Carlos Slepoy es el abogado que, en nombre de las víctimas, interpuso el miércoles 14 una querella en los juzgados de Buenos Aires, junto con diversas organizaciones de derechos humanos, para que se lleve adelante en Argentina la investigación que a Baltasar Garzón le fue impedido realizar en España.¿En qué se basa?
En la aplicación del principio de jurisdicción universal, que es el mismo principio conforme al cual el juez Garzón instruyó las diligencias en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.
¿Por qué ahora?
Tiene un sentido de devolución al inmenso favor que hizo la Justicia española para que se terminara con la impunidad en Argentina.
¿Qué van a exigir?
Esta es una prueba para el Gobierno español, que deberá informar sobre los ministros, todavía vivos, que participaron en los gobiernos del franquismo. También pediremos una relación de los mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de los dirigentes de la Falange.
¿Pedirán otras pruebas?
La certificación del número de desaparecidos de los que hay constancia, de las fosas comunes que se han encontrado, de los cuerpos que fueron recuperados, de los niños secuestrados, etcétera.
¿Tienen cifras?
Están en los autos de Garzón. El juez español habla de unos 113.000 desaparecidos y de 30.000 niños apropiados.
¿Qué se va a juzgar?
La acusación principal es el delito de genocidio, pero no excluye el delito de lesa humanidad.
¿Cuál es la diferencia?
En el genocidio, el propósito del represor es excluir a los distintos grupos que componen la sociedad con el objetivo de remodelarla y, por tanto, busca la eliminación de todos los grupos que se oponen a ese propósito. Exterminan a los individuos con el afán de destruir los grupos de los que ellos forman parte. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, implican un ataque indiscriminado a la población civil.
¿Puede citar un ejemplo?
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron crímenes contra la humanidad, pero no pretendían reorganizar esa sociedad ni eliminar a determinados grupos, cosa que sí hicieron el franquismo o la dictadura argentina. Es muy importante esta diferenciación porque echa luz acerca de las causas, los beneficiarios y sus responsabilidades.
¿Quiénes son los querellantes?
Darío Rivas, cuyo padre, Severino Rivas, fue fusilado, e Inés García Holgado, que tiene tres familiares asesinados, un tío y dos tíos abuelos: el primero desaparecido y los otros dos fusilados.
¿Habrá más en el futuro?
Sí, es innumerable la cantidad de personas que quieren presentar sus denuncias tanto en Argentina como en España. Pero a este llamado ya se han unido organizaciones sociales de derechos humanos que se presentan en este procedimiento, incluidas algunas de España, como la Federación de Sociedades Gallegas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España.
¿La Justicia argentina podrá aplicar el principio de jurisdicción universal?
Sería la primera vez, pero está obligada a hacerlo porque lo ordena la Constitución argentina, que establece la figura de la jurisdicción universal. También hay leyes internas que otorgan a los tribunales federales la competencia para investigar los crímenes de genocidios, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. La aplicación de la jurisdicción universal es además recomendada en múltiples instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
¿Por qué la Justicia española no quiere investigar?
Lo que pasa en España sucede en todos los países en donde se cometen crímenes masivos de esta naturaleza. Al crimen le sucede la impunidad, pactada incluso con quienes fueron víctimas. En España, se firmó la Ley de Amnistía, que fue apoyada por distintos partidos políticos, incluso por aquellos que son herederos de los que fueron víctimas en Argentina. Así ha sucedido en países como Argentina y Chile. No es esto de exclusividad española.
¿Qué se pretende en España con la posible inhabilitación del juez Garzón?
Quienes cometieron estos crímenes en España, que tienen el control de sus sociedades precisamente porque lo lograron a través de sus procesos genocidas, intentan que no se investiguen estos hechos. Echar silencio, olvido e impunidad sobre ellos. En consecuencia, lo que sucede con Garzón es eso. Tuvo la osadía de cumplir con lo que la ley interna española e internacional demandan, que es investigar estos crímenes. Inmediatamente todas las fuerzas de la vieja España se volvieron contra él, llegando no sólo a paralizar el procedimiento, sino además a abrir un inaudito proceso para inhabilitarlo, lo que desacredita la Justicia española internacionalmente de un modo increíble.
¿Qué esperan al respecto?
Esperamos que se revierta este proceso y que lleguen a ser juzgados los jueces que están tratando de inhabilitarlo. Ellos son los verdaderos prevaricadores, dado que están dictando a sabiendas una resolución contraria al derecho.
* Artículo aparecido el 15-04-2010 en el diario español Público.
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