En el documento, conocido como la Declaración de Lima, los cancilleres de los países que conforman la OEA han afirmado su “compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación” y la “importancia” de crear “un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa”. Se insiste, en suma, en acotar y hacer más transparente la inversión militar, pero no se imponen obligaciones específicas.
Más contundencia en el texto final esperaba el presidente peruano Alan García, quien desde hace unas semanas cuestiona públicamente el gasto militar de toda la zona. El mes pasado llegó a precisar en Madrid, durante la Cumbre América Latina-Unión Europea, que “lo peor que puede haber entre países en desarrollo” era una “competencia armamentística”.
Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las compras de armas en América Latina han ascendido en 2009 a 51.800 millones de dólares, lo que supone un aumento del gasto en los últimos cinco años de un 150% con respecto al periodo 2000-2004.
* Artículo aparecido el 10-06-2010 en el diario español Público.
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