Grupo de Puebla intenta abrir un espacio progresista en una América Latina convulsionada

Un grupo de políticos latinoamericanos denunció el golpe de Estado en Bolivia y apoyó las protestas en Chile durante su segundo encuentro este fin de semana en Buenos Aires.

El Grupo de Puebla que integran 32 líderes de doce países se reunió durante dos días en la capital argentina con el propósito de aunar las fuerzas progresistas de la región. La alegría inicial por la reciente excarcelación del expresidente Inácio Luis “Lula” Da Silva que mostraron durante el acto de apertura la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), o el presidente electo de Argentina y anfitrión del encuentro, Alberto Fernández, trocó en preocupación a medida que llegaban las noticias sobre lo que sucedía en Bolivia.

Este colectivo, entre quienes se encuentran el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) o el exmandatario de Paraguay, Fernando Lugo (2008-2012), destinó buena parte de sus sesiones el sábado por la tarde a seguir los acontecimientos en este país. Algunos políticos comentaban de manera reservada su inquietud con los amotinamientos policiales que empezaban a declararse en rebeldía en Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Oruro.

Llegó el domingo, y al término del encuentro, el Grupo de Puebla emitió un extenso comunicado en el que apoyaba la decisión del presidente Evo Morales de repetir las elecciones generales y de renovar las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. En su documento, esta instancia regional repasó la situación de buena parte de los países de la región.

 
El Grupo de Puebla manifestó, por ejemplo, su preocupación por el asesinato de más de 600 líderes sociales en Colombia. Condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU a Cuba. Alertó de que en Chile hay una "violenta represión de la movilización social por parte de las fuerzas policiales” con violaciones a los derechos humanos y pidió al presidente Sebastián Piñera que reconociera el reclamo popular y reformase la Constitución.

El colectivo también decidió enviar a Ecuador una delegación ante “la persecución política y judicial de los dirigentes de la oposición”. Abogó por una salida democrática y pacífica al conflicto en Venezuela. Y además puso el foco sobre Haití, donde protestas masivas desde hace más de dos meses muestran “un país destrozado económica, social y políticamente”, pese a que “la prensa y la política internacional no está poniendo atención sobre el estancamiento de las posibles salidas a ese conflicto”.

El Grupo de Puebla, que celebró su primera reunión en esa ciudad de México el pasado mes de julio, apostó como espacios de convergencia progresista la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercosur, la Unasur y la Alianza del Pacífico, y defendió entre sus principios “la promoción del comercio intrarregional, la protección del medioambiente, la igualdad de derechos y la inclusión en espacios de poder de las mujeres”.

Cuando horas después se consumó el golpe de Estado en Bolivia, el Grupo de Puebla volvió a sacar un comunicado en el que denunció que tanto la Constitución como el Estado de derecho habían sido “violados interrumpiendo un mandato constitucional”.

En el documento que también firmó el expresidente Lula, el Grupo de Puebla observó que “las fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de Estado”.

El segundo encuentro del Grupo de Puebla tiene lugar en un momento muy peligroso para América Latina. Sólo cinco países de la región, Cuba, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, han condenado el golpe de Estado en Bolivia. 

Mientras el Gobierno saliente de Mauricio Macri se resistía a reconocer el quebranto institucional en ese país, el próximo mandatario de Argentina, Alberto Fernández, no dudó en definirlo como tal. “Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado”, advirtió.

Aunque faltaron algunos de sus integrantes en la reunión de Buenos Aires, como el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica (2010-2015), o el de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), el Grupo de Puebla aspira a promover un polo progresista en la región con eje en los Gobiernos del mexicano Andrés Manuel López Obrador y en el próximo de Argentina.

Para ello deberán rescatarse organismos como la Celac, según adelantó el Grupo de Puebla en su comunicado. “La Celac es una especie de OEA sin EEUU, y en la medida que tengamos la capacidad de articular el trabajo conjunto con estos mecanismos de integración subregional, podremos tener tres campos de intervención: buscar la inclusión social, generar valor agregado en el comercio, y construir ciudadanía”, resumió en conversación con Público el expresidente colombiano Samper. “Mientras Europa trata de convertirse en nación cuando son 32, nosotros somos una sola nación que no hemos logrado ni siquiera convertirnos en región”.

* Artículo publicado en el diario Público de España.

Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.

Qué países permiten votar a los extranjeros

La inmensa mayoría de los países no concede la posibilidad de votar a los extranjeros residentes en su territorio. Si no se han nacionalizado, no hay derecho a sufragio.

Algunas naciones son más indulgentes y sí permiten el voto extranjero en elecciones locales (ya sean municipales o estatales). Pero sólo tres van más allá y permiten al residente extranjero participar en los comicios nacionales.

Uno de ellos es Chile. Hace más de 120 años que su carta Magna, en el art.14,autoriza el voto extranjero a partir de los cinco años de residencia.

Algo similar sucede en Uruguay. Desde 1952, el art. 78 de la Constitución estipula que tienen derecho al sufragio, “sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal”, los extranjeros que lleven al menos 15 años residiendo en la nación.

Curiosamente, ninguno de estos dos países permite votar en el extranjero a los nacionales que residen en el exterior.

Nueva Zelanda es el otro país que desde 1975 autoriza el derecho de sufragio a los extranjeros residentes en su país. Su sistema es parlamentario, así que los ciudadanos no eligen directamente a su primer ministro, sino a los miembros de su Asamblea General. Este país, al contrario que Chile y Uruguay, sí permite a sus ciudadanos votar en el extranjero.

Malawi, por otro lado, permite el voto en las elecciones parlamentarias nacionales a los residentes que lleven siete años en el país, pero no así en las presidenciales.

Hay otros países que conceden algunos derechos políticos a los extranjeros que habitan en su territorio. La Constitución deVenezuela, por ejemplo, habilita el sufragio a los extranjeros que lleven viviendo al menos 10 años en el territorio, pero sólo para las elecciones parroquiales, municipales y estatales.

En Bolivia, se permite el voto extranjero en las elecciones municipales, de acuerdo con la ley 1585, aprobada en 1994 por el Gobierno de Sánchez de Lozada.

En la provincia argentina de Buenos Aires, según la Ley 14.086, los residentes extranjeros están obligados a votar en las elecciones regionales –ya sea a gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales o consejeros—pero no así en las legislativas nacionales o en las presidenciales. 

En Brasil, la Constitución de 1988 otorga a los portugueses residentes en el país los mismos derechos de sufragio que tienen los brasileños. Para ello, los portugueses deben solicitar permiso al Ministerio de Justicia.

Esta norma se basa en un acuerdo de reciprocidad con Portugal, que no obstante establece un régimen electoral más restrictivo: sólo en  las elecciones locales pueden votar los residentes que provengan de Brasil, la Argentina, Chile y Uruguay. También tienen derecho al sufragio municipal los países pertenecientes a la Unión Europea, Noruega y Cabo Verde.

Un brasileño goza también del derecho de elegibilidad en las elecciones locales de Portugal, de acuerdo al “estatus de igualdad”.Pero para que pueda votar en los comicios parlamentarios o presidenciales, tiene que acceder a un “estatus especial” que se concede a título individual. En ningún caso podría ser candidato.

Fuera de la región, otros 50 países establecen a determinados residentes extranjeros la posibilidad de sufragio en elecciones locales. En la Unión Europea, el Tratado de Maastricht de 1992 concede a los ciudadanos comunitarios el derecho de sufragio en las elecciones parlamentarias europeas y en los comicios municipales del lugar en el que vivan.

Al margen de esta normativa común, algunos países han suscrito tratados bilaterales con otras naciones. Es el caso de España, que ha firmado acuerdos de reciprocidad con Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, República de Trinidad y Tobago y Uruguay.

Sólo tres naciones otorgan ese derecho para la elección de presidente, dos de ellas en América Latina. Las leyes son más flexibles para el caso de cargos locales

* Artículo publicado el 6 de septiembre de 2012 en Infobae América 

La erupción del volcán Puyehue provoca el caos en el Cono Sur

La erupción del volcán Puyehue, que comenzó hace 11 días, no respeta rango ni jerarquía. Lo sabe bien el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien tuvo que desayunar esta semana en una estación de servicio en la provincia de Santa Fe, a 300 kilómetros de la capital argentina, después de que su vuelo no pudiera aterrizar en Buenos Aires y fuera desviado a Córdoba (centro del país).

Ban Ki-moon tuvo que recorrer en autobús 700 kilómetros, pero al menos fue agasajado con un cumpleaños feliz en la gasolinera mientras disfrutaba de algunos alfajores (típico dulce argentino). La presidenta, Cristina Fernández, se disculpó bromeando: "No tenemos nada contra los chilenos, pero las cenizas son de ellos".

Lo mismo le ocurrió al presidente electo de Perú, Ollanta Humala, también de gira oficial por la región, al tener que viajar en barco desde Montevideo a Buenos Aires. La ceniza afecta incluso al fútbol, ya que es posible que se reprograme la Copa América, que tenía previsto empezar el 2 de julio.

Cientos de vuelos anulados

Estos son sólo casos anecdóticos del caos que ha provocado en el Cono Sur la ceniza volcánica procedente de la cordillera chilena de Los Andes. Centenares de vuelos han sido anulados y más de 100.000 personas se han quedado varadas en los aeropuertos a lo largo de los últimos cinco días. La nube de cenizas ha llegado a Australia y a Nueva Zelanda e incluso ha obligado a suspender dos rutas desde Barajas.

También se ha visto afectado el sur de Brasil, donde la ceniza volcánica ha llegado a los 3.000 metros de altura. La situación también es complicada en la Patagonia argentina, sobre todo en las ciudades turísticas de Bariloche (suroeste del país) y Villa La Angostura, un pueblo situado a 90 kilómetros del volcán que ha quedado cubierto por una capa de cenizas de 30 centímetros de espesor.

Las provincias argentinas más afectadas han sido las de Río Negro, Neuquén y Chubut, que se han declarado en estado de "emergencia agropecuaria". Algunas localidades se han quedado sin energía eléctrica, los colegios están cerrados y los expertos prevén que la erupción siga al menos dos días más.

* Artículo aparecido el 15-06-2011 en el diario español Público.