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viernes, 8 de agosto de 2014

Argentina celebra el hallazgo del nieto de Carlotto

Había convocado docenas de conferencias para anunciar la recuperación de nietos sustraídos durante la última dictadura (1976-1983). Nunca era el suyo. Este martes fue distinto. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, apareció ante los medios de comunicación para anunciar un nuevo hallazgo: se llamaba Guido Carlotto, y era su nieto.

Estela de Carlotto, durante la rueda de prensa.- ANA DELICADO
Estela de Carlotto, durante la conferencia de prensa en Buenos Aires (Ana Delicado Palacios)


Su institución había encontrado hasta ahora 113 nietos de los 500 que nacieron en cautiverio durante el régimen militar. Después de 36 años de búsqueda, llegó el turno de Estela. "Ya tengo a mis 14 nietos conmigo", anunció emocionada. Sus palabras despertaron una ovación de los presentes. "Lo que yo quería era no morirme sin abrazarlo, y pronto lo voy a poder hacer".

 Carlotto contó que había recibido la noticia, esa misma mañana, de la jueza María Servini de Cubría, quien además lleva la causa de los crímenes del franquismo. La magistrada ordenó el cotejo de las muestras de ADN del joven recuperado, que se había presentado voluntariamente porque dudaba de su origen. "He encontrado lo que busqué con mis otros 13 nietos, mis dos pequeños biznietos, y mis tres hijos", manifestó Estela. "Se cumplió aquello que decíamos las Abuelas. 'Ellos nos van a buscar, como nosotras los seguimos buscando'".

La revelación de su verdadera identidad
Guido se enteró de cuál era su verdadera identidad por medio de su tía Claudia, hija de Estela y coordinadora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). "Encajó así esa pieza que no cerraba, porque era una persona que no correspondía", expresó su abuela.

La presidenta de Abuelas admitió que todavía no había escuchado la voz de su nieto, aunque sí había visto fotos. Claudia, la única que hasta ahora se ha comunicado con Guido directamente, se refirió entonces a las palabras que había intercambiado con su sobrino. "Dijo que estaba conmocionado, bien y muy feliz, y que pronto nos íbamos a ver", anunció la única hija viva de Estela.

Carlotto dio a conocer algunos detalles de la biografía de Guido, como que es músico, y que incluso llegó a tocar hace un tiempo en el ciclo "Música por la Identidad", que organiza Abuelas de Plaza de Mayo. De la familia apropiadora, sólo trascendió que el padre ya falleció. "Ahora seremos cautelosos en la familia y en la institución porque es fuerte para una persona enterarse de esto, aunque lo espere", matizó.

Medios locales se adelantaron y ya han publicado información sobre el joven. Su nombre de apropiado es Ignacio Hurban, tiene 36 años, es pianista, está casado, y vive en la localidad de Olavarría, en provincia de Buenos Aires.

"Pedía por mi hija viva"


Rodeada de otros nietos recuperados, Estela de Carlotto recordó, entre tanto, a su hija asesinada, madre de Guido. "[Espero] que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me repita lo que ella sabía antes que yo: 'mi mamá no se va a olvidar de ustedes, y lo va a perseguir'. Yo en realidad sólo persigo verdad, justicia y reparación", confesó.

Laura Carlotto, estudiante de Historia y militante en la Juventud Universitaria Peronista, fue secuestrada en noviembre de 1977, cuando estaba embarazada de tres meses. Por testimonios de sobrevivientes se sabe que estuvo recluida en el centro clandestino de detención La Cacha, en la ciudad de La Plata (a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires), y que al mes de su secuestro, su compañero fue asesinado. 

Ella dio a luz el 26 de junio de 1978. Su deseo fue que su hijo se llamara Guido, como su padre, y que su madre Estela fuera a buscar al recién nacido mientras ella estuviera secuestrada. "¿Cómo la pudieron matar?, se preguntó Estela. "¿Cómo ese niño no iba a estar en mis brazos? ¿Qué sabíamos las Abuelas entonces sobre la criminalidad de estos genocidas que se apropiaron de niños indefensos?"

"¿Qué sabíamos las Abuelas entonces sobre la criminalidad de estos genocidas que se apropiaron de niños indefensos?" "Guido nació en un centro clandestino de detención en el que mi hija estuvo secuestrada nueve meses" relataba hace dos años a Público la propia Carlotto. "Llegó embarazada y sufrió las mismas torturas que todos. La tuvieron engrillada, con una capucha en su cabeza, tirada en un camastro. Ahí nació su bebé, y se lo sacaron a las pocas horas. A ella la engañaron, porque le dijeron que me lo iban a dar a mí, pero nunca llegó a mis brazos. La asesinaron dos meses después del parto, y el niño nunca llegó a mí. El único 'beneficio' que tuve fue que me entregaron el mismo día de su asesinato el cuerpo de mi hija, así que pude hacer el duelo y enterrarla".

Cuando su hija desapareció, Estela se reunió con el por entonces general Reynaldo Bignone, último dictador antes del retorno de la democracia, que hoy cumple prisión por delitos de lesa humanidad. "Nunca dijo nada", recordaba este martes. "Yo creo que me entregaron el cuerpo de Laura el mismo día de su muerte porque él dijo: 'entréguensela, ella me lo pidió', pero yo le pedí por mi hija viva, y por mi nieto".

La presidenta de Abuelas anunció que seguirán buscando los jóvenes apropiados que faltan por encontrar. 

"Otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy", deseó. "Cada vez la sociedad nos va entendiendo más. Estos son argentinos desaparecidos vivos que están cerca, esperando que los encontremos. Es una tarea de todos. Los vamos a hacer libres con su propia identidad".

Antes de despedirse, esta mujer de 83 años hizo un llamado para que el que tenga información, la revele. "No cobijen a esas personas", pidió. "Van a repetir la historia, y no queremos, ninguna de nosotras, que esta historia se repita en futuras generaciones. Ya tenemos muchos años".


* Artículo publicado el 6 de agosto de 2014 en el diario español Público.

jueves, 14 de abril de 2011

Argentina penaliza el crimen de Estado de la desaparición

En una decisión sin precedentes, la Cámara de Diputados argentina ha incorporado al Código Penal el delito de la desaparición forzada de personas en un momento en el que son política de Estado los juicios por delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura (1976-1983).

A partir de ahora, será un crimen la desaparición de una persona en la que "participen las Fuerzas de Seguridad y con el apoyo o la aquiescencia del Estado". Este delito, además, no prescribirá "hasta que se halle a la persona desaparecida o se restituya su identidad", recoge el documento.

La iniciativa, que el Senado avaló el año pasado, no llegó a generar ningún debate de fondo en la Cámara de Diputados, y fue aprobada el miércoles con 157 votos a favor y sólo una abstención. "Este Congreso viene a saldar una deuda en ese sentido para cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos", expresó la diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos.

"El pueblo argentino conoce sobradamente este tema", añadió la legisladora. "Sabemos lo que es no encontrar a un ser querido, lo que es no encontrar respuestas del Estado y lo que es el padecimiento de los familiares y allegados de las personas que no encuentran. Es un tema que no ha perdido actualidad", añadió Donda.

La Convención contra las Desapariciones Forzadas, que impulsaron Francia y Argentina en 2007 y que entró en vigor en diciembre del año pasado, fue el primer paso que se dio ante la ONU para reconocer la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Argentina ha querido ir más allá más con la nueva ley, que además no tiene precedentes en otros países, de la misma manera que la "palabra desaparecidos tampoco tiene homónimos en otros idiomas", comentó el diputado Juan Carlos Vega.

Categoría inexistente

"Argentina es pionera en llevar adelante los juicios contra los genocidas", explicó a su vez la autora del proyecto, la senadora oficialista Blanca Osuna. "Pero para dictar sentencia al exgeneral Antonio Domingo Bussi [uno de los criminales más sanguinarios de la represión de la dictadura] y al sacerdote Von Wernich [primer clérigo en ser condenado por delitos de lesa humanidad], los jueces debieron apelar a otras figuras penales, ya que no existía una categoría específica para la desaparición forzada", sostuvo Osuna.

Hasta ahora, Argentina debía acogerse a los delitos de secuestro, tormentos y homicidios para juzgar a los represores de la dictadura, que causó unos 30.000 desaparecidos.

En total, la Justicia argentina ha condenado ya a 202 personas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, mientras que en la actualidad hay 820 personas procesadas, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

Condenas y atenuantes

La ley recién sancionada, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, contempla para la persona que incurra en el delito de desaparición forzada penas de prisión de diez a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública o de seguridad privada.

La cadena perpetua, en cambio, se aplicará para todos los casos en los que la víctima muera, o bien sus familiares no puedan hallarla. La ley determina esta misma pena cuando la víctima de desaparición sea una mujer embarazada, un mayor de 70 años, un menor de 18, una persona con alguna discapacidad o un niño que haya nacidoen cautiverio.

Se establecen, eso sí, algunos atenuantes. La pena puede reducirse "a un tercio del máximo y la mitad del mínimo", cuando los partícipes del delito "liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su aparición con vida", según indica la normativa.


* Artículo aparecido el 15 de abril de 2011 en el diario español Público.

martes, 27 de julio de 2010

Los forenses identifican a 120 desaparecidos en Argentina*

En menos de tres años, un grupo de forenses argentinos ha sido capaz de identificar en este país los restos de 120 personas que habían desaparecido durante la última dictadura (1976-1983). Se trata del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización científica no gubernamental que desde 1984 ha trabajado en 38 países de todo el mundo para recuperar la identidad de aquellos que murieron o desaparecieron en procesos de violencia política.

La identificación de estas 120 personas pudo hacerse gracias a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, una campaña masiva de recolección de sangre que comenzó en noviembre de 2007 con el apoyo del Gobierno de Argentina y del Congreso de Estados Unidos. “A través de este proyecto se firmó un convenio con el Ministerio de Salud y de Justicia de nuestro país”, explica a Público el presidente de EAAF, Luis Fondebrider. “Hoy tenemos a nuestra disposición 73 hospitales en todo el país a los que pueden acudir familiares de personas desaparecidas para dar muestras de sangre”.

El Equipo investiga ahora otros 750 restos de esqueletos que tienen en sus laboratorios. “En total hemos recolectado unas 6.500 muestras de familiares”, aclara Fondebrider. “Así hemos podido formar un banco de datos genéticos en el que se pueden comparar los análisis de los restos óseos encontrados a lo largo de estos años”.

La Iniciativa también recibe en la actualidad el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Unión Europea, y algunas organizaciones privadas. “En España hemos establecido el mismo proyecto en coordinación con los cinco consulados argentinos que están en la península”, añade el presidente de EAAF. “Así pueden donar su sangre familiares de desaparecidos argentinos o españoles que residan allí”.

En diciembre de 2009 fue identificado el primer español de entre todas las personas que desaparecieron durante el régimen de represión argentino, que fueron unas 30.000 según estimaciones de organizaciones de derechos humanos. Se llamaba Manuel Coley Robles, nació en Barcelona en 1934, y era hijo de un republicano. Trabajó en Buenos Aires como delegado sindical de la empresa Rigolleau de Berazategui hasta que fue despedido pocos meses antes de su secuestro, en octubre de 1976. Sus restos fueron hallados en un cementerio a las afueras de Buenos Aires.

Todavía se desconoce el paradero de otros 56 oriundos españoles y de unos 65 argentinos con nacionalidad española que fueron víctimas de la dictadura. A ellos se suman unos 2.000 ciudadanos de origen español que hasta hoy se encuentran desaparecidos.


* Artículo aparecido el 27 de julio de 2010 en el diario español Público.

domingo, 27 de diciembre de 2009

Test de ADN forzoso para los hijos de la dueña de Clarín*

Un tribunal ha ordenado realizar exámenes de ADN a los hijos adoptivos de la presidenta del diario Clarín y una de las accionistas mayoritarias del grupo, Ernestina Herrera de Noble, para comprobar si son hijos de desaparecidos de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Con el fallo, los magistrados dan la razón a las familias que desde 2002 piden que se realicen los cotejos necesarios para averiguar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble, los dos hijos de la propietaria de Clarín. Según los expedientes de adopción, Herrera se encontró a la niña a las puertas de su casa en mayo de 1976, mientras que el niño fue cedido por su madre biológica dos meses después.

"Sin embargo, se han encontrado muchas irregularidades en el proceso de adopción", explica a Público Alan Iud, abogado de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo que participa en el proceso. "En el caso de Marcela, se presentaron como testigos dos vecinos que luego resultaron ser el chófer de Herrera de Noble y una mujer que no vivía en la localidad".

Quien se presentó como la madre biológica de Felipe, por otro lado, "es una persona inexistente", cuenta Iud. "Se corroboró que el número de DNI que otorgó correspondía a un varón y que el nombre que había dado es falso".

Clarín alegaba ayer en sus páginas que la resolución judicial responde a una medida que solicitaron Marcela y Felipe en 2003. Iud contradice que sea así. "Estas pruebas las ha ordenado la Cámara Federal de San Martín en respuesta a una solicitud de las Abuelas de Plaza de Mayo y de la Fiscalía", indica.

El abogado también refuta las declaraciones del letrado de Marcela y Felipe, recogidas en el periódico de Herrera, en las que señala que "esta prueba venía siendo demorada por diversas apelaciones e impugnaciones de la parte querellante". En el entorno de Clarín se interpreta, sin embargo, que la reactivación de la causa obedece al ,enfrentamiento que el Gobierno argentino mantiene con este grupo de comunicación, que tuvo su punto culminante tras la aprobación de la llamada Ley de Medios.

Cotejo de datos parcial

Marcela y Felipe sólo han accedido a un análisis en una institución privada, cuando la ley tipifica que las pruebas deben realizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos. "Intentaron que la causa se cerrara", añade el letrado. "A ese examen irregular se opusieron las querellas".

Herrera está inmersa desde 2002 en una investigación por falsificación de documentos públicos en el proceso de adopción de sus hijos. La causa está paralizada porque las pruebas reunidas contra ella no son suficientes ni para procesarla ni para cerrarla.

Los hijos de la directora de Clarín tienen que someterse ahora a los análisis de ADN. Si se niegan, la Corte Suprema dictamina que se obtendrán muestras genéticas de sus objetos personales.


* Artículo aparecido el 27-12-2009 en el diario español Público

domingo, 20 de diciembre de 2009

Un niño robado en 1980 recupera su identidad*

Hasta que el pasado viernes un juez no ordenó la restitución de su verdadera identidad, Jorge Guillermo Martínez Aranda vivió con otro nombre, otra nacionalidad y otra fecha de nacimiento. Una vida que no le pertenecía.

Éste es el primer caso de un menor que nació en el extranjero y que tras ser apropiado por los militares en la última dictadura argentina (1976-1983) fue anotado en este país como si fuera una persona distinta.

Sus padres, que pertenecieron a la guerrilla Montoneros, fueron un argentino y una mexicana. Se exiliaron en España en 1979, tras una breve estadía en México, y al poco tiempo ella dio a luz. El recién nacido fue inscrito en la embajada mexicana de Madrid con fecha de nacimiento del 31 de julio de 1979.

La pareja regresó a Argentina con su hijo entre abril y julio del año siguiente para participar en la llamada “contraofensiva” que organizaron los montoneros para derrotar a la Junta Militar. Según algunas denuncias que se recogen en la causa, el matrimonio fue secuestrado en un operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército en la provincia de Mendoza. El bebé fue sustraído por un un sargento de apellido Tejada que pudo haber participado en aquella operación, mientras que los progenitores fueron asesinados.

La restitución de la identidad de Martínez Aranda responde a una demanda presentada en abril de 2002 por su hermanastro Emilio Goya (hijo del padre Francisco Goya). El juez federal Ariel Lijo ordenó por fin este viernes anular del Registro Civil su inscripción como Carlos Albert Tejada, y dispuso que su nacionalidad era mexicana como le corresponde por vía materna. Aunque nació en Madrid, “en España la nacionalidad se transmite por la sangre”, de acuerdo con el magistrado.

En este proceso se actuó por allanamiento, medida por el que el juez acude al domicilio de la persona cuya identidad está puesta en duda y obtiene objetos de su uso personal para el posterior examen de ADN. “Por primera vez no se citó previamente al investigado, en este caso Martínez Aranda, para no ponerlo en la disyuntiva de si quería analizarse o no”, comenta a Público Alan Iud, abogado de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo que fue parte querellante junto a Emilio Goya.

Iud confirmó que los apropiadores que sustrajeron la identidad del joven mexicano están actualmente procesados. “Esta causa fue enviada a juicio oral el mismo viernes”, aclara el letrado. “Aquí la Justicia actúa de oficio porque Martínez Aranda no se ha presentado como querellante”.


Buscando a los desaparecidos


- El 30 de julio de 2008 se confirmó que Jorge Guillermo Martínez Aranda era hijo de desaparecidos, según indica el abogado Alan Iúd. Más de un año después fue restituida su identidad.
- Martínez Aranda es el nieto número 92 presentado por la organización Abuelas de Plaza de Mayo. En total han sido recuperados 98. El último se dio a conocer en noviembre de este año.
- Organizaciones de derechos humanos estiman que unos 500 nietos fueron apropiados por los militares, y que más de 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura

* Artículo aparecido el 20-12-2009 en el diario español Público

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