Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.

Primer imputado civil de la dictadura argentina

Por primera vez en la historia, la Justicia argentina ha citado a declarar a un empresario para que testifique sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983). Los magistrados no han procesado todavía a Marcos Levin, dueño de la principal compañía de transporte de la provincia de Salta, pero el ejecutivo está imputado tras haber sido llamado por los jueces para realizar la declaración indagatoria. Algo nuevo hasta ahora.

La situación en la que Levin se encuentra no es muy favorable. El propietario de La Veloz del Norte tiene que dar explicaciones en un proceso que investiga el secuestro y posterior tortura de 12 de sus trabajadores, sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El empresario será interrogado el próximo 7 de febrero, así que tiene dos semanas para pensar cuál será su defensa frente a las declaraciones de algunos testigos, que lo sitúan dentro de los centros clandestinos de detención.

Uno de los dirigentes sindicales, el chófer Víctor Manuel Cobos, acusa al empresario de estar presente en una sesión de tortura en la que el trabajador fue sometido a descargas eléctricas, allá por 1977.
Según relató esta víctima, el empresario daba informes a las Fuerzas de Seguridad, que usaban los coches de la empresa para secuestrar a los sindicalistas. Después de torturarlos, les obligaron a firmar una confesión en la que admitían haber cometido una estafa contra la compañía, so pena de "reventarlos" o de "hacerlos desaparecer". Aquellas declaraciones fueron la justificación perfecta de Levin para despedir después a todos los líderes de la UTA.

Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de causas sobre violaciones de los derechos humanos, ha explicado por qué es tan difícil que un empresario pise los tribunales en un proceso de lesa humanidad: "Las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones [] adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios".

Entre tanto, en Uruguay, una resolución del Gobierno de José Mujica permitirá indemnizar con 513.000 dólares a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que nació en cautiverio y fue secuestrada por los militares después de que sus padres fueran asesinados durante la dictadura (1973-1985).

El Ejecutivo cumple así con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 24 de febrero de 2011 condenó al Estado uruguayo por ser responsable de la desaparición de la madre, María Claudia García, y por la supresión de identidad de la hija.

Lejos de conformarse con este gesto, el Gobierno también pedirá disculpas públicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los casi 13 años que duró la dictadura en Uruguay. "La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las figuras de Macarena y Juan Gelman", explicó el canciller Luis Almagro.

* Artículo aparecido el 25 de enero de 2012 en el diario español Público

Argentina sigue descubriendo los horrores de su dictadura

Argentina ha constatado en las últimas horas que la investigación de los crímenes de la dictadura no se limita al espacio que brindan los tribunales de Justicia. Dos hallazgos de restos humanos y la publicación de fotos inéditas sobre las víctimas de los vuelos de la muerte completan la escenografía de un periodo de represión en el que los militares no sólo cometieron delitos de lesa humanidad, sino que además trataron de ocultarlos.
En un edificio militar de la provincia de Tucumán se han localizado los restos de al menos 15 personas enterradas en una fosa común. "Los cuerpos se encontraban ubicados como cayeron", según el Centro de Información Judicial (CIJ). "Varios de ellos [estaban] atados en las extremidades superiores" y junto a otros se detectó "la presencia de proyectiles de arma de fuego".

En la fosa, que funcionó como lugar de ejecución, también quemaban los cadáveres, como refleja la presencia de neumáticos y restos humanos carbonizados, de acuerdo con el informe de la CIJ. La primera vez que se encontraron cadáveres en el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue en marzo. Ahora ya son cuatro las fosas descubiertas en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el norte del país. Por él podrían haber pasado unos 900 prisioneros.

Al recinto militar acudía el general Antonio Domingo Bussi, que además de ser el gobernador de Tucumán durante la dictadura y la democracia fue quien creó y dirigió los 30 centros clandestinos de la provincia. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, el represor se presentaba en ocasiones para ser el primero en disparar un tiro en la nuca a los detenidos que aguardaban en fila a ser fusilados.

No es la única noticia que llega de Tucumán. Por fin se han identificado los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas. Un hombre que, a los pocos días de haber asumido Bussi como gobernador de facto, fue secuestrado en 1976 delante de su familia.

Luego, en 2008, el general sería condenado a arresto domiciliario perpetuo por la desaparición del exlegislador, pero el 24 de noviembre Bussi falleció. Parecía que no se sabría nada más de Vargas, pero las primeras excavaciones en un pozo de agua de 50 metros de profundidad han revelado, en cambio, que entre otros restos de cuerpos calcinados, cal y productos químicos se encontraba el pie derecho del político.

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó ayer a un juez federal 130 fotos de víctimas de los vuelos de la muerte, otra de las prácticas de exterminio a la que solían recurrir los militares para deshacerse de las 30.000 personas que hicieron desapa-recer en la dictadura.

Las imágenes, tomadas por la Prefectura y la Policía uruguaya, confirman que los marinos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) arrojaban a los presos políticos al Río de la Plata. Los cuerpos quedaban a la deriva, arrastrados por las corrientes marinas, hasta que algunos encallaban en las costas de Uruguay.

Atados de pies y manos

La gran mayoría de las víctimas estaban atadas de pies y manos. Algunas, incluso, habían sido torturadas antes de ser lanzadas al agua, como revelan las marcas que habían dejado en los cadáveres las descargas aplicadas con una picana eléctrica.

Es la primera vez que se desclasifica toda esta información y también la primera que la CIDH accede a entregar sus archivos confidenciales para un proceso judicial. En este caso, la megacausa de la ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el mayor centro clandestino de detención que existió en Argentina.

* Artículo aparecido el 16-12-2011 en el diario español Público.

El Ejército de Uruguay no encubrirá a los represores de la dictadura

Mucho revuelo han causado en Uruguay unas declaraciones del comandante del Ejército Pedro Aguerre, pero por ser insólitamente positivas. El militar convocó una conferencia de prensa para anunciar, rodeado de sus generales, que el Ejército Nacional no respalda ningún pacto de silencio que trate de proteger los crímenes de la dictadura (1973-1985)

"El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar”, resaltó Aguerre durante su comparecencia. “El Ejército Nacional no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas (…) Hoy estamos hablando de delitos, y esa es una línea que este comandante y su Ejército no traspasarán", aseguró.

Las declaraciones de Aguerre, escrupulosamente escritas en un comunicado del que no se apartó, tienen un claro detonante. Hace unos días se descubrían, en un predio militar, los restos de un reconocido periodista y maestro que había desaparecido durante la dictadura, Julio Castro. Éste es el tercer cadáver enterrado de manera clandestina que se descubre desde que en 2005 comenzaran las excavaciones en recintos militares.

"Invito y solicito apoyo, dentro y fuera de la Fuerza, para conjuntamente obtener información, en orden a delimitar la responsabilidad material o no, del Ejército, en este caso [de Julio Castro] y en cualquier otro que se entienda a futuro", precisó Aguerre.

El militar, que asumió su cargo el 31 de octubre, aseguró que desconocía la existencia de algún tipo de acuerdo que pretendiera encubrir delitos de lesa humanidad, pero que en el caso de que alguno estuviera vigente, daba la orden de revocarlo. “Lo que estamos tratando es de tender la mano, espero que todos lo entiendan” añadió antes de levantarse sin aceptar preguntas.

La sorpresa inicial ha dado paso a comentarios más o menos cautos, pero receptivos, sobre la postura del Ejército. El presidente José Mujica calificó los dichos de Aguerre como valientes, además de “críticos, porque pide colaboración”.

Pero según el diario El Observador, que cita a fuentes militares, ha sido el mismo mandatario el que exigió el viernes una respuesta pública de los militares, indignado como estaba por la aparición de Castro en la finca militar. El Ejército, al parecer, debatió de manera interna los términos del comunicado durante 48 horas.

Fuera o no una orden, el comandante Aguerre no ha querido ocultarse detrás de sus afirmaciones, y ya se ha reunido con personas “vinculadas” a los desaparecidos. “Si viene la madre de un desaparecido, que lo haga tranquila que la voy a atender”, afirmó.

Así lo cree el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que además considera “posible” que a partir de ahora pueda surgir nueva información sobre los desaparecidos.

* Artículo aparecido en Público.

Uruguay encuentra los restos de un histórico torturado por la dictadura

"En los huesos de Julio Castro está el más certero retrato de la dictadura militar". Así recuerda el escritor uruguayo Eduardo Galeano al periodista y maestro desaparecido durante la dictadura (1973-1985), cuyos restos fueron encontrados el jueves en un cuartel militar a las afueras de Montevideo.

Recordado como uno de los creadores del semanario Marcha y fundador además del Frente Amplio, la coalición que hoy lidera desde el Gobierno el presidente José Mujica, Castro fue sobretodo uno de los docentes más brillantes de su época. Tenía 68 años cuando fue secuestrado en agosto de 1977.

El recinto militar en el que su esqueleto fue encontrado era explorado por antropólogos desde 2005. El pasado 21 de octubre fue el mismo Mujica el que anunció el descubrimiento de los restos humanos de lo que en principio era un hombre, por el tamaño del fémur. Anteayer, por fin, se les puso nombre: Julio Castro.

Detenido por los servicios de inteligencia, sufrió torturas durante los dos días que duró su secuestro, como se deduce de las lesiones encontradas en la región craneal y en las vértebras cervicales.
Según las primeras investigaciones, el profesor fue asesinado de un disparo en la cabeza. Castro fue enterrado después a 1,40 metros de profundidad. Los responsables de su muerte recurrieron a un método del que se valían las dictaduras del Plan Cóndor para intentar borrar los crímenes que perpetraban: tapar el cuerpo con capas y capas de cal viva.

El presidente Mujica, según dijeron sus allegados, recibió la noticia con una "profunda conmoción" y "tristeza". Para Ariel Castro, nieto de Julio, el hallazgo demuestra que las declaraciones de los militares a la Comisión de la Verdad que investigó el drama de los desaparecidos fueron "una gran mentira", ya que en su relato, el maestro murió desvanecido tras ser torturado y sus restos fueron quemados y esparcidos en el Río de la Plata.

Paradojas de la vida, Castro fue profesor del ex dictador Gregorio Álvarez (1981- 1985). Esto le quiso recordar al general la misma esposa del maestro en una carta que le envió en 1977 para que le ayudara a encontrar a su marido. Nunca recibió respuesta alguna.

Una excepción a la ley

En Uruguay todavía está vigente la ley de Caducidad, una normativa que amnistía los crímenes de la dictadura pero que permite también excluir los casos que considere el Ejecutivo.

Entre esas excepciones está la causa de Castro, gracias a Mujica. Ahora el proceso toma otro impulso, ya que se espera que la Justicia dicte nuevos procesamientos contra los militares responsables de la finca militar en la que Castro estuvo enterrado 34 años.


* Artículo aparecido el 3 de diciembre de 2011 en el diario español Público.

Lluvia de denuncias por crímenes de la dictadura uruguaya

Viernes, sábado y lunes. Todos los días hábiles han servido en Uruguay para denunciar los crímenes de la dictadura (1973-1985). No hay tiempo que perder desde que la semana pasada el Parlamento aprobara a toda prisa la ley que impidió que anteayer prescribieran los delitos del régimen militar.

Precisamente este lunes, 90 militantes de izquierda presentaron una querella ante la Justicia para que se investigue la operación Morgan, lanzada en 1975 contra el Partido y la Juventud comunistas. El plan de represión, que también se extendió a lo largo de la dictadura contra otros grupos de izquierda, incluyó la detención de miles de personas, hizo morir bajo tortura a una veintena de ellas, y decenas más fueron desaparecidas.

También el lunes, 38 expresos políticos denunciaron en el departamento de Treinta y Tres, al este del país, que en 1973 militares del régimen les habían sometido a torturas y a agresiones sexuales, cuando la mayoría apenas contaba con entre 13 y 17 años.

Estas demandas suceden a otra iniciativa, promovida el sábado por un colectivo ciudadano en varias comisarías de Montevideo, que reunió al final 170 denuncias sobre privaciones ilegítimas de libertad, torturas e incluso asesinatos.

Abusos sexuales

El afán de enfrentar los crímenes hasta ahora impunes no termina aquí. El mismo día que el presidente uruguayo, José Mujica, promulgaba la ley que impedía la caducidad de los delitos de la dictadura, 28 mujeres detenidas durante el régimen acusó a un centenar de militares, policías, médicos y enfermeras de someterlas a tormentos y abusos sexuales. Su querella se convirtió en una de las primeras que hizo explícita la violación como parte de la tortura.

Estas denuncias respaldan la intención del Gobierno de permitir la investigación de los crímenes de la dictadura por ser "delitos de lesa humanidad" y no "delitos comunes", como ratificó en mayo la Suprema Corte de Justicia.


* Artículo aparecido el 2-11-2011 en el diario español Público

Uruguay engrasa la ley contra los represores

El Gobierno uruguayo comienza a salir de la empantanada situación en la que se había sumergido por intentar, simplemente, juzgar los delitos de la última dictadura (1973-1985). El presidente, José Mujica, promulgó anteayer una ley, sancionada por el Parlamento el pasado miércoles, que evita que estos crímenes prescriban. Casualidad o no, ese mismo día un juez procesó a cinco exmilitares y a un policía retirado por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Este caso ha tenido gran trascendencia por ser ejemplo de la represión que ejerció el Plan Cóndor en el Cono Sur bajo los Gobiernos dictatoriales de los setenta. La nuera del poeta, secuestrada en Buenos Aires cuando estaba embarazada y trasladada a Uruguay en 1976, dio a luz de manera clandestina antes de desaparecer. Su hija, Macarena Gelman, con ayuda de su abuelo, consiguió este año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera una investigación y condenara al Estado uruguayo por la desaparición de su madre.

Si bien los represores imputados ya cumplían prisión por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ahora también serán investigados por este crimen.

El viernes también fue testigo de otra iniciativa, esta vez popular, que protagonizaron 24 ex presas políticas al presentar una querella contra decenas de militares en la que denuncian haber sido vejadas con violaciones y torturas.

Sin embargo, estos procesos no siempre tuvieron una dinámica tan fluida. Hasta ahora, todos los crímenes de lesa humanidad corrían el riesgo de prescribir el próximo martes debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que en mayo estableció como "delitos comunes" las transgresiones del régimen militar.

Ex presas políticas se querellan contra militares por haber sido torturadas

Un camino lleno de trampas

El Frente Amplio, desde el Gobierno y con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pudo reaccionar a tiempo con la ley promulgada por Mujica, pero el sendero para llegar hasta aquí se hizo hostil y lleno de trampas. Y dentro de la coalición se abrieron muchas heridas.

La pauta de todo este conflicto parte de la ley de caducidad todavía vigente, una normativa promulgada en 1986 que amnistía a los militares de cuantos crímenes hayan cometido durante la dictadura. Esta norma podía haberse revertido con más facilidad si no hubiera estado refrendada no ya por uno, sino por dos plebiscitos aprobados por la ciudadanía en 1989 y en 2009.

La ley de caducidad, no obstante, incluye una cláusula que permite al Ejecutivo apartar de su aplicación los casos que considere convenientes. Desde que el Frente Amplio llegara al Gobierno con el presidente que antecedió a Mujica, Tabaré Vázquez, la coalición se ha apoyado en esta prerrogativa para excluir 16 casos en total. En junio, Mujica reactivó 88 juicios que habían sido bloqueados por administraciones anteriores.

La legislación que ahora entra en vigor no elimina la ley de caducidad, pero sí la modifica. Y permite de alguna manera sortear los plebiscitos populares, sin enfrentarlos directamente, para comenzar a hacer justicia. Un camino que no ha sido fácil ni concluye aquí.


* Artículo aparecido el 29-10-2011 en el diario español Público.

Uruguay anula la impunidad legal de la dictadura militar

Uruguay comienza a resolver una de las cuestiones de Estado más dolorosas y controvertidas que ha debido afrontar en los últimos años: conseguir que los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura (1973-1985) puedan ser juzgados. El martes por la noche el Senado aprobó contra reloj y por un solo voto una ley para que esos crímenes no prescriban el 1 de noviembre, y hoy de madrugada se dio la sanción final en la Cámara Baja.

El único partido que apoyó la iniciativa fue el Frente Amplio, la coalición en el poder liderada por el presidente uruguayo, José Mujica. El camino ha sido largo, desgastador y problemático, porque hubo que luchar contra la Ley de Caducidad, una norma promulgada en 1986 que hasta ahora amnistiaba a los militares involucrados en crímenes de la dictadura y que, por si fuera poco, fue refrendada en dos plebiscitos populares, celebrados en 1989 y 2009.

El primer paso para anular los efectos de esta normativa lo dio el Senado el martes, cuando los 16 parlamentarios de la coalición centroizquierdista lograron imponerse, con un único voto de ventaja, a favor de una ley que establece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado en estos crímenes, su imprescriptibilidad y su calificación como delitos de lesa humanidad.

En concreto, esta normativa no elimina la Ley de Caducidad, pero al menos la modifica. Además, alinea a Uruguay en la senda que marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo condenó este año por la desaparición de María Claudia García nuera del poeta argentino Juan Gelman y lo conminó a llevar ante la Justicia a los culpables de esos delitos.

La votación sobre la idoneidad de esta ley en la Cámara Alta fue precedida por una discusión de más de nueve horas entre los senadores del Frente Amplio y los de los partidos Blanco y Colorado, principales opositores al Gobierno, que argumentaban que esta normativa era "contraria a la Constitución y al pueblo".

"Nadie puede decir qué van a decir los jueces respecto a esta ley", defendió el legislador frenteamplista Rafael Michelini. Su padre, Zelmar Michelini, murió asesinado en 1976 tras exiliarse en Buenos Aires, adonde llegó para huir de la dictadura instalada en su país. "Lo que sí podemos hacer es mirar a la cara a los familiares y a las víctimas que todavía están vivos y decirles: hicimos todo lo que podíamos hacer, no nos quedamos con nada", sostuvo el senador.

Los dos plebiscitos que avalaron la Ley de Caducidad han sido hasta ahora, para el Frente Amplio, un lastre ético de gran magnitud y fuente de serias divisiones internas que han involucrado incluso a Mujica.
En mayo pasado, la coalición intentó derogar la normativa incluso en contra de la voluntad del mandatario, quien, bajo el peso de los referendos de la ciudadanía, decidió apartarse de la discusión. Tampoco estuvieron de acuerdo con aquel proyecto varios legisladores oficialistas. Aun así, el proyecto sobrevivió en el Senado, pero en la Cámara de Diputados el parlamentario del Frente Amplio Víctor Semproni alegó ser incapaz de contradecir la decisión popular de no anular la ley de caducidad y tumbó el proyecto de su coalición, al retirarse de la sala en el momento de votar.

Vuelta de tuerca

En esta ocasión, Mujica se ha limitado a delegar en las cámaras con un "lo debe arreglar el Parlamento" la decisión de aprobar la nueva ley. Semproni, por su parte, ha afirmado que iba a votar a favor, dado que esta normativa no toca la Ley de Caducidad. "[El proyecto] no legisla para atrás", ha explicado a la prensa uruguaya. "Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, ya que no se está anulando la Ley de Caducidad", ha indicado.

Queda por saber cómo interpretará este proyecto la Suprema Corte de Justicia directa responsable de que las torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la dictadura fueran a prescribir el 1 de noviembre tras un fallo, el pasado mayo, que pasaba a considerarlos "delitos comunes". Se estima que unos 200 uruguayos perdieron la vida durante la dictadura.

* Artículo aparecido el 27-11-2011 en el diario español Público.

Uruguay publica un listado de víctimas de la dictadura

El Gobierno de Uruguay ha publicado una lista con los nombres de 465 víctimas de la última dictadura (1973-1985), entre los que se incluyen 88 casos que fueron archivados bajo la Ley de Caducidad, que desbloqueó hace dos meses el presidente José Mujica mediante un decreto.

El listado, publicado en la página web del Ejecutivo, incluye todas las denuncias presentadas ante la Justicia uruguaya sobre desapariciones o asesinatos durante la dictadura. A partir de ahora cualquier ciudadano podrá pedir todo tipo de información sobre los procesos judiciales. También permitirá a los magistrados conocer las causas que ahora se pueden investigar y solicitar la reapertura de los casos.

El Gobierno advierte, sin embargo, que en la lista quizás no aparecen los nombres de todas las víctimas de la dictadura, "debido a la dispersión de la información existente al respecto", dado que "no existe un índice específico de estas causas en dependencias del Poder Judicial".

En esa relación de nombres se incluyen tanto las causas que siguieron su trámite como las bloqueadas por la Ley de Caducidad de 1986, que impide la investigación de crímenes perpetrados por los militares entre 1973 y 1985. Esta normativa tiene una cláusula, no obstante, que otorga al Ejecutivo la capacidad de decidir qué causas pueden ser juzgadas y cuáles no.

Pero como escollo siempre han estado los dos referéndums con los que la ciudadanía ratificó la ley en 1989 y 2009, hasta el punto de que abrieron en mayo una crisis en el Gobierno cuando una parte de la coalición trató sin éxito de anular la norma por vía parlamentaria.

Aún con la Ley de Caducidad vigente, el Frente Amplio el partido gobernanteha tratado de revertir la impunidad que esa legislación concede a los militares por delitos de terrorismo de Estado. El primero en hacerlo fue el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), que habilitó la investigación de algunas causas.

Mujica fue más allá al revocar en junio, por "razones de legitimidad", todos los actos administrativos de gobiernos anteriores que habían paralizado los 88 casos. Tiene bien presente Mujica que el próximo 1 de noviembre prescriben, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, todos los delitos cometidos durante la dictadura, al ser considerados "ilícitos comunes y no de lesa humanidad", que no prescriben.

* Artículo aparecido el 02-09-2011 en eldiario español Público

Mujica reactivará 88 juicios contra la dictadura uruguaya

El Gobierno de Uruguay revocó ayer con un decreto todos los actos administrativos de gestiones anteriores que paralizaron unos 88 juicios de la última dictadura (1973-1985). Esta decisión, tomada por "razones de legitimidad", fue anunciada esta semana en coincidencia con el aniversario de los 38 años del golpe de Estado.

Así quedan sin efecto todas las resoluciones de gobiernos anteriores que, para bloquear posibles juicios, incluyeron las denuncias de delitos cometidos durante la dictadura en la Ley de Caducidad, una normativa vigente desde 1986 que hasta ahora concede impunidad a los militares de los crímenes de lesa humanidad.

Medios castrenses ya han anunciado que pretenden revocar el decreto. "Intentaremos por todos los medios jurídicos, con todo lo que esté a nuestro alcance, rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad", dijo Emilio Micolick, abogado de uno de los procesados.

Pero la fiscal Mirtha Guianza considera improbable que pueda prosperar una iniciativa de este tipo. "No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad", explicó. "A lo sumo podrán recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional".

Los presidentes que consiguieron frenar procesos judiciales contra represores de la dictadura fueron Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005). Todos ellos pertenecen a los dos partidos tradicionales (el Colorado y el Nacional) que estuvieron en el poder desde la creación del Estado uruguayo hasta 2005, cuando por primera vez llegó la coalición Frente Amplio al Ejecutivo de la mano de Tabaré Vázquez.

El precedente de Vázquez

La Ley de Caducidad, promulgada durante el primer Gobierno de Sanguinetti, fue sometida a referéndum en 1989 y en 2009, y en ambas ocasiones fue ratificada por la ciudadanía. El mes pasado la normativa volvió a estar en el centro de la polémica, cuando los legisladores del gobernante Frente Amplio trataron de dejar sin efecto la ley por vía parlamentaria. El proyecto fracasó en la Cámara de Diputados, a falta del voto de un legislador oficialista que no quiso respaldar a su coalición.

La Ley de Caducidad, sin embargo, reconoce al Ejecutivo la potestad de excluir determinados casos dentro la misma norma. Los únicos que han hecho uso de esta facultad han sido el presidente, José Mujica, y Vázquez, quienes hasta ahora han reactivado a base de resoluciones 16 casos para que puedan ser investigados por la Justicia.

Por primera vez, en mayor, el presidente también revirtió un acto administrativo amparado por el Gobierno deSanguinetti, paso previo para que la Justicia pudiese indagar sobre el asesinato del comunista Álvaro Balbi, que murió bajo tortura en 1975.

* Artículo aparecido el 01-07-2011 en el diario español Público.

A por el tercero

La crisis dentro de la coalición uruguaya del Frente Amplio por la derogación de la ley de Caducidad, que protegía a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1986) y que había sido ratificada en dos referéndums, ha encontrado una vía de escape. El oficialismo ha decidido convocar la tercera consulta popular para no arriesgarse a validar en la Cámara de Diputados un proyecto que no cuente con el beneplácito de la ciudadanía.

El próximo jueves 19, entonces, se mantiene la votación en la Cámara Baja para anular la ley que amnistía a los militares. Se espera que la bancada del Frente Amplio apoye la iniciativa a pesar de la oposición que ha mostrado hasta ahora el presidente José Mujica sobre la idea de ir en contra de los plebiscitos celebrados en 1989 y en 2009 sobre la ley de Caducidad.

Si el proyecto es aprobado en el Congreso (el Frente Amplio cuenta con 50 legisladores de los 99), se convocará el referéndum definitivo para que el pueblo pueda desestimar o ratificar esa decisión.

La ley de Caducidad de 1986 garantiza la impunidad a todos los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El máximo órgano de conducción del Frente Amplio, el plenario, se reúne hoy para acordar este asunto.

El Supremo permite que los crímenes de la dictadura militar prescriban en Uruguay

En medio del debate sobre la derogación de la Ley de Caducidad, que en Uruguay garantiza la impunidad a los militares que participaron en la dictadura (1973-1985), la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que los crímenes cometidos por el régimen de represión ya no son delitos de lesa humanidad, sino homicidios, y por tanto, permite que prescriban con el paso del tiempo.

Según el Código Penal, el delito de homicidio tiene una vigencia de 20 años a no ser que se tipifique como agravado, en cuyo caso el plazo de prescripción llega a los 26 años y ocho meses. Si se cuenta desde 1985, ese periodo de tiempo concluye el próximo 1 de noviembre, cuando todos los crímenes de Estado prescribirán automáticamente.

Una fiscal interpondrá ahora un recurso de aclaración y ampliación sobre el dictamen de la Corte, que no hace sino añadir más fuego a la discusión creada dentro de la coalición gobernante del Frente Amplio sobre la conveniencia de invalidar la Ley de Caducidad.

El conflicto dentro de la agrupación de izquierdas se debe a los dos referéndums de 1989 y de 2009 con los que la ciudadanía se negó a rescindir la ley de Caducidad. El Frente Amplio impulsó no obstante un proyecto para anular la ley de amnistía que fue aprobado por el Senado y que ahora esperaba tranquilo a las puertas del Congreso para recibir su sanción definitiva el próximo jueves 19. Fue entonces cuando el mismo presidente de Uruguay se pronunció a favor de respetar la voluntad popular.

“No es bueno que se le diga [a la gente] que se la consultó por equivocación porque en realidad no tenía derecho a decidir nada”, expresó el ex guerrillero tupamaro. “No es bueno que se le diga que no entiende cuando vota”. Alarmados por semejante disyuntiva interna, hoy se reúne el plenario de la coalición para discutir si abandonan la iniciativa o siguen adelante sin su presidente, quien no exigirá disciplina partidaria ni impondrá su veto a lo que apruebe el Congreso, aunque ya haya culpado al canciller Luis Almagro por actuar con iniciativa propia sin que “nadie” le preguntara “qué opinaba”.

El mandatario ha sugerido una alternativa: un decreto que inhabilite los recursos de Gobiernos anteriores que han impedido juzgar los crímenes de la dictadura. Además Mujica anuló, hace dos días, una resolución del ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) para reabrir un caso sobre el asesinato de un militante comunista.

Desde que en 2005 el Frente Amplio accediera al poder de la mano de Tabaré Vázquez, tanto éste como el actual presidente han utilizado una excepción de la Ley de Caducidad que permite al Ejecutivo excluir algunos casos. Es así que han podido juzgarse a los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry.

* Artículo aparecido el 14 de mayo de 2011 en el diario español Público.