*Artículo aparecido sin firma en Público el 19-11-2009, como señal de solidaridad con los 16 periodistas del diario (11 de redacción, 5 de gestión) que fueron despedidos un día antes.
Escuchas telefónicas e informes patrimoniales y financieros sobre opositores, sindicalistas y funcionarios del Gobierno de Buenos Aires. La capital argentina tiene su propia red de espionaje. El juez que la investiga, Norberto Oyarbide, ha resumido con pocas palabras lo que se ha encontrado entre las manos: "Una verdadera Gestapo".
El escándalo, que compromete al Gobierno porteño de Mauricio Macri, no hace más que empeorar.
En las últimas horas se disparó la alarma de que también habían sido objeto de espionaje la presidenta Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, pero fuentes judiciales lo han descartado por ahora. Entre las 400 personas que se han visto afectadas por el rastreo ilegal sí que se encuentran varios políticos y periodistas, entre los que figura el director del diario argentino La Nación, Bartolomé Mitre.
Para calmar los ánimos, el alcalde Macri ordenó esta semana desde Madrid donde se encontraba de visita el despido del comisario y jefe de la Policía metropolitana de Buenos Aires Osvaldo Chamorro, después de que se descubriera en uno de los ordenadores información confidencial sobre varios diputados y opositores del Gobierno de Buenos Aires.
La Justicia federal, entre tanto, ha ordenado el arresto del antecesor de Chamorro en el puesto, Jorge Palacios, que había presentado su renuncia en octubre. El fiscal lo acusa de los delitos de "violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad y ser partícipe necesario de los delitos de falsificación de documentos públicos".
La primera alerta sobre las escuchas ilegales la lanzó Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas de un atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 causó 85 muertos y más de 200 heridos. Por entonces, Jorge Palacios era el jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires.
La Asociación de Familiares y Víctimas de la AMIA se opuso a que Palacios estuviera al cargo de la fuerza policial, puesto que el ex jefe había sido procesado por encubrimiento en la
causa que investigaba el atentado. Macri defendió con uñas y dientes el nombramiento de su subordinado hasta que las pesquisas judiciales sobre espionaje en el Gobierno porteño señalaron con el dedo al ex comisario. Palacios se vio obligado a dimitir.
Escuchas ilegales
Pero el ex jefe de la Policía Metropolitana no es el único detenido. A medida que progresaba la investigación saltó un nombre más: el de Ciro James, un ex policía federal que ha sido acusado de realizar escuchas ilegales mientras trabajaba como asesor externo del Departamento de Educación porteño. Un allanamiento a su estudio jurídico descubrió, entre otras pruebas, la existencia de dos aparatos para pinchar teléfonos. Ciro James era considerado la mano derecha de Palacios y se disponía a ingresar en la Policía de Buenos Aires.
Macri, que vuelve hoy a Argentina, se ha encontrado en un atolladero que todavía tiene energías para llevarse por delante a más responsables por los espionajes ilícitos. En poco más de un mes ya se han procesado cuatro personas, dos Jefes de policía han sido destituidos uno detrás del otro y ahora las críticas se dirigen contra los ministros de Seguridad y Educación de Buenos Aires, que trabajan para el alcalde. Éste es un primer balance, pero no el definitivo. Las pesquisas judiciales no han llegado a su fin, y algunos esperan que todavía caigan más cabezas.
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