EXCLUSIVA - Jueza argentina solicita al Vaticano documentación sobre los crímenes del franquismo

BUENOS AIRES.- La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde Argentina la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, no ha quedado satisfecha con el silencio que obtuvo por toda respuesta del Gobierno español sobre su pedido para interrogar en España a los 19 cargos franquistas que están imputados en su expediente. Lejos de amilanarse, la magistrada ha recurrido ahora al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según ha podido saber esta periodista en exclusiva.

La jueza Servini en su despacho de Buenos Aires, en 2015 (Ana Delicado Palacios)

La jueza ha liberado un exhorto para que que el Estado de Vaticano aporte toda la documentación que tenga “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, el período que abarca su investigación.

El Vaticano también debe dar cuenta de toda la información en su posesión relacionada con “los religiosos católicos que fueron objeto (…) de persecución, sanciones, cárcel y torturas”, de acuerdo a la solicitud que realizó la querella argentina.

En paralelo, Servini ha realizado el mismo pedido a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La magistrada remitió comisiones rogatorias a los juzgados de cada una de estas ciudades para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información.

Pedidos a la Generalitat

 

La magistrada ha ido más allá en la causa y aceptó una catarata de pedidos que había realizado la querella para avanzar en la pesquisa de los delitos del franquismo. Para empezar, involucra a la Generalitat de Catalunya. Tres testigos de la querella denunciaron “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Catalunya en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.

La jueza accedió a liberar un exhorto a los juzgados de Barcelona, Tarragona, Mataró y La Fatarella a fin de que ordenen a la Generalitat de Catalunya “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares”. Ese material está disponible en el Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que cuenta con un banco de ADN gracias al depósito genético que realizaron centenares de familias.

Los tres querellantes que solicitaron este exhorto elaboraron un listado sobre los emplazamientos en donde yacen los restos de los cadáveres, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán”, destacan en el expediente de su pedido.

Esos lugares son principalmente laboratorios de universidades catalanas, en concreto, los del Área de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Bracelona, en el municipio de Cerdanyola del Vallès de la provincia barcelonesa, así como en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También hay restos en “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana para estos trabajos”, y en El Memorial de Les Camposines, en Lleida.

Exhumaciones y declaraciones testimoniales

 

La jueza también liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas en Mallorca que se encuentran en la fosa común que alberga el Cementerio Municipal de Porreres, y cuya desaparición forzada fue denunciada por la Asociación Memòria de Mallorca.

En otro requerimiento, la magistrada ordenó a través del juzgado de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto de Cipriano Martos Jiménez, un sindicalista afiliado al PC que fue detenido por esa fuerza policial en 1973, antes de ser torturado y asesinado con la ingestión forzada del contenido de un cóctel molotov, llamado de forma socarrona el “cóctel de la verdad”. Tenía 18 años. Servini también solicita que declare como testigo el hermano de Cipriano, Antonio, ante el juzgado de Sabadell, en Barcelona.

Además exige la exhumación del cadáver de Cipriano, que fue enterrado en secreto en el cementerio de Reus, en Tarragona. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha ofrecido a realizar la tarea, y ya comenzó a elaborar un informe técnico de la fosa.

Por último, la jueza solicitó tomar declaración testimonial a cinco testigos del País Vasco a través de la instrucción de los juzgados en donde vive cada una de estas personas, que por su avanzada edad no pueden trasladarse hasta Buenos Aires. La misma disposición ha adoptado en relación a otros seis querellantes en Catalunya.


* Artículo aparecido el 29 de abril en el diario español Público.

Garzón defiende incluir la fuga de capitales y los fondos buitre en la justicia universal

BUENOS AIRES- El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero la fuga de capitales que puede ocasionar la quiebra de un país no lo es. La tortura es un delito imprescriptible, pero no así la extracción indiscriminada de minerales en países de África. Ésta es la contradicción que el juez Baltasar Garzón quiere resaltar para ampliar los horizontes del principio de jurisdicción universal.


"Hay crímenes económico-financieros que responden a políticas agresivas y que afectan a países completos, a millones de personas", planteó en Buenos Aires el exmagistrado de la Audiencia Nacional. "También hay crímenes contra el medioambiente que afectan a productos básicos para la subsistencia humana".

Acompañado de su par argentino Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garzón propuso "abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos" sobre la justicia universal –la aptitud de un juez para investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en otro territorio–y que "en unos años va a ser una realidad".

El juez español reconoce que la justicia universal ha sufrido un retroceso en varios países. Fue inevitable mencionar a España. En marzo de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fulminó prácticamente este principio.

Garzón aseguró que de seguir el PP en el Gobierno, será imposible juzgar los crímenes de la dictadura franquista, y que por tanto, se modifique el régimen de impunidad. Reclamó, por ello, que cada partido detalle en los programas electorales las políticas que llevarían a cabo sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

"Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra", alegó el juez español.

Algunos de los delitos con efectos atroces que quedan impunes fueron mencionados: "La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores", detalló Garzón.

"Desarmar un país produce muertos"

"El concepto de delito de lesa humanidad va variando", señaló junto a él Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina. "Lesa humanidad son conductas macro-estafatorias que pueden desarmar países. Por otro lado, lesa humanidad es aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Es también muertes masivas, o genocidios por goteo".

"Desarmar económicamente un país produce muertos y el recalentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos teniendo catástrofes en el mundo en estos quince años es mucho más alta que antes. Si legamos a pasar los dos grados centígrados de calentamiento global, eso no tiene retorno, y no podemos calcular las consecuencias, son imprevisibles", alertó el magistrado.

Garzón encabezará en Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, al que asistirán en septiembre juristas y referentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó a trabajar hace dos años en torno a los nuevos principios que debían guiar la jurisdicción universal. En 2014, Madrid acogió el I Congreso Internacional, y ahora han decidido cerrar este ciclo en Argentina "porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", en palabras del juez.

Luego comenzará otra fase, en la que participarán otras organizaciones, para que el principio de jurisdicción universal no se desentienda de tantos delitos sociales, económicos, financieros y medioambientales que en la actualidad prevalecen sin ser juzgados.


* Artículo aparecido el 20 de agosto de 2015 en el diario español Público.