La jueza argentina que investiga crímenes franquistas sigue sin recibir respuesta de España para interrogar a Martín Villa

El abogado argentino Máximo Castex avisa que ya no da tiempo a que la jueza María Servini de Cubría viaje para interrogar al exministro franquista, imputado por delitos de lesa humanidad.

Máximo Castex (izqda) y Adriana Fernández, una de las querellantes originales del franquismo, junto con Carlos Slepoy y Ana Messuti (ADP)

La justicia argentina observa impotente, una vez más, cómo se dilatan los tiempos en la única causa que investiga los crímenes del franquismo. Hace seis meses que la jueza instructora del caso, María Servini de Cubría, aguarda una respuesta al exhorto que envió a España para poder viajar a Madrid entre el 21 y 27 de octubre e interrogar al exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa.

“Lo cierto es que ese exhorto se libró finales de abril y se cursó a principios de mayo para que la jueza pudiera viajar, pero hasta el día de la fecha no hay respuesta del juzgado español que supuestamente está interviniendo en ese exhorto”, afirma a este diario el principal abogado de la querella argentina, Máximo Castex.

Gran impulsor junto al fallecido Carlos Slepoy de esta causa que comenzó hace ocho años, Castex no oculta su frustración por el enésimo obstáculo que llega desde España.

“Partimos de que ese exhorto se libró con varios meses de anticipación y estamos a menos de una semana de la fecha estipulada para realizar el viaje y no tenemos respuesta”, constata. “A todo el mundo, incluido el juzgado de Servini, hace pensar que este viaje no se va a poder hacer, y por lo tanto, tampoco la medida que se requiere en este exhorto”.

Lo curioso es que el propio Martín Villa pidió declarar ante la magistrada para aclarar su responsabilidad en la represión del 3 de marzo de 1976 en Vitoria en la que fueron asesinados cinco trabajadores a manos de la Policía Armada, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. “De aquí en adelante qué puede pasar dependerá de la respuesta del juzgado, porque este pedido en particular fue realizado por el propio Villa, él quiso declarar”, recuerda Castex.

En una entrevista concedida a Público, la jueza Servini de Cubría aclaró que no puede realizar interrogatorios a distancia en virtud de la legislación argentina y del tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.

La falta de información es tal que ni siquiera la querella argentina sabe a ciencia cierta qué juzgado ha dejado sin responder el exhorto de la magistrada.

“Lo único que sabemos por instancias del propio defensor de Villa es que debe intervenir el juzgado nº 5” aclara Castex. El titular de ese juzgado de instrucción, dependiente de la Audiencia Nacional, es José de La Mata. “Pero no hay una respuesta oficial de que sea ese juzgado nº 5, sólo hay un escrito del abogado de Villa diciendo que se está tramitando en ese juzgado”.

 En consecuencia, “a día de hoy no hay respuesta y no dan los tiempos para que la audiencia indagatoria de Servini se realice en Madrid”, lamenta el representante de la querella. Con la falta de colaboración de las autoridades españolas “se desvirtúa la medida que se pretende celebrar. Aunque se responda el exhorto en el mes de noviembre, ya va a resultar extemporáneo”.

Paciencia puesta a prueba 

La justicia española no tiene reparos en diferir los plazos todo lo que puede. Sucedió con el primer exhorto que envió Servini vía diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el nacimiento de la investigación, el 14 de octubre de 2010, para averiguar si se estaban investigando en España los crímenes de lesa humanidad del franquismo. La respuesta de la Fiscalía General del Estado llegó casi un año después, el 28 de junio de 2011. 

La propia magistrada recordaba en otra entrevista que son incontables los exhortos que a lo largo de este tiempo han sido diferidos, dejados sin efecto o sorteados. 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró hace una semana en el Congreso que su cartera dará trámite a “todas las peticiones de auxilio internacional que se ajusten a la legalidad internacional”, dado el convenio de cooperación judicial suscrito por Argentina y España en 1987.

Hace cuatro años, Servini ordenaba la captura internacional de Martín Villa y de otros 19 imputados originales en el expediente, de los cuales ya fallecieron cinco. En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa y a otros represores de la dictadura por crímenes de lesa humanidad, que sin imprescriptibles. 

Al insistir en su voluntad de declarar ante la magistrada, el exministro franquista logró que un tribunal de segunda instancia de Argentina garantizara el año pasado su exención de prisión en caso de que pisara suelo argentino. Por eso la jueza insistió este año en concretar la declaración indagatoria de Martín Villa.

Con la expectativa de que esto suceda se encuentran todas las víctimas de la dictadura, incluido el primer querellante de la causa, Darío Rivas. Tiene ya 98 años.

* Artículo publicado el 18 de octubre de 2018 en el diario Público.

EXCLUSIVA - Jueza argentina solicita al Vaticano documentación sobre los crímenes del franquismo

BUENOS AIRES.- La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde Argentina la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, no ha quedado satisfecha con el silencio que obtuvo por toda respuesta del Gobierno español sobre su pedido para interrogar en España a los 19 cargos franquistas que están imputados en su expediente. Lejos de amilanarse, la magistrada ha recurrido ahora al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según ha podido saber esta periodista en exclusiva.

La jueza Servini en su despacho de Buenos Aires, en 2015 (Ana Delicado Palacios)

La jueza ha liberado un exhorto para que que el Estado de Vaticano aporte toda la documentación que tenga “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, el período que abarca su investigación.

El Vaticano también debe dar cuenta de toda la información en su posesión relacionada con “los religiosos católicos que fueron objeto (…) de persecución, sanciones, cárcel y torturas”, de acuerdo a la solicitud que realizó la querella argentina.

En paralelo, Servini ha realizado el mismo pedido a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La magistrada remitió comisiones rogatorias a los juzgados de cada una de estas ciudades para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información.

Pedidos a la Generalitat

 

La magistrada ha ido más allá en la causa y aceptó una catarata de pedidos que había realizado la querella para avanzar en la pesquisa de los delitos del franquismo. Para empezar, involucra a la Generalitat de Catalunya. Tres testigos de la querella denunciaron “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Catalunya en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.

La jueza accedió a liberar un exhorto a los juzgados de Barcelona, Tarragona, Mataró y La Fatarella a fin de que ordenen a la Generalitat de Catalunya “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares”. Ese material está disponible en el Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que cuenta con un banco de ADN gracias al depósito genético que realizaron centenares de familias.

Los tres querellantes que solicitaron este exhorto elaboraron un listado sobre los emplazamientos en donde yacen los restos de los cadáveres, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán”, destacan en el expediente de su pedido.

Esos lugares son principalmente laboratorios de universidades catalanas, en concreto, los del Área de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Bracelona, en el municipio de Cerdanyola del Vallès de la provincia barcelonesa, así como en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También hay restos en “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana para estos trabajos”, y en El Memorial de Les Camposines, en Lleida.

Exhumaciones y declaraciones testimoniales

 

La jueza también liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas en Mallorca que se encuentran en la fosa común que alberga el Cementerio Municipal de Porreres, y cuya desaparición forzada fue denunciada por la Asociación Memòria de Mallorca.

En otro requerimiento, la magistrada ordenó a través del juzgado de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto de Cipriano Martos Jiménez, un sindicalista afiliado al PC que fue detenido por esa fuerza policial en 1973, antes de ser torturado y asesinado con la ingestión forzada del contenido de un cóctel molotov, llamado de forma socarrona el “cóctel de la verdad”. Tenía 18 años. Servini también solicita que declare como testigo el hermano de Cipriano, Antonio, ante el juzgado de Sabadell, en Barcelona.

Además exige la exhumación del cadáver de Cipriano, que fue enterrado en secreto en el cementerio de Reus, en Tarragona. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha ofrecido a realizar la tarea, y ya comenzó a elaborar un informe técnico de la fosa.

Por último, la jueza solicitó tomar declaración testimonial a cinco testigos del País Vasco a través de la instrucción de los juzgados en donde vive cada una de estas personas, que por su avanzada edad no pueden trasladarse hasta Buenos Aires. La misma disposición ha adoptado en relación a otros seis querellantes en Catalunya.


* Artículo aparecido el 29 de abril en el diario español Público.

La jueza Servini entrevistará a seis nuevas víctimas del franquismo

La jueza Servini entrevistará a seis nuevas víctimas del franquismo

La magistrada ha enviado otro exhorto a España para solicitar por segunda vez que se exhumen los restos de Timoteo Mendieta. Buenos Aires celebró el aniversario de la causa en coincidencia con el de la II República.

Nora Cortiñas, Máximo Castex, Darío Rivas y Carlos Slepoy (A.D)

La causa abierta en Argentina para investigar los crímenes del franquismo cumple cinco años en su momento más álgido. Los abogados de la querella han anunciado que la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso, entrevistará el próximo 28 de abril a seis nuevas víctimas de la dictadura franquista.

Los querellantes se desplazarán ese día al consulado argentino en Madrid para dialogar con la jueza a través de videoconferencias. Éste era un pedido que había realizado la querella tras el viaje emprendido por la magistrada en mayo de 2014, cuando durante 13 días recorrió Madrid, Andalucía y el País Vasco para dialogar en persona con las víctimas y visitar lugares testimoniales citados en la causa.

Unas 16 personas no llegaron a entrevistarse con Servini de Cubría por falta de tiempo. La jueza ha citado ahora a las primeras seis, y se espera que en los próximos días concrete nuevas reuniones para que todas ellas sean escuchadas por la máxima responsable de la causa.

Insiste en exhumación

La magistrada argentina tampoco se olvida del rechazo, por parte de un juzgado de Guadalajara, de un exhorto que ella libró en febrero de 2014 para exhumar a una víctima de la dictadura, Timoteo Mendieta. La jueza que tuvo que responder a Servini, María Lourdes Platero, se tomó casi un año para denegar la exhumación de los restos de Mendieta, localizados en una fosa común en esa provincia.

“Así se descubrió que Platero  había realizado una inspección en el cementerio sin la participación de la familia, cosa muy rara, para luego negar la exhumación”, explicó a Público el abogado Máximo Castex. “Entregamos un nuevo escrito a Servini protestando por la irregularidad del procedimiento que realizó Platero, y ahora la magistrada ha vuelto a enviar un exhorto, que volverá a caer en manos de la jueza de Guadalajara”.

La hija de Timoteo Mendieta, Ascensión, es uno de los casos paradigmáticos que desvelado esta causa. Con 88 años, la mujer viajó a Buenos Aires en diciembre de 2013 para entrevistarse con la jueza y pedir con lo que ahora insiste Servini: la exhumación de la fosa donde se encuentra su padre.

Momento crucial

“El momento más crucial e importante de la causa lo estamos viviendo ahora con este nuevo aniversario”, afirmó más tarde Castex al informar de los pedidos que el pasado viernes trasladaron a la jueza.

Servini tiene sobre la mesa dos nuevas solicitudes de los abogados: la primera requiere la imputación de una docena de personas por crímenes cometidos durante la transición –además de pedir la ampliación de los cargos contra el exministro Rodolfo Martín Villa–; la segunda insta a la jueza a viajar a España para tomarle declaración indagatoria a los 17 imputados que ya tiene la causa.

“En el proceso se ha logrado la participación del Ministerio Público Fiscal, que realizó una requisitoria contabilizando más de 4.500 víctimas”, recordó Castex. “Además hay cuatro organismos de Naciones Unidas que reprochan la actuación del Gobierno español por haberse negado a la extradición de los imputados”.

A ello se le suma el ya mencionado viaje de la jueza a España, las videoconferencias de algunas víctimas, el viaje de otras que se personaron ante la jueza, y la apertura de los consulados argentinos para que cualquier persona pueda incorporarse a la querella. “Son cientos las denuncias que ingresan cada mes por los distintos consulados y que luego viajan hasta Argentina por vía diplomática”, celebró Castex.

Homenaje a la II República

La conferencia de la querella se celebró en la Legislatura de Buenos Aires, algunos de cuyos miembros prometieron aceptar la propuesta que les hagan llegar los abogados de las víctimas y darle traslado a la Cámara de Diputados de la Nación. La querella espera que los órganos legislativos de Argentina desautoricen la negativa de España a extraditar a los imputados, lo que incurre en una vulneración del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica firmada por ambos países.

El abogado Carlos Slepoy confirmó por ello que esperan conseguir la condena al Ejecutivo de Mariano Rajoy por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Las noticias que lleguen de los apoyos en Argentina es sustancial, como lo fue la solidaridad del pueblo español con las causas de las dictaduras argentina y chilena”, indicó.

El acto también quiso ser un homenaje a la República, según anunció el abogado argentino. La República, convino, fue un acontecimiento extraordinario en el siglo XX, y a ella confluyeron decenas de miles de voluntarios a pelear por la libertad y la democracia.

“Sin embargo, en España la República parece un acontecimiento menor”, alertó. “El discurso es que no hay que investigar porque se mataron unos a otros, sigue existiendo la teoría de los dos demonios, de modo que las siguientes generaciones de españoles se están desarrollado sin conocer esta experiencia atroz que fue la del franquismo”.

* Artículo aparecido el 14 de abril de 2015 en el diario español Público.

Las víctimas del franquismo piden nuevas detenciones por delitos durante la transición

BUENOS AIRES.- La causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes franquistas llega a las puertas de su quinto aniversario de vida con un gran impulso de la querella. Los abogados Carlos Slepoy y Máximo Castex han presentado ante la jueza a cargo del caso, María Servini de Cubría, nuevos pedidos de detención internacional y una solicitud para que la misma magistrada tome declaración indagatoria en España a todos los imputados.

Los abogados Carlos Slepoy y Máximo Castex con la jueza María Servini de Cubría

Familiares de seis víctimas del franquismo denunciaron el 27 de febrero ante el consulado argentino de Madrid los crímenes cometidos contra sus allegados. A raíz de ello, la querella pide en su primer escrito la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa por el delito de homicidio agravado en perjuicio de todos ellos, cinco hombres y una mujer.

Martín Villa, imputado por la propia Servini hace casi medio año, ya estaba acusado de delitos de lesa humanidad cometidos no durante la dictadura de Franco, sino precisamente durante la transición. Por entonces, el funcionario disfrutaba de la incipiente democracia primero como ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, y luego como ministro de Gobernación bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

“En el período que medió entre julio de 1976 y el 15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos, siendo la regla la impunidad de sus autores”, resalta el primer documento.

Y añade: “La totalidad de los hechos a que se refieren estas denuncias se produjeron en el período en que Rodolfo Martín Villa, ya imputado en esta causa por la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, era Ministro de la Gobernación, cargo equivalente al de Ministro del Interior y, en virtud de ello, era el máximo responsable de las fuerzas represivas del Estado”. El escrito concluye que Martín Villa nunca fue indagado ni investigado por estos crímenes.

Los abogados argentinos reclaman además la detención internacional de los que eran en 1977 el gobernador civil de Guipúzcoa, el jefe de la Policía Armada en Pamplona, y quien ocupara la gobernatura civil de Vizcaya en 1977 y también en 1976. Además solicitan la detención internacional de tres antiguos guardias civiles (dos de ellos oficiales), dos miembros de la banda parapolicial ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad en Madrid en 1977.

En total, son una decena de nuevos pedidos de imputación, lo que podría derivar en el consiguiente exhorto de la jueza librando órdenes de captura internacional contra los acusados. Hasta el presente, todos los pedidos de extradición que ha solicitado la querella han sido concedidos por la magistrada.

La causa investiga los delitos perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, por lo que la querella refleja una vez más que también durante la transición se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Expectativa por que Servini viaje a España

En el segundo documento presentado a Servini, Slepoy y Castex solicitan a la jueza que viaje a España para tomar declaración indagatoria a las 17 personas ya imputadas por la magistrada en octubre de 2014.

Los representantes de las víctimas recuerdan que diez ellas, entre las que se encuentran los exministros Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, están acusadas de “delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por estos crímenes, constatan, “le corresponde a cada uno de ellos la pena de prisión perpetua”.

A otros seis imputados se les acusa del delito de torturas, penado con entre 8 y 25 años de cárcel. El médico Abelardo García Balaguer, por último, enfrenta entre 5 y 25 años de prisión por el delito de sustracción de un menor de 10 años.

A tal efecto, solicitan “se libre Comisión Rogatoria por vía diplomática a las autoridades españolas a fin de que por el Juez de la Audiencia Nacional de España que por turno corresponda, o en su defecto por parte del Juzgado que las mismas estimen competentes, se cite a los imputados (…) para prestar declaración indagatoria”.

Ello podría realizarse “bien en presencia de Ssª [su señoría], para lo que deberá ser notificada de dicha citación por las autoridades españolas con antelación suficiente para trasladarse a España a tal efecto, bien a través de videoconferencias”.

La relevancia de los escritos que ya tiene Servini de Cubría en sus manos fue destacada por Carlos Slepoy poco antes de encontrarse con la jueza. “Estos pedidos, junto con la condena al Gobierno español por parte de los Relatores de la ONU y de otros organismos como Amnistía Internacional, unida al proceso abierto en Soria para investigar los delitos de la dictadura, dan la pauta de que cada vez está más cerca la posibilidad de poner fin a la impunidad del franquismo”, celebró.


* Artículo aparecido el 10 de abril de 2015 en el diario español Público.

Interpol reclama la detención de 19 dirigentes franquistas

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. 

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE

Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.

En la eterna espera

"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".

Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.

Procesos estirados en el tiempo

Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo.  

* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

"La clave es que en este proceso está vinculado el suegro de Gallardón"

Más de un año ha pasado desde que la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, emitiera su primera resolución en la que dictaba órdenes de detención internacional contra cuatro exfuncionarios franquistas. Dos de ellos habían fallecido, y la Audiencia Nacional terminó por rechazar el pedido de extradición de los otros dos, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Máximo Castex, junto al también representante de las víctimasante la Justicia argentina Ricardo Huñis, la abogada Ana Messuti y el querellante Darío Rivas, de fondo (A.D)

Desde el origen de la causa en 2010, la magistrada emitió cuatro exhortos, realizó videoconferencias desde Argentina para dialogar con víctimas del franquismo, e incluso viajó a España para conocer de primera mano los estragos que había hecho la dictadura española. El golpe de gracia llega con este segunda segunda resolución en la que imputa y pide la extradición de ocho exministros franquistas, dos antiguos jueces, ocho expolicías, un ginecólogo y un abogado.

Es la primera vez que la Justicia ordena la detención de altos cargos del Gobierno franquista. "Todas las imputaciones que pedía la Fiscalía y la querella han tenido buena acogida por parte de la jueza", explicó a Público Máximo Castex, abogado de las víctímas que elevó a la Justicia los pedidos de extradición. "Lo que me pone contento es la buena noticia que esto supone para las víctimas. Estoy pensando en Andoni Txasko Díaz [superviviente a la masacre de Vitoria], y Merçóna Puig Antich [hermana de Salvador, último ejecutado a garrote vil por la dictadura]".

La Justicia argentina debe esperar ahora a que su requerimiento tenga correlato en la Justicia española. "Tendremos que aguardar para ver qué ocurre con los jueces que intervengan en la Audiencia Nacional y las resoluciones que tomen al respecto. Pueden ordenar las detenciones de estas 20 personas, de algunas de ellas, o tomar medidas cautelares, que es otra manera que tienen los jueces para su citación", expuso Castex.

Esta última alternativa fue la que escogió el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2013, ante el pedido argentino de que se extraditara a Muñecas Aguilar y González Pacheco, acusados de torturas. Ruz los citó en su juzgado y les impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retención de su pasaporte y la concurrencia esporádica al juzgado. Meses después, la Audiencia Nacional terminó por rechazar su extradición.

"Ahora es distinto, porque hay que ver la repercusión que en el poder judicial español tendrán estas 20 imputaciones. Primero se verá qué dice el Consejo de Ministros y si gira los pedidos de extradición a la Audiencia Nacional, con la gran diferencia de que en este proceso está vinculado también José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón", reflexionó el abogado. "Aquí si habrá un cambio radical con respecto a los casos anteriores".

Si el Consejo de Ministros autoriza a que el caso sea resuelto por el poder judicial, habrá una primera etapa de instrucción que tramitará la Audiencia Nacional. Después de que el organismo tome contacto con los imputados y ordene posibles medidas o pruebas cautelares, se realizará una audiencia pública que estará a cargo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, integrada por tres jueces.
"Eso es independiente de las medidas de detención a través de la Interpol que ya ha cursado la jueza para estos 20 imputados", recordó el abogado argentino. "Y aunque España rechazara la extradición de Billy el Niño y Muñecas Aguilar, para la Justicia argentina siguen siendo imputados y sujetos a ser extraditados".

Diferencias de fondo

 

Los pedidos de detención contra los 20 franquistas establecen una nueva pauta en la trayectoria de la causa. "Es la primera vez que se imputa a ex ministros, además por hechos de conocimiento internacional. Personajes como Rodolfo Martín Villa y Utrera Molina, que son los más notorios entre esta veintena de imputados, van a potenciar la atención que se le dé al desenlace del pedido argentino. A diferencia de la vez pasada, que fueron dos imputados, ahora tenemos 20 procesos en futuro curso", resaltó Castex.

La querella pidió las primeras nueve imputaciones en marzo de 2013, de las que la jueza apoyó cuatro. En 2014, llegó la segunda solicitud para que Servini de Cubría extraditara a 15 franquistas más. "Después de que el fiscal presentara su dictamen a finales de octubre pidiendo la indagatoria de estos últimos, volvimos a reiterar nuestro pedido de que en la resolución de la jueza se incluyeran a los cinco exministros cuya imputación había quedado pendiente", añadió el abogado.

La otra diferencia con la primera resolución de la jueza es que en esta ocasión aparece mencionada la actuación de la Fiscalía. "Al dejar constancia de los pedidos de indagatoria del Ministerio Público Fiscal, lo que hizo Servini de Cubría fue reforzar y respaldar los reclamos de la querella. En su primera orden de extradición contra Muñecas Aguilar y González Pachecho, la jueza sólo mencionaba los aportes y las acusaciones de la querella, pero ahora nombra la actuación  y solicitud de la acusación pública, encabezada por el fiscal".

Para que los 20 imputados pasen a ser procesados, tienen que ser extraditados a Argentina a fin de realizarles la declaración indagatoria, pues la legislación argentina no permite el juzgamiento en ausencia. Entre tanto, la jueza podría pedir otras medidas ya solicitadas por la Fiscalía, como la exhumación de restos o la apertura de fosas comunes.

Pero lo más importante, a juicio de Castex, es ver cómo repercute esta noticia en la sociedad. "La clave es ver cómo reaccionan no sólo las víctimas, sino España entera. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos, a ocho exministros", resaltó el abogado.
"Creo que por un real convencimiento, llegará un momento en que la Justicia española, fiscales y jueces, dirán basta y tomarán intervención. Si para una Justicia extranjera esto queda claro, qué mejor que tome cartas la Justicia española para que haya una investigación real", razonó Castex. "Por eso es importante ver cómo reaccionará el conjunto del país, y qué postura adopta una dirigencia política que podría estar representada por Podemos. Éste es el objetivo general, y en este sentido, la resolución de la jueza va encaminada a lograrlo".


* Artículo aparecido el 03 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

Abogados argentinos se suman a la causa contra el franquismo

La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ha hecho llegar a la jueza que investiga los crímenes del franquismo un escrito en el que pide ser reconocida en la causa como Amicus Curiae, expresión latina que literalmente significa "amigos del tribunal", y que consiste en una presentación de una tercera parte en torno a un proceso a fin de expresar su opinión y realizar aportes de trascendencia.

Matilde Scaletzky escucha al abogado Máximo Castex, con el querellante Darío Rivas en primera fila (A.D)

"Se trata de apoyar la actividad que está desarrollando el juzgado", ha explicado Matilde Scaletzky, una de las dos delegadas nombradas por la AABA para seguir el curso de la causa. "Este proceso es importante porque se debate la violación de derechos humanos durante 40 años en España, el cual no ha tenido ninguna parte de crítica por parte de los sectores que detentan el poder en ese país".

Scaletzky ha recordado cómo las víctimas del franquismo han tenido que querellarse en Argentina para obtener justicia, "del mismo modo que nosotros fuimos a España para que se juzgara la dictadura argentina", resaltó. "Desde su origen en 1934, la AABA nunca ha dejado de defender las libertades públicas, y así seguiremos haciéndolo".

La Asociación ha presentado su escrito este martes ante la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa. "Las políticas del franquismo y su metodología dieron como resultado la desaparición de alrededor de 300.000 personas, la existencia de 140.000 tumbas sin identificación [y] la existencia de alrededor de 30.000 niños robados a sus madres", manifiesta el texto.

Los abogados critican a l Gobierno del PP por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales"La AABA destaca cómo "la conducta del franquismo se mantuvo, con escasas modificaciones durante todo su Gobierno", pero cuyas consecuencias "duelen todavía hoy, porque no ha habido nada que reparara lo acontecido: no se buscó la verdad, por lo tanto no hubo justicia, y en consecuencia no hubo, tampoco, reparación".

Los abogados no dudan en criticar al actual Gobierno español por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales" y "por el incumplimiento de los pactos suscriptos por el país". Recuerdan que las peticiones de extradición por parte de Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas, fueron rechazadas por la Audiencia Nacional al considerarse crímenes prescritos por aplicación de la Ley de Amnistía.

Desde el origen de la causa en 2010, "son escasas las manifestaciones de la Judicatura [española] que indiquen algún cambio", subrayan en su escrito. "Para el sector político que detenta el poder no ha pasado nada, 'de eso no se habla', y eso trae como consecuencia que un amplio sector del pueblo español realmente ignore lo acontecido".

Más de 4.500 víctimas en la querella

El abogado Máximo Castex, representante en Argentina de las víctimas del franquismo, celebró el Amicus Curiae de la AABA puesto que es el primero de este tipo que se incorpora a la causa. "Esta presentación llega en el momento más álgido", destacó. "Acabamos de recibir una requisitoria fiscal de más de 300 páginas que además de avalar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años, se suma a las peticiones de la querella con respecto a las situaciones procesales de los imputados".

El fiscal federal Ramiro González elevó la semana pasada un dictamen a la jueza Servini de Cubría en el que pedía la indagatoria de quince exfuncionarios franquistas, incluidos cinco exministros. Era la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Argentina se expresaba en relación a la causa.

"Para las víctimas ésta es una gran noticia", sostuvo Castex. Con el dictamen del fiscal, efectivamente, todas las víctimas que hasta ahora habían presentado sus denuncias en los consulados argentinos en España han pasado a ser formalmente parte de la causa. "Gracias a eso, la Fiscalía ha podido individualizar más de 4.500 víctimas".

Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación que Servini de Cubría tendrá en cuenta. "Hasta ahora, los que presentaban esas denuncias en los consulados engrosaban la causa, pero al no estar como parte querellante con un patrocinio legal [un abogado], no podían formar parte del objeto procesal de investigación", aclaró Castex. "Ahora estas víctimas tienen un representante, que es el fiscal. Al haber sido incluidas ahora en su requerimiento, pasan a formar parte del mismo".

Castex recalcó, por último, que ahora son dos las partes acusatorias (la privada y la del fiscal) pidiéndole a la jueza la resolución de las indagatorias y otras medidos de prueba. "Espero que a final de año podamos tener novedades en ese sentido", vaticinó.

Exhumaciones en peligro

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dos de los querellantes originales de la causa, Darío Rivas y Adriana Fernández. Esta última aprovechó la ocasión para alertar del inminente cierre del laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encuentra en el campus de Ponferrada (León). 

"Hay cuatro voluntarios que trabajan con restos exhumados de fosas de la Guerra Civil pero están a punto de agotar sus prestaciones por desempleo y no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo", denunció Fernández. "Gracias a ellos pudimos exhumar los restos de mi abuelo, pero la Asociación lleva tres años sin recibir un subsidio. Si no consiguen ayudas, no les quedará más remedio que cerrar en enero".


* Artículo aparecido el 29-10-2014 en el diario español Público.

"Notamos el miedo de las víctimas del franquismo que declararon ante la jueza"

Máximo Castex durante la conferencia (A.D.P)

"Estamos ante un gran momento de la querella", celebra el abogado de las víctimas de la dictadura Máximo Castex. El viaje que ha realizado la jueza argentina María Servini de Cubría en el marco de la causa sobre los crímenes del franquismo comienza una nueva etapa. La magistrada ya conoce el terreno. Ha vuelto a Argentina con el testimonio de ocho víctimas del franquismo, con nuevos documentos, y con la predisposición de algunas instituciones que prometen dar más información.
La querella espera ahora nuevas medidas judiciales que hagan avanzar la causa. Castex, que acompañó a Servini durante todo el viaje, destaca que por primera vez víctimas del régimen franquista han podido declarar ante una jueza.

"Llevaban toda su vida esperando para poder hablar. Pero se notaba el miedo que tenían durante las declaraciones: no precisaban muchos datos en algunas ocasiones, y evitaban dar nombres", reveló Castex a Público, todavía sorprendido. "Una de las víctimas reconoció al final su reticencia: Lo hago para no manchar a la familia. Pese a todo lo que vivieron, siendo víctimas, tienen respeto para los familiares de los victimarios".

Hito para las víctimas del franquismo

"Éramos conscientes, desde Argentina, de que había un gran grupo de víctimas que no podía declarar", reveló más tarde Castex, durante una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires. "Eran víctimas que rondaban los 90 años, que ni siquiera podían trasladarse a Madrid para participar en las videoconferencias, y mucho menos viajar a Argentina para declarar directamente ante la jueza Servini", contó.


La única manera de acercar la Justicia a este grupo de víctimas, entonces, era hacer que la jueza viajara a España para tomarles declaración.  "Esto se hizo en el marco del Tratado Bilateral de Cooperación entre España y Argentina. La jueza argentina, ante un pedido concreto de la querella, pidió a la Corte Suprema la diligencia judicial de viajar durante 15 días con la colaboración de dos de sus secretarios", añadió el abogado. "En la última semana del viaje tomamos conocimiento de la participación de un nuevo fiscal en la causa, que también fue autorizado para viajar".

La querella no contaba hasta hace pocas semanas con el apoyo del fiscal público argentino designado para la causa, que por aquel entonces era Federico Delgado. Antes de solicitarse el viaje, Delgado pidió su excusación, que fue aceptada por Servini, y de un nuevo sorteo resultó elegido Ramiro González, quien solicitó su inclusión en el viaje para participar en las audiencias testimoniales en España.

Incertidumbre sobre la reacción española

Las dudas sobre los resultados del viaje comenzaron desde principio, porque la primera consulta  que realizó la jueza para realizar una audiencia en Miranda del Ebro (Burgos) a Félix Padín, de 97 años, no fue respondida. "No llegaba respuesta del juzgado local, y después nos enteramos de que además se había complicado el estado de salud del testigo que íbamos a entrevistar", contó el letrado. "En cualquier caso, la jueza se acercó al hospital donde estaba ingresado y estuvo con él casi una hora".
El siguiente tramo del viaje los llevó a Gernika, en el País Vasco, donde el equipo jurídico tomó las declaraciones de los hermanos Julen y Elisa Calzada, hijos de un fusilado por las tropas franquistas en Busturia en 1937. "El juzgado de esa localidad fue el primero que diligenció, y además de un día para otro, una cédula de citación para que víctimas de la dictadura declararan por primera vez", expuso Castex.

Surgieron entonces un interés institucional por aproximarse a la jueza. Se reunieron con la magistrada representantes de varias organizaciones vascas de derechos humanos, el presidente del Parlamento vasco, Bakardo Tejeria, y el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre. Servini recibió también documentación sobre el bombardeo de Guernica.

Después llegaría  el turno de Andalucía, en donde se declararon tres testigos: Antonia Parra, de 78 años, y Francisco Rodríguez, de 88, víctimas de la represión en las localidades sevillanas de Marchena y Carmona. También ofreció su testimonio en Sevilla Francisco Marín, de 94 años de edad.

Castex manifestó su desencanto por las dificultades que pusieron las autoridades de Málaga para permitir la visita de la jueza al cementerio de San Rafael en Málaga, que alberga la mayor fosa común del país. "El propio juzgado de Málaga anunció que la visita al cementerio se haría el 18 de junio, cuando sabían que para esa fecha la jueza ya se habría vuelto a Buenos Aires", comentó. "Nos dejaron toda la mañana esperando en el hotel, esperando una respuesta".

En ese ínterin, comenzaron a llamar otras víctimas del franquismo para intentar declarar ante la jueza. "Decidimos entonces salir de la diligencia judicial e ir nosotros, como abogados, a Palma de Mallorca para visitar a varias víctimas. "Allí vimos de nuevo el miedo a declarar. Como pasó en Andalucía, no respondían de manera concreta a alguna de las preguntas. Y todo ello pese a la crudeza de los relatos. Escuchamos testimonios de gente quemada viva en actos públicos en plazas, de gente arrojada al mar con piedras", reconoció el abogado.

No por ello las víctimas ocultaban su emoción. Muchas terminaron llorando y agradeciendo la visita, por ser la primera vez que declaraban. Ante la pregunta de qué esperaban de la querella, las víctimas coincidían en una cosa: querían exhumar a sus seres queridos. No obstante, la querella espera que la jueza concrete nuevas videoconferencias a partir del 20 de junio. Declararían unas quince víctimas.

Última sorpresa del viaje

En la última etapa del viaje, que encontró a los argentinos en Madrid, sucedió algo imprevisto. Un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, aceptó recibir a las víctimas Teresa Álvarez Alonso (93 años) y Faustina Romeral Cervantes (90). "Éste es el día más feliz de mi vida", expresó Álvarez a la jueza al término de su declaración.

La paradoja era notable. La misma Audiencia Nacional que negó las extradiciones del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar y del exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, era la que por primera vez aceptaba escuchar a dos víctimas de la dictadura. "A diferencia de las otras, esas declaraciones fueron filmadas y grabadas, por lo que serán remitidas vía cancillería argentina a la jueza en el transcurso de 15 días", precisó Castex.

El viaje culminó con una visita institucional al Archivo Histórico Nacional. La jueza podrá ahora pedir documentación sobre la entrada de las víctimas en las distintas comisarías y delegaciones policiales del país. "Lo que vemos es que no sólo la jueza tomó declaraciones, sino que éstas se podrán canalizar a través de medidas concretas, como exhumaciones y pedidos de ADN", adelantó el representante de las víctimas.

Cabe recordar que Argentina espera desde hace más de tres meses la respuesta a dos exhortos que solicitaban la exhumación del padre de una de las víctimas que viajó a Buenos Aires en diciembre pasado, Ascensión Mendieta (88 años).

Otra esperanza se abre en torno al fiscal público argentino Ramiro González, "que ha tomado contacto directo con la realidad de España", en palabras de Castex, quien espera que se sume a los pedidos concretos de la querella sobre nuevas imputaciones y exhumaciones.


* Artìculo aparecido el 04-06-2014 en el diario español Público

Argentina pedirá más extradiciones de franquistas pese al bloqueo de la Audiencia

"Jurídicamente la Audiencia Nacional está en las antípodas del reclamo de la Justicia argentina". El abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la causa sobre los delitos del franquismo desde Buenos Aires, ha cuestionado los alegatos  que ha esgrimido la Audiencia Nacional para negarse a la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas. "Se requirió una cosa y la Justicia española contestó otra", sostuvo.

 

"La Audiencia Nacional entiende que el caso de Muñecas es una denuncia de tortura aislada, sin conexión con el genocidio que se está investigando, y por lo tanto, aplica las reglas de prescripción para esos casos", explica el abogado. "Pero las pautas de prescripción no corren para los casos de delitos de lesa humanidad, que es lo que aquí se está investigando".

Castex denuncia que en la resolución ni siquiera se analiza el contexto histórico de los hechos denunciados, así fuera para descartarlo. "Las torturas por las que se reclama la extradición de Muñecas se realizaron en un contexto histórico determinado en el cual la tortura era sistemática, y eso es lo que le da el carácter de genocidio. No habrían ocurrido esas torturas de no haberse dado ese contexto", resalta.

El abogado hace énfasis en la diferencia de calificación jurídica que hace del caso la Justicia española y la argentina. "No hay conexión aparente, para la Audiencia Nacional, entre las torturas imputadas a Muñecas y el genocidio que llevó a cabo el franquismo", subraya. Castex además destaca que, de las siete carillas de la resolución, los argumentos jurídicos de la Audiencia están resueltos en apenas dos hojas. Las otras cinco se dedican a deambular sobre cómo llegó el pedido y de qué estuvo acompañado.

La querella argentina esperó a tener la resolución de la Audiencia Nacional para valorar  los alegatos presentados en unanimidad por los tres jueces de la sección tercera del tribunal. "Existe la posibilidad de recurrir si lo quiere la Fiscalía española, pero tal y como se ha expedido en la vista pública y en ocasiones anteriores, no lo va a hacer", Tampoco podrían recurrir las víctimas del franquismo, que no han sido parte del proceso, ni el Estado argentino, al no haberse personado como parte jurídica en la causa.
La semana que viene los abogados acudirán al juzgado a explicar la reacción de la Audiencia Nacional, aunque el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa, no emitirá ninguna decisión notificada hasta que no llegue la comunicación formal de la Audiencia Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La querella argentina da por descontado que seguirá con la causa. "Nosotros tendremos que reunirnos y tomar decisiones al respecto, por ejemplo con la resolución de imputaciones pendientes de la jueza, y con respecto a las medidas que dependen del juzgado, como retomar los viajes que se frustraron y ampliar las videoconferencias".

Los abogados también tienen puesta una mínima esperanza en que se realicen nuevos procesos de extradición con otros magistrados de la Audiencia Nacional, lo que abriría la posibilidad de que emitieran votos diferentes. Bastaría con que dos de los tres magistrados que deben decidir sobre una instrucción judicial accedieran a los pedidos de extradición de Argentina.

Nuevo fiscal en Argentina

La querella argentina también destaca el impulso que en Argentina podría tener la causa con la intervención de un nuevo fiscal, Ramiro González. "Nosotros pedimos, atentos a la nula actividad del fiscal Federico Delgado, la incorporación de una procuración especial sobre crímenes de lesa humanidad. Delgado se excusó de actuar, y la causa fue remitida por Servini, de modo que se realizó un nuevo sorteo", aclara Castex.

El nuevo fiscal, que tendrá una vista pública para definirse en el caso, podría acompañar a la querella en la causa contra los crímenes del franquismo. "González es el acusador público, a diferencia de nosotros, que somos el acusador privado. Podría pedir a la jueza medidas probatorias, indagatorias, y hasta extradiciones", añade el abogado.

Todavía quedan por ser resueltos 20 pedidos de extradición que ha elevado la querella argentina a la jueza desde el comienzo de la causa, en abril de 2010: cinco pendientes del el año pasado -de un primer listado de nueve personas  en el que estaban Jesús Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, además de otros dos fallecidos- y quince que se pidieron en abril.

Larga espera

España ha tardado siete meses en rechazar la orden de detención que pesaba sobre Muñecas, imputado por torturar a Andoni Arrizabalaga Basterrechea cuando estuvo detenido en el cuartel de la Guardia civil de Zarautz, en 1968. El juzgado de Servini de Cubría todavía espera a que la Audiencia Nacional resuelva el pedido de extradición de Billy el Niño, acusado de cometer torturas a 13 personas entre 1971 y 1975.

El abogado Carlos Slepoy, que lleva la causa desde España, ya informó en abril de que la magistrada, en cualquier caso, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino".


* Artículo aparecido el 26 de abril en el diario español Público.

La querella argentina desmiente el dictamen de la Fiscalía sobre la extradición de 'Billy el Niño'

El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional mediante el que se opone a la extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, llega a conocimiento de los abogados argentinos que impulsaron su pedido de captura internacional durante el último día de feria judicial en Argentina.

Máximo Castex, representante de las víctimas del franquismo en la causa que busca enjuiciar en Argentina a los responsables de la dictadura, ha asegurado a Público que la Fiscalía incurre en una contradicción. "Si el fiscal admite que los crímenes de los imputados son delitos de lesa humanidad, son por lo tanto imprescriptibles, y si hay una acusación, se tiene que llevar adelante el proceso", afirma. "No pueden dar prioridad a una norma interna frente a una del derecho penal internacional".

Aunque la Fiscalía admite la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad de acuerdo a los tratados internacionales, hace suya la consideración del Tribunal Supremo español sobre este asunto, que considera que esta norma general no puede aplicarse de forma retroactiva.

"Los hechos denunciados ocurrieron entre el 24 de febrero de 1971 y el 18 de abril de 1975, por tanto el plazo de prescripción de 10 años previsto en el Código Penal vigente al momento de los hechos habría transcurrido con creces", constataba en su dictamen, dado a conocer este viernes, el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos."Si por un lado reconoce que se tratarían de delitos de lesa humanidad, estos son imprescriptibles, por lo que va de suyo que no tiene que meterse a analizar la retroactividad de la ley", rebate Máximo Castex.

El abogado argentino manifestó su extrañeza de que la Fiscalía haya anticipado por escrito su dictamen, cuando se esperaba que lo hiciera directamente en la vista pública que se celebrará ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el juez Pablo Ruz decidirá si autoriza la extradición de Billy el Niño y del ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados en Argentina del delito de torturas en el marco del genocidio que perpetró la dictadura franquista.
"La Fiscalía se descubrió sola cuando se precipitó en su postura de negar la extradición ante las órdenes de detención dictadas por Servini de Cubría en septiembre de 2013", constata Castex. "Todavía no tenían la resolución misma de la jueza porque al fiscal sólo le había llegado la orden de Interpol, que es telegráfica".

Por eso el abogado no se muestra sorprendido con la postura de la Fiscalía. "Sus argumentos siempre se basan en la prescripción, pero porque toman la tortura como un delito autónomo, como un crimen infringido en un hecho concreto, de tiempo, modo y lugar. Si le quito a la tortura el carácter de delito de lesa humanidad, como delito cometido en el desarrollo de un genocidio, puedo tomar las reglas generales de los delitos clásicos".

Pero esta argumentación se cae ante un proceso que juzga crímenes de lesa humanidad. "Esto no se puede aplicar a los delitos complejos como lo es el de genocidio: una de las conclusiones jurídicas que tienen es que no prescriben. Por lo tanto, se puede llevar a adelante el juicio aun mucho tiempo después de haberse cometido el hecho, como es nuestro caso", añade el letrado.

La otra justificación de la Fiscalía para negar la extradición consiste en defender el principio de territorialidad frente a la jurisdicción universal, reconocida en la Constitución argentina para juzgar crímenes de lesa humanidad. "Una vez más, invocan normas internas para desobedecer normas internacionales", arguye el abogado. "Un ejemplo de ello es la ley de Amnistía de 1977, que está en contraposición con las normas jurídicas de carácter internacional. Ellos lo que están haciendo es invocar esa normativa interna, en cualquier momento, para negar la extradición".

De cara "a la galería"

Máximo Castex, impulsor de la causa contra los crímenes franquistas desde su nacimiento en abril de 2010, interpreta como un gesto "para la galería" la decisión del Consejo de Ministros de permitir, en noviembre de 2013, que el pedido de extradición continuara en la Justicia española para decidir si cedían al reclamo de la jueza argentina María Servini de Cubría.

"Probablemente aquello fuera un guiño político a sabiendas de cuál iba a ser la respuesta jurídica", analiza Castex. "Políticamente quedaron bien porque ya saben cómo va a seguir. Tenemos el fallo del caso Garzón, con el que el Tribunal Supremo ya manifestó que los crímenes franquistas no pueden ser investigados en España".

En todo caso, el juez Pablo Ruz todavía tiene que decidir si accede al pedido de extradición. "Está en una encrucijada de la historia judicial española, porque podría convertirse en el juez que denegó la extradición de los dos franquistas", advierte Castex. "Pero reconocemos que tomó medidas cautelares contra los acusados al retirarles el pasaporte y al exigirles que se personaran semanalmente ante un juzgado o una comisaría. Veremos ahora cómo reacciona ante el dictamen de la Fiscalía".

La última palabra, no obstante, la tendrá el Consejo de Ministros, que será quien decida si accede a que Billy el Niño y Jesús Muñecas sean juzgados en Argentina.


* Artículo aparecido el 31 de enero de 2014 en el diario español Público.

Argentina se muestra cautelosa: "Vamos a esperar que lo confirmen"

En Argentina ha caído por sorpresa la noticia de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha autorizado las extradiciones del ex guardia civil Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, y Jesús Muñecas Aguilar, ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, acusados de torturas en la causa abierta en el país por los crímenes del franquismo.

Todavía hay que esperar a que el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, decida si entregará a los dos imputados a la Justicia argentina para que sean juzgados en este país. Dados las dificultades que lleva sufriendo la causa desde su origen, el abogado de las víctimas franquistas, Máxim Castex, se muestra cauteloso.

"Primero debemos esperar la confirmación de las extradiciones", cuenta a Público. "Y después ordenar y agilizar el pedido a los efectos de que presten declaración indagatoria aquí en Argentina. Para eso, España va a tener que notificarle de manera oficial a la jueza que los dos imputados están a su disposición y que se inician los trámites de extradición".

Las órdenes de pedido internacional, en ese caso, se verían reflejados en la causa. Pero antes de celebrar una victoria que podría no concretarse, el juez Pablo Ruz tiene que comunicarse formalmente con la jueza Servini de Cubría.

"Si los dos imputados llegan a ser extraditados, se formalizaría la audiencia indagatoria, es decir, se presentarían las acusaciones contra Jesús Muñecas Aguitar y contra Billy el Niño existentes en la causa sobre los tormentos que realizaron a las víctimas del franquismo que refleja la querella", explica el abogado argentino. "Una vez acá, los dos españoles serían asistidos por un abogado, que les asesoraría en el proceso. Pero primero hay que esperar la formalización de las extradiciones", insiste.

Aunque todavía debe pronunciarse la Audiencia Nacional sobre el destino de los dos imputados, Castex admite que la noticia es fabulosa. "Si se llegan a realizarse las extradiciones sería increíble, porque esperábamos la oposición total del Gobierno español. Esto viene a reforzar la lucha de estos tres años en los que hemos llevado adelante la causa", exclama.

El abogado de las víctimas del franquismo sabe, no obstante, que un nuevo obstáculo puede volver a sorprenderlos. "Soy incrédulo, hasta que no lo vea con mis propios ojos no lo creo", admite. "El Gobierno de Rajoy fue el mismo que dificultó las videoconferencias y el que respondió negativamente a los exhortos de la Justicia argentina", recuerda.

Apoyo a la causa

Escollos como la cancelación de las videoconferencias en abril de este año fueron la prueba de que la suma de apoyos era imprescindible para impulsar este proceso. Fue entonces cuando la dedicación a la causa de los querellantes y de sus abogados comenzó a dar resultados.

En junio de este año, llegó el respaldo institucional del Parlamento vasco. Dos meses después, la Cámara de Diputados argentina apoyaba una moción de respaldo a la querella. En septiembre, se creaba la plataforma argentina de apoyo a la causa, y a los pocos días, llegaba la resolución inédita de Servini de Cubría, que por primera vez llamaba a indagatoria a los primeros imputados españoles por delitos cometidos durante el franquismo.

La llamada de atención final vino de la ONU, cuando en septiembre rechazó un informe del Estado español, que se hasta ahora se escuda en la ley de amnistía y en  la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura para no investigar el franquismo. El comité de Desapariciones Forzadas desmintió que esos crímenes hubieran ya caducado, y conminó a España a crear una comisión de expertos independientes para "determinar de verdad"

La Constitución argentina reconoce, desde 1853, el principio de justicia universal por el que el juzgado de Servini de Cubría se ha declarado competente para investigar los crímenes franquistas. La causa fue promovida el 14 de abril de 2010 por dos familiares de víctimas españolas del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. Hasta hoy se han incorporado a la querella unos 170 querellantes particulares.


* Artículo aparecido el 30 de noviembre de 2013 en el diario español Público.