Al cacerolazo
también se han sumado “organismos gremiales, empresas recuperadas,
pymes y usuarios autoconvocados”, indicó el presidente de la
Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores
(Adduc), Osvaldo Bassano.
Los asistentes
reclaman la derogación del llamado tarifazo, un precio justo,
equitativo, y razonable y la llamada a un procedimiento de audiencia
pública para aclarar si hay una transferencia de capital a empresas
que en los últimos años no realizaron ninguna inversión en los
sistemas públicas del agua, la luz y la electricidad.
“La mayor parte de
la gente que habló con el Gobierno se ha encontrado con respuestas
que no tienen en cuenta los derechos constitucionales del
consumidores, porque en el formato que se había establecido en un
principio, había tarifas que alcanzan casi el 100 por ciento del
salario del usuario”, denunció Bassano.
Adduc tiene
elementos para deducir que el brusco incremento de las tarifas en un
principio ideado por el Gobierno, con subidas que llegaban hasta el
1000 por ciento, se debe a un entramado de negocios entre las
empresas de energía y los funcionarios del Ejecutivo.
Muchos funcionarios
de Gobierno “han sido dueños, accionistas o
incluso presidentes de las empresas, de las generadoras y las
distribuidoras", evidenció Bassano.
David José Tezanos
González, actual interventor del órgano regulador del gas, Enargas,
era dueño y presidente de Metrogas, y director de gas de YPF, hasta
que asumió su nuevo cargo en enero de este año.
Como presidente del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue elegido Juan
Garade, exdirector de planificación de una de las principales
empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edesur, a su vez en
manos de la empresa española Endesa.
“Hay jueces que ya
están interviniendo ante las denuncias que han recibido, porque
funcionarios de este Gobierno eran accionistas o dueños o
presidentes de estas entidades”, indicó el representante de los
consumidores.
Una de esas
denuncias es contra el ministro de Energía Juan José Aranguren,
expresidente de la filial de Argentina en Shel, que reconoció tener
16 millones de dólares en acciones de esta empresa, y que además ha
sido acusado de favorecer a la multinacional petrolera con la
importación de 5,5
millones de metros cúbicos diarios de gas que por primera vez
Argentina le ha
comprado
a Chile para el invierno.
Las empresas
petroleras “taparon los pozos cuando eran directores de la empresa
española Repsol Ypf”, añadió Bassano, una compañía que era
socia de una de las empresas privadas a cargo de la distribución del
gas, Metrogas, hasta que YPF fue nacionalizada en 2012.
Desmontando
alegatos
No se justifica el
aumento de las tarifas para motivar las inversiones, paralizadas
desde hace años, porque “las empresas percibieron subsidios
durante todos estos años y en la Bolsa de Comercio daban balances
positivos”, observó el titular de Adduc.
En su defensa del
aumento de tarifas, el Gobierno recalcó que el país importa el 40
por ciento de la energía que consume, pero Bassano
contradijo esta información.
“Argentina importa
el 20 por ciento. Eso demuestra que hay una mentira oculta, y que
intentan cambiar la discusión, faltando el respeto del consumo
responsable”, señaló.
El Gobierno limitó
este año, sin embargo, la importación de gas de Bolivia que iba a alimentar las
provincias del norte del país.
La emisión del
millón de BTU de gas pasó de dos a siete-ocho dólares, explicó
Bassano, “lo que llevó a que el bolsillo del consumidor se
encuentre una tarifa muy grande sin ningún fundamento, olvidándose
el Gobierno que ofrece un servicio público monopólico y que por
tanto debe justificar sus precios”.
Tampoco es verdad
que los consumidores argentinos paguen el gas a un precio menor que
sus vecinos de la región, alegó Bassano, “porque no se ha tenido
en cuenta ni el ingreso del usuario ni el verdadero monto del pago”.
“No negamos que
haya un conveniente, pero tenían que haber cambiado la ley de
energía y gas, y principalmente, tenían que haber blanqueado la
situación de las empresas privadas de generación, transporte y
distribución que son muy oscuros, más cuando son o fueron
accionistas o dueños funcionarios de Gobierno”, sostuvo.
Cuando el Gobierno
justifica los incrementos, añadió el presidente de la Asociación, “se basan en informes
que los usuarios no conocen, por eso pedimos una audiencia pública”.
“Nunca hemos
tenido una estructura de costo, y tenemos información paralela de
que encarecen a propósito la producción de energía para cobrarla
más cara, en una actitud de avaricia y saqueo al consumidor, algo
gravísimo”, sentenció.
Éste es el primer
cacerolazo que se convoca en Argentina contra el Gobierno de Mauricio Macri.* Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik Nóvosti.
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