viernes, 26 de agosto de 2016

Rechazo a un centro de detención para extranjeros creado por Gobierno argentino

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron este viernes al Gobierno argentino de Mauricio Macri por habilitar un centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.

“Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes”, indicó la entidad en un comunicado.
El Ministerio de Seguridad firmó el jueves un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones, en el que también interviene el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, por el que este último organismo cede un inmueble de la capital argentina para que funcione como centro de detención.

El Gobierno nacional alojará en este establecimiento a todos los extranjeros que incumplan las leyes migratorias “en calidad de detenidos” y “en carácter de comunicados”.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.

El centro se constituye “al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar el destino mencionado”, indicó Migraciones.

La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

“El alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales”, añade el comunicado.

Esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina (...) reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y restricción de la migración”, denunció AI.

Aunque el Ejecutivo alega que este centro servirá “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [de Migraciones] y su normativa complementaria vigente”, Amnistía objetó que esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”.

Aprobada en diciembre de 2003, la Ley de Migraciones fue reconocida internacionalmente por incorporar cláusulas en sintonía con la protección de derechos humanos, y por priorizar la regularidad de los extranjeros frente a pautas de restricción en donde la detención interviene como control migratorio.

El Gobierno de Macri “está ampliando los criterios de retención y expulsión”, denunció por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que supervisa el estado de derechos humanos en Argentina.

En la plataforma Change.org ha surgido una iniciativa que han firmado más de 1.000 personas contra este “paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un 'problema' de seguridad nacional y de orden público”.

Argentina ha sido históricamente un país receptor de inmigrantes. La Dirección Nacional de Migraciones celebraba en 2015 que Argentina se había convertido en el principal receptor de inmigrantes de América Latina con el 4,6 por ciento de su población extranjera, casi 2 millones de personas. 


Artículo publicado este viernes en la agencia internacional de noticias Sputnik.

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