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miércoles, 17 de abril de 2019

Muere Darío Rivas, el hombre que hizo nacer la querella del franquismo

Falleció este lunes en Buenos Aires con 99 años Darío Rivas, el primer querellante de la causa que investiga en Argentina los delitos de lesa humanidad de la dictadura franquista.

Darío Rivas, en abril de 2015. (A.D.P)

Hace nueve años, el 14 de abril de 2010, Darío Rivas presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires una denuncia particular para que comenzara una investigación sobre los crímenes del franquismo en base al principio de justicia universal reconocida por la Constitución argentina.

No fue un periplo fácil, pero este querellante abrió un proceso judicial que ha contribuido a que en los últimos años la memoria histórica sea un eje trascendental de la política nacional española. La causa que impulsó este gallego llevó a que la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del expediente, imputara y ordenase la detención de una veintena de excargos franquistas. Entre ellos se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa, quien asegura que viajará en septiembre a Buenos Aires para declarar ante la magistrada argentina.

Darío Rivas vivió a través de un anhelo: el de conseguir justicia para su padre, Severino Rivas, fusilado 'por traición a la patria' el 29 de octubre de 1936, tres meses después de asumir como alcalde del ayuntamiento de Castro de Rei, en Lugo. "Lo hago todo por mi padre", llegó a decir en una ocasión.

En un viaje al pueblo lucense de Portomarín en 2004, Darío Rivas descubrió a través de una charla casual con una lugareña que dos hombres durante la Guerra Civil habían sido asesinados y enterrados en una cuneta. El hijo reconoció al padre por un gabán que le había obsequiado su hermana. Al año siguiente consiguió que su progenitor fuera la primera víctima del franquismo exhumada de una fosa común en Galicia.

No fue su único hito. Inició en los juzgados argentinos con el patrocinio del fallecido Carlos Slepoy y el abogado Máximo Castex la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. En 2013 se presentó en la embajada de España en Buenos Aires con 5.000 firmas de apoyo a la causa, aunque no le dejaron ingresar. Al año siguiente intentó entregarle a la canciller alemana Angela Merkel una carta en la que reclamaba que su país pidiera perdón por los crímenes nazis durante la Guerra Civil.

Porque este hombre, que desembarcó en Argentina con nueve años, era de mirada limpia y palabra firme. "Franco era el criminal más grande del siglo XX, y todavía lo seguimos discutiendo", afirmó en alguna entrevista con este diario. "Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos. En España no existe la justicia, desde el momento en el que vamos contra una dictadura latente”.

Compañeras en lucha


Junto a él impulsaron la causa como primeras querellantes Inés García Holgado y Adriana Fernández, quien visitó este domingo al anciano en un geriátrico del barrio de Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba recluido desde hacía dos años. "Yo amanecí pensando: 'tengo que ver a Darío sí o sí'. Al fin y al cabo era un día muy emotivo: se celebraba el 88 aniversario de la República y nueve años de la querella. No sabía que me estaba despidiendo, pero lo vi muy mal, muy flaquito, muy desmejorado. Hicimos lo que pudimos para ver si podía tener un mejor final. Yo quería que él hubiera tenido el final de un guerrero, no así, no pidiendo pista", cuenta a Público esta argentina.

Darío Rivas, junto a Adriana Fernández, Inés García Holgado y el abogado Carlos Slepoy (A.D.P)


Fernández recuerda su relación con Darío Rivas, que la trataba "como una nieta, una sobrina". Cuando él vendió su casa, situada en la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, y fue enviado al geriátrico, comenzó el principio de este final. "Creo que él se fue allí pensando que iba a ser un lugar en el que podría hacer su vida, no que iba a estar internado. Creo que él no era consciente de adónde estaba yendo. Y desde entonces no fue el mismo, cuando era una persona muy libre. Ahí comenzó su debacle".

Darío habría cumplido 100 años en febrero. "Nos deja un legado muy grande, abrió una puerta de justicia. Gracias a él se inicio esta querella que permitió que tanta gente fuera escuchada ante la jueza, no sólo nosotros, que tuvimos nuestros familiares represaliados en 1936, sino también víctimas de niños robados, presos del franquismo. El nombre de Darío será bandera de justicia de ahora en más, estará presente en todo, y seguiremos la lucha que él empezó", concluye su compañera.

"Las personas no son fungibles. Darío es irremplazable, no va a haber otro.
Surgirán otras personas, pero él no a a volver", reconoce García Holgado, que como querellante junto a Fernández constituyó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina del que Rivas era presidente honorario. "Perdemos una persona muy importante de la causa, como lo fue también Carlos Slepoy o Paco Lores, presidente de la Federación Gallega. Es un valor que perdemos, y en Argentina somos poquitos para luchar. Lo vamos a extrañar muchísimo".

García Holgado deja una revelación para el final: Darío Rivas quería ser testigo de la exhumación de Franco. "Hasta hace un mes decía que él iba a viajar a España para ver a Franco fuera del Valle de los Caídos. Se nos están yendo víctimas y defensores de víctimas por culpa de esta dilación del Gobierno español. Esta gente se está yendo sin ver justicia", reprocha.


* Artículo aparecido el 16 de abril de 2019 en el diario español Público.

martes, 31 de marzo de 2015

"El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo"

BUENOS AIRES.- Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional han respondido rápido a la reprimenda que el pasado viernes Naciones Unidas dio al Gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Este mismo lunes han manifestado su apoyo al organismo, aludiendo a futuras medidas que tomarán en breve y que pondrán a España en un brete aún más evidente.
Manuela Bergerot (CeAqua), Máximo Castex (abogado argentino), Ignacio Jovtis (Amnistía), Adriana Fernández, Inés García Holgado, Darío Rivas (querellantes originales de la causal), y Carlos Slepoy (encabezando la mesa) - ADP

Presentes en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires estaban los tres querellantes originales de la causa abierta en el país para investigar los crímenes franquistas –Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández–, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), la plataforma argentina de apoyo a la querella, Amnistía Internacional Argentina y España.

“Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente” adujo Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Nosotros hemos documentado cómo en realidad no investiga los estas causas. En España se han presentado 114.000 denuncias, la mayoría por desapariciones forzadas. Nosotros tuvimos acceso a esos expedientes, y pudimos corroborar que todos ellos, sin excepción, han sido archivados”.

El comunicado emitido por la ONU concluía que si España no iba a investigar los crímenes del franquismo, estaba obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

“Después de 5 años luchando en esta querella, pidiendo medidas y acompañando a las víctimas, sabíamos que España nunca indagaría estos crímenes y que pondría trabas a su investigación. Y ésta fue la constante en las respuestas que daba a las rogatorias de la jueza”, relató el abogado que desde Argentina impulsa la causa, Máximo Castex. “Que ahora cuatro organismos internacionales de derechos humanes dicten este comunicado nos posiciona en una nueva etapa en la que vamos a seguir insistiendo con las extradiciones y con las indagatorias”.

El letrado mencionó el último pedido librado por la magistrada para exhumar a una de las víctimas, Timoteo Mendieta, localizado en una fosa común en Guadalajara. Después de un año, una jueza de esa provincia que debía resolver el exhorto de Argentina rechazó la exhumación. “¿Qué le queda a la querella? Insistir. Y esta semana se nos ha confirmado que se ha librado un nuevo auto insistiendo en esta exhumación”, reveló Castex.
 
Cuestión de tiempo
Manuela Bergerot, representante de CeAQUA, recordó que el de Argentina es el único proceso judicial abierto en el mundo que está investigando el franquismo. La joven contó que la Coordinadora está inmersa en una campaña desde octubre de 2014, cuando Servini dictó el auto de detención preventiva para 20 imputados –tres de los cuales han fallecido recientemente. “Hemos viajado a Ginebra donde pudimos reunirnos con el relator de la ONU Pablo de Greiff, se nos recibió también en el Parlamento Europeo, donde fuimos a pedir apoyo, y por eso ahora hemos venido también a Buenos Aires, donde buscamos un compromiso incluso de fuerzas políticas”.

Uno de los principales referentes en la causa, el abogado Carlos Slepoy, confirmó que han pedido al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que eleve su protesta contra España por incumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por ambos países. “El Ejecutivo argentino debe protestar puesto que se trata de delitos de lesa humanidad: o se extradita, o se juzga, no se dejan con impunidad los crímenes de uno de los peores genocidios cometidos en el siglo XX, apoyado además por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Slepoy destacó la colaboración permanente del Consulado argentino en Madrid, adonde acuden personas de manera continua para declarar e incorporarse a la querella.

“Fue un hecho insólito que todos los partidos, menos el PP, firmaron en el Senado una resolución hace unos días para crear una comisión de la verdad. Hemos conseguido para la querella argentina el apoyo de más de 100 ayuntamientos y gobernaciones en España. Algunos se han planteado presentarse como querellantes”, indicó el abogado. “El fin de la impunidad es irreversible. Cuánto tiempo durará, no lo sabemos con exactitud. Sí hay fuerzas políticas – Podemos, Izquierda Unida y distintas fuerzas nacionalistas del País Vasco, entre otras organizaciones, que están en contra de la impunidad del franquismo. Tienen un peso importante. Como sucedió en Argentina, esto acelerará el proceso”.


Hablan los querellantes
“El Estado español está cada vez más cercado para obligarlo a cumplir el principio de justicia universal”, resaltó la querellante Inés García Holgado. Su compañera Adriana Fernández contó que tanto ellas como Darío Rivas se reunieron hace unos días por primera vez con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Fue la primera vez que pudimos contar lo que pasó con nuestros familiares ante un organismo internacional”, observó la mujer. “Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas. Al no hacerse cargo el Estado, los familiares también van muriendo. Yo supe hace seis años que mi abuelo había sido asesinado por la Falange. Como yo durante mucho tiempo, debe haber muchos casos que viven en el más profundo de los silencios”.

El querellante que inició la causa en Argentina, Darío Rivas, señaló por último que Franco todavía vive en España con sus leyes. “Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos”, alegó con sus 95 años. “Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y se le ocurrió hacer las leyes para regir el Estado después de muerto, poniendo de cabecilla a una corte con un rey corrupto. El actual Gobierno es representante del franquismo, así que la lucha es despareja”.


* Artículo aparecido el 30 de marzo de 2015 en el diario español Público.

jueves, 30 de octubre de 2014

Abogados argentinos se suman a la causa contra el franquismo

La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ha hecho llegar a la jueza que investiga los crímenes del franquismo un escrito en el que pide ser reconocida en la causa como Amicus Curiae, expresión latina que literalmente significa "amigos del tribunal", y que consiste en una presentación de una tercera parte en torno a un proceso a fin de expresar su opinión y realizar aportes de trascendencia.
Matilde Scaletzky escucha al abogado Máximo Castex, con el querellante Darío Rivas en primera fila (A.D)
"Se trata de apoyar la actividad que está desarrollando el juzgado", ha explicado Matilde Scaletzky, una de las dos delegadas nombradas por la AABA para seguir el curso de la causa. "Este proceso es importante porque se debate la violación de derechos humanos durante 40 años en España, el cual no ha tenido ninguna parte de crítica por parte de los sectores que detentan el poder en ese país".

Scaletzky ha recordado cómo las víctimas del franquismo han tenido que querellarse en Argentina para obtener justicia, "del mismo modo que nosotros fuimos a España para que se juzgara la dictadura argentina", resaltó. "Desde su origen en 1934, la AABA nunca ha dejado de defender las libertades públicas, y así seguiremos haciéndolo".

La Asociación ha presentado su escrito este martes ante la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa. "Las políticas del franquismo y su metodología dieron como resultado la desaparición de alrededor de 300.000 personas, la existencia de 140.000 tumbas sin identificación [y] la existencia de alrededor de 30.000 niños robados a sus madres", manifiesta el texto.

Los abogados critican a l Gobierno del PP por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales"La AABA destaca cómo "la conducta del franquismo se mantuvo, con escasas modificaciones durante todo su Gobierno", pero cuyas consecuencias "duelen todavía hoy, porque no ha habido nada que reparara lo acontecido: no se buscó la verdad, por lo tanto no hubo justicia, y en consecuencia no hubo, tampoco, reparación".

Los abogados no dudan en criticar al actual Gobierno español por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales" y "por el incumplimiento de los pactos suscriptos por el país". Recuerdan que las peticiones de extradición por parte de Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas, fueron rechazadas por la Audiencia Nacional al considerarse crímenes prescritos por aplicación de la Ley de Amnistía.

Desde el origen de la causa en 2010, "son escasas las manifestaciones de la Judicatura [española] que indiquen algún cambio", subrayan en su escrito. "Para el sector político que detenta el poder no ha pasado nada, 'de eso no se habla', y eso trae como consecuencia que un amplio sector del pueblo español realmente ignore lo acontecido".

Más de 4.500 víctimas en la querella


El abogado Máximo Castex, representante en Argentina de las víctimas del franquismo, celebró el Amicus Curiae de la AABA puesto que es el primero de este tipo que se incorpora a la causa. "Esta presentación llega en el momento más álgido", destacó. "Acabamos de recibir una requisitoria fiscal de más de 300 páginas que además de avalar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años, se suma a las peticiones de la querella con respecto a las situaciones procesales de los imputados".

El fiscal federal Ramiro González elevó la semana pasada un dictamen a la jueza Servini de Cubría en el que pedía la indagatoria de quince exfuncionarios franquistas, incluidos cinco exministros. Era la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Argentina se expresaba en relación a la causa.

"Para las víctimas ésta es una gran noticia", sostuvo Castex. Con el dictamen del fiscal, efectivamente, todas las víctimas que hasta ahora habían presentado sus denuncias en los consulados argentinos en España han pasado a ser formalmente parte de la causa. "Gracias a eso, la Fiscalía ha podido individualizar más de 4.500 víctimas".

Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación que Servini de Cubría tendrá en cuenta. "Hasta ahora, los que presentaban esas denuncias en los consulados engrosaban la causa, pero al no estar como parte querellante con un patrocinio legal [un abogado], no podían formar parte del objeto procesal de investigación", aclaró Castex. "Ahora estas víctimas tienen un representante, que es el fiscal. Al haber sido incluidas ahora en su requerimiento, pasan a formar parte del mismo".

Castex recalcó, por último, que ahora son dos las partes acusatorias (la privada y la del fiscal) pidiéndole a la jueza la resolución de las indagatorias y otras medidos de prueba. "Espero que a final de año podamos tener novedades en ese sentido", vaticinó.

Exhumaciones en peligro

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dos de los querellantes originales de la causa, Darío Rivas y Adriana Fernández. Esta última aprovechó la ocasión para alertar del inminente cierre del laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encuentra en el campus de Ponferrada (León). 

"Hay cuatro voluntarios que trabajan con restos exhumados de fosas de la Guerra Civil pero están a punto de agotar sus prestaciones por desempleo y no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo", denunció Fernández. "Gracias a ellos pudimos exhumar los restos de mi abuelo, pero la Asociación lleva tres años sin recibir un subsidio. Si no consiguen ayudas, no les quedará más remedio que cerrar en enero".


* Artículo aparecido el 29-10-2014 en el diario español Público.

martes, 13 de mayo de 2014

"Se nos están muriendo los querellantes, las víctimas y los victimarios"

"Repudiamos la decisión de la Audiencia Nacional de no conceder la extradición de los torturadores Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño)". Los tres querellantes que dieron origen a la causa en Argentina contra los crímenes franquistas están sentados juntos en una cafetería de Avenida de Mayo, en Buenos Aires. Han comenzado a diseñar algunas estrategias con las que darle un nuevo impulso al proceso, pero algo dejan traslucir durante la conversación: cierto desánimo, quizás, que admiten a regañadientes.

Los 3 querellantes de la causa de Argentina
Los querellantes originales de la causa en Buenos Aires (A.D.P)

Ellos aventuran que algún juez de la Audiencia Nacional podría atreverse a conceder nuevos pedidos extradición procedentes de Argentina. Pero son conscientes de que ese mismo tribunal es el que toma los crímenes de lesa humanidad del franquismo como delitos aislados, y por tanto, prescritos.
Los tres desafían, a quien cuestione la naturaleza de los crímenes franquistas, a que acuda a la querella que la jueza María Servini de Cubría investiga en Buenos Aires. "El plan sistemático de genocidio está demostrado en la querella que presentamos. Están reflejados en los dichos de generales como Emilio Mola, o en la existencia de fosas comunes", sostienen Inés y Adriana.


El más implacable en su discurso es Darío Rivas, el hombre que inició en los juzgados argentinos la única causa que se tramita en el mundo por los delitos del franquismo. "Franco vive en España. La Justicia española está llena de descendientes de jerarcas del régimen. Los capitalistas españoles son herederos del capital extraído tras la guerra civil", acomete con 93 años quien fue hijo de Severino Rivas, ex alcalde de Castro de Rei (Lugo) fusilado en 1936 por los falangistas. "En España no existe la Justicia, desde el momento en el que vamos contra una dictadura latente.
Franco dijo que dejaba todo atado y bien atado, porque puso las leyes y el Gobierno".

Es frecuente oírle hablar de la monarquía, sobre todo "del nieto del traidor Alfonso XIII, que tenía que haber abdicado antes de huir de España, de acuerdo a la ley, pero que sin embargo se llevó el título y dejó que el pueblo se peleara en una guerra civil". El nonagenario acusa, desde su traje impoluto y su mirada acuosa y recóndita, siempre inquieta: "En España, el Quijote se murió, y quedaron sólo los Sancho Panza. La gente se sigue inclinando hacoa el rey, que es un degenerado y un inmoral, un mal ejemplo para el país", añade.

Darío Rivas juntó en 2013 cinco mil firmas de apoyo a la causa y fue a presentarlas en la embajada de España en Buenos Aires, junto con la fundadora de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Lo dejaron a las puertas del edificio, sin dejarlo pasar. En una frase, el anciano resume una de las paradojas del país que lo vio nacer. "Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y todavía lo seguimos discutiendo".


Una generación callada por el terror

 "Siempre tendremos el ejemplo de los procesos que se dieron aquí por la dictadura argentina" concede Adriana. "Pero en España el proceso es más costoso porque es una dictadura más larga. Lo malo es que se nos están muriendo los querellantes,  las víctimas y los victimarios, y quizás no podamos ver en España un Videla que termine falleciendo en una cárcel común. Estamos ante un genocidio encubierto".

"En España no existe la Justicia, desde que vamos contra una dictadura latenteEsta mujer hizo descubrir a su propio padre, en 2011, que su abuelo Antonio Fernández González había sido asesinado y sepultado en una fosa común. "Mi padre contaba que su padre estaba enterrado en la montaña de manera natural porque creía que era la manera en que se inhumaban los restos de algunos campesinos. Él mismo araba esas tierras, y decía: ‘donde el pasto crece más verde y más alto, ahí está'".

Así viajaron a España para exhumar su cadáver, y cerca del suyo, descubrieron tres cuerpos más. El padre de Adriana murió al poco tiempo de un cáncer repentino. "Su enfermedad fue el último coletazo que yo recibí del franquismo", admite. "Él cerró su historia solo, no pudo exteriorizarla".
Hay documentadas 114.000 fosas comunes en todo el territorio español. "Las víctimas van a estar sepultadas en el olvido, así que es someterlas a una doble muerte. La generación de los hijos, con todo el terror, ha quedado callada completamente", finaliza la querellante. "Pero los nietos somos los que queremos saber qué sucedió con nuestros abuelos, al revés que en Argentina, que son las abuelas quienes buscan a los nietos. El Estado español no se hace cargo ni de sus crímenes ni de sus muertos".


Escrache público

 

"Como la Ley de Memoria Histórica está tan lavada, el Congreso podría tomar medidas como la de anular los sumarios, que están en los archivos militares", intercede Inés, que se incorporó a la causa para pedir justicia por su tío y dos tíos abuelos. "En este momento, personas como el padre de Darío o mis tíos están procesados por traición a la patria o por auxilio a la rebelión. Podrían declarar nulas esas mentiras, pero tienen miedo de que se venga un periodo de indemnizaciones".

Hay documentadas 114.000 fosas comunes en todo el territorio español Los tres querellantes admiten la posibilidad de acudir a alguna instancia internacional para apelar por las extradiciones que ha rechazado la Audiencia Nacional, aunque no anima el antecedente que dejó marcado el tribunal Europeo de DDHH en Estrasburgo en 2012, cuando rechazó una demanda contra el Estado español, al estar presentada "fuera de plazo", por la desaparición durante la Guerra civil de un diputado socialista.

Sí se están moviendo, en cambio, para recibir el apoyo del Corte Suprema de Argentina e incluso del poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Cristina Fernández. "Vamos a proponer, además, que se recolecten en España los datos de las personas que firmaron sentencias", remata Inés. "Así que mandaremos un proyecto para que todos aquellos que las tengan remitan los nombres de los que las firmaron y los lugares de los que vienen, a modo de escrache público".


* Artículo aparecido el 12 de mayo de 2014 en el diario español Público

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