viernes, 15 de julio de 2016

El primer cacerolazo contra el presidente argentino Macri se hizo sentir en todo el país

Al menos once asociaciones de consumidores se adherieron al cacerolazo que tiene lugar el jueves de noche en la ciudad de Buenos Aires y que podría replicarse en el resto del país pese al tope del 400 por ciento en el total de la factura que implementó esta semana Gobierno de Mauricio Macri, anunció a esta periodista uno de sus principales organizadores.

Al cacerolazo también se han sumado “organismos gremiales, empresas recuperadas, pymes y usuarios autoconvocados”, indicó el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano.

Los asistentes reclaman la derogación del llamado tarifazo, un precio justo, equitativo, y razonable y la llamada a un procedimiento de audiencia pública para aclarar si hay una transferencia de capital a empresas que en los últimos años no realizaron ninguna inversión en los sistemas públicas del agua, la luz y la electricidad.

“La mayor parte de la gente que habló con el Gobierno se ha encontrado con respuestas que no tienen en cuenta los derechos constitucionales del consumidores, porque en el formato que se había establecido en un principio, había tarifas que alcanzan casi el 100 por ciento del salario del usuario”, denunció Bassano.

Adduc tiene elementos para deducir que el brusco incremento de las tarifas en un principio ideado por el Gobierno, con subidas que llegaban hasta el 1000 por ciento, se debe a un entramado de negocios entre las empresas de energía y los funcionarios del Ejecutivo.

Muchos funcionarios de Gobierno “han sido dueños, accionistas o incluso presidentes de las empresas, de las generadoras y las distribuidoras", evidenció Bassano.

David José Tezanos González, actual interventor del órgano regulador del gas, Enargas, era dueño y presidente de Metrogas, y director de gas de YPF, hasta que asumió su nuevo cargo en enero de este año.

Como presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue elegido Juan Garade, exdirector de planificación de una de las principales empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edesur, a su vez en manos de la empresa española Endesa.

“Hay jueces que ya están interviniendo ante las denuncias que han recibido, porque funcionarios de este Gobierno eran accionistas o dueños o presidentes de estas entidades”, indicó el representante de los consumidores.

Una de esas denuncias es contra el ministro de Energía Juan José Aranguren, expresidente de la filial de Argentina en Shel, que reconoció tener 16 millones de dólares en acciones de esta empresa, y que además ha sido acusado de favorecer a la multinacional petrolera con la importación de 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas que por primera vez Argentina le ha comprado a Chile para el invierno.

Las empresas petroleras “taparon los pozos cuando eran directores de la empresa española Repsol Ypf”, añadió Bassano, una compañía que era socia de una de las empresas privadas a cargo de la distribución del gas, Metrogas, hasta que YPF fue nacionalizada en 2012.

Desmontando alegatos

No se justifica el aumento de las tarifas para motivar las inversiones, paralizadas desde hace años, porque “las empresas percibieron subsidios durante todos estos años y en la Bolsa de Comercio daban balances positivos”, observó el titular de Adduc.

En su defensa del aumento de tarifas, el Gobierno recalcó que el país importa el 40 por ciento de la energía que consume, pero Bassano contradijo esta información.

“Argentina importa el 20 por ciento. Eso demuestra que hay una mentira oculta, y que intentan cambiar la discusión, faltando el respeto del consumo responsable”, señaló.

El Gobierno limitó este año, sin embargo, la importación de gas de Bolivia que iba a alimentar las provincias del norte del país.

La emisión del millón de BTU de gas pasó de dos a siete-ocho dólares, explicó Bassano, “lo que llevó a que el bolsillo del consumidor se encuentre una tarifa muy grande sin ningún fundamento, olvidándose el Gobierno que ofrece un servicio público monopólico y que por tanto debe justificar sus precios”.

Tampoco es verdad que los consumidores argentinos paguen el gas a un precio menor que sus vecinos de la región, alegó Bassano, “porque no se ha tenido en cuenta ni el ingreso del usuario ni el verdadero monto del pago”.

“No negamos que haya un conveniente, pero tenían que haber cambiado la ley de energía y gas, y principalmente, tenían que haber blanqueado la situación de las empresas privadas de generación, transporte y distribución que son muy oscuros, más cuando son o fueron accionistas o dueños funcionarios de Gobierno”, sostuvo.

Cuando el Gobierno justifica los incrementos, añadió el presidente de la Asociación, “se basan en informes que los usuarios no conocen, por eso pedimos una audiencia pública”.

“Nunca hemos tenido una estructura de costo, y tenemos información paralela de que encarecen a propósito la producción de energía para cobrarla más cara, en una actitud de avaricia y saqueo al consumidor, algo gravísimo”, sentenció.
Éste es el primer cacerolazo que se convoca en Argentina contra el Gobierno de Mauricio Macri.


* Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik Nóvosti.

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