Primer imputado civil de la dictadura argentina

Por primera vez en la historia, la Justicia argentina ha citado a declarar a un empresario para que testifique sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983). Los magistrados no han procesado todavía a Marcos Levin, dueño de la principal compañía de transporte de la provincia de Salta, pero el ejecutivo está imputado tras haber sido llamado por los jueces para realizar la declaración indagatoria. Algo nuevo hasta ahora.

La situación en la que Levin se encuentra no es muy favorable. El propietario de La Veloz del Norte tiene que dar explicaciones en un proceso que investiga el secuestro y posterior tortura de 12 de sus trabajadores, sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El empresario será interrogado el próximo 7 de febrero, así que tiene dos semanas para pensar cuál será su defensa frente a las declaraciones de algunos testigos, que lo sitúan dentro de los centros clandestinos de detención.

Uno de los dirigentes sindicales, el chófer Víctor Manuel Cobos, acusa al empresario de estar presente en una sesión de tortura en la que el trabajador fue sometido a descargas eléctricas, allá por 1977.
Según relató esta víctima, el empresario daba informes a las Fuerzas de Seguridad, que usaban los coches de la empresa para secuestrar a los sindicalistas. Después de torturarlos, les obligaron a firmar una confesión en la que admitían haber cometido una estafa contra la compañía, so pena de "reventarlos" o de "hacerlos desaparecer". Aquellas declaraciones fueron la justificación perfecta de Levin para despedir después a todos los líderes de la UTA.

Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de causas sobre violaciones de los derechos humanos, ha explicado por qué es tan difícil que un empresario pise los tribunales en un proceso de lesa humanidad: "Las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones [] adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios".

Entre tanto, en Uruguay, una resolución del Gobierno de José Mujica permitirá indemnizar con 513.000 dólares a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que nació en cautiverio y fue secuestrada por los militares después de que sus padres fueran asesinados durante la dictadura (1973-1985).

El Ejecutivo cumple así con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 24 de febrero de 2011 condenó al Estado uruguayo por ser responsable de la desaparición de la madre, María Claudia García, y por la supresión de identidad de la hija.

Lejos de conformarse con este gesto, el Gobierno también pedirá disculpas públicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los casi 13 años que duró la dictadura en Uruguay. "La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las figuras de Macarena y Juan Gelman", explicó el canciller Luis Almagro.

* Artículo aparecido el 25 de enero de 2012 en el diario español Público

Lluvia de denuncias por crímenes de la dictadura uruguaya

Viernes, sábado y lunes. Todos los días hábiles han servido en Uruguay para denunciar los crímenes de la dictadura (1973-1985). No hay tiempo que perder desde que la semana pasada el Parlamento aprobara a toda prisa la ley que impidió que anteayer prescribieran los delitos del régimen militar.

Precisamente este lunes, 90 militantes de izquierda presentaron una querella ante la Justicia para que se investigue la operación Morgan, lanzada en 1975 contra el Partido y la Juventud comunistas. El plan de represión, que también se extendió a lo largo de la dictadura contra otros grupos de izquierda, incluyó la detención de miles de personas, hizo morir bajo tortura a una veintena de ellas, y decenas más fueron desaparecidas.

También el lunes, 38 expresos políticos denunciaron en el departamento de Treinta y Tres, al este del país, que en 1973 militares del régimen les habían sometido a torturas y a agresiones sexuales, cuando la mayoría apenas contaba con entre 13 y 17 años.

Estas demandas suceden a otra iniciativa, promovida el sábado por un colectivo ciudadano en varias comisarías de Montevideo, que reunió al final 170 denuncias sobre privaciones ilegítimas de libertad, torturas e incluso asesinatos.

Abusos sexuales

El afán de enfrentar los crímenes hasta ahora impunes no termina aquí. El mismo día que el presidente uruguayo, José Mujica, promulgaba la ley que impedía la caducidad de los delitos de la dictadura, 28 mujeres detenidas durante el régimen acusó a un centenar de militares, policías, médicos y enfermeras de someterlas a tormentos y abusos sexuales. Su querella se convirtió en una de las primeras que hizo explícita la violación como parte de la tortura.

Estas denuncias respaldan la intención del Gobierno de permitir la investigación de los crímenes de la dictadura por ser "delitos de lesa humanidad" y no "delitos comunes", como ratificó en mayo la Suprema Corte de Justicia.


* Artículo aparecido el 2-11-2011 en el diario español Público

Uruguay engrasa la ley contra los represores

El Gobierno uruguayo comienza a salir de la empantanada situación en la que se había sumergido por intentar, simplemente, juzgar los delitos de la última dictadura (1973-1985). El presidente, José Mujica, promulgó anteayer una ley, sancionada por el Parlamento el pasado miércoles, que evita que estos crímenes prescriban. Casualidad o no, ese mismo día un juez procesó a cinco exmilitares y a un policía retirado por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Este caso ha tenido gran trascendencia por ser ejemplo de la represión que ejerció el Plan Cóndor en el Cono Sur bajo los Gobiernos dictatoriales de los setenta. La nuera del poeta, secuestrada en Buenos Aires cuando estaba embarazada y trasladada a Uruguay en 1976, dio a luz de manera clandestina antes de desaparecer. Su hija, Macarena Gelman, con ayuda de su abuelo, consiguió este año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera una investigación y condenara al Estado uruguayo por la desaparición de su madre.

Si bien los represores imputados ya cumplían prisión por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ahora también serán investigados por este crimen.

El viernes también fue testigo de otra iniciativa, esta vez popular, que protagonizaron 24 ex presas políticas al presentar una querella contra decenas de militares en la que denuncian haber sido vejadas con violaciones y torturas.

Sin embargo, estos procesos no siempre tuvieron una dinámica tan fluida. Hasta ahora, todos los crímenes de lesa humanidad corrían el riesgo de prescribir el próximo martes debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que en mayo estableció como "delitos comunes" las transgresiones del régimen militar.

Ex presas políticas se querellan contra militares por haber sido torturadas

Un camino lleno de trampas

El Frente Amplio, desde el Gobierno y con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pudo reaccionar a tiempo con la ley promulgada por Mujica, pero el sendero para llegar hasta aquí se hizo hostil y lleno de trampas. Y dentro de la coalición se abrieron muchas heridas.

La pauta de todo este conflicto parte de la ley de caducidad todavía vigente, una normativa promulgada en 1986 que amnistía a los militares de cuantos crímenes hayan cometido durante la dictadura. Esta norma podía haberse revertido con más facilidad si no hubiera estado refrendada no ya por uno, sino por dos plebiscitos aprobados por la ciudadanía en 1989 y en 2009.

La ley de caducidad, no obstante, incluye una cláusula que permite al Ejecutivo apartar de su aplicación los casos que considere convenientes. Desde que el Frente Amplio llegara al Gobierno con el presidente que antecedió a Mujica, Tabaré Vázquez, la coalición se ha apoyado en esta prerrogativa para excluir 16 casos en total. En junio, Mujica reactivó 88 juicios que habían sido bloqueados por administraciones anteriores.

La legislación que ahora entra en vigor no elimina la ley de caducidad, pero sí la modifica. Y permite de alguna manera sortear los plebiscitos populares, sin enfrentarlos directamente, para comenzar a hacer justicia. Un camino que no ha sido fácil ni concluye aquí.


* Artículo aparecido el 29-10-2011 en el diario español Público.

El Supremo permite que los crímenes de la dictadura militar prescriban en Uruguay

En medio del debate sobre la derogación de la Ley de Caducidad, que en Uruguay garantiza la impunidad a los militares que participaron en la dictadura (1973-1985), la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que los crímenes cometidos por el régimen de represión ya no son delitos de lesa humanidad, sino homicidios, y por tanto, permite que prescriban con el paso del tiempo.

Según el Código Penal, el delito de homicidio tiene una vigencia de 20 años a no ser que se tipifique como agravado, en cuyo caso el plazo de prescripción llega a los 26 años y ocho meses. Si se cuenta desde 1985, ese periodo de tiempo concluye el próximo 1 de noviembre, cuando todos los crímenes de Estado prescribirán automáticamente.

Una fiscal interpondrá ahora un recurso de aclaración y ampliación sobre el dictamen de la Corte, que no hace sino añadir más fuego a la discusión creada dentro de la coalición gobernante del Frente Amplio sobre la conveniencia de invalidar la Ley de Caducidad.

El conflicto dentro de la agrupación de izquierdas se debe a los dos referéndums de 1989 y de 2009 con los que la ciudadanía se negó a rescindir la ley de Caducidad. El Frente Amplio impulsó no obstante un proyecto para anular la ley de amnistía que fue aprobado por el Senado y que ahora esperaba tranquilo a las puertas del Congreso para recibir su sanción definitiva el próximo jueves 19. Fue entonces cuando el mismo presidente de Uruguay se pronunció a favor de respetar la voluntad popular.

“No es bueno que se le diga [a la gente] que se la consultó por equivocación porque en realidad no tenía derecho a decidir nada”, expresó el ex guerrillero tupamaro. “No es bueno que se le diga que no entiende cuando vota”. Alarmados por semejante disyuntiva interna, hoy se reúne el plenario de la coalición para discutir si abandonan la iniciativa o siguen adelante sin su presidente, quien no exigirá disciplina partidaria ni impondrá su veto a lo que apruebe el Congreso, aunque ya haya culpado al canciller Luis Almagro por actuar con iniciativa propia sin que “nadie” le preguntara “qué opinaba”.

El mandatario ha sugerido una alternativa: un decreto que inhabilite los recursos de Gobiernos anteriores que han impedido juzgar los crímenes de la dictadura. Además Mujica anuló, hace dos días, una resolución del ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) para reabrir un caso sobre el asesinato de un militante comunista.

Desde que en 2005 el Frente Amplio accediera al poder de la mano de Tabaré Vázquez, tanto éste como el actual presidente han utilizado una excepción de la Ley de Caducidad que permite al Ejecutivo excluir algunos casos. Es así que han podido juzgarse a los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry.

* Artículo aparecido el 14 de mayo de 2011 en el diario español Público.

La Ley de Caducidad uruguaya, en el punto de mira

La Ley de Caducidad en Uruguay tiene los días contados. Al menos ése es el espíritu de algunos funcionarios judiciales en el país, que intentan desde hace tiempo declarar su inconstitucionalidad. La última tentativa proviene de una fiscal penal que ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dos solicitudes de excepción a la norma, la cual amnistía a todos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1973-1985).

La fiscal Ana María Tellechea ha pedido la exclusión de la ley para dos causas en las que se indagan 25 homicidios perpetrados cuando el ex dictador Juan María Bordaberry estaba al mando del régimen militar. En la primera se investiga el fusilamiento de cinco militantes tupamaros que fueron trasladados de forma clandestina de Argentina a Uruguay en 1974, y en la segunda se intenta esclarecer los asesinatos de 20 personas cometidos entre 1973 y 1976.

“La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley”, señala la fiscal Tellechea en los documentos presentados.

De acceder a la petición de la fiscal, no sería ésta la primera vez que el máximo órgano del Poder Judicial en Uruguay concede una excepción a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986. En octubre de 2009 la norma fue declarada inconstitucional para el caso de una joven comunista, Nibia Sabalsagaray, que fue asesinada en 1974.

Tellechea ha recogido algunos de los argumentos que se esgrimieron en esta causa para reforzar su solicitud. En el recurso que ha interpuesto cuestiona además tres artículos de la ley por entender que viola algunas disposiciones de la Constitución de la República, como el principio de la separación de poderes y el derecho de las víctimas a reclamar ante la Justicia por hechos cometidos contra sus familiares.

La fiscal también recuerda que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos uruguayos se negaron a derogar la ley a través de dos referendos en 1989 y en 2009, “ninguno” de los pronunciamientos populares puede otorgar valor a la norma.

Uruguay denunciado

Una alternativa que podría adelantar y sancionar definitivamente la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad podría promoverla el mismo Estado uruguayo, que desde el pasado enero tiene abierto un juicio en contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este proceso fue impulsado por el poeta argentino Juan Gelmán, que junto con su nieta denunció a Uruguay en mayo de 2006 por la desaparición de su nuera María Claudia García de Gelman en 1976. No se descarta que el Estado se declare culpable en el juicio y elimine la Ley de Caducidad para evitar una condena de la Corte.

Condena para el ex dictador uruguayo Bordaberry*

La Justicia uruguaya ha condenado a 30 años de prisión al ex dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución”, por nueve delitos de “desaparición forzada” y por dos “homicidios políticos”.

Bordaberry ya había sido imputado en esta casa en diciembre de 2006, aunque en aquel momento se declaró prescrita la acusación de “atentado a la Constitución”. Un mes antes, el ex presidente había sido procesado con prisión en otro juicio por el asesinato en 1976 de cuatro uruguayos exiliados en Argentina. Desde enero de 2007 Bordaberry cumple con prisión domiciliaria por su estado avanzado de edad. Hoy tiene 81 años.

La abogada Hebe Martínez, que impulsó el juicio, señaló que la sentencia tiene un gran “carácter simbólico para Uruguay”.

Bordaberry fue elegido presidente en elecciones democráticas en 1971. Un año después disolvió las Cámaras legislativas y creó el Consejo de Estado con dirigentes afines al régimen. En 1976 fue derrocado por los militares, que se sucedieron en el poder hasta el regreso de la democracia en 1985.

En octubre de 2009 se condenó a otro ex dictador uruguayo, Gregorio Álvarez, que fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de 37 personas, pero ésta la primera condena judicial en la historia de Uruguay en la que se reconocen los delitos de “atentado a la Constitución” y “homicidio político”.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 12-02-2010