El Estado de Paraguay celebró la semana pasada un acto de disculpas públicas por la desaparición forzada de dos niños soldados de 15 y 14 años de edad. El acto fue parte de un acuerdo entre las familias de los niños y el Estado paraguayo en el que intercedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez fueron enrolados en las Fuerzas Armadas en diciembre de 1997 para que prestaran servicios como conscriptos. Nadie pidió permiso a sus padres. Bastó con alterar la edad en los documentos oficiales para aparentar que ambos niños tenían 16 años, la edad mínima requerida para alistarse en el Ejército.
En febrero de 1998, los dos desaparecieron del puesto militar al que habían sido asignados mientras estaban bajo la custodia del Ejército. No se supo más de ellos.
En 2000 los familiares de las víctimas presentaron ante la CIDH una denuncia formal contra el Estado. El acuerdo al que ahora han llegado ambas partes establece una compensación de 25.000 dólares y un carnet de asistencia médica integral para las familias, mientras que el Estado está obligado a crear una comisión que investigue la desaparición de los niños, sancionar a los responsables, y presentar un proyecto de ley que reforme el Código Penal en relación a la desaparición forzada.
Ésta es la tercera vez que las Fuerzas Armadas reconocen públicamente su responsabilidad en este tipo de delitos. El mismo Estado admite que cientos de niños han muerto tras haber sido alistados para el servicio militar.
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