blancos y ricos y pasaron a reconocerse en sí mismos, pero tiene pese a ello un cúmulo de desafíos por delante: “Seguir avanzando en la representación sustantiva, no es sólo la simbólica: los derechos de las mujeres, la despenalización del aborto”.

Se preguntó dónde había quedado la reforma agraria en la región, y propuso evitar la burocratización de los partidos políticos. “Hay que ceder poder en nuestras organizaciones y traer la ética a la política”, sugirió. “Lo que han hecho los gobiernos progresistas es recuperar los salarios y los recursos estratégicos, yreforzar el Estado frente al capital, pero además puede convertirse en un instrumento de emancipación”, concluyó.


* Artìculo aparecido el 12 de marzo de 2015 en el diario español Público.

Las contradicciones del caso Nisman y una hipótesis en el aire

La investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida cuatro días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y un día antes de exponer su acusación ante el Congreso, prometía desde su comienzo ser objeto de controversias y de hipótesis a elección. A mes y medio de su deceso, el país asiste todavía a un ida y vuelta de peritajes confirmados y luego contradichos, de testimonios que afirman y después rectifican para más tarde matizar todo lo anterior.

Los peritajes no son ya una prueba irrefutable que anule las divagaciones. Las conclusiones oficiales del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema, difieren de las deducciones a las que llegaron los expertos citados por la querella que representa la exmujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El equipo escogido es liderado por el médico forense Osvaldo Raffo, una de las máximas autoridades en medicina forense. Con más de 20.000 autopsias a sus espaldas, ha dado vuelta causas judiciales de notoria repercusión pública. Lo acompañan el ex director de la Policía Científica y ex jefe de policía bonaerense, Daniel Salcedo, y el médico legista Julio Ravioli.

Los especialistas entregaron a la ex mujer de Nisman un informe de un centenar de páginas en el que descartan la posibilidad de suicidio o accidente. Sus resoluciones se basaron en fotos y vídeos de la autopsia y en imágenes obtenidas del baño en el que fue hallado el fiscal con un tiro en la cabeza. Este jueves, Arroyo Salgado concluyó en una conferencia de prensa sin preguntas: “Lo mataron”.

Los peritos oficiales situaron el fallecimiento del fiscal en la mañana del domingo 18. Los expertos de la querella consideran que el deceso de Nisman se produjo entre 32 y 40 horas antes de su autopsia, lo que adelanta su muerte a la tarde/noche del sábado. Diego Lagomarsino, el informático que trabajaba para Nisman en su Fiscalía y al que prestó el arma que le causó la muerte, admitió que su segunda visita al departamento del fiscal finalizó al anochecer de ese día.

Pero los expertos oficiales comenzaron a investigar en la semana el ordenador de Nisman, y descubrieron que la máquina se había conectado a Internet a las 8 am del domingo, varias horas después de la data de la muerte fijada por la pericia querellante. Arroyo Salgado frenó entonces posteriores investigaciones con un escrito advirtiendo que se debía preservar “la privacidad del contenido que no tuviera relación con la investigación”.

Los expertos de la familia de Nisman alegan también que el fiscal agonizó antes de morir, lo que explicaría el abundante charco de sangre en el que fue encontrado el cadáver (de haber muerto instantáneamente, el corazón habría dejado de bombear sangre). La agonía, argumentaron, descarta los indicios de espasmo cadavérico en la mano derecha de Nisman, rigidez que certificaron en cambio los peritos oficiales para confirmar que había accionado el gatillo.

Por último, los forenses de la familia determinaron que la posición en la que fue encontrado el cuerpo de Nisman “no fue la final” porque “el cuerpo había sido movido”. La fiscal que investiga la muerte del fiscal, Viviana Fein, afirmó que todavía no puede afirmar o desmentir nada al respecto.

La funcionaria, en todo caso, sostuvo que no está sorprendida por las revelaciones del informe que dio a conocer la ex mujer de Nisman, y anunció que confrontará el expediente de los peritos de la querella con las conclusiones de los expertos de la Corte.

Elucubraciones y errores

La prensa, una de las protagonistas en donde son pocos los que reconocen no saber, ha levantado vuelo en su intento de adelantarse a los acontecimientos. Los hay quienes caen. El prestigioso portal Infojus, dependiente del Ministerio de Justicia, se disculpó por haber anunciado erróneamente que el fiscal tenía un “estado de embriaguez elevado” al momento de fallecer. El coordinador del portal, Cristian Alarcón, fue despedido automáticamente.

No ha sido ésta la única versión resbaladiza que ha terminado por ser desmentida. El diario Clarín afirmaba a finales de enero que “el arma se habría disparado a más de 15 cm”, teoría desmentida a continuación por la fiscal Fein.

La propia funcionaria admitió un “error involuntario” cuando reconoció que sí se había hallado en la papelera un borrador de la denuncia de Nisman en el que el fiscal solicitaba la detención de Cristina Fernández, como afirmaba Clarín y habían negado funcionarios del Gobierno.

Algunos análisis se han precipitado en aventurar una sucesión de supuestos que fuerzan novedades y que luego se autoalimentan con las controversias que ocasionan a golpe de impacto fuentes de caso anónimas y comunicados oficiales.

Lo curioso es que el informe de los peritos consultados por la familia confirman la teoría por la que se decantó la presidenta Cristina Fernández, quien terminó por declarar su convencimiento de que Nisman no se había suicidado.


Hipótesis en el aire


Planteados tantos interrogantes, varias hipótesis se han ido tejiendo a lo largo del tiempo. El secretario de seguridad Sergio Berni fue el primero en especular con la teoría del suicidio, alentada ante la idea de que Nisman se habría sentido amedrentado por la exposición que debía hacer ante el Congreso de una denuncia sin bases jurídicas sostenibles.

Otra sospecha coquetea con la posibilidad de un suicidio inducido.posibilidad de un suicidio inducido. Es aquí donde es sugerido el nombre del ex agente de Inteligencia Jaime Stiuso/Stiusso. El espía, conectado con la CIA y el Mossad, alimentó la investigación de Nisman sobre el atentado de 1994 a la mutual judía AMIA, tal y como había reconocido el propio fiscal. Desplazado en diciembre por el Gobierno, Stiuso habría intentado vengarse del Ejecutivo. “Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”, deslizó la presidenta en uno de sus discursos.

Abierta la hipótesis del asesinato, las conjeturas se desbocan. Desde la existencia de una supuesta relación íntima entre Nisman y Lagomarsino, otras hipótesis se detienen en el jefe del Ejército César Milani, acusado de delitos de lesa humanidad, que además tiene bajo su control los servicios de Inteligencia militar.

Hay quienes siguen viendo en los iraníes o en los sirios los culpables de toda esta trama, y otros no se olvidan del origen del caso Nisman: el atentado a la AMIA y la explosión de la embajada israelí en 1992, investigaciones torpedeadas desde un principio por Israel, y con una clara injerencia de los servicios de Inteligencia de ese país y de Estados Unidos.

Por algo el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, les advertía en una carta enviada a ambos a mediados de febrero que su obligación era respetar “la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde prestan servicios”.


* Artículo publicado el 07 de marzo de 2015 en el diario español Público.