“Me impacta el miedo a declarar de las víctimas”

La jueza María Romilda Servini de Cubría se ha convertido en la magistrada argentina más conocida en España. Instruye desde Buenos Aires la causa que investiga los crímenes del f

ranquismo, única en el mundo. Suele ser renuente a dar entrevistas, y es también cuidadosa a la hora de extenderse en sus respuestas. Frente a la periodista, habla poco y mira de vez en cuando a quien la observa a su vez sin perder detalle: su secretario Alfredo Mangano, la persona en la que quizás más confía dentro de su juzgado.

 

Servini es una jueza muy singular por su trayectoria, prolífica y compleja. Fue la primera magistrada de su país en restituir a dos menores apropiados durante la dictadura cívico militar (1976-1983), y también dice ser la única magistrada que abrió las puertas de su juzgado a Abuelas de Plaza de Mayo durante aquellos años. En sus 25 años como jueza federal, ha recuperado la identidad de otros doce nietos, incluido el de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. Su juzgado tramita alrededor de 80 procesos referentes a la búsqueda de hijos de desaparecidos.

 Si hay una constante en el juzgado de Servini son las causas sobre delitos de lesa humanidad. Pese al indulto del presidente Carlos Menem que lo protegía, en 1998 detuvo con prisión domiciliaria al comandante Emilio Massera, integrante de la Junta militar que dio el golpe de Estado junto a Jorge Videla. Tres años después, solicitaba a la Justicia de Chile la detención del dictador Augusto Pinochet por su vinculación en el asesinato del general Carlos Prats y de su mujer Sofía Cuthbert, asesinados en 1974 en el marco de la operación Cóndor.

La jueza acostumbra a enlazar su apellido con el de su marido fallecido en 2010, el brigadier Tomás Cubría, que fue retirado en 1977 por decisión del tercer integrante de la Junta que dio el golpe de Estado, Ramón Agosti.

Procedente de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), Servini llegó muy joven a la capital argentina para terminar sus estudios de Escribanía y Derecho. Con 37 años, fue la primera mujer en ingresar a la Justicia penal como defensora pública. Dos años después, en 1976, fue promovida como jueza de instrucción. Y en 1990, ya con Menem en el poder, fue ascendida a jueza federal en el juzgado más político por excelencia, el número 1, que tiene a su cargo la justicia electoral.

Le llegó la fama fuera del ámbito judicial en 1991, por un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucraba a la cuñada de Menem, Amira Yoma, y que desveló el semanario español Cambio 16.  Aquel escándalo político adquirió públicamente el sobrenombre de Yomagate. Sancionada por la Corte Suprema por haber cometido irregularidades, Servini fue apartada de la causa. El Congreso, de mayoría peronista, la salvó de una docena de juicios políticos. Todo este periodo opacó su prestigio, siendo acusada de ser “menemista” hasta por el propio expresidente Néstor Kirchner en 2003.

La jueza con sus ayudantes y los abogados de la querella Máximo Castex y Carlos Slepoy.

Servini provocó además una de las anécdotas más recordadas de la televisión argentina al interponer un recurso de amparo contra el famoso cómico Tato Bores para no ser nombrada en su programa. El artista sorteó la censura llevando al estudio de televisión a actores, músicos y periodistas que cantaron a coro "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay", en socarrona referencia a la magistrada.

Servini es menos reconocida en el imaginario social por haber irrumpido en persona en las sangrientas protestas en la Plaza de Mayo durante la crisis de 2001 y haber ordenado a la policía que terminara con la represión del Gobierno de Fernando de la Rúa.

El 14 de abril de 2010 cayó en su juzgado una querella para que investigara el genocidio y los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. En base a un dictamen del fiscal Federico Delgado, Servini se excusó de intervenir. La contradijo la Cámara Federal en septiembre de ese año, obligándola a mandar un exhorto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si en España se estaban investigando los delitos del franquismo.

El corazón de la causa
​
Así comenzó este proceso que en sus cinco años de vida ha conseguido que pese una orden de extradición contra 20 imputados españoles –tres fallecidos–, que ha invitado a denunciar los crímenes franquistas a través de los consulados argentinos, que ha individualizado a más de 4.500 víctimas, y que ha motivado a una jueza a viajar a España para recoger en persona declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros crímenes.

“Aquel viaje fue muy bueno”, recuerda Servini. “Nos dieron mucho apoyo y nos atendieron muy bien, salvo una jueza en Málaga que no nos recibió y no nos dejó ir al lugar donde estaban enterradas las víctimas para después solicitar la exhumación”. La magistrada se refiere al cementerio de San Rafael, la fosa común más grande de España. Allí fueron fusiladas y enterradas 4.471 personas.

Durante su itinerario por el País Vasco, Madrid y Andalucía, la jueza recogió otras pruebas documentales y conversó con dos víctimas de la dictadura junto al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. “Yo pensaba que ni nos iban a recibir, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para la Justicia española”, aclara Servini.

Tal vez por eso, contesta con reserva al ser inquirida por la actuación de la Audiencia Nacional cuando en abril de 2014 denegó las extradiciones del exguardia civil Jesús Muñecas y del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

“Bueno, los jueces responden a su legislación. Son decisiones que toman de acuerdo a las leyes y a la Constitución que tienen”, dice casi a modo de disculpa. “Estas son decisiones jurídicas. A veces estamos en el mismo lugar y un juez concede la extradición y otro no. Está dentro del libre pensamiento de cada juez”.

Servini se pasa la mano por el pelo y entrecierra los ojos. “La causa avanza, sólo que un poco más lenta. Lo que ocurre es que en vez de avanzar más rápidamente, como podría ocurrir con una causa argentina, aquí hay que hacer todo más pausado, porque dependes de exhortos y de viajes”.

En el caso de España, evalúa, están en una etapa más primaria. “Es importante que podamos indagar, porque ahí se impulsa la causa. El exministro Rodolfo Martín Villa [uno de los imputados] ha dicho que quiere declarar”.

Por este motivo, el juzgado está examinando la posibilidad de volver a España. “Ahora estamos con más declaraciones testimoniales [por videoconferencia], pero estoy estudiando viajar de nuevo para indagar a los imputados, si me autoriza la Corte y el Consejo de la Magistratura”, adelanta. “Nosotros tomaremos la declaración de todos los imputados, no podemos hacer diferencia. Aunque alguno se niegue a declarar, tienen que presentarse ante nosotros”.

La duda que puede rondar a todas las víctimas es hasta dónde puede evolucionar la causa ante el rechazo permanente a colaborar de las autoridades españolas. “Eso no se puede adelantar, sería hacer futurología”, admite. “Cuando uno empieza una investigación nunca sabe hasta dónde llega. La causa puede prosperar pese a los obstáculos que nos encontramos”.

La jueza en su despacho, durante la entrevista

El guiño sobre un cambio político en España que permita agilizar el proceso se cuela en la entrevista. “No me puedo adelantar a los acontecimientos, como ustedes tampoco pueden adelantarse a los procesos políticos de su país”, desliza. “Hay que ver. Si yo tuviera que adelantarme y decir que el año que viene va a pasar tal cosa, no podría hacerlo, porque no sé quién será el presidente el año que viene”.

¿Será posible que España investigue alguna vez sus propios crímenes? “Yo creo que al final sí los van a investigar”, asiente. “Con el tiempo lo van a hacer. Quizás es demasiado pronto, hay heridas todavía abiertas”.

Se acuerda entonces de su investigación sobre la muerte del general chileno Prats. “Chile no nos entregó a ningún imputado, pero toda la investigación se hizo acá en Argentina, y luego juzgaron allá, pero con mi investigación. En la resolución final de la Corte me mencionan, incluso, ‘que gracias a la investigación que se hizo en Argentina…’”.

Se interrumpe, y piensa. “Yo viajé en ese momento a Estados Unidos a interrogar al que puso la bomba [el ex agente de la DINA Michael Townley], que estaba con un pacto de impunidad, porque existe eso en Estados Unidos. Y el tipo declaró todo, pero no yo lo podía poner porque al mismo tiempo tuve que firmar un pacto de confidencialidad”.

Trascendencia del proceso
​
La relevancia de una causa que por primera vez afronta los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura puede tener más eco en España que en Buenos Aires. La jueza hace como que no es consciente de las repercusiones de su investigación. “No suelo prestarle atención a eso, no estoy con eso. A veces te critican, a veces te elogian. La Justicia es así. Algunos en España nos criticarán”.

“No sé si la causa es importante para Argentina. Para mí es una causa más de lesa humanidad. Acá a nadie le interesa. Sí, hay gente que incluso me ha felicitado en la calle, pero ¿sabes lo que pasa? Que las causas de lesa humanidad son distintas al resto. Tienen otra trascendencia, hasta uno tiene otro sentimiento, pero siempre estamos en la objetividad. Ahora, no podemos estar pensando en si es española o argentina”, justifica.

¿Cómo lidia Servini con este proceso? “Yo estoy en todo, pero tengo mucha gente que me ayuda, equipos que están con los detalles. Me pasan a mí los datos, los reviso y firmo si estoy de acuerdo”, consiente. “Yo tengo que tener objetividad y tranquilidad. Si empiezo a seguir qué dice este diario o el otro, qué dice Twitter, si me insultan o no, me vuelvo loca. Tienes que vivir en una cierta abstracción, por eso aquí [en el edificio donde están los tribunales] los juzgados están separados, los dejan apartados”.

Pero ella, lo quiera o no, pasará a la historia por ser la primera jueza que imputa a represores franquistas. “No lo había pensado”, dice despacio. “Estoy trabajando y no pienso en gloria o premios. Nosotros investigamos los delitos del general Prat como ahora también estamos investigando los delitos de nuestro país, con chicos desaparecidos. En todo caso, me alegro de poder ser útil”.

La magistrada revela que no había imaginado los progresos que iba a tener la causa a lo largo del tiempo. “Estoy muy contenta, porque veo que vamos muy bien”, concede. “En concreto, que ya haya imputados y hayamos podido pedir extradiciones. Estamos a una altura muy importante que para nosotros es la llamada a indagatoria, cuando se pide la extradición”.

Una de las últimas trabas a la investigación no provino de la Audiencia Nacional, sino del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy cuando denegó en marzo las extradiciones que pedía la magistrada. España, en este punto, vulnera el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica ratificado por ambos países en 1990.

Servini reconoce que desde la Justicia argentina no hay mucho margen de maniobra. “Los tratados son vinculantes, pero si no lo cumplís… la Justicia argentina no puede intervenir”. Queda en silencio unos instantes, y añade. “Con las extradiciones que pidió Garzón en su momento, Argentina tampoco cumplió. Garzón sólo pudo detener a los que tenía allá”.

“Los tratados son vinculantes pero si España no los cumple la Justicia argentina no puede intervenir”

Intercede entonces su secretario Mangano. “España no hizo lugar a nuestros pedidos de extradición por la ley de Amnistía que tienen vigente, no porque consideraran que no teníamos razón. No trataron el fondo del asunto, se escudaron en eso. Pero esto es muy importante, porque si hubieran podido voltear nuestros argumentos lo habrían hecho como para que no mandemos más pedidos”, delibera.

Servini interviene decidida. “La causa la trabajamos para terminarla. Esperamos poder hacerlo”. Pero ¿qué significa terminarla? “Que podamos procesar, o sobreseer, y que la causa pase a un tribunal oral, o no”, alega. Es todo un abanico de posibilidades.

Lo que sí sabe es que la investigación no está condenada a eternizarse por las constantes denuncias que se incorporan al proceso. “Puedes ir cerrando la causa por partes mientras las nuevas denuncias se van investigando. A mí me gustaría que esta investigación se pudiera terminar, aquí o en España. No es algo que yo quiero para mí. La querella está queriendo una reparación. Los imputados, una defensa. Esto tiene que tener un final”, sentencia Servini.

Miedo en las víctimas
​
Si hay algo que a la magistrada le ha impresionado durante el transcurso de la causa fue el temor de las víctimas a dar su testimonio. “Me impactó el miedo que tiene la gente a declarar”, recuerda Servini de su viaje. “No estamos acostumbrados a que la gente, en derechos humanos, tenga miedo. La gente acá es espontánea, habla. Nos impresiona el miedo”. Ante la pregunta de a qué cree que obedece ese miedo, se echa para atrás y aprieta los labios. “Investiguen ustedes, los españoles. Pregúntenle a la gente por qué los querellantes tienen miedo de declarar”.


* Artículo aparecido el 24 de mayo de 2015 en el diario español Público.

Argentina celebra el hallazgo del nieto de Carlotto

Había convocado docenas de conferencias para anunciar la recuperación de nietos sustraídos durante la última dictadura (1976-1983). Nunca era el suyo. Este martes fue distinto. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, apareció ante los medios de comunicación para anunciar un nuevo hallazgo: se llamaba Guido Carlotto, y era su nieto.

Estela de Carlotto, durante la conferencia de prensa en Buenos Aires (Ana Delicado Palacios)

Su institución había encontrado hasta ahora 113 nietos de los 500 que nacieron en cautiverio durante el régimen militar. Después de 36 años de búsqueda, llegó el turno de Estela. "Ya tengo a mis 14 nietos conmigo", anunció emocionada. Sus palabras despertaron una ovación de los presentes. "Lo que yo quería era no morirme sin abrazarlo, y pronto lo voy a poder hacer".

 Carlotto contó que había recibido la noticia, esa misma mañana, de la jueza María Servini de Cubría, quien además lleva la causa de los crímenes del franquismo. La magistrada ordenó el cotejo de las muestras de ADN del joven recuperado, que se había presentado voluntariamente porque dudaba de su origen. "He encontrado lo que busqué con mis otros 13 nietos, mis dos pequeños biznietos, y mis tres hijos", manifestó Estela. "Se cumplió aquello que decíamos las Abuelas. 'Ellos nos van a buscar, como nosotras los seguimos buscando'".

La revelación de su verdadera identidad
Guido se enteró de cuál era su verdadera identidad por medio de su tía Claudia, hija de Estela y coordinadora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). "Encajó así esa pieza que no cerraba, porque era una persona que no correspondía", expresó su abuela.

La presidenta de Abuelas admitió que todavía no había escuchado la voz de su nieto, aunque sí había visto fotos. Claudia, la única que hasta ahora se ha comunicado con Guido directamente, se refirió entonces a las palabras que había intercambiado con su sobrino. "Dijo que estaba conmocionado, bien y muy feliz, y que pronto nos íbamos a ver", anunció la única hija viva de Estela.

Carlotto dio a conocer algunos detalles de la biografía de Guido, como que es músico, y que incluso llegó a tocar hace un tiempo en el ciclo "Música por la Identidad", que organiza Abuelas de Plaza de Mayo. De la familia apropiadora, sólo trascendió que el padre ya falleció. "Ahora seremos cautelosos en la familia y en la institución porque es fuerte para una persona enterarse de esto, aunque lo espere", matizó.

Medios locales se adelantaron y ya han publicado información sobre el joven. Su nombre de apropiado es Ignacio Hurban, tiene 36 años, es pianista, está casado, y vive en la localidad de Olavarría, en provincia de Buenos Aires.

"Pedía por mi hija viva"


Rodeada de otros nietos recuperados, Estela de Carlotto recordó, entre tanto, a su hija asesinada, madre de Guido. "[Espero] que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me repita lo que ella sabía antes que yo: 'mi mamá no se va a olvidar de ustedes, y lo va a perseguir'. Yo en realidad sólo persigo verdad, justicia y reparación", confesó.

Laura Carlotto, estudiante de Historia y militante en la Juventud Universitaria Peronista, fue secuestrada en noviembre de 1977, cuando estaba embarazada de tres meses. Por testimonios de sobrevivientes se sabe que estuvo recluida en el centro clandestino de detención La Cacha, en la ciudad de La Plata (a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires), y que al mes de su secuestro, su compañero fue asesinado. 

Ella dio a luz el 26 de junio de 1978. Su deseo fue que su hijo se llamara Guido, como su padre, y que su madre Estela fuera a buscar al recién nacido mientras ella estuviera secuestrada. "¿Cómo la pudieron matar?, se preguntó Estela. "¿Cómo ese niño no iba a estar en mis brazos? ¿Qué sabíamos las Abuelas entonces sobre la criminalidad de estos genocidas que se apropiaron de niños indefensos?"

"¿Qué sabíamos las Abuelas entonces sobre la criminalidad de estos genocidas que se apropiaron de niños indefensos?" "Guido nació en un centro clandestino de detención en el que mi hija estuvo secuestrada nueve meses" relataba hace dos años a Público la propia Carlotto. "Llegó embarazada y sufrió las mismas torturas que todos. La tuvieron engrillada, con una capucha en su cabeza, tirada en un camastro. Ahí nació su bebé, y se lo sacaron a las pocas horas. A ella la engañaron, porque le dijeron que me lo iban a dar a mí, pero nunca llegó a mis brazos. La asesinaron dos meses después del parto, y el niño nunca llegó a mí. El único 'beneficio' que tuve fue que me entregaron el mismo día de su asesinato el cuerpo de mi hija, así que pude hacer el duelo y enterrarla".

Cuando su hija desapareció, Estela se reunió con el por entonces general Reynaldo Bignone, último dictador antes del retorno de la democracia, que hoy cumple prisión por delitos de lesa humanidad. "Nunca dijo nada", recordaba este martes. "Yo creo que me entregaron el cuerpo de Laura el mismo día de su muerte porque él dijo: 'entréguensela, ella me lo pidió', pero yo le pedí por mi hija viva, y por mi nieto".

La presidenta de Abuelas anunció que seguirán buscando los jóvenes apropiados que faltan por encontrar. 

"Otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy", deseó. "Cada vez la sociedad nos va entendiendo más. Estos son argentinos desaparecidos vivos que están cerca, esperando que los encontremos. Es una tarea de todos. Los vamos a hacer libres con su propia identidad".

Antes de despedirse, esta mujer de 83 años hizo un llamado para que el que tenga información, la revele. "No cobijen a esas personas", pidió. "Van a repetir la historia, y no queremos, ninguna de nosotras, que esta historia se repita en futuras generaciones. Ya tenemos muchos años".


* Artículo publicado el 6 de agosto de 2014 en el diario español Público.

"La historia de España tiene hojas en blanco"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tiene motivos para celebrar, aun con ciertas objeciones, la sentencia que este jueves condenó a 50 años al dictador Jorge Videla por el plan sistemático de robo de menores durante la última dictadura en Argentina.

En esta entrevista, habló también de su nieto apropiado, del atentado que sufrió por liderar la búsqueda de los hijos de desaparecidos, y de lo que puede aprender España en su propia búsqueda de la memoria.

  ¿Qué implica para Abuelas la sentencia a Videla?

Implica la culminación de un juicio iniciado por Abuelas de Plaza de Mayo en 1996. Durante casi un año hemos llevado adelante este proceso con los testimonios de los nietos recuperados y con los nuestros, abuelas que aún no hemos encontrado a nuestro nieto. Este jueves 5 de julio tuvimos la sentencia.

¿Cómo fue la evolución del proceso?

Nosotros intentamos en 1986 que los tribunales, que juzgaron ese año a la Junta Militar de la dictadura, consideraran que había existido un plan sistemático de robo de bebés. Pero los jueces estimaron que no había pruebas suficientes para demostrarlo. Pasaron 10 años y presentamos una demanda. A partir de ahí fuimos aportando elementos para que se probara el robo: algunos comunicados que no habían sido destruidos, testimonios importantes, y por fin una videoconferencia de un funcionario del Estado de Estados Unidos que demostraba  que la dictadura había decidido apropiarse de nuestros nietitos, en su mayoría nacidos en cautiverio.

¿Qué debe rescatarse de este juicio?

Que se reconoce claramente que sí, que existió un plan y que fue puesto en práctica por la dictadura para apropiarse de los niños. Y que se ha sentenciado con 50 años de condena al máximo exponente de esta dictadura, que es Videla, que no se lo puede nombrar más que como es, porque ha perdido todos sus cargos, grados y beneficios de su grado militar. Ésta es la primera vez que se pone en práctica una ley que permite ese número de años como condena máxima.

¿La sentencia abre una puerta al impulso de nuevos juicios?

Sí. Ningún juez podrá negar a futuro que existió el plan porque ya hay un antecedente, y ojalá nadie deje de imitar a estos jueces que impusieron una pena de 50 años por primera vez, porque hay muchos depredadores que se lo merecen.

¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?

Vamos a seguir pidiendo justicia en los futuros procesos. Aunque hay juicios orales y públicos en todo el país, falta todavía mucho por juzgar y condenar. Por ahora se ha empezado con los máximos responsables. Se seguirá con los que continúan según su grado de responsabilidad. Y después hay que juzgar también a los civiles cómplices que entregaron la economía del país, a los médicos que firmaron actas de nacimiento falsas, a los jueces que intervinieron en adopciones falsas, y a otros civiles que fueron cómplices de esta dictadura.

¿Es posible que el poder judicial se investigue a sí mismo por obstrucción?

Sí. Tenemos algún juez prófugo del que estamos pidiendo la extradición. Otros están bajo investigación porque han sido parte de los procesos donde han propiciado la desaparición y muerte de personas. Son dignos de ser juzgados y condenados.

Hubo cierto desconcierto por las penas que han recibido algunos procesados. ¿A qué se debe?

No estamos conformes con algunas absoluciones y penas menores que se dieron. Dada la responsabilidad del delito, nos parece que fue injusto. Veremos qué dicen nuestros abogados. Robaron menores, se apropiaron de algunos por casi 30 años, que es a la edad a la que encontramos algunos de nuestros nietos. Tuvieron una historia tortuosa con sus apropiadores. No es para dar una pena tan ínfima. Eso afecta a las propias víctimas.

¿Por qué el robo de bebés llegó a ser una coartada al indulto?

Cuando nosotros celebramos el juicio de las Juntas, recién llegada la democracia, llevamos todos nuestros elementos probatorios a la Justicia. Los jueces nos dijeron entonces que no había fundamentos ni pruebas suficientes, y que eso había sido casual y esporádico, no un plan sistemático.

La prueba de que no fue un plan casual, sino una práctica planeada y elaborada, lo constituye el hecho de que hemos encontrado a 105 nietos, y además están los pedidos de familiares de los nietos que aún faltan por encontrar, que son 400.

Hay además entrevistas que han dado los responsables de los robos de bebés. El primer Gobierno democrático de Raúl Alfonsín admitió que había sido apremiado por las Fuerzas Armadas a promulgar las leyes de impunidad [de Obediencia Debida y Punto Final], pero hubiera sido vergonzoso que se perdonara el delito de robo de bebés. Ese crimen no aparece como perdonado en esas leyes. Esto nos ha permitido juzgar y condenar a los ladrones de nuestros nietos aunque esas leyes estuvieran vigentes. Luego cayeron, por anticonstitucionales, durante el Gobierno de Néstor Kirchner.

¿Cómo vivió Abuelas esta causa?

Ha sido un aprendizaje poner en ejercicio la Justicia, porque todavía había jueces que pertenecían al régimen dictatorial, que interpretaban y juzgaban mal beneficiando más al victimario que a la víctima. Y nosotras éramos molestas aun en democracia. Por eso se nos negaba la posibilidad de asistir a los juicios. No eran públicos, no podía asistir la prensa, todo era muy secreto. El pueblo, en general, no se enteraba. Eso lo fuimos desarmando con el correr de los años. Hoy los juicios son orales y públicos, y puede asistir la prensa. Ha sido un avance democrático, en este periodo que es el más largo del país.

¿Ha tenido miedo?

No, miedo no. Nos hemos cuidado y protegido. Sabíamos que corríamos riesgos. No obstante, en 2002 sufrí un atentado que tuvo por objeto asesinarme. Ocurrió en mi vivienda, en horas de la madrugada del 20 de septiembre. Todavía no se sabe quiénes son, pero llegaron con armas de fuego de grueso calibre, armas de guerra, y bombardearon mi casa. Las balas atravesaron toda la vivienda, y yo estaba descansando en la primer habitación que da al frente. No me tocó morir porque Dios no quiso.

Esto me pasó en democracia. A otra abuela de la provincia de Córdoba la secuestraron, la amenazaron y la gatillaron para asesinarla delante de sus nietos, y tampoco en este caso se sabe quiénes fueron. Se puede presumir, pero no hay ninguna prueba.

Este juicio le toca de manera personal porque está incluido el caso de su nieto.

Dentro de los casos que permitieron condenar a estos delincuentes, está el mi nieto Guido, que nació en un centro clandestino de detención en el que mi hija estuvo secuestrada nueve meses. Llegó embarazada y sufrió las mismas torturas que todos. La tuvieron engrillada, con una capucha en su cabeza, tirada en un camastro. Ahí nació su bebé, y se lo sacaron a las pocas horas. A ella la engañaron, porque le dijeron que me lo iban a dar a mí, pero nunca llegó a mis brazos. A ella la asesinaron dos meses después del parto, y el niño nunca llegó a mí. El único "beneficio" que tuve fue que me entregaron el mismo día de su asesinato el cuerpo de mi hija, así que pude hacer el duelo y enterrarla.

Lejos de perder la fuerza por esta lucha, es su muerte, la muerte injusta, a los 23 años, de una joven inteligente, hermosa, llena de vida y de proyectos, la que me ha dado a mí el coraje de seguir desde el amor, el convencimiento y la necesidad de una lucha que no tiene fin para mí, sólo el día que me muera.

¿Cómo progresa la búsqueda de su nieto Guido?

Estoy esperando a que alguna vez se produzca el milagro de que llegue alguna información o de que llegue mi propio nieto a buscar su identidad. Mientras tanto disfruto de los otros nietos, aunque ruego a Dios que me permita encontrar y abrazar al mío, porque ya tengo casi 82 años y sabemos que la vida se nos va. Pero tengo el deseo de verlo y decirle quién era su mamá y su papá, y cuánto lo quiere su familia.

Se sabe de algún otro caso en el mundo de dictaduras que hayan organizado un plan para robar bebes?

No, Argentina es el único caso en el mundo, diría yo, en el que se programó esto. Durante el franquismo en España también se robaron niños, pero con otro sentido. Se los registraba, se sabía donde habían ido a parar, quiénes los tenían,. Acá fue todo clandestino. En estos años hemos recorrido el mundo para ver si existió este plan en países con guerras convencionales o con diferencias internas. En América Latina nadie de ningún país ha creado una institución de Abuelas buscando a sus nietos robados por motivos políticos. Así que sí, se, han llevado niños, los han sacado, los han regalado, los han vendido, pero sólo en Argentina se dejaba vivir a la embarazada para que tuviera su hijito. Luego se lo quitaban para que lo criaran en esclavitud el asesino de ella y del papá.

Proceso de  memoria histórica en España

¿Qué opina del proceso de memoria histórica en España?

Creo que están en un retroceso total, también con la condena al juez Baltasar Garzón, que es una persona respetable y que colaboró mucho en todo lo que es el esclarecimiento de esto en Chile y Argentina. Cuando quiso investigar en su propio país y proponer una ley de la memoria, lo condenaron injustamente. Así inmovilizaron la búsqueda de la verdad. No se puede dejar de escribir la historia completa. ¿Cómo es eso de dejar hojas en blanco, de decidir que de esto no se habla? ¿Por qué? ¿A quién compromete? Si compromete a alguien, es porque algo tiene que ver. Entonces uno sospecha de aquellos que impiden que se sepa la verdad. Hay que buscar el motivo de esa negativa política que no le da el derecho a los españoles de saber quiénes y por qué mataron a tanta gente.

¿Cómo puede España seguir el proceso que pudo comenzar en Argentina?

En España tiene que imponerse la sociedad civil. Los que gobiernan son sólo los que nos representan. El Gobierno está decidido por un pueblo, no por una persona que se pone a dirigir un país a gusto y placer.  Hay que demandar en paz, y sin violencia, que la verdad se sepa.

¿Hay indicios de que eso pueda darse en España?

Yo creo que hay movimientos de protesta, como los indignados, que ofrecen alternativas de protesta diferentes. Y también están los nietos de las víctimas del franquismo que están encontrando los restos de sus abuelos. A todo eso hay que darle mucho más movimiento, presencia y movilidad para conseguir que la memoria no se clausure por decreto.

¿Qué hará Abuelas a partir de ahora?

Nuestra tarea continúa. Yo estoy aquí mañana tarde y noche con mis compañeras para encontrar a todos los que faltan, acompañadas de los nietos recuperados, de los familiares y de la sociedad,. Inventamos recursos y estrategias muy buenas para no olvidar, y apoyamos gestiones de Gobierno muy buenas, como la de Néstor Kirchner desde 2003, y ahora, la de la presidenta Cristina Fernández. Tenemos toda la ayuda del Estado que necesitamos, lo que da una unidad entre el pueblo y el Estado gobernante al seguir caminos similares. Es lo que hay que rescatar en América Latina gracias a algunos Gobiernos progresistas.

* Entrevista publicada el 07 de julio de 2012 en Público.es