El derrumbe de la memoria

Lo llaman "la política del olvido". Los ex centros clandestinos de detención de Argentina, instalaciones donde fue ejecutado el plan de exterminio que dejó 30.000 desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983), son el rastro y el testimonio viviente de aquella época de terror. Y la ciudad de Buenos Aires parece estar abandonando a su suerte la memoria de este periodo brutal de represión.

Los edificios en donde funcionaban los centros clandestinos están en condiciones tan deplorables que algunos amenazan con derrumbarse, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo.

Cinco ex centros clandestinos en la capital argentina están en condiciones precarias y algunos corren el peligro de desplomarse debido a la falta de mantenimiento.

Un ejemplo de ello lo constituye el conjunto de edificios que conforman la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino más atroz que existió durante la dictadura. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas todavía hoy desaparecidas. Hoy, el complejo sufre un completo deterioro.

"No se trata de embellecer el edificio, sino de ser coherente con el objetivo fundamental de estos espacios, que es la conservación patrimonial del testimonio dedicado a conservar la verdad histórica", reclama el informe.

La Defensoría del Pueblo alerta del estado en el que se encuentra el Casino de Oficiales, el punto neurálgico de la ESMA, en donde fueron torturados los detenidos-desaparecidos. "Es imprescindible comenzar con las reparaciones, ya que debajo de las cubiertas se encuentran los principales sitios de tortura y reclusión", indica el dictamen.

El Instituto Espacio para la Memoria (IEM), una institución que integran varias organizaciones de derechos humanos y que tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de los ex centros clandestinos de detención, acusa al Gobierno de Buenos Aires de recortar cada año los fondos que tienen por objeto la preservación de los edificios.

La cámara legislativa de Buenos Aires aprobó en el presupuesto de 2010 una partida de más de un millón de euros para el IEM, según el propio instituto, pero el Gobierno bonaerense del alcalde Mauricio Macri redujo el monto a poco más de 200.000 euros.

Proyecto de ley

La Defensoría del Pueblo considera que el Instituto Espacio para la Memoria tampoco está libre de culpa. "Para mantener los edificios no se necesita tanto dinero, sino ideas y pedir colaboración a los demás", dice a Público Graciela Palacio de Lois, jefa de la Oficina de Relaciones de la entidad. "No es un tema de financiación, sino de idoneidad. El IEM no sabe manejar sus recursos".

Según la representante de la Defensoría, el informe que encargó su institución ha sido usado políticamente por el IEM para lamentarse públicamente de la falta de fondos.

El diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, presentó un proyecto en la Legislatura hace más de dos meses para declarar la emergencia urbanística de los ex centros clandestinos de detención. "Hay una estrategia de quitar la financiación por parte del Gobierno de Macri. Por ello planteamos la necesidad de una ley que sostenga el funcionamiento de los centros como lugares históricos".

Hourest denuncia además que el Gobierno de Buenos Aires no atiende la necesidad de conservación que requieren estos lugares de memoria "porque quizás esto se asocia a las políticas del Gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".

No obstante, el diputado Hourest señala que tampoco las fuerzas políticas asociadas al kirchnerismo en la Legislatura bonaerense han sido capaces de comprometerse con el cuidado de los ex centros clandestinos de detención. "Parece mentira añade irónico. Los mismos que se pelean por el destino de las políticas de memoria son quienes están impidiendo que este proyecto avance".

* Artículo aparecido el 08-12-2010 en el diario español Público.