La jueza María Romilda Servini de Cubría se ha convertido en la magistrada argentina más conocida en España. Instruye desde Buenos Aires
la causa que investiga los crímenes del f
ranquismo, única en el mundo.
Suele ser renuente a dar entrevistas, y es también cuidadosa a la hora
de extenderse en sus respuestas. Frente a la periodista, habla poco y
mira de vez en cuando a quien la observa a su vez sin perder detalle: su
secretario Alfredo Mangano, la persona en la que quizás más confía dentro de su juzgado.
Servini es una jueza muy singular por su trayectoria, prolífica y compleja. Fue la primera magistrada de su país en restituir a dos menores apropiados durante la dictadura cívico militar (1976-1983), y también dice ser la única magistrada que abrió las puertas de su juzgado a Abuelas de Plaza de Mayo
durante aquellos años. En sus 25 años como jueza federal, ha recuperado
la identidad de otros doce nietos, incluido el de la titular de
Abuelas, Estela de Carlotto. Su juzgado tramita alrededor de 80 procesos
referentes a la búsqueda de hijos de desaparecidos.
Si hay una constante en el juzgado de
Servini son las causas sobre delitos de lesa humanidad. Pese al indulto
del presidente Carlos Menem que lo protegía, en 1998 detuvo con prisión domiciliaria al comandante Emilio Massera, integrante de la Junta militar que dio el golpe de Estado junto a Jorge Videla.
Tres años después, solicitaba a la Justicia de Chile la detención del
dictador Augusto Pinochet por su vinculación en el asesinato del general
Carlos Prats y de su mujer Sofía Cuthbert, asesinados en 1974 en el
marco de la operación Cóndor.
La jueza acostumbra a enlazar su apellido con el de su marido fallecido en 2010, el brigadier Tomás Cubría, que fue retirado en 1977 por decisión del tercer integrante de la Junta que dio el golpe de Estado, Ramón Agosti.
Procedente
de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), Servini llegó muy joven a
la capital argentina para terminar sus estudios de Escribanía y Derecho.
Con 37 años, fue la primera mujer en ingresar a la Justicia penal como defensora pública.
Dos años después, en 1976, fue promovida como jueza de instrucción. Y
en 1990, ya con Menem en el poder, fue ascendida a jueza federal en el
juzgado más político por excelencia, el número 1, que tiene a su cargo
la justicia electoral.
Le llegó la fama fuera del ámbito judicial en 1991, por un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucraba a la cuñada de Menem,
Amira Yoma, y que desveló el semanario español Cambio 16. Aquel
escándalo político adquirió públicamente el sobrenombre de Yomagate.
Sancionada por la Corte Suprema por haber cometido irregularidades,
Servini fue apartada de la causa. El Congreso, de mayoría peronista, la
salvó de una docena de juicios políticos. Todo este periodo opacó su
prestigio, siendo acusada de ser “menemista” hasta por el propio expresidente Néstor Kirchner en 2003.
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| La jueza con sus ayudantes y los abogados de la querella Máximo Castex y Carlos Slepoy. |
Servini provocó además una de las anécdotas más recordadas de la televisión argentina al interponer un recurso de amparo contra el famoso cómico Tato Bores
para no ser nombrada en su programa. El artista sorteó la censura
llevando al estudio de televisión a actores, músicos y periodistas que
cantaron a coro "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay", en
socarrona referencia a la magistrada.
Servini es menos reconocida en el imaginario social por haber irrumpido en persona en las sangrientas protestas en la Plaza de Mayo durante la crisis de 2001 y haber ordenado a la policía que terminara con la represión del Gobierno de Fernando de la Rúa.
El
14 de abril de 2010 cayó en su juzgado una querella para que
investigara el genocidio y los crímenes de lesa humanidad perpetrados
desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las
primeras elecciones democráticas en España. En base a un dictamen del
fiscal Federico Delgado, Servini se excusó de intervenir. La contradijo
la Cámara Federal en septiembre de ese año, obligándola a mandar un exhorto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si en España se estaban investigando los delitos del franquismo.
El corazón de la causa
Así comenzó
este proceso que en sus cinco años de vida ha conseguido que pese una
orden de extradición contra 20 imputados españoles –tres fallecidos–,
que ha invitado a denunciar los crímenes franquistas a través de los
consulados argentinos, que ha individualizado a más de 4.500 víctimas,
y que ha motivado a una jueza a viajar a España para recoger en persona
declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros crímenes.
“Aquel viaje fue muy bueno”, recuerda Servini. “Nos
dieron mucho apoyo y nos atendieron muy bien, salvo una jueza en Málaga
que no nos recibió y no nos dejó ir al lugar donde estaban enterradas las víctimas para después solicitar la exhumación”. La magistrada se refiere al cementerio de San Rafael, la fosa común más grande de España. Allí fueron fusiladas y enterradas 4.471 personas.
Durante su itinerario por el País Vasco, Madrid y Andalucía,
la jueza recogió otras pruebas documentales y conversó con dos víctimas
de la dictadura junto al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
“Yo pensaba que ni nos iban a recibir, así que no tengo más que
palabras de agradecimiento para la Justicia española”, aclara Servini.
Tal vez por eso, contesta con reserva al ser inquirida por la actuación de la Audiencia Nacional cuando en abril de 2014 denegó las extradiciones del exguardia civil Jesús Muñecas y del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
“Bueno, los jueces responden a su legislación. Son decisiones que toman
de acuerdo a las leyes y a la Constitución que tienen”, dice casi a
modo de disculpa. “Estas son decisiones jurídicas. A veces estamos en el mismo lugar y un juez concede la extradición y otro no. Está dentro del libre pensamiento de cada juez”.
Servini
se pasa la mano por el pelo y entrecierra los ojos. “La causa avanza,
sólo que un poco más lenta. Lo que ocurre es que en vez de avanzar más
rápidamente, como podría ocurrir con una causa argentina, aquí hay que hacer todo más pausado, porque dependes de exhortos y de viajes”.
En el caso de España, evalúa, están en una etapa más
primaria. “Es importante que podamos indagar, porque ahí se impulsa la
causa. El exministro Rodolfo Martín Villa [uno de los imputados] ha dicho que quiere declarar”.
Por este motivo, el juzgado está examinando la posibilidad de volver a España.
“Ahora estamos con más declaraciones testimoniales [por
videoconferencia], pero estoy estudiando viajar de nuevo para indagar a
los imputados, si me autoriza la Corte y el Consejo de la Magistratura”,
adelanta. “Nosotros tomaremos la declaración de todos los imputados, no
podemos hacer diferencia. Aunque alguno se niegue a declarar, tienen
que presentarse ante nosotros”.
La duda que puede rondar a todas las víctimas es hasta dónde puede evolucionar la causa ante el rechazo permanente a colaborar de las autoridades españolas.
“Eso no se puede adelantar, sería hacer futurología”, admite. “Cuando
uno empieza una investigación nunca sabe hasta dónde llega. La causa
puede prosperar pese a los obstáculos que nos encontramos”.
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| La jueza en su despacho, durante la entrevista |
El guiño sobre un cambio político en España
que permita agilizar el proceso se cuela en la entrevista. “No me puedo
adelantar a los acontecimientos, como ustedes tampoco pueden adelantarse
a los procesos políticos de su país”, desliza. “Hay que ver. Si yo
tuviera que adelantarme y decir que el año que viene va a pasar tal
cosa, no podría hacerlo, porque no sé quién será el presidente el año
que viene”.
¿Será posible que España investigue alguna vez sus propios crímenes? “Yo creo que al final sí los van a investigar”, asiente. “Con el tiempo lo van a hacer. Quizás es demasiado pronto, hay heridas todavía abiertas”.
Se acuerda entonces de su investigación sobre la muerte del general chileno Prats.
“Chile no nos entregó a ningún imputado, pero toda la investigación se
hizo acá en Argentina, y luego juzgaron allá, pero con mi investigación.
En la resolución final de la Corte me mencionan, incluso, ‘que gracias a
la investigación que se hizo en Argentina…’”.
Se interrumpe, y piensa. “Yo viajé en ese momento a Estados Unidos
a interrogar al que puso la bomba [el ex agente de la DINA Michael
Townley], que estaba con un pacto de impunidad, porque existe eso en
Estados Unidos. Y el tipo declaró todo, pero no yo lo podía poner porque
al mismo tiempo tuve que firmar un pacto de confidencialidad”.
Trascendencia del proceso
La
relevancia de una causa que por primera vez afronta los crímenes
cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura puede tener más eco en
España que en Buenos Aires. La jueza hace como que no es consciente de las repercusiones
de su investigación. “No suelo prestarle atención a eso, no estoy con
eso. A veces te critican, a veces te elogian. La Justicia es así.
Algunos en España nos criticarán”.
“No sé si la causa es
importante para Argentina. Para mí es una causa más de lesa humanidad.
Acá a nadie le interesa. Sí, hay gente que incluso me ha felicitado en
la calle, pero ¿sabes lo que pasa? Que las causas de lesa humanidad son
distintas al resto. Tienen otra trascendencia, hasta uno tiene otro
sentimiento, pero siempre estamos en la objetividad. Ahora, no podemos estar pensando en si es española o argentina”, justifica.
¿Cómo
lidia Servini con este proceso? “Yo estoy en todo, pero tengo mucha
gente que me ayuda, equipos que están con los detalles. Me pasan a mí
los datos, los reviso y firmo si estoy de acuerdo”, consiente. “Yo tengo
que tener objetividad y tranquilidad. Si empiezo a seguir qué dice este
diario o el otro, qué dice Twitter, si me insultan o no, me vuelvo
loca. Tienes que vivir en una cierta abstracción, por eso aquí [en el edificio donde están los tribunales] los juzgados están separados, los dejan apartados”.
Pero ella, lo quiera o no, pasará a la historia por ser la primera jueza que imputa a represores franquistas.
“No lo había pensado”, dice despacio. “Estoy trabajando y no pienso en
gloria o premios. Nosotros investigamos los delitos del general Prat
como ahora también estamos investigando los delitos de nuestro país, con
chicos desaparecidos. En todo caso, me alegro de poder ser útil”.
La magistrada revela que no había imaginado los progresos que iba a tener la causa
a lo largo del tiempo. “Estoy muy contenta, porque veo que vamos muy
bien”, concede. “En concreto, que ya haya imputados y hayamos podido
pedir extradiciones. Estamos a una altura muy importante que para
nosotros es la llamada a indagatoria, cuando se pide la extradición”.
Una de las últimas trabas a la investigación no provino de la Audiencia Nacional, sino del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy cuando denegó en marzo las extradiciones
que pedía la magistrada. España, en este punto, vulnera el Tratado de
Extradición y Asistencia Jurídica ratificado por ambos países en 1990.
Servini reconoce que desde la Justicia argentina no hay mucho margen de maniobra.
“Los tratados son vinculantes, pero si no lo cumplís… la Justicia
argentina no puede intervenir”. Queda en silencio unos instantes, y
añade. “Con las extradiciones que pidió Garzón en su momento, Argentina
tampoco cumplió. Garzón sólo pudo detener a los que tenía allá”.
“Los tratados son vinculantes pero si España no los cumple la Justicia argentina no puede intervenir”
Intercede entonces su secretario Mangano. “España no hizo lugar a nuestros pedidos de extradición por la ley de Amnistía
que tienen vigente, no porque consideraran que no teníamos razón. No
trataron el fondo del asunto, se escudaron en eso. Pero esto es muy
importante, porque si hubieran podido voltear nuestros argumentos lo
habrían hecho como para que no mandemos más pedidos”, delibera.
Servini interviene decidida. “La causa la trabajamos para terminarla. Esperamos poder hacerlo”.
Pero ¿qué significa terminarla? “Que podamos procesar, o sobreseer, y
que la causa pase a un tribunal oral, o no”, alega. Es todo un abanico
de posibilidades.
Lo que sí sabe es que la investigación no está condenada a eternizarse
por las constantes denuncias que se incorporan al proceso. “Puedes ir
cerrando la causa por partes mientras las nuevas denuncias se van
investigando. A mí me gustaría que esta investigación se pudiera
terminar, aquí o en España. No es algo que yo quiero para mí. La
querella está queriendo una reparación. Los imputados, una defensa. Esto
tiene que tener un final”, sentencia Servini.
Miedo en las víctimas
Si hay algo que a la magistrada le ha impresionado durante el transcurso de la causa fue el temor de las víctimas a dar su testimonio.
“Me impactó el miedo que tiene la gente a declarar”, recuerda Servini
de su viaje. “No estamos acostumbrados a que la gente, en derechos
humanos, tenga miedo. La gente acá es espontánea, habla. Nos impresiona
el miedo”. Ante la pregunta de a qué cree que obedece ese miedo, se echa
para atrás y aprieta los labios. “Investiguen ustedes, los españoles. Pregúntenle a la gente por qué los querellantes tienen miedo de declarar”.
* Artículo aparecido el 24 de mayo de 2015 en el diario español Público.
