Primer imputado civil de la dictadura argentina

Por primera vez en la historia, la Justicia argentina ha citado a declarar a un empresario para que testifique sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983). Los magistrados no han procesado todavía a Marcos Levin, dueño de la principal compañía de transporte de la provincia de Salta, pero el ejecutivo está imputado tras haber sido llamado por los jueces para realizar la declaración indagatoria. Algo nuevo hasta ahora.

La situación en la que Levin se encuentra no es muy favorable. El propietario de La Veloz del Norte tiene que dar explicaciones en un proceso que investiga el secuestro y posterior tortura de 12 de sus trabajadores, sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El empresario será interrogado el próximo 7 de febrero, así que tiene dos semanas para pensar cuál será su defensa frente a las declaraciones de algunos testigos, que lo sitúan dentro de los centros clandestinos de detención.

Uno de los dirigentes sindicales, el chófer Víctor Manuel Cobos, acusa al empresario de estar presente en una sesión de tortura en la que el trabajador fue sometido a descargas eléctricas, allá por 1977.
Según relató esta víctima, el empresario daba informes a las Fuerzas de Seguridad, que usaban los coches de la empresa para secuestrar a los sindicalistas. Después de torturarlos, les obligaron a firmar una confesión en la que admitían haber cometido una estafa contra la compañía, so pena de "reventarlos" o de "hacerlos desaparecer". Aquellas declaraciones fueron la justificación perfecta de Levin para despedir después a todos los líderes de la UTA.

Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de causas sobre violaciones de los derechos humanos, ha explicado por qué es tan difícil que un empresario pise los tribunales en un proceso de lesa humanidad: "Las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones [] adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios".

Entre tanto, en Uruguay, una resolución del Gobierno de José Mujica permitirá indemnizar con 513.000 dólares a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que nació en cautiverio y fue secuestrada por los militares después de que sus padres fueran asesinados durante la dictadura (1973-1985).

El Ejecutivo cumple así con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 24 de febrero de 2011 condenó al Estado uruguayo por ser responsable de la desaparición de la madre, María Claudia García, y por la supresión de identidad de la hija.

Lejos de conformarse con este gesto, el Gobierno también pedirá disculpas públicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los casi 13 años que duró la dictadura en Uruguay. "La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las figuras de Macarena y Juan Gelman", explicó el canciller Luis Almagro.

* Artículo aparecido el 25 de enero de 2012 en el diario español Público

Primeras condenas por la Operación Cóndor

Por primera vez la Justicia argentina ha reconocido los delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del Plan Cóndor. El pasado jueves, un ex militar y tres civiles fueron sentenciados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Automotores Orletti, que fue no sólo un centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina (1976-1983) sino además una de las bases operativas de la campaña de represión que coordinaron las dictaduras del Cono Sur entre la década de 1970 y 1980.

El ex general Eduardo Cabanillas, por entonces jefe de Automotores Orletti, fue quien recibió la pena más dura: cadena perpetua por cinco casos de "homicidio calificado por su comisión con alevosía”, y 29 delitos de “privación ilegítima de libertad (...) agravadas por mediar violencia y amenazas” y de “imposición de tormentos”.

Otros dos de los imputados, los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Eduardo Rufo y Honorio Martínez Ruiz, fueron condenados cada uno a 25 años de cárcel por 65 casos de “privación ilegítima de libertad” y 60 delitos de torturas. Por último, el ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Gulielminetti, procesado por cometer estos mismos crímenes contra una veintena de personas, fue sentenciado a 20 años de prisión.

Bajo el nombre de Automotores Orletti se conoce al centro clandestino de exterminio que funcionó de junio a noviembre de 1976 en lo que antes había sido un taller mecánico. Los militares se referían a este lugar como “el Jardín”. La SIDE, junto con el Ejército argentino y miembros de las Fuerzas Armadas uruguayas, estuvo a cargo de la represión. Allí fueron torturadas unas 300 personas, muchas de ellas extranjeras.

Por eso Uruguay ha recibido con especial júbilo la sentencia, dado que se calcula que por Automotores Orletti pasaron decenas de prisioneros de este país. “Estoy emocionada. Esto es un poco de justicia cuando se necesita tanto” confesó Macarena Gelmán, nieta recuperada del poeta argentino Juan Gelman. “Para mí implica además un reconocimiento muy esperado de todo lo que sucedió”.

La madre de Macarena, María Claudia García, estaba embarazada cuando fue detenida y trasladada junto con su marido a Automotores Orletti. Él fue asesinado, mientras que ella fue enviada a Uruguay, donde dio a luz en cautiverio. Madre e hija fueron separadas, y Macarena terminó siendo apropiada por la familia de un oficial de policía. En el año 2000 pudo recuperar su identidad gracias a Juan Gelman, y a Abuelas de Plaza de Mayo, que no habían dejado de buscarla.

También Francia ha dado la enhorabuena a la Justicia argentina. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores definió ayer como ejemplar la condena a cadena perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, y recordó que tanto Argentina como su país han impulsado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, que ya cuenta con el apoyo de 91 países desde que entrara en vigor en diciembre pasado.

* Artículo aparecido el 2-04-2011 en el diario español Público.