Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.

Uruguay engrasa la ley contra los represores

El Gobierno uruguayo comienza a salir de la empantanada situación en la que se había sumergido por intentar, simplemente, juzgar los delitos de la última dictadura (1973-1985). El presidente, José Mujica, promulgó anteayer una ley, sancionada por el Parlamento el pasado miércoles, que evita que estos crímenes prescriban. Casualidad o no, ese mismo día un juez procesó a cinco exmilitares y a un policía retirado por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Este caso ha tenido gran trascendencia por ser ejemplo de la represión que ejerció el Plan Cóndor en el Cono Sur bajo los Gobiernos dictatoriales de los setenta. La nuera del poeta, secuestrada en Buenos Aires cuando estaba embarazada y trasladada a Uruguay en 1976, dio a luz de manera clandestina antes de desaparecer. Su hija, Macarena Gelman, con ayuda de su abuelo, consiguió este año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera una investigación y condenara al Estado uruguayo por la desaparición de su madre.

Si bien los represores imputados ya cumplían prisión por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ahora también serán investigados por este crimen.

El viernes también fue testigo de otra iniciativa, esta vez popular, que protagonizaron 24 ex presas políticas al presentar una querella contra decenas de militares en la que denuncian haber sido vejadas con violaciones y torturas.

Sin embargo, estos procesos no siempre tuvieron una dinámica tan fluida. Hasta ahora, todos los crímenes de lesa humanidad corrían el riesgo de prescribir el próximo martes debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que en mayo estableció como "delitos comunes" las transgresiones del régimen militar.

Ex presas políticas se querellan contra militares por haber sido torturadas

Un camino lleno de trampas

El Frente Amplio, desde el Gobierno y con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pudo reaccionar a tiempo con la ley promulgada por Mujica, pero el sendero para llegar hasta aquí se hizo hostil y lleno de trampas. Y dentro de la coalición se abrieron muchas heridas.

La pauta de todo este conflicto parte de la ley de caducidad todavía vigente, una normativa promulgada en 1986 que amnistía a los militares de cuantos crímenes hayan cometido durante la dictadura. Esta norma podía haberse revertido con más facilidad si no hubiera estado refrendada no ya por uno, sino por dos plebiscitos aprobados por la ciudadanía en 1989 y en 2009.

La ley de caducidad, no obstante, incluye una cláusula que permite al Ejecutivo apartar de su aplicación los casos que considere convenientes. Desde que el Frente Amplio llegara al Gobierno con el presidente que antecedió a Mujica, Tabaré Vázquez, la coalición se ha apoyado en esta prerrogativa para excluir 16 casos en total. En junio, Mujica reactivó 88 juicios que habían sido bloqueados por administraciones anteriores.

La legislación que ahora entra en vigor no elimina la ley de caducidad, pero sí la modifica. Y permite de alguna manera sortear los plebiscitos populares, sin enfrentarlos directamente, para comenzar a hacer justicia. Un camino que no ha sido fácil ni concluye aquí.


* Artículo aparecido el 29-10-2011 en el diario español Público.

Primeras condenas por la Operación Cóndor

Por primera vez la Justicia argentina ha reconocido los delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del Plan Cóndor. El pasado jueves, un ex militar y tres civiles fueron sentenciados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Automotores Orletti, que fue no sólo un centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina (1976-1983) sino además una de las bases operativas de la campaña de represión que coordinaron las dictaduras del Cono Sur entre la década de 1970 y 1980.

El ex general Eduardo Cabanillas, por entonces jefe de Automotores Orletti, fue quien recibió la pena más dura: cadena perpetua por cinco casos de "homicidio calificado por su comisión con alevosía”, y 29 delitos de “privación ilegítima de libertad (...) agravadas por mediar violencia y amenazas” y de “imposición de tormentos”.

Otros dos de los imputados, los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz, fueron condenados cada uno a 25 años de cárcel por 65 casos de “privación ilegítima de libertad” y 60 delitos de torturas. Por último, el ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Gulielminetti, procesado por cometer estos mismos crímenes contra una veintena de personas, fue sentenciado a 20 años de prisión.

Bajo el nombre de Automotores Orletti se conoce al centro clandestino de exterminio que funcionó de junio a noviembre de 1976 en lo que antes había sido un taller mecánico. Los militares se referían a este lugar como “el Jardín”. La SIDE, junto con el Ejército argentino y miembros de las Fuerzas Armadas uruguayas, estuvo a cargo de la represión. Allí fueron torturadas unas 300 personas, muchas de ellas extranjeras.

Por eso Uruguay ha recibido con especial júbilo la sentencia, dado que se calcula que por Automotores Orletti pasaron decenas de prisioneros de este país. “Estoy emocionada. Esto es un poco de justicia cuando se necesita tanto” confesó Macarena Gelmán, nieta recuperada del poeta argentino Juan Gelman. “Para mí implica además un reconocimiento muy esperado de todo lo que sucedió”.

La madre de Macarena, María Claudia García, estaba embarazada cuando fue detenida y trasladada junto con su marido a Automotores Orletti. Él fue asesinado, mientras que ella fue enviada a Uruguay, donde dio a luz en cautiverio. Madre e hija fueron separadas, y Macarena terminó siendo apropiada por la familia de un oficial de policía. En el año 2000 pudo recuperar su identidad gracias a Juan Gelman, y a Abuelas de Plaza de Mayo, que no habían dejado de buscarla.

También Francia ha dado la enhorabuena a la Justicia argentina. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores definió ayer como ejemplar la condena a cadena perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, y recordó que tanto Argentina como su país han impulsado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, que ya cuenta con el apoyo de 91 países desde que entrara en vigor en diciembre pasado.

* Artículo aparecido el 2-04-2011 en el diario español Público.

Suramérica recupera el rastro del plan para exterminar a la izquierda*

Es una de las huellas más siniestras que ha dejado la historia del siglo XX en el Cono Sur latinoamericano, pero tuvieron que pasar muchos años para que aquel horror, que intentó desvanecerse en la impunidad, quedara desvelado por su propia documentación.

Es el Plan Cóndor, el pacto de coordinación que existió entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas de los setenta y ochenta. Los archivos existentes son hoy indispensables para conocer sus detalles, le otorgan una concreción, un rostro, una identidad. Su descubrimiento fue el único modo de acallar a quienes durante mucho tiempo negaban la existencia misma del plan o recelaban de un supuesto objetivo conjunto de aniquilar a todos los opositores a los regímenes dictatoriales derechistas de la región.

"El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos la mayoría en Argentina y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños", según resume la periodista argentina Stella Calloni, autora de dos libros sobre el operativo, Los años del lobo y Operación Cóndor, pacto criminal. Calloni considera que el plan fue una política de Estado terrorista "cuya base estuvo diseñada en Washington".

Juicio a Videla

Muchos de los procesos sobre delitos de lesa humanidad que ahora se llevan a cabo en América Latina se nutren de expedientes que esclarecen al detalle el funcionamiento de un sistema represivo impecable.

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, que ya tiene múltiples procesos abiertos en su contra, deberá en breve rendir cuentas en la causa del Plan Cóndor, elevada ya a fase de juicio. Los archivos, que mencionan su nombre como partícipe de aquel operativo criminal, pueden ser fundamentales a la hora de dictar sentencia.

Los documentos sobre el Plan Cóndor aparecieron allá por 1992, cuando una de las víctimas de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner (1954-1989), Martín Almada, descubría en una comisaría lo que luego se conocería como los archivos del terror, los registros más completos sobre el pacto de las dictaduras que se han encontrado hasta ahora.

"Yo estuve por Europa tratando de saber por qué el ex dictador chileno Augusto Pinochet usó la palabra cóndor", relata Almada. "Al parecer, viene de España, de cuando Hitler envió la Legión Cóndor a tirar bombas sobre Guernica. Es ahí cuando por primera vez aparece ese nombre".

Gracias a las cuatro toneladas de archivos encontrados en Paraguay, se puede deducir que la operación Cóndor tenía dos cabezas. "El ejecutor fue Pinochet, pero el cerebro o mentor fue el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que elaboró las bases de lo que sería el Plan Cóndor. Premiado con el Nobel de la Paz, Kissinger es el terrorista más grande del mundo, pues ordenó en aquellos años la limpieza del aparato del Estado, de la sociedad civil y la política de comunistas", aclara Almada. "Kissinger no puede viajar ahora a Europa, porque tiene un juicio abierto en Francia, y mucho menos a América Latina, porque yo he interpuesto una querella criminal en su contra", añade.

Otra de las personas que participó en el descubrimiento de los archivos del terror es María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos en Paraguay. "Gracias a estos archivos, se ha podido saber que el Plan Cóndor tiene su propia acta de creación, que es la convocatoria realizada por el ex dictador Augusto Pinochet para la reunión que se efectuó en octubre de 1975 en Santiago de Chile y a la que acudieron todos los jefes policiales de la región", explica.

"También se encuentra el organigrama de qué función le corresponde a cada país, el modus operandi e incluso los nombres de las personas que participaron. Así se pudo estudiar y leer la función de cada país", sostiene la experta.

"En los archivos añade, hay libros de guardia con las novedades de todo lo que ocurría en las comisarías: hay fichas de detenidos, al estilo nazi, que tienen la indicación de circulación internacional; hay informes de los delatores que iban a los distintos países e informes de los embajadores que seguían y delataban a ciudadanos en el exterior. Toda la vida del país estaba allí".

Casos trágicos como el de una maestra que delató a su alumno de 6 años por haber llevado a clase un diario del Partido Comunista aparecen igualmente entre los documentos.

Fotos de las torturas

El Plan Cóndor tuvo además la siniestra peculiaridad de completar las fichas policiales de los detenidos con fotos tomadas después de las sesiones de tortura. "En sí, los archivos son una radiografía de la vida de la gente y del país en aquellos años, y de cómo la intervención violenta partió por en medio a la comunidad paraguaya", añade la investigadora.

Los golpes de Estado se sucedieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. El dictador Alfredo Stroess-ner sólo tuvo que esperar diez años desde que se hizo con el poder en Paraguay para ver cómo el Gobierno brasileño de Joao Goulart era derribado por un golpe militar. En 1971, le llegaría el turno a Bolivia de mano del general Hugo Banzer, que impondría una dictadura durante siete años. En 1973, el ataque del general Pinochet al Palacio de la Moneda acabó con la vida del presidente Salvador Allende, y con un incipiente socialismo que había llamado la atención de la CIA y que Pinochet se encargó de sepultar sin piedad.

También ese año comenzó la dictadura de Juan María Bordaberry en Uruguay. En 1975, se marcaba el inicio de otro régimen militar en Perú y, al año siguiente, Argentina dijo adiós a la democracia con el golpe de la Junta Militar encabezada por el general Jorge Videla, el cual daría paso a un régimen represivo que dejó 30.000 desaparecidos y un país sumido en el espanto.

Ya en democracia, los países de América Latina aprendieron a reconstruir su tejido social, y empezaron a surgir las preguntas de por qué, quiénes, y cómo. Se buscaron archivos sobre el Plan Cóndor, que aparecieron con el tiempo en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Paraguay e incluso en Uruguay. Las naciones latinoamericanas volvían a hacer uso del intercambio de información, pero esta vez para ayudarse mutuamente a reconstruir un pasado que no querían dejar atrás.

"La verdad gruesa ya la tenemos", relata Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de Buenos Aires, que ha investigado gran parte de la información relativa al Plan Cóndor. "Lo que vale es mostrar la cooperación de las Fuerzas Armadas entre sí en el marco de lo que era en ese momento la Doctrina de la Seguridad Nacional y los planes para América Latina, como la Escuela de las Américas".

Pero el proceso es lento. "La investigación sobre desapariciones es difícil, porque quien hace desaparecer los cuerpos, también hace desaparecer los rastros. Lo que se ha logrado hasta ahora es lo máximo que se podía conseguir. Yo creo que desde que se recompuso la democracia en Argentina no se ha cesado de investigar".

Este país es el que más personas ha llevado a juicio por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, 649 personas han sido procesadas y 68 más han sido ya condenadas.

* Reportaje aparecido el 19-07-2010 en el diario español Público