Argentina expulsa a uruguayo con 3 hijos nacidos en el país en violación de la ley vigente

 El Gobierno argentino expulsó este miércoles a un ciudadano afrouruguayo residente en el país por una condena de un año y seis meses de prisión de 2021 pese a que tiene tres hijos menores nacidos en la nación sudamericana y aunque la ley estipula que la expulsión solo puede producirse con penas que alcancen los tres años de cárcel.

"Es el primer caso, del que tomamos conocimiento, de una expulsión que habilitó la separación de un padre de sus tres hijos argentinos", sostuvo durante una entrevista con este medio el director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.

Pedro Martínez Piedraíta, casado con una argentina y padre de tres hijos menores de edad, de 6, 15 y 16 años, fue expulsado del país a las 03.00 de la madrugada este miércoles, tras haber descubierto el viernes, cuando fue a renovar ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la residencia precaria que tenía (un permiso temporal que otorga el Estado mientras se tramita el DNI temporario o definitivo), que había una orden de expulsión en su contra.

Este ciudadano, de 60 años, fue detenido en ese mismo momento, y tuvo que esperar al lunes para ponerse en contacto con una abogada e intentar frenar su expulsión, decretada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 12 a partir de un decreto de Migraciones de marzo de 2023 que prohibió además su reingreso al país de manera permanente.

Con 19 años de residencia en Argentina, Martínez Piedraíta ya había cumplido su pena excarcelable de un año y seis meses de prisión por el delito de violación de domicilio, amenazas reiteradas y desobediencia reiteradas, "un antecedente que no es el que establece la ley como impedimento u obstáculo para residir en Argentina", aclaró Morales.

El presidente Javier Milei promulgó el 29 de mayo un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modificó la Ley de Migraciones N° 25.871, pero ni siquiera esa normativa ampara la expulsión de Piedraíta, afirmó el director del CELS, un organismo de derechos humanos reconocido en Argentina.

"Incluso con la modificación de la ley con el DNU, lo que te impide quedarte en Argentina es si tienes antecedentes o condenas vinculadas a penas mayores de tres años de cárcel", ratificó el abogado.

El DNU 366 firmado por Milei y el resto de ministros de su gabinete sí tiene un impacto en la expulsión de este uruguayo al haber modificado el artículo 70 del régimen migratorio vigente, de manera tal que antes, "si alguien era retenido para ser expulsado y acreditaba que tenía hijos argentinos, la DNM debía liberarlo, pero ahora, el decreto dice 'podrá'", precisó Morales.

La legislación argentina, en cualquier caso, no permite la expulsión de un ciudadano extranjero por una pena de prisión menor a los tres años, y además obliga a Migraciones a constatar la paternidad de hijos argentinos que alegue un extranjero, hecho que no ocurrió con Martínez Piedraíta.

"Se trata de una aplicación ilegal de la Ley de Migraciones y una falta de consideración a la situación familiar de Juan", ratificó el titular del área de Litigio y Defensa Legal.

DECRETO CUESTIONADO

Más de 150 organizaciones argentinas, entre instituciones académicas y de investigación, centros vinculados a universidades, entidades de derechos humanos y redes relacionadas con migrantes, denunciaron el carácter xenófobo del DNU 366 del Gobierno de Milei, por considerar que restringe derechos garantizados por la Constitución.

El decreto, que endurece los requisitos de permanencia y amplía las condiciones de deportación, también impide el ingreso al país de cualquier extranjero que haya cometido delitos y obliga a los residentes transitorios y temporales a pagar por los servicios de salud.

Además endurece los requisitos para quienes soliciten la nacionalidad o la residencia permanente, para cuya obtención se establece como condición que el demandante permanezca en el país de manera continuada, sin poder salir de Argentina durante dos años.

A casi dos meses de la promulgación del DNU, a la espera de que la comisión bicameral permanente del Congreso se pronuncie sobre su validez, el decreto sí asegura la ciudadanía a los extranjeros "que realicen una inversión relevante en el país".

A lo largo de su historia, Argentina ha sido un país abierto a la inmigración y ha impulsado políticas migratorias tendientes a favorecer el ingreso de extranjeros, tanto europeos como sudamericanos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. 


* Artículo publicado en la Agencia Sputnik el 16 de julio de 2025.

Fundador de Open Arms denuncia complot de la UE para impedir llegada de migrantes

El fundador de la ONG catalana Proactiva Open Arms, Òscar Camps, sostuvo durante una entrevista exclusiva con Sputnik que la Unión Europea (UE) opera a través de los países fronterizos para devolver a Libia a las personas que en su intento de alcanzar las costas europeas tratan de cruzar el Mar Mediterráneo.

Òscar Camps durante la entrevista en Buenos Aires.

"Hay un complot de la UE para que sean los libios los que intervengan y no digan nada", señaló el rescatista en diálogo con esta agencia durante una visita que realizó a la capital argentina para participar en un congreso.

La organización humanitaria que dirige ha salvado la vida de más de 60.000 personas en el Mar Egeo y en el Mediterráneo central en los últimos cuatro años, mientras los equipos de salvamento marítimo de los países europeos permanecen en sus aguas territoriales y la UE o naciones como España, Grecia, Italia, Malta o Francia obstaculizan las tareas de rescate.

"Hasta marzo de 2018, la guardia costera italiana recibía el aviso de una patera a la deriva y así lo transmitía a los barcos que estábamos allí, pero desde la llegada de Matteo Salvini (vicepresidente y ministro del Interior italiano hasta septiembre pasado) llama directamente a los libios", advirtió Camps.

Esta decisión política "de silenciar lo que pasa" tiene la connivencia de la UE, que expulsa a Libia a las personas que han llegado a pisar su territorio en lo que se conoce como devoluciones en caliente, una práctica ilegal que vulnera las normativas internacionales de derechos humanos.

Así lo reconocía en un informe a principios de año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al advertir que el 85 por ciento de los migrantes encontrados en aguas internacionales eran devueltos a Libia.

Después de que en julio fallecieran 150 personas frente a las costas de este país en lo que fue el peor naufragio que se conoce desde mayo de 2017, el portavoz de Acnur, Charlie Yaxley, reclamó a la UE que reanudase las operaciones de rescate marítimo y reconociese el papel crucial que desempeñan organizaciones como Proactiva Open Arms.

Insensible a estas llamadas, y "como la UE no tiene entidad jurídica para hacer un convenio que una a todo el bloque, hay acuerdos de varios países con Libia, que es un país en guerra, para que su guardia costera entre a sus aguas territoriales y se lleve a las personas", afirmó Camps.

Roma renovó este mes un memorándum con Libia vigente desde 2017 que ha financiado con más de 150 millones de euros a su guardia costera a fin de que intercepte en el mar a los migrantes y los haga regresar a su territorio, pese a "los horrendos abusos" y "las continuas denuncias de desapariciones y trata de seres humanos" de migrantes que son enviados a los centros de detención de este país, según ha denunciado Acnur.

BARCOS DE RESCATE

En junio de 2016, Proactiva Open Arms obtuvo en concesión un yate de lujo que transformó en buque de rescate, el Astral, y que desde entonces navega en las aguas del mar Egeo para asistir a los refugiados que intentan alcanzar desde Turquía las islas griegas, principalmente Lesbos, situada apenas a nueve kilómetros de distancia.

Tras el acuerdo que firmaron la UE y Turquía en 2016, las mafias utilizan otras vías más largas y peligrosas en el Mediterráneo central, con embarcaciones que hacen salir desde Libia rumbo a las lejanas islas italianas de Lampedusa, a 300 kilómetros, o Sicilia, a 500.

Desde julio de 2017, la ONG catalana sumó a los equipos de salvamento al buque Open Arms con el fin de que navegase este mar, al ser "uno de los corredores marítimos más importantes del mundo con el paso anual de 97.000 barcos mercantes que cruzan el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar y dan aviso de cuanta barca encuentran", contextualizó Camps.

Hasta doce barcos de rescate llegaron a monitorear el Mediterráneo central, que hoy sólo cuenta con la presencia del Open Arms, del buque Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras, y de un grupo de vascos que han salido al mar con un barco de pesca.

"El salvamento es obligatorio, pero Europa no sólo no impulsa ninguna operación de salvamento, sino que además el Parlamento europeo tumbó en octubre por sólo dos votos una resolución que instauraba las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo", recordó el director de Proactiva Open Arms.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Convención de la Prevención de la Tortura o el Derecho Internacional del Mar son instrumentos internacionales ratificados por los 28 Estados de la UE que se vulneran de manera sistemática "mientras financiamos grupos armados para que retengan por la fuerza a personas en países extranjeros que están en guerra o para que entren en aguas europeas y se las lleven", añadió.

COSTO PERSONAL

Lejos de colaborar o reconocer su labor, los países fronterizos bloquean la salida del Open Arms o impiden la entrada del barco a sus puertos bajo pretextos administrativos que pueden tener meses de recorrido burocrático.

En agosto de 2017, el Open Arms fue secuestrado durante unas horas por guardacostas libios que amenazaron con disparar si la tripulación no acataba sus órdenes, hasta que los pasajeros del navío, entre los que se encontraba un premio Pulitzer de fotografía y una diputada socialista española, consiguieron dar la voz de alarma.

El equipo de salvamento del Open Arms también ha sido hostigado a través de denuncias judiciales que los acusan de tráfico de personas "en un intento de criminalización que no prospera porque la justicia nos ha absuelto en todos los casos", acotó Camps.

Algunos medios de comunicación también intentan generar corrientes de opinión negativa con el propósito de minar la credibilidad de la organización humanitaria, que se financia a través de donaciones, la mayoría provenientes de mujeres.

Más allá de los peligros a los que se somete la tripulación, los trabajos de rescate también acarrean sacrificios personales y secuelas peligrosas para la salud mental, como el trastorno por estrés postraumático.

Un equipo de psicólogos especialista en situaciones de crisis ayuda a los equipos de salvamento antes, durante y después de las tareas, pero permanecen secuelas "que te convierten en alguien más introvertido o más intolerante", reconoció Camps.

La vida también adquiere otra perspectiva pues "no son nuestros hijos quienes tienen problemas, sino aquellos que rescatamos en el mar con frío, tiritando, con hipotermia, que acaban de perder un hermano, y que pese a todo muestran una capacidad de resiliencia increíble", valoró.

"Luego vuelves a situaciones que por lo que sea te dejan una huella de memoria, por cómo te abrazan los niños, por cómo puede una madre, sin entender tu idioma ni tú el suyo, transmitirte el agradecimiento con las facciones de la cara por haberte metido a su hijo helado dentro del traje para darle calor mientras ella no se puede mover y está a punto de morir", rememoró.

Proactiva Open Arms no tiene socios, sólo donantes recurrentes, con la esperanza de que la presión creciente a la que se ve sometida la UE y los Estados que la integran lleve a que tarde o temprano las administraciones se hagan responsables de las labores de rescate que de momento asumen esta institución y otras organizaciones humanitarias.


* Artículo publicado en la agencia Sputnik el 26 de noviembre de 2019.

Rechazo a un centro de detención para extranjeros creado por Gobierno argentino

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron este viernes al Gobierno argentino de Mauricio Macri por habilitar un centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.

“Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes”, indicó la entidad en un comunicado.

El Ministerio de Seguridad firmó el jueves un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones, en el que también interviene el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, por el que este último organismo cede un inmueble de la capital argentina para que funcione como centro de detención.

El Gobierno nacional alojará en este establecimiento a todos los extranjeros que incumplan las leyes migratorias “en calidad de detenidos” y “en carácter de comunicados”.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.

El centro se constituye “al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar el destino mencionado”, indicó Migraciones.

La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

“El alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales”, añade el comunicado.

Esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina (...) reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y restricción de la migración”, denunció AI.

Aunque el Ejecutivo alega que este centro servirá “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [de Migraciones] y su normativa complementaria vigente”, Amnistía objetó que esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”.

Aprobada en diciembre de 2003, la Ley de Migraciones fue reconocida internacionalmente por incorporar cláusulas en sintonía con la protección de derechos humanos, y por priorizar la regularidad de los extranjeros frente a pautas de restricción en donde la detención interviene como control migratorio.

El Gobierno de Macri “está ampliando los criterios de retención y expulsión”, denunció por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que supervisa el estado de derechos humanos en Argentina.

En la plataforma Change.org ha surgido una iniciativa que han firmado más de 1.000 personas contra este “paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un 'problema' de seguridad nacional y de orden público”.

Argentina ha sido históricamente un país receptor de inmigrantes. La Dirección Nacional de Migraciones celebraba en 2015 que Argentina se había convertido en el principal receptor de inmigrantes de América Latina con el 4,6 por ciento de su población extranjera, casi 2 millones de personas. 

Artículo publicado este viernes en la agencia internacional de noticias Sputnik.