Las dos mujeres, que llevan más de 30 años juntas, pudieron oficializar su unión el pasado 9 de abril tras haber recibido la autorización de una jueza. Una semana después, la magistrada Martha Gómez Alsina aceptaba la medida cautelar presentada por un abogado católico, Ernesto Ricardo Lamuedra, que fue el mismo que pidió anular el enlace del primer casamiento gay celebrado en el país y en América Latina.
De cuatro bodas homosexuales que se han celebrado en Argentina desde el pasado mes de diciembre, tres ya han sido canceladas. Mientras la Justicia se desdice a sí misma anulando los casamientos que antes había autorizado, dos comisiones de la Cámara de Diputados aprobaban este miércoles un dictamen para modificar el Código Civil, que sólo contempla el matrimonio entre hombre y mujer.
El proyecto, que ahora deberá ser ahora discutido en la Cámara baja, plantea el casamiento de las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que las heterosexuales, y también les autoriza a adoptar niños.
Entre tanto el abogado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Gustavo López, indicó que apelará el fallo que anula el enlace de Castillo y Arévalo, y ha planteado denunciar por mal desempeño a la jueza responsable de la medida ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En una situación también incierta se encuentra la española C.P, que ha sido amenazada por la Dirección Nacional de Migraciones con abandonar el país porque no se reconoce su matrimonio con una mujer, Diana Cordero, celebrado en Canadá hace dos años. Tras haber apelado la decisión del organismo migratorio, ahora cuenta con una residencia precaria que podrían retirarle apenas Migraciones se pronuncie otra vez.
* Artículo aparecido el 18-04-2010 en el diario español Público
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