El paro internacional del 8M se celebró en todo el país con marchas
multitudinarias para exigir el fin de la violencia machista ante un año
electoral en el que se volverá a plantear la legalización del aborto y
la necesidad de políticas públicas para luchar contra la discriminación
de las mujeres.
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| Manifestantes en la Plaza Congreso de Buenos Aires durante el 8M (A.D.P) |
La primera movilización en Buenos Aires fue encabezada
por empleadas despedidas de Coca-Cola y de otras empresas que
reclamaron durante la mañana por sus puestos de trabajo. “Que lo vengan a
ver, que lo vengan a ver, las mujeres enseñan cómo luchar a la CGT
(Confederación General del Trabajo)”, cantaban en alusión a la principal
central obrera del país.
La tercera huelga consecutiva que realizan las
mujeres en Argentina por el 8 de marzo reclamó una vez más el fin de la
violencia machista. Miles de mujeres recorrieron en Buenos Aires el
trayecto que comunica el Congreso con la sede de Gobierno, la Casa
Rosada, a lo largo de una Avenida de Mayo veraniega que colmaron con
bailes, cantos y malabares. En todas las provincias del país las
feministas pintaron sus rostros de morado y de verde, exhibieron sus
consignas y recordaron con carteles a las que ya no están.
Una mujer es asesinada cada 32 horas en Argentina.
En la jornada del 8M “hay un eje vertebrador, que es muy primario, y
tiene que ver con la demanda para que se termine la violencia machista,
que tiene su expresión más letal en los feminicidios”, explica a Público
la diputada nacional Lucila de Ponti, referente del Movimiento Evita.
“Necesitamos presupuesto y jerarquización de políticas orientadas a
cuidar la vida de las mujeres, a prevenir y a erradicar esa violencia
que se ha transformado casi en una constante”.
El sistema patriarcal que plantea una diferencia de
trato entre mujeres y varones en detrimento de las primeras no sólo
tiene su reclamo en el sistema de salud con la legalización del aborto.
También articula “una expresión económica a la hora de pensar en
nuestra integración al mercado laboral, en nuestras condiciones
salariales y de trabajo”, razona la legisladora.
Por otra parte, “nos hacemos cargos de la mayor
parte del trabajo no remunerado y de las tareas de cuidado en lo que
termina constituyendo una doble jornada laboral, sin que esto tenga
un reconocimiento económico ni esté expresado en políticas laborales
para deconstruir esta desigualdad”, añade De Ponti.
Marea verde
Las reivindicaciones feministas en Argentina
encontraron el año pasado su mayor momento de apogeo y visibilización
cuando instaron a que se legalizase el aborto legal, seguro y gratuito.
Ese reclamo fue cristalizado en el pañuelo verde que hoy muchas mujeres
llevan atados a sus bolsos y mochilas con un lema que traspasó
fronteras: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no
abortar, aborto legal para no morir”.
Distintos ámbitos conservadores y religiosos
espolearon, en contraposición, el color celeste y el rosa para rechazar
la legalización del aborto. Así llegó por primera vez al Congreso el
debate por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El proyecto
aprobado en junio en la Cámara de Diputados fue finalmente tumbado en el
Senado en la madrugada del 9 de agosto, tras horas de discusión.
Pese al clamor predominante por la legalización del
aborto, en algunas provincias del interior del país, como Salta (norte) o
Tucumán (noroeste), se desafían las causales vigentes desde hace casi un siglo que sí permiten el aborto legal, es decir, cuando el embarazo se produce por una violación o cuando corre riesgo la salud o la vida de la gestante.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU (Acnudh) tuvo esta semana que llamar la atención al Estado después
de que una niña tucumana de once años que quedó embarazada tras ser
violada por el novio de su abuela viera postergado su derecho a abortar
por la intromisión de las autoridades provinciales, que dilataron el
proceso hasta que finalmente la niña fue sometida a una cesárea. Este
caso “pueden constituir tortura y malos tratos”, advirtió Naciones
Unidas.
Aires de campaña
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal
Seguro y Gratuito volverá a presentar por octava vez consecutiva el
proyecto que no sólo aspira a ser sancionado de una vez en el Congreso,
sino que puede ser determinante en el debate público que precederá las
elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre.
Atento a ello, el Gobierno de Mauricio Macri ha
reglamentado un año y cuatro meses después de su aprobación en el
parlamento la Ley de Paridad de Género, que intercala a mujeres y
varones en las listas electorales.
Embanderado en el movimiento feminista, el Ejecutivo presume de haber implementado el Plan de Primera Infancia, que prevé la asistencia a familias en situación vulnerable con espacios de cuidado
para niños de hasta cuatro años de edad; de haber lanzado el Plan
Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, y de promover la
Ley Brisa, que otorga una ayuda económica a los hijos de víctimas de
feminicidio.
“El Gobierno tiene una actitud discursiva de querer
formar parte de esta lucha, pero esto no se expresa en la ejecución de
políticas”, revela la diputada De Ponti. “El Ejecutivo tan solo destina
11 pesos (0,24 euros) por mujer por año para erradicar la violencia
machista. Y además sólo ha ejecutado un 60 por ciento del presupuesto
destinado a estas políticas, insuficiente para que estas líneas de
acción tengan incidencia en la realidad”.
Si bien el presidente Mauricio Macri habilitó la
discusión de la IVE en el Congreso, aunque se manifestó personalmente en
contra de la legalización del aborto, “el Gobierno no tuvo una actitud
definida para que la ley se aprobase, y no hizo ningún esfuerzo para
traccionar los votos necesarios”, remarca la legisladora del Movimiento
Evita.
El Gobierno advirtió en la víspera del 8 de marzo
que descontarían el día de paro a las trabajadoras que se adhirieran a
la huelga, de acuerdo a un correo que envió del director de coordinación
interministerial de recursos humanos, Martín Ilía, a los organismos
públicos.
* Artículo aparecido en el diario español Público.
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