
Finalmente pasará el resto de su vida entre rejas. El excapitán de Marina Alfredo Astiz fue sentenciado el miércoles a la pena máxima
junto a otros 11 militares en una causa que se ha convertido en uno de
los juicios más emblemáticos de cuantos investigan los crímenes de lesa
humanidad en Argentina.
El logro histórico de este proceso, de hecho, puede compararse al del Juicio a las Juntas de 1985,
cuando por primera vez fueron juzgados los militares entre ellos, el
dictador Jorge Videla que perpetraron el golpe de Estado de 1976 para
imponer a continuación durante los ocho años siguientes un estado de
terror permanente.
En esta ocasión se investigaban, en pa
rticular,
los crímenes cometidos contra 86 personas que pasaron por la Escuela
Superior Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de
tortura que existió en Argentina durante la dictadura, que duró hasta 1983.
Los
magistrados condenaron a 12 de los 18 procesados a cadena perpetua.
Además de Astiz, fue sentenciado a cárcel de por vida el excapitán de
fragata Jorge
el Tigre Acosta, jefe de inteligencia de los
grupos de tareas que operaban en la ESMA, que se encargaban de
secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas.
El juicio forma parte de otro proceso más grande en el que se investigan los delitos de lesa humanidad
Otros
cuatro exmilitares recibieron condenas que oscilaron entre los 18 y los
25 años de prisión. Y dos imputados fueron absueltos, pero no pisarán
la calle porque están siendo investigados en otros juicios. Además, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), parte querellante en este
proceso, apelará estos indultos.
Testimonio de los horrores
Las
audiencias, que se prolongaron durante 22 meses, han sido las que han
transformado este juicio en un testimonio vivo de los horrores del
régimen militar, pero sobre todo en la certeza de que la justicia podía
llegar. Así lo deseaban centenares de personas que, antes de la
resolución judicial, aguardaron a las puertas del tribunal la sentencia
que recibirían los 18 procesados.
En este juicio, que forma parte
de otro proceso más grande en el que se investigan los delitos de lesa
humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, participaron
unos 200 testigos, 80 de los cuales fueron víctimas.
Entre otros
casos, se investigó la desaparición en 1977 del escritor argentino
Rodolfo Walsh y el secuestro, ese mismo año, de las monjas francesas
Alice Domon y Leonie Duquet, así como de las fundadoras de la
organización Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.
Han
sido muy relevantes en este juicio las sentencias a cadena perpetua,
que tienen un componente especial porque se ha hecho justicia con la
historia. Sirva de ejemplo la pena máxima con la que ha sido castigado
el exvicealmirante Óscar Montes por la muerte de María Cristina Lennie,
una joven que en 1977 se apresuró a tomar cianuro cuando iba a ser
secuestrada por los comandos militares.
Su
fallecimiento, en un principio, se había intentado justificar como un
supuesto suicidio, pero después los fiscales del caso consiguieron que
se admitieran como hechos la privación ilegal de libertad y las torturas
a las que Lennie fue sometida.
Muchos son, en realidad, los delitos que perpetraron los marinos en la ESMA, y esta causa ha servido para ponerlos en evidencia.
Además
de las torturas y los asesinatos, existió la apropiación de bebés que
nacían en cautiverio. Existieron también los vuelos de la muerte, una
práctica de exterminio a la que recurrieron los militares para
deshacerse de sus víctimas, las cuales eran drogadas antes de subirlas a
un avión y tirarlas al río de la Plata. La "metodología de eliminación"
también incluía la quema de los cadáveres para no dejar ninguna pista
ni evidencia de las atrocidades cometidas por los militares.
Apenas cien supervivientes
Con
la sentencia de este juicio no se cierra la investigación de los
crímenes cometidos en torno a la ESMA. Todavía hay 70 procesados que
serán investigados en otros ocho procesos, ahora en curso, por la
desaparición de casi 800 personas.
Un
número elevado, aunque no debe olvidarse que por este centro de tortura
atroz por la cantidad y la saña con la que los militares impusieron
tormentos a sus víctimas pasaron unas 5.000 personas en total, de las
cuales sobrevivieron apenas unas cien.
De este modo se concluye
una parte de esta megacausa que, en realidad, es un paso más de cuantos
se están dando para que los torturadores del régimen militar argentino
no salgan impunes.
Han
pasado ya ocho años desde que el Gobierno del expresidente Néstor
Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer el primer aniversario,
invalidara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Estas
fueron promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1986) y
protegían a los militares de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.
Quedan
también atrás los indultos del exmandatario Carlos Menem (1989-1999),
con los que se trató de sellar la impunidad de represores como Jorge
Rafael Videla o como el exalmirante Emilio Massera, que fue precisamente
el máximo representante de la ESMA.
Massera murió en noviembre de
2010 tras ser declarado incapaz por padecer demencia. Por lo tanto, no
pudo ser imputado en los procesos que afrontaba por delitos de lesa
humanidad.
La primera condena a los represores de la ESMA, en
cualquier caso, es también motivo de celebración para países como
Suecia, que había pedido la extradición de Astiz por el asesinato de su
conciudadana Dagmar Hagelin.
También para Francia, que a su vez reclamaba al
Ángel de la Muerte por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
No
tardó en reconocerlo ayer el ministro de Exteriores galo, Alain Juppé,
quien sostuvo que el fallo judicial contra los 18 militares "honra a
Argentina".
*
Artículo aparecido el 28-10'-2011 en el diario español
Público.