Pacífica marcha en Buenos Aires rechaza nuevo préstamo del FMI ante un Congreso blindado

 

"¿Cómo alguien puede firmar un cheque en blanco si dice que es representante del pueblo?", se preguntaba Jorge Martínez, un jubilado que se moviliza todos los miércoles frente al Congreso argentino, mientras la Cámara de Diputados avalaba un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que lo autorizaba a tomar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

 "Su aprobación a libro cerrado es vergonzoso", afirmó este argentino a la Agencia Sputnik. "No se saben las condiciones del nuevo préstamo, ni sus plazos, ni la tasa de interés, pero igual lo votaron", reflexionó.

Martínez forma parte del Plenario de Trabajadores Jubilados, una agrupación de militantes y activistas nacida durante la pandemia del covid-19 hace cinco años. El grupo está presente en 16 de las 24 jurisdicciones del país y lleva adelante un programa de lucha y reivindicación de los derechos de los pensionistas.

"Cada vez que en el país se aprobó un nuevo endeudamiento con el FMI, hubo una catástrofe nacional", insistió. "Así ocurrió durante la dictadura militar (1976-1983), así ocurrió también con el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), así ocurrió con Mauricio Macri (2015-2019) y con Luis Caputo (su ministro de Economía), que es el mismo que está ahora. Y así ocurrirá con este nuevo préstamo", agregó.

Medios locales estiman un desembolso que oscila entre los 10.000 y los 20.000 millones de dólares.

El voto a favor de 129 diputados oficialistas y aliados consagró el DNU de Milei. La oposición de 108 parlamentarios y la abstención de otros seis no fue suficiente, pues se necesitaba el rechazo de los dos cuerpos del Congreso para tumbar el decreto (diputados y senadores).

"Esto solo sirve para que los grandes grupos económicos tengan el dólar barato y lo puedan fugar a gusto y a piacere. Pero no va a resolver ninguno de los problemas económicos y de infraestructura social que este país tiene", aseguró Martínez.

A una semana de la marcha de jubilados apoyada por aficionados de fútbol y otros sectores que terminó en una brutal represión de las Fuerzas de Seguridad, este jubilado consideró que la manifestación "fue un gran triunfo y un gran éxito político". El acto, que contó con 16 oradores, transcurrió pacíficamente.

"Que hayamos podido concentrarnos los miles y miles de personas que estamos acá, diciendo "no tenemos miedo", después de los desastres que (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich se mandó la semana pasada, muestra que si no mandan a los esbirros a reprimir, las cosas se pueden hacer tranquilamente. Los violentos llevan uniforme, y eso lo dejamos demostrado el día de hoy", sentenció Martínez.

El Gobierno desplegó más de 2.000 uniformados en las inmediaciones del Parlamento.

JUBILACIONES DE HAMBRE

La Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires señaló que un jubilado en abril debe ganar al menos 1,2 millones de pesos (1.101 dólares al cambio oficial, 933 dólares en el mercado informal) por mes para no caer en la pobreza. En el país hay 4,5 millones de pensionistas que cobran el haber mínimo y reciben una tercera parte de este monto.

Éste es uno de los motivos por los que se repiten las movilizaciones de jubilados cada semana, marcha que acompañan a su vez agrupaciones como la Asociación Civil contra la Violencia Institucional, cuyos miembros estaban apostados con una pechera blanca frente a la valla que separaba a los manifestantes del Congreso, y de la policía.

"Una de nuestras tareas es intentar desbaratar el relato que hace el Gobierno, mostrando el accionar de la policía cuando reprime a la gente sin garantizar ningún derecho", señaló a este medio una de sus integrantes, María Fernanda Pereira.

La represión ocurrida en la marcha del miércoles pasado dejó al fotógrafo Pablo Grillo con peligro de muerte debido al impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, a otra persona sin un ojo y a una tercera con una herida similar.

"Fue una represión feroz, hubo una directiva del Poder Ejecutivo hacia las Fuerzas de Seguridad, de disparar sin ninguna contemplación", consideró.

Esta vez, el Gobierno utilizó durante la jornada las pantallas en las estaciones de trenes para anunciar que la policía reprimiría "todo atentado contra la República" y para advertir que la "protesta no es violencia".

"La policía hoy está desde la mañana temprano en las estaciones, planteando que la policía va a reprimir. Hay miedo en la población", admitió la abogada.

La misma opinión manifestó la joven Yamilia Azuri, que había acudido en grupo a la marcha, al igual que el miércoles anterior. A su juicio, la protesta de este miércoles fue menos nutrida que la de la semana pasada.

"Metieron un montón de miedo a través de las redes todo el día y desde ayer", manifestó.

No fue el miedo lo que la detuvo a ella. "Vine por convicción, porque todos vamos a llegar a jubilados", planteó. "Lo que está pasando con Milei no está bien, y si no nos defendemos ahora, nos van a seguir pasando por arriba, entonces hay que demostrar que estamos".

Por eso tiene una cita cada miércoles frente al Congreso. (Sputnik)

 

* Artículo publicado en la Agencia Sputnik el 19 de marzo de 2025 .

Argentina revive el fantasma de otro colapso socioeconómico

En medio de una zozobra económica sin precedentes en su gestión, el presidente Mauricio Macri estableció un control de capitales y una extensión de los vencimientos de deuda en el afán desesperado de enderezar su Gobierno con la esperanza de llegar al final de su legislatura.

 

En un artículo que lleva por título “Los Sobrevivientes”, el periodista Martín Rodríguez sostiene que el macrismo se ha incorporado a las desilusiones argentinas. “Escuchen ese ruido”, señala al estilo Albert Rivera. “Es el ruido de lo que estamos arrastrando: el macrismo al galpón argentino de los fracasos”.

Desde el regreso de la democracia en 1983, todos los Gobiernos no peronistas se malograron antes de llegar al término de su gestión. Sucedió con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1987), que tuvo que adelantar las elecciones y la entrega de mando acorralado por una hiperflación. Ocurrió también con el exmandatario Fernándo de La Rúa (1999-2001), que abandonó la sede del Ejecutivo en helicóptero después que colapsara el sistema bancario y dejara el país al borde del cese de pagos.

El tercer Ejecutivo no peronista en llegar al poder es el de Mauricio Macri, sobre el que sobrevuelan dos temores ya conocidos por los argentinos: la posibilidad de un cese de pagos total, y el riesgo de una hiperinflación.

A más de cuatro meses de que termine oficialmente su mandato, el Gobierno improvisa medidas desesperadas a golpe de timón ante el colapso de todas las variables económicas. El Banco Central se decidió al fin a establecer algún control sobre la salida de capitales y anunció este viernes que los bancos sólo podrán girar dólares al exterior previa autorización del organismo.

En una economía completamente desregulada, la fuga de divisas en los tres años y medio que lleva Macri en el poder supera el préstamo negociado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 57.000 millones de dólares. 

El Gobierno todavía no sabe si la entidad desembolsará en septiembre su penúltimo desembolso por 5.400 millones de dólares.

Porque una vez más, el país sudamericano se encuentra ante un “default técnico” o “selectivo”, según quién adjetive el cese de pagos anunciado esta semana. El nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, ha pedido al FMI una prórroga en los plazos de pago del crédito otorgado por el organismo. El Gobierno también anunció una extensión de los vencimientos de la deuda de corto plazo, una postergación de los títulos bajo ley extranjera, y adelantó que enviará al Congreso un proyecto para prolongar los plazos de los bonos bajo ley nacional.

Que hayan pasado dos días hábiles desde el anuncio de esta última medida sin que la iniciativa llegue al Parlamento da cuenta de la improvisación con la que reacciona un Ejecutivo acorralado por su propia inoperancia, a sabiendas de que se le escabulle la poca capacidad de reacción que tiene para calmar la crispación financiera.

El actual descalabro económico se desató a partir de las elecciones primarias del 11 de agosto, cuando Macri sufrió una derrota descomunal de más de 16 puntos de diferencia ante el abogado peronista Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que lo acompaña como candidata a la vicepresidencia.

Pero las razones de este desmoronamiento se implantaron desde el comienzo de la gestión de Macri, cuando abrió el país a la entrada y salida libre de capitales, quitó a los exportadores la restricción de liquidar sus dólares en el mercado local y, de manera paulatina, llevó a la nación a un endeudamiento externo que se desbocó con el paso de los meses.

Sin credibilidad ninguna, el presidente subasta ahora los últimos jirones que le quedan de credibilidad en su intento de contener la depreciación de la moneda local, que desde las elecciones primarias perdió un 32 por ciento de su valor. Sólo en la víspera, el Banco Central liquidó casi 2.000 millones de dólares. A la entidad monetaria apenas le quedan 54.000 millones de dólares de reservas, 12.000 millones menos que hace tres semanas. A este ritmo, los economistas saben que el Gobierno no llega a las elecciones generales del 27 de octubre.

Mientras tanto, el riesgo país, que mide la sobretasa a la que puede financiarse un país en los mercados internacionales, superó este viernes los 2.500 puntos, un récord que no se había alcanzado en los últimos 14 años. En el país promercado que Macri trató de vender a su “mundo”, las agencias de calificación Moody's and Fitch han rebajado la calificación soberana de deuda al desconfiar de la capacidad de pago de Argentina.

Con una inflación del 54,4 por ciento interanual, el Gobierno asiste alarmado al hundimiento de su programa económico del que salió como garante el FMI, el último financiador externo que le queda. Argentina tiene en su memoria colectiva la conmoción que han desencadenado colapsos económicos anteriores. La congoja es mayor ante la sombría perspectiva que presenta el porvenir inmediato de esta nación. Su tejido social se encuentra dañado por una recesión violenta que ha empujado a la pobreza a cuatro millones de personas en el último año y que ha visto caer a otro millón más en la indigencia.

* Artículo publicado en el diario español Público el 31 de agosto de 2019

Disturbios en Buenos Aires inauguran debate del presupuesto en el Congreso

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad que tuvieron lugar este miércoles en las inmediaciones del Congreso argentino obligaron a los diputados a suspender la sesión para debatir el proyecto presupuestal 2019 enviado por el Gobierno de Mauricio Macri y respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Estas cosas sirven para no discutir el presupuesto y para polarizar a la sociedad", dijo a Sputnik un joven llamado Pedro frente a la sede el parlamento.

Los altercados de esta índole complacen a los sectores más fanatizados en una sociedad tan dividida como a argentina, afirmó.

"En la polarización que tenemos, cada sector se nutre de lo que quiere", aseguró.

Bajo esa óptica, la derecha mira "a 'estos negros' que tiran piedras y alaba la eficiencia del operativo policial, mientras los sectores sociales observan cómo reprimen al pueblo y qué herramientas utilizan para aprobar estos presupuestos apoyados por el FMI, que solo sacan plata de las partidas para pagar intereses de deuda", comentó.

La Cámara de Diputados suspendió el debate ante la tensión que provocaban los disturbios afuera del Congreso.

Aunque la violencia también se vivió dentro del recinto.

Nicolás Massot, jefe del bloque oficialista Cambiemos, y el legislador Daniel Filmus, de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV), tuvieron que ser separados.

COMIENZO DE LOS DISTURBIOS

Un grupo de diputados salieron del recinto a mediar entre la policía y los manifestantes, cuando supieron que comenzaban los disturbios.

"Salimos y llegamos hasta la esquina que estaba vallada, donde había una muchedumbre y un par de diputados que pedían a la policía que les abrieran la valla para poder salir, entre ellos Myriam Bregman (del Frente de Izquierda de los Trabajadores) y un par de legisladores del FpV", relató a Sputnik el fotógrafo Santiago Viana, del diario Popular, que acompañó a los legisladores.

Personal de la Gendarmería había acordonado el Congreso, mientras la policía de la ciudad estaba apertrechada.

"En un momento se armó un tumulto y un efectivo tiró gas pimienta al piso, y nos gasearon a todos", contó el fotógrafo, que tenía aún los ojos llorosos.

En una primera línea comenzaron a avanzar entre 20 y 30 policías motorizados "que fueron barriendo la calle en una actitud excesivamente violenta y desorganizada, festejando entre ellos cuando una bomba de humo caía en medio de la columna" de manifestantes, prosiguió Viana.

Los seguían agentes policiales que tiraban perdigones de goma y, en una tercera fila, policías que arrojaban "paintball (bolas de pintura) a mansalva para marcar a los que están en la primera línea de la marcha y así luego ir a por ellos", relató.

La refriega, según este fotógrafo, duró entre 40 minutos y una hora.

El joven no supo si los enfrentamientos comenzaron por algunos manifestantes que arrojaron piedras, palos y bombas molotov, o por los uniformados, que además de contar con el respaldo de camiones hidrantes, lanzaron balas de goma, gases lacrimógenos y bolas de pintura.

El martes por la noche, recordó Viana, aparecieron cerca del Congreso escombros en bolsas y en volquetas, lo que fue difundido en las redes sociales ante la sospecha de que el Gobierno de Macri buscaba generar un desborde en la marcha del miércoles.

Al menos 27 personas fueron detenidas, entre ellos Nacho Levi, un integrante de la organización barrial Garganta Poderosa, un delegado de la agencia estatal de noticias Télam, Fabricio Bacca, y al menos un miembro de la empresa de construcción naval Astillero Río Santiago.

"Los disturbios comenzaron hace tres años con el Gobierno de Macri recortando en áreas sensibles", dijo uno de los manifestantes que se identificó como Alberto y trabaja en el Astillero tras acudir a la movilización desde La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires.

Mientras se retiraba con otros compañeros de la plaza situada frente al Congreso, Alberto aseguró que el Gobierno intenta ahora "pasar un proyecto que recorta en salud y educación, y conlleva el cierre de fábricas".

"Mientras tanto seguimos sin aumentos salariales, la inflación nos está matando y los servicios nos están consumiendo", lamentó.

El Gobierno espera que el Congreso apruebe en las próximas horas el presupuesto 2019 para que el directorio ejecutivo del FMI, que se reúne este viernes, dé luz verde a un nuevo crédito por 7.100 millones de dólares que se suma a los 50.000 ya aprobados en junio.

* Reportaje publicado el 25 de octubre de 2018 en la agencia Sputnik.

El mercado pone contra las cuerdas la política económica de Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, atraviesa el período más delicado desde que llegó al poder en diciembre de 2015. La desaprobación del mandatario se extendió entre la población hasta llegar al 55 por ciento, el peor nivel desde que comenzó su legislatura, y la confianza en su política económica se ha derrumbado a niveles inéditos.

El sobresalto económico que ahora atraviesa el país no pudo llegar en peor momento. Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando el peso argentino se devaluó el jueves, en un sólo día, un 8,3 por ciento. Asustado por el cimbronazo, el Gobierno elevó por tercera vez en una semana las tasas de interés hasta llevarlas al 40 por ciento, y redujo del 30 al 10 % el patrimonio en dólares que pueden tener los bancos.

Los inversores financieros habían ingresado durante el año pasado una cantidad récord de divisas, estimada en 8.000 millones de dólares, a través de una estrategia conocida como carry trade (arbitraje de divisas), que consiste en vender dólares para volcarlos a corto plazo en otra moneda que tenga una mayor tasa de interés. “En 2017, la devaluación del peso fue del 17 % y la tasa de interés promedio fue del 35 %, así que el negocio fue bueno”, cuenta a Público Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres.

Pero la entrada de plata dulce no es eterna. El aumento de las tasas de interés en EEUU contribuyó a que la divisa local se haya depreciado más de un 13 por ciento en el transcurso de este 2018, mientras el mercado especula con un país que se ha endeudado en los últimos dos años a niveles no alcanzados por ninguna otra nación emergente. En paralelo, hace un mes entró en vigor un impuesto a la renta financiera en manos de extranjeros. “Eso explicó el retiro masivo de fondos”, sostiene el analista argentino. “El Banco Central cometió el error de salir a vender reservas garantizando el precio de salida, y se aceleró el proceso de caída de los títulos argentinos y el peso”.

Lo sucedido no fue una crisis de confianza hacia el Gobierno, sino el final de un negocio que había sido muy grande y volátil, según el economista. “Tenemos un sistema financiero muy pequeño en un país con grandes necesidades económicas, fiscales y de infraestructura. Sólo en enero se colocaron en un solo bono 9.000 millones de dólares para financiar al fisco. Eso da una idea de la vulnerabilidad de Argentina ante los movimientos de capitales”.

Para confirmar al mercado que sostendría su programa de ajuste económico, el Gobierno también anunció una bajada del déficit primario del 3,2 al 2,7 % del PIB a fin de ahorrar 3.200 millones de dólares este año, lo que contraerá la inversión pública, y en concreto, las partidas destinadas a infraestructura, uno de los principales indicadores que permitió al país crecer un 2,8 % en 2017.

De acuerdo a Spotorno, una parte se compensará con los 6.000 millones de dólares que hasta 2021 se invertirán en obras públicas a través de proyectos de participación público privada licitados por el Ejecutivo.

Endeudamiento y déficit

Para Claudio Lozano, exdiputado y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IpyPP), la causa del problema se debe en realidad a la desregulación comercial y financiera que ha llevado al país a depender en extremo del ingreso de capitales especulativos y del endeudamiento externo. “Esto hace que Argentina apenas produzca 6 de los 10 dólares que necesita para funcionar. Los otros 4 los consigue a través de deuda (30.000 millones por año) o garantizando renta en dólares atractiva para que ingrese capital local o extranjero”, afirma.

El exlegislador cuestiona las razones por las que Argentina bebe del financiamiento externo. “No recurrimos a él para garantizar inversiones productivas. Si así fuera, necesitaríamos menos deuda”, razona. “La gran mayoría del endeudamiento se utiliza para pagar deuda vieja. Sólo en 2017 pagamos 9.000 millones en intereses, ante una fuga de capitales de 23.000 millones de dólares anuales. Hay una situación de fragilidad vinculada al hecho de que no tenemos dólares, porque la apertura comercial ha producido un saldo negativo de 10.000 millones de dólares”.

El Gobierno de Macri reconoce que la deuda pública total durante sus dos primeros años de gestión llegó a los 80.000 millones de dólares. Para este año, el Ejecutivo se hipotecará en otros 46.000 millones, de los cuales el 80 por ciento es deuda externa. “En tres años, este Gobierno casi duplica el endeudamiento al que recurrió la última dictadura (1976-1983), que acumuló 45.000 millones de dólares de deuda, equivalentes a 75.000 millones hoy en día”, ilustra Lozano.

El déficit financiero, que incluye los intereses de deuda y del que el Ejecutivo no suele hablar, superó en 2017 el 6 % el PIB, y se estima que este año se situará en torno al 5,3 %.

Con las últimas medidas adoptadas el Gobierno ratifica un rumbo equivocado, enfatiza el economista, en un país sin divisas suficientes que no regula sus finanzas y que tampoco controla las liquidaciones de los agroexportadores. 

“Ninguna orientación económica lleva a ahorrar dólares”, resume el exdiputado. “Al revés, se está haciendo todo de manera tal que Argentina convierta en eterna su dependencia financiera, lo que deprime la inversión productiva al ser más rentable la primera”.

Este proceso recuerda una política ya vivida durante la dictadura y los años 90, advierte Lozano. “Ahora tropezamos por tercera vez en la misma piedra. Esto siempre ha terminado con una gran conmoción social y una crisis externa por exceso de endeudamiento”.

* Publicado el 8 de mayo en el diario español Público.

 

La Argentina de Macri vuelve al mundo como un país “serio”

Ha sido muy intensa la agenda del presidente argentino Mauricio Macri en sus casi dos meses de mandato. Desde que reemplazó en su cargo a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), ha comenzado a gobernar con viento de cola a favor, sin ser objeto de un incisivo desgaste en los medios de comunicación, y con la ventaja de un verano estival que ha tenido a la Justicia y al Congreso en receso por vacaciones.

Tras rearmar el gabinete que lo acompañará por los próximos cuatro años, el presidente ha incursionado en todas las áreas del Estado. Sus ejes de Gobierno, afirma, son tres, y así lo repiten todos sus ministros: pobreza cero, combate al narcotráfico, y la unión de los argentinos.

La prioridad, sostiene el Ejecutivo, es que Argentina “vuelva a ser un país normal”, lo que significa recuperar la confianza ante los ojos del mundo, que no perdona su crisis de 2001, para establecer relaciones bilaterales con todas las naciones, sin ideologías de por medio, y negociar créditos o inversiones sin sospechas y “como un país serio”, en palabras de Macri.

Pese a la fisura en una costilla que lo había tenido convaleciente, el mandatario viajó al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un cónclave al que Argentina no acudía desde 2003, y restableció relaciones con empresas, ciertos países, y organismos como el FMI, que volverá a auditar las cuentas públicas del país.

Debido al sobreesfuerzo, el presidente no pudo viajar después a la cumbre en Quito que acogía a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), donde acudieron casi todos los líderes de la región.

Argentina ha cambiado de rumbo en su política exterior. La buena relación entre Argentina y Venezuela trocó con el nuevo Gobierno, “preocupado” por el respeto a los derechos humanos en el país carioca que ejemplificaba, a su juicio, la condena del opositor Leopoldo López a 13 años y nueve meses de cárcel por ser el autor intelectual de los disturbios contra el Gobierno que en 2014 causaron la muerte de 43 personas.

Entre tanto, Macri lidia en el norte del país con la detención de una dirigente social muy controvertida, Milagro Sala, arrestada en un comienzo por incitación a la violencia y tumulto, imputaciones desechadas cuando la Fiscalía decidió investigarla por los delitos de fraude y extorsión en relación a los fondos que manejaba su cooperativa Tupac Amaru.

Situación económica

El presidente ha sido veloz en reorientar la economía: eliminó, de entrada, las retenciones a los cereales y a la carne que exporta el país, y redujo del 35 al 30 % el gravamen que se aplicaba a la soja, el principal cultivo de la nación.

Eran buenas noticias para el sector agropecuario, que en 2008 plantó bandera ante el intento de Cristina Fernández de establecer un sistema móvil en los aranceles de la soja, el trigo y el maíz, y generó la peor tragedia institucional que sufrió el país desde 2001.

El Gobierno también suprimió las dificultades de exportación e importación, eliminó las restricciones a la adquisición de divisas extranjeras, y devaluó la moneda nacional un 30 % con respecto al dólar, que pasó de valer 8 pesos a casi 14. Esta cifra estaba ligeramente por debajo del llamado dólar paralelo que se cotizaba en el mercado informal. Había un atraso cambiario que terminaba subsidiando el Estado, el cual debía vender dólares del Banco Central para sostener el cambio oficial y facilitar el consumo interno. Macri fue rápido, y eliminó aparentemente un escollo.

El Ejecutivo también es ágil en percibir situaciones de peligro: declaró la emergencia energética, y eliminó los subsidios a la electricidad, por la que se pagaban precios irrisorios en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Concedió, no obstante, una tarifa social para sectores con pocos recursos.

Macri decretó a su vez la emergencia nacional en seguridad pública, y estableció un protocolo de derribo de aviones para aquellos que tuvieran “entidad suficiente para perturbar” sobre el territorio. Organizaciones sociales pegaron un grito en el cielo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las funcionarias más cuestionadas de su gabinete. En Navidades tuvo en vilo al país con la fuga de tres condenados por un triple crimen de asesinato. La semana pasada, miembros de Gendarmería reprimieron con balas de goma a unas 90 personas en un barrio carenciado de la capital argentina, en su mayoría niños que ensayaban una murga. Al menos once personas fueron heridas.

Por toda respuesta, Bullrich visitó en el hospital a dos gendarmes heridos en un operativo que ingresó en la misma zona para recuperar coches robados. Con falacia, el Gobierno intentó relacionar ambos episodios. Las imágenes de los niños con impactos de bala en el cuerpo, mientras, repercutían en las redes sociales.

También a través de un decreto, el presidente designó a dos jueces de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, aunque la medida levantó cierto escozor y el presidente dio marcha atrás, sin admitirlo expresamente: envió los expedientes al Senado hace unos días para que la Cámara Alta resuelva sus designaciones.

El mandatario recurre de vez en cuando a decretos de necesidad y urgencia (DNU), una manera de legislar que luego deben aprobar ambas cámaras del Congreso. Ha emitido ocho desde que asumió el poder en diciembre de 2015. Con uno de ellos, desvirtuó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –o ley de medios– aprobada por el Gobierno anterior, aunque una cautelar judicial lo tiene de momento paralizado.

El otoño que viene

En estos días, causan preocupación los más de 27.000 despidos en la administración pública que ha denunciado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En el sector privado, casi 23.000 personas han perdido sus puestos de trabajo. Macri ya ha conseguido su primera huelga general, prevista para el 24 de febrero.

El Gobierno no ha tomado, por otra parte, ninguna medida relevante en materia social, educativa, sanitaria o laboral que se haya acercado a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El Congreso está a pocas semanas de retomar sus sesiones. La ruptura con el bloque Frente para la Victoria (FpV) de quince diputados del kirchnerismo, que ahora esperan ser “una alternativa a Macri” pero esperando “que le vaya bien”, ha dejado en crisis a la coalición referente de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, que pierde la primera minoría en Diputados para cedérsela al frente macrista Cambiemos.

Macri ha pasado el ecuador de la supuesta “luna de miel” que otorga una tregua de 100 días a los presidentes para juzgar su gestión. El Poder Legislativo y Judicial regresan al centro de la escena. Vuelven las negociaciones salariales para compensar una inflación que nunca se fue. Con el otoño, se sentirán los efectos del escenario económico y social preparado durante el verano.

Argentina auditará su deuda externa

Cristina Fernández de Kirchner, hace unos días en Rusia (EFE)

 El Congreso argentino constituyó este martes una comisión bicameral permanente para estudiar la deuda externa contraída desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Estará compuesta por ocho senadores y ocho diputados, y tendrá que emitir una "opinión fundada" sobre las irregularidades que pudieran haber cometido los sucesivos Gobiernos ya en democracia.

El objetivo de la comisión es el de averiguar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior desde el 24 de marzo de 1976, cuando la Junta militar dio el golpe de Estado. En 180 días deberán presentar su informe al Congreso.

Los diputados indagarán en los compromisos que ha contraído el país desde entonces, lo que implica examinar canjes, megacanjes, blindajes, negociaciones, refinanciaciones, pagos de comisiones, reestructuraciones y suspensión de pagos.
La comisión también supervisará la deuda que está en manos de los fondos buitre, un asunto sensible en Argentina después de que un juez de Estados Unidos, Thomas Griesa, fallara en contra del país con la orden de que pagara 1.330 millones de dólares a los acreedores que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total de los bonos).

La delegación examinará los pagos que el país tiene acordados con sus acreedores, y además deberá pronunciarse sobre los plazos y las cantidades de dinero pactadas en cada caso, advirtiendo sobre las irregularidades que hallaran en el camino.

La mitad de los diputados y cinco de los ocho senadores que integran la comisión son del Frente para la Victoria (FPV), el partido de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue ella quien propuso la supervisión de la deuda externa a través de la ley de pago soberano de la deuda aprobada por el Congreso en 2014.La misma mandataria explicaba por entonces que con el golpe de Estado, el país comenzó "a transitar por una etapa de desindustrialización acelerada con exclusión social", y que "la contrapartida financiera de este modelo" conllevaba el sobreendeudamiento del país.

"La deuda externa ascendía en 1976 a 8.000 millones de dólares. Al término de la dictadura, era de más de 43.000 millones. El aumento de la deuda pública externa fue una constante en cada uno de los Gobiernos que siguieron a la dictadura", expresó la jefa de Estado.  A marzo de 2015, Argentina tenía una deuda externa de 137.810 millones de dólares. Si el Producto Interior Bruto argentino se calcula en 609.900 millones, la deuda externa representa el 22,59% del PIB.

"Estudiaremos la geneología de la deuda externa desde 1976 y cómo se constituyó como un elemento de poder", explicó a Público el diputado por el FPV Eric Calcagno, presidente de la comisión. "Analizaremos también el tema de los fondos buitre, en lo que hoy es un verdadero bloqueo financiero de la Argentina. Es una lucha para saber si la soberanía reside en el pueblo o en los tenedores de deuda".

La comisión trabajará con el precedente del informe Di Cola, llamado así por el exdiputado Eduardo Di Cola, "en el que se determinó quiénes eran los que fugaron capitales del país con la crisis de 2001", según Calcagno.

FMI, cómplice de la dictadura

Claudio Lozano, integrante de la comisión y diputado por Unidad Popular, quiere analizar también la resolución del juez Jorge Ballesteros, que en 2000 reconoció la ilegitimidad de la deuda externa tras estudiar una denuncia del historiador y político Alejandro Olmos. En 1982, aún bajo el gobierno militar, Olmos acusó al FMI de complicidad con la dictadura, certificando además que no estaban los registros contables de la deuda. El juez reconoció 477 irregularidades, pero la causa fue archivada por prescripción.

Lozano reclama además la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, dado que la mitad fue originada con el régimen militar, "y la participación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como una institución que operó con el tema del endeudamiento y que ha sido susceptible de operaciones de lavado y pérdida de fondos para el financiamiento del sistema provisional".

"Esto se produce en el marco de la discusión con los fondos buitres, por eso el Gobierno creó esta comisión frente al cuestionamiento que hacíamos de que el canje de 2010 era ilegal", razonó Lozano con este diario. "En estos quince años nunca se hizo nada. Esto es un punto de partida".

El diputado quiere retomar también todas las denuncias que se han realizado ante la Justicia sobre las reestructuraciones de la deuda en la década del 90. "Con todas las dudas que nos genera el oficialismo, vamos a garantizar que se investigue en serio, y si no, lo denunciaremos", afirmó.


* Artículo aparecido el 30 de abril de 2015 en el diario español Público.

Argentina somete a escrutinio la complicidad del FMI con la dictadura

Los crímenes de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983) son delitos de lesa humanidad. Y el financiamiento del plan represivo que llevó a cabo el terrorismo de Estado es también otro delito imprescriptible. Por eso el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) está bajo la mira de la Justicia argentina.

Mario Cafiero, en una cafetería de Buenos Aires (A. D)

El fiscal federal Federico Delgado ha elevado un dictamen en el que solicita que se investigue la responsabilidad del FMI con los crímenes del régimen militar y el endeudamiento del país. El funcionario considera "una obviedad" la "complicidad estructural" entre la dictadura y el FMI, y afirma que "entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético".

Delgado solicitó en su informe al juez federal Sebastián Ramos que se reúnan y compulsen, con ayuda del Poder Ejecutivo, todos los archivos que intercambiaron con el FMI el Ministerio de Economía, el Banco Central y la representación argentina del organismo durante el periodo de la última dictadura.

"Mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos hacia adentro, hacia afuera se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera", sostiene la fiscalía.

Delgado renuncia a imputar responsabilidades penales a funcionarios concretos del organismo, así que determinará primero su culpabilidad institucional a fin de "ubicar las instituciones en el devenir de la historia".

Nueve años después

 

El fundamento de este dictamen inédito es un escrito que hace ya nueve años presentó en el Congreso el entonces diputado Mario Cafiero, hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero -fallecido hace apenas unos días, por lo que se decretó un duelo nacional-, junto a sus pares Patricia Walsh (hija del escritor argentino desaparecido Rodolfo Walsh) y Vilma Ripoll.

"La deuda externa argentina se multiplicó seis veces en seis de los casi ocho años que duró la dictadura", al pasar "de 7.000 mil millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982, sin que nunca se haya esclarecido debidamente en qué fue empleada"."La dictadura en 1976 era un lúmpen recién llegado al poder, y había claramente una reacción internacional en contra, pero logró romper el aislamiento a través de las coaliciones financieras", explica Cafiero a Público. "El ministro de Economía de aquel momento, José Alfredo Martínez de Hoz, era casi un canciller, porque fue el que extendió los vínculos de la dictadura con el mundo financiero. Era socio de Rockefeller".

Cafiero considera que la violación de derechos humanos no era un objetivo en sí mismo. El plan de exterminio que puso práctica la Junta militar era, en realidad, un modo de intentar disciplinar social y políticamente al país y así instalar un modelo financiero dependiente de la banca internacional y de las inversiones extranjeras.

"Durante la dictadura desaparecieron 30.000 personas" recuerda el denunciante. "Pero al mismo tiempo desaparecieron también 30.000 millones de dólares con mecanismos de endeudamiento, fuga y giro de capitales. Una cosa era necesaria para que sucediera la otra. A partir de la represión se explica que se pudieran torcer las políticas económicas del país".

Argentina comenzó entonces a recibir varios préstamos de la banca internacional privada, "pero para que ella fuera acreedora de la Argentina, primero hubo toda una tarea de los organismos financieros multilaterales", en palabras de Cafiero. "La responsabilidad institucional le cabe a estos organismos por apoyar la dictadura".

Un baño de sangre apoyado por el FMI

 

El ex legislador refiere cómo en uno de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EEUU se revela la advertencia del subsecretario para América Latina William Roger al secretario de Estado Henry Kissinger sobre el baño de sangre generalizado que estaba por causar la Junta militar. Kissinger ordenó no obstante el apoyo a la dictadura.

En el marco de otra dictadura -que sucedió al Gobierno de Juan Domingo Perón- Argentina ingresó al FMI. Corría el año 1956. "Mi padre fue ministro en 1975 con el Gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, y ahí consiguió un préstamo de 110 millones de dólares del FMI sin condicionamientos", resalta Cafiero. "El FMI no desembolsó el préstamo hasta el golpe de Estado. En el primer mes de su gestión, el Gobierno militar consiguió que el FMI otorgara el dinero".

Los problemas que hoy atraviesa la economía argentina, entonces, tienen su origen en la matriz económica y financiera instalada durante la dictadura que hasta ahora la democracia no ha puesto en jaque. "Tenemos una monumental fuga de capitales", contempla Cafiero. "En los últimos 10 años se fugaron 95.000 millones de dólares y se pagaron 45.000 de deuda externa. Es decir, 140.000 millones salieron porque ese modelo económico nunca fue revisado".

El FMI al descubierto

 

Quien se ha consagrado como una de las mayores autoridades sobre la deuda externa de Argentina ha sido el historiador y político Alejandro Olmos, quien denunció ante la Justicia, por primera vez y todavía en dictadura (1982), el papel que desempeñó el FMI durante la dictadura. Dieciocho años tuvieron que pasar, con Olmos recién fallecido, para que un juez reconociera la ilegitimidad de la deuda, pero la causa fue archivada por prescripción.

Su hijo Alejandro Olmos recogió el legado de su padre y se convirtió además en asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa, un mandatario que revisó y declaró como ilegítima gran parte de la deuda externa de su país. "En la denuncia que inició mi padre quedó en evidencia que todos los fraudes probados contaron con la anuencia del FMI", relata a este diario.

"Por eso el juez de la causa sostuvo en su sentencia que se habían cometido no menos de 477 delitos en relación al endeudamiento externo, y que esto 'no podía pasar desapercibido a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones".

Olmos es escéptico en cuanto al impacto que puede tener el dictamen del fiscal Delgado. "Aun reconociendo la labor del fiscal, todas sus presentaciones anteriores no han sido tomadas en cuenta por el juez interviniente", razona. "Además, él no ha impulsado acciones como pedir la nulidad de los actos ilícitos de la dictadura conforme lo establece la legislación civil".

"Hoy seguimos pagando una deuda que en realidad es la vieja deuda de la dictadura, pero refinanciada"Por eso el problema con el FMI, a su juicio, no se circunscribe al ámbito exclusivo de la Justicia. "Las actuales autoridades, como los anteriores Gobiernos democráticos, no sólo no han cuestionado las deudas de la dictadura, sino que han cumplido escrupulosamente con los compromisos contraídos por ella", sentencia. "Hoy seguimos pagando una deuda que en realidad es la vieja deuda de la dictadura, pero refinanciada".


* Artículo aparecido el 3 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

El 'déjà vu' de Argentina con los fondos buitre

Con la atención de gran parte de los argentinos puesta en la final del Mundial que enfrentará este domingo a su país con Alemania, el Gobierno de Cristina Fernández mira de reojo el calendario ante otra disputa que tiene su desenlace el 30 de julio: antes de esa fecha, el Ejecutivo tendría que llegar a un acuerdo con algunos fondos especulativos que reclaman el pago íntegro de sus bonos de deuda, avalados por un fallo de la Corte Suprema estadounidense.

 

El juez Thomas Griesa es el nombre que ahora está en boca de todos. En noviembre de 2012, el magistrado sentenció que Argentina tenía que pagar 1.330 millones de dólares a tres fondos buitre que no entraron en los canjes de quita de deuda propuestos en 2005 y 2010 por el Gobierno argentino. La resolución fue apelada por el Ejecutivo. Pocos esperaban que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara, el pasado 16 de junio, la decisión de Griesa.

Argentina tiene ahora hasta finales de mes para llegar a un acuerdo con litigantes, pues para entonces vence el plazo de gracia que tiene Argentina para pagar en Estados Unidos 539 millones de dólares de vencimiento de deuda a varios acreedores que sí ingresaron en los canjes.

El fantasma de 2001

Pero el Gobierno argentino ya depositó este monto a finales de junio en el Banco de Nueva York, su agente de pago en Estados Unidos, el cual ha inmovilizado el dinero para no desobedecer a Griesa. La sentencia del magistrado advierte de que "en caso de no cumplirse el fallo, se embargarían los pagos de Argentina a los deudores con títulos reestructurados y consideraría aquellos bancos que incumplieran sus órdenes cómplices de desacato".

"Griesa va a tratar de armar el fantasma de la suspensión de pagos, pero es complicado justificarla porque Argentina ya giró el dinero, y por más que se haya bloqueado, es el juez quien impide que lo reciban los bonistas", explica a Público el doctor en Sociología Gabriel Merino, miembro del Centro de Estudios Formación e Investigación en Política Economía y Sociedad (CEFIPES).

"Lo que intenta Griesa es producir un golpe en la estrategia argentina de acercarse a los mercados en un contexto de problemas económicos que se han generado tras la devaluación de los últimos meses", presume Merino.

Cristina Fernández llegó a tildar de extorsiva la resolución judicial, que es favorable al 1% de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar íntegramente la deuda pública en mora tras la crisis de 2001, mientras que los bonistas que sí aceptaron la reestructuración del valor de sus bonos son el 92,4%.

"Hay una guerra entre gigantes, que llega a Estados Unidos y Europa", valora el investigador. "Se están enfrentando no sólo con Argentina, sino con otros sectores más poderosos. Los neoconservadores, que tienen menos poder, tratan de dinamitar todo canje de deuda. Ellos quieren que cualquier reestructuración, norma o legislación, se haga dentro de su país y así evitar instituciones internacionales. Al frente, Argentina intenta negociar con el apoyo de FMI, de la OEA, del G-77 y de otros grandes jugadores que no quieren  venir amenazado el tablero financiero internacional".

Pero puesto ya en crisis, los más atentos al devenir de este conflicto son los bancos que entraron en la reestructuración de la deuda argentina, como Barclays, Citigroup o Deutsche Bank. Argentina no sólo tiene que sobrevivir al 30 de julio. El 31 de diciembre vence la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a los bonistas que aceptaron los canjes reclamar las mismas condiciones que reciba hasta entonces cualquier otro acreedor.

Si Argentina accediera al reclamo de los fondos buitre, el resto de los acreedores que aceptó el canje podría disparar demandas para cobrar también ellos la deuda íntegra, lo que equivaldría para el Estado un desembolso de 120.000 millones de dólares que el país no tiene.

A corto plazo, la sentencia también puede habilitar las querellas de otros acreedores de deuda que no entraron al canje y que podrían reclamar 15.000 millones más.

De no ceder Griesa, según Merino, los bonistas podrían demandar al magistrado y a los agentes de pago que no giren el dinero de Argentina.

Deuda odiosa y soberanía

"El efecto del fallo de Griesa puede tener dos resultados", observa el economista y político Claudio Lozano, diputado nacional del partido de izquierdas Unidad Popular. "Acelerar la crisis de endeudamiento aumentando la deuda pública, o aprovechar la oportunidad para replantear la estrategia de la deuda y recuperar mayor margen de soberanía para nuestra política económica".

Lozano no duda en calificar el fallo de Griesa como inaceptable. "El conjunto de efectos del fallo Griesa es de tal magnitud que resulta imposible aceptarlo en esos términos. La sentencia está siendo cuestionada no sólo por los Gobiernos de América Latina, sino también los europeos, la ONU, el FMI y la OEA", reivindica. Este apoyo le daría a Argentina cierta maniobra de acción.

"Pueden pasar dos cosas: una, que el Gobierno se avenga a una suerte de negociación en donde acepte pagar con nueva deuda, volviendo a la vieja calesita del endeudamiento que tuvimos en los años 90", advierte el diputado. "Otra, que reemplace el Banco de Nueva York por el Banco de la Nación de Argentina como agente de pago y convoque a los acreedores actuales para cambiarles sus bonos por unos que tengan legislación local, de manera de no seguir emitiendo bonos que reconozcan tribunales y leyes extranjeras, una barbaridad de la reestructuración de deuda que sigue manteniendo lo que inauguró la última dictadura militar (1976-1983)".

A esto último se lo conoce bajo el término técnico de "prórroga de jurisdicción", lo que habilita a cualquier tribunal tratar a Argentina como deudor comercial y no como Estado soberano.

El contrato de canje que estableció con sus acreedores le permite a Argentina tomar el segundo camino planteado. Sólo bajo este escenario podría realizarse un proceso de auditoría integral de la deuda pública, como ha llevado a la práctica Ecuador con el Gobierno de Rafael Correa.

Este país pagó al final el 30% de su deuda sin que hubiera reclamos que lo frenaran, porque la auditoría que realizó puso sobre la mesa todas las ilegalidades e ilegitimidades que se habían realizado en los distintos procesos de endeudamiento.

"Desde 2001 en adelante, Argentina ha seguido emitiendo deuda pública violando nuestra propia Constitución y aceptando la emisión de bonos bajo ley y tribunal extranjero" critica Lozano. "Si nosotros hubiéramos realizado una investigación, tendríamos que haber declarado nulas todas esas emisiones de deuda. Si uno no cuestiona nada, termina siendo enjuiciado por un juez como Griesa".

Los dólares que no están

Argentina ha sido muy disciplinada durante la última década en el pago de su deuda. "Hemos pagado en ese tiempo 63.000 millones de deuda pública, tenemos 250.000 millones de deuda todavía (la mitad del PBI) y al mismo tiempo andamos embargados y enjuiciados por el mundo", añade el político.

Efectivamente, la presidenta Cristina se ve obligada a alquilar aviones en sus viajes internacionales para que no le embarguen la aeronave presidencial. Aun así, Lozano cree que el Gobierno se encamina a una negociación con los fondos buitre que acelerará la crisis de endeudamiento.

"Y no por casualidad", reflexiona el diputado. "Desde octubre de 2013, después de las elecciones legislativas, el Gobierno ha buscado endeudarse como demuestra la devaluación, la suba de las tasas de interés, el retraso de los salarios y las jubilaciones, y los acuerdos con Repsol y con el Club de París, que llevan implícita la idea de un acuerdo amigable con los fondos buitre y por esta vía, volver al mercado financiero internacional".

El partido que lidera Lozano cree que se negoció mal con Repsol porque Argentina tenía que haberle pasado la cuenta de un conjunto de facturas ambientales reconocida en juicios que tiene abiertos la multinacional no sólo en este país, sino también en América Latina y en Estados Unidos.
También reclama la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, visto que la mitad fue originada durante la dictadura, cuando no hay registro de todos los ingresos de dólares que supuestamente entraron. "Hubiera merecido una discusión este asunto de la deuda odiosa, que es la misma caracterización que hizo Estados Unidos con la deuda que tomó el dictador Saddam Hussein en Iraq y que luego fue condonada", alude el diputado.

Al no haberse discutido ninguno de estos parámetros, Lozano calcula que para finales de 2015 Argentina habrá incrementado sus vencimientos en dólares en 3.800 millones de dólares. "La política es: como no tengo divisas, incremento mi necesidad de divisas y por lo tanto incremento mi necesidad de deuda", resume el político. "La idea de que es necesario endeudarse para pagar los vencimientos de la deuda que reconocemos, cuando ésta merece ser discutida, nos devuelve al peor de los mundos en términos de estrategia de política".

Pero ¿acaso puede Argentina hacerse dueña y soberana de todas las decisiones económicas que le atañen, prescindiendo de amenazas y castigos que vengan de afuera? La falta de divisas en Argentina, uno de los problemas más graves que afronta el Gobierno, es lo que suele esgrimirse como motivo necesario para congraciarse con el sector financiero del exterior y así no quedar aislado como país.
Lozano evoca los 90.000 millones de dólares que en la última década se fugaron de Argentina, los depósitos que hay en el exterior por otros 200.000 millones, y recuerda que el saldo de las 50 principales empresas de Argentina triplica el resultado comercial del país.

"Debería haber algún tipo de discusión en la política pública para que los dólares argentinos estén en Argentina. Hay que buscar los dólares por ahí, y no sobre la base de allanarse a situaciones de limitación que propone el acuerdo con el sistema financiero internacional", expone el político. "Sin embargo, Argentina está hoy sin divisas como consecuencia de la privatización de las divisas que genera".


* Artìculo publicado el 12 de julio de 2014 en el diario español Público.