Garzón defiende incluir la fuga de capitales y los fondos buitre en la justicia universal

BUENOS AIRES- El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero la fuga de capitales que puede ocasionar la quiebra de un país no lo es. La tortura es un delito imprescriptible, pero no así la extracción indiscriminada de minerales en países de África. Ésta es la contradicción que el juez Baltasar Garzón quiere resaltar para ampliar los horizontes del principio de jurisdicción universal.


"Hay crímenes económico-financieros que responden a políticas agresivas y que afectan a países completos, a millones de personas", planteó en Buenos Aires el exmagistrado de la Audiencia Nacional. "También hay crímenes contra el medioambiente que afectan a productos básicos para la subsistencia humana".

Acompañado de su par argentino Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garzón propuso "abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos" sobre la justicia universal –la aptitud de un juez para investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en otro territorio–y que "en unos años va a ser una realidad".

El juez español reconoce que la justicia universal ha sufrido un retroceso en varios países. Fue inevitable mencionar a España. En marzo de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fulminó prácticamente este principio.

Garzón aseguró que de seguir el PP en el Gobierno, será imposible juzgar los crímenes de la dictadura franquista, y que por tanto, se modifique el régimen de impunidad. Reclamó, por ello, que cada partido detalle en los programas electorales las políticas que llevarían a cabo sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

"Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra", alegó el juez español.

Algunos de los delitos con efectos atroces que quedan impunes fueron mencionados: "La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores", detalló Garzón.

"Desarmar un país produce muertos"

"El concepto de delito de lesa humanidad va variando", señaló junto a él Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina. "Lesa humanidad son conductas macro-estafatorias que pueden desarmar países. Por otro lado, lesa humanidad es aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Es también muertes masivas, o genocidios por goteo".

"Desarmar económicamente un país produce muertos y el recalentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos teniendo catástrofes en el mundo en estos quince años es mucho más alta que antes. Si legamos a pasar los dos grados centígrados de calentamiento global, eso no tiene retorno, y no podemos calcular las consecuencias, son imprevisibles", alertó el magistrado.

Garzón encabezará en Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, al que asistirán en septiembre juristas y referentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó a trabajar hace dos años en torno a los nuevos principios que debían guiar la jurisdicción universal. En 2014, Madrid acogió el I Congreso Internacional, y ahora han decidido cerrar este ciclo en Argentina "porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", en palabras del juez.

Luego comenzará otra fase, en la que participarán otras organizaciones, para que el principio de jurisdicción universal no se desentienda de tantos delitos sociales, económicos, financieros y medioambientales que en la actualidad prevalecen sin ser juzgados.


* Artículo aparecido el 20 de agosto de 2015 en el diario español Público.

Argentina sigue descubriendo los horrores de su dictadura

Argentina ha constatado en las últimas horas que la investigación de los crímenes de la dictadura no se limita al espacio que brindan los tribunales de Justicia. Dos hallazgos de restos humanos y la publicación de fotos inéditas sobre las víctimas de los vuelos de la muerte completan la escenografía de un periodo de represión en el que los militares no sólo cometieron delitos de lesa humanidad, sino que además trataron de ocultarlos.
En un edificio militar de la provincia de Tucumán se han localizado los restos de al menos 15 personas enterradas en una fosa común. "Los cuerpos se encontraban ubicados como cayeron", según el Centro de Información Judicial (CIJ). "Varios de ellos [estaban] atados en las extremidades superiores" y junto a otros se detectó "la presencia de proyectiles de arma de fuego".

En la fosa, que funcionó como lugar de ejecución, también quemaban los cadáveres, como refleja la presencia de neumáticos y restos humanos carbonizados, de acuerdo con el informe de la CIJ. La primera vez que se encontraron cadáveres en el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue en marzo. Ahora ya son cuatro las fosas descubiertas en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el norte del país. Por él podrían haber pasado unos 900 prisioneros.

Al recinto militar acudía el general Antonio Domingo Bussi, que además de ser el gobernador de Tucumán durante la dictadura y la democracia fue quien creó y dirigió los 30 centros clandestinos de la provincia. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, el represor se presentaba en ocasiones para ser el primero en disparar un tiro en la nuca a los detenidos que aguardaban en fila a ser fusilados.

No es la única noticia que llega de Tucumán. Por fin se han identificado los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas. Un hombre que, a los pocos días de haber asumido Bussi como gobernador de facto, fue secuestrado en 1976 delante de su familia.

Luego, en 2008, el general sería condenado a arresto domiciliario perpetuo por la desaparición del exlegislador, pero el 24 de noviembre Bussi falleció. Parecía que no se sabría nada más de Vargas, pero las primeras excavaciones en un pozo de agua de 50 metros de profundidad han revelado, en cambio, que entre otros restos de cuerpos calcinados, cal y productos químicos se encontraba el pie derecho del político.

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó ayer a un juez federal 130 fotos de víctimas de los vuelos de la muerte, otra de las prácticas de exterminio a la que solían recurrir los militares para deshacerse de las 30.000 personas que hicieron desapa-recer en la dictadura.

Las imágenes, tomadas por la Prefectura y la Policía uruguaya, confirman que los marinos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) arrojaban a los presos políticos al Río de la Plata. Los cuerpos quedaban a la deriva, arrastrados por las corrientes marinas, hasta que algunos encallaban en las costas de Uruguay.

Atados de pies y manos

La gran mayoría de las víctimas estaban atadas de pies y manos. Algunas, incluso, habían sido torturadas antes de ser lanzadas al agua, como revelan las marcas que habían dejado en los cadáveres las descargas aplicadas con una picana eléctrica.

Es la primera vez que se desclasifica toda esta información y también la primera que la CIDH accede a entregar sus archivos confidenciales para un proceso judicial. En este caso, la megacausa de la ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el mayor centro clandestino de detención que existió en Argentina.

* Artículo aparecido el 16-12-2011 en el diario español Público.

Uruguay decide juzgar los crímenes de la dictadura

El Senado uruguayo aprobó en la madrugada de ayer (hora española) un proyecto legislativo por el que se queda sin efecto la Ley de Caducidad de 1986, que protegía a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). La coalición gobernante Frente Amplio, que lidera el presidente José Mujica, consiguió imponerse con 16 votos frente a los 15 de la oposición, pero el debate previo dejó una herida abierta en el oficialismo.

La discusión sobre la conveniencia de inhabilitar una norma que durante 25 años ha servido para indultar a los represores de la dictadura se prolongó durante más de 12 horas en la Cámara Alta. El motivo: la congruencia política y moral que muchos se planteaban a la hora de anular una ley ya refrendada por el pueblo uruguayo en dos ocasiones, en 1989 y 2009.

Es por ello que un senador del Frente Amplio, el exguerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, dimitió de su cargo tras acatar contra su voluntad la iniciativa de su coalición. "La legitimidad depende de lo que digan las mayorías", explicó. "Este pueblo puede necesitar vitalmente el mismo instrumento que hoy estamos desacreditando. Mañana mismo", agregó.

No es esta la única baja que podría darse en filas oficialistas. El senador Jorge Saravia fue el único legislador del Frente Amplio que ignoró la disciplina partidaria y votó en contra del proyecto de ley, lo que le valió su expulsión del Espacio 607, un grupo de alianzas que dirige Mujica.

La reforma de la Ley de Caducidad ha superado, en cualquier caso, la principal dificultad que afrontaba tras ser aprobada en el Senado, aunque esta ha incluido algunas modificaciones a la norma. El proyecto tendrá entonces que volver el próximo 4 de mayo a la Cámara de Diputados, donde una sanción definitiva se da casi por descontada

Como en Argentina

Uno de los deseos más íntimos del Frente Amplio desde que accediera al poder en 2005 con el Gobierno de Tabaré Vázquez ha sido lograr la derogación de la Ley de Caducidad. En octubre de 2010 fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero luego quedó paralizada en el Senado.

En realidad, la Ley de Caducidad no será eliminada, sino que se impedirá su aplicación al derogarse tres de sus artículos por ser incompatibles con la Constitución. Ahora podrá comenzar en Uruguay un proceso similar al de Argentina, que ya ha juzgado y condenado a 200 de sus represores.

Se estima que durante la dictadura uruguaya desaparecieron unas 200 personas, pero hasta ahora el país sólo ha procesado a una veintena de militares, incluido al dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), quien encabezó el golpe de Estado que interrumpió la democracia.

La Ley de Caducidad, declarada inconstitucional en tres ocasiones por la Corte Suprema del país, ha sido además cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ordenó al Estado uruguayo el pasado 24 de marzo que dejara sin valor jurídico la que hasta ahora era patente de impunidad.

* Artículo publicado el 13 de abril de 2011 en el diario español Público.

Paraguay pide perdón por la desaparición de dos niños soldados*

El Estado de Paraguay celebró la semana pasada un acto de disculpas públicas por la desaparición forzada de dos niños soldados de 15 y 14 años de edad.

El acto fue parte de un acuerdo entre las familias de los niños y el Estado paraguayo en el que intercedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez fueron enrolados en las Fuerzas Armadas en diciembre de 1997 para que prestaran servicios como conscriptos. Nadie pidió permiso a sus padres. Bastó con alterar la edad en los documentos oficiales para aparentar que ambos niños tenían 16 años, la edad mínima requerida para alistarse en el Ejército.

En febrero de 1998, los dos desaparecieron del puesto militar al que habían sido asignados mientras estaban bajo la custodia del Ejército. No se supo más de ellos.

En 2000 los familiares de las víctimas presentaron ante la CIDH una denuncia formal contra el Estado. El acuerdo al que ahora han llegado ambas partes establece una compensación de 25.000 dólares y un carnet de asistencia médica integral para las familias, mientras que el Estado está obligado a crear una comisión que investigue la desaparición de los niños, sancionar a los responsables, y presentar un proyecto de ley que reforme el Código Penal en relación a la desaparición forzada.

Ésta es la tercera vez que las Fuerzas Armadas reconocen públicamente su responsabilidad en este tipo de delitos. El mismo Estado admite que cientos de niños han muerto tras haber sido alistados para el servicio militar.

* Artículo escrito para el diario español Público el 24-02-2010