Grupo de Puebla intenta abrir un espacio progresista en una América Latina convulsionada

Un grupo de políticos latinoamericanos denunció el golpe de Estado en Bolivia y apoyó las protestas en Chile durante su segundo encuentro este fin de semana en Buenos Aires.

El Grupo de Puebla que integran 32 líderes de doce países se reunió durante dos días en la capital argentina con el propósito de aunar las fuerzas progresistas de la región. La alegría inicial por la reciente excarcelación del expresidente Inácio Luis “Lula” Da Silva que mostraron durante el acto de apertura la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), o el presidente electo de Argentina y anfitrión del encuentro, Alberto Fernández, trocó en preocupación a medida que llegaban las noticias sobre lo que sucedía en Bolivia.

Este colectivo, entre quienes se encuentran el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) o el exmandatario de Paraguay, Fernando Lugo (2008-2012), destinó buena parte de sus sesiones el sábado por la tarde a seguir los acontecimientos en este país. Algunos políticos comentaban de manera reservada su inquietud con los amotinamientos policiales que empezaban a declararse en rebeldía en Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Oruro.

Llegó el domingo, y al término del encuentro, el Grupo de Puebla emitió un extenso comunicado en el que apoyaba la decisión del presidente Evo Morales de repetir las elecciones generales y de renovar las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. En su documento, esta instancia regional repasó la situación de buena parte de los países de la región.

 
El Grupo de Puebla manifestó, por ejemplo, su preocupación por el asesinato de más de 600 líderes sociales en Colombia. Condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU a Cuba. Alertó de que en Chile hay una "violenta represión de la movilización social por parte de las fuerzas policiales” con violaciones a los derechos humanos y pidió al presidente Sebastián Piñera que reconociera el reclamo popular y reformase la Constitución.

El colectivo también decidió enviar a Ecuador una delegación ante “la persecución política y judicial de los dirigentes de la oposición”. Abogó por una salida democrática y pacífica al conflicto en Venezuela. Y además puso el foco sobre Haití, donde protestas masivas desde hace más de dos meses muestran “un país destrozado económica, social y políticamente”, pese a que “la prensa y la política internacional no está poniendo atención sobre el estancamiento de las posibles salidas a ese conflicto”.

El Grupo de Puebla, que celebró su primera reunión en esa ciudad de México el pasado mes de julio, apostó como espacios de convergencia progresista la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercosur, la Unasur y la Alianza del Pacífico, y defendió entre sus principios “la promoción del comercio intrarregional, la protección del medioambiente, la igualdad de derechos y la inclusión en espacios de poder de las mujeres”.

Cuando horas después se consumó el golpe de Estado en Bolivia, el Grupo de Puebla volvió a sacar un comunicado en el que denunció que tanto la Constitución como el Estado de derecho habían sido “violados interrumpiendo un mandato constitucional”.

En el documento que también firmó el expresidente Lula, el Grupo de Puebla observó que “las fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de Estado”.

El segundo encuentro del Grupo de Puebla tiene lugar en un momento muy peligroso para América Latina. Sólo cinco países de la región, Cuba, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, han condenado el golpe de Estado en Bolivia. 

Mientras el Gobierno saliente de Mauricio Macri se resistía a reconocer el quebranto institucional en ese país, el próximo mandatario de Argentina, Alberto Fernández, no dudó en definirlo como tal. “Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado”, advirtió.

Aunque faltaron algunos de sus integrantes en la reunión de Buenos Aires, como el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica (2010-2015), o el de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), el Grupo de Puebla aspira a promover un polo progresista en la región con eje en los Gobiernos del mexicano Andrés Manuel López Obrador y en el próximo de Argentina.

Para ello deberán rescatarse organismos como la Celac, según adelantó el Grupo de Puebla en su comunicado. “La Celac es una especie de OEA sin EEUU, y en la medida que tengamos la capacidad de articular el trabajo conjunto con estos mecanismos de integración subregional, podremos tener tres campos de intervención: buscar la inclusión social, generar valor agregado en el comercio, y construir ciudadanía”, resumió en conversación con Público el expresidente colombiano Samper. “Mientras Europa trata de convertirse en nación cuando son 32, nosotros somos una sola nación que no hemos logrado ni siquiera convertirnos en región”.

* Artículo publicado en el diario Público de España.

Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del Plan Cóndor

Argentina se ha convertido en el primer país en juzgar y condenar a los responsables del Plan Cóndor, el operativo coordinado de represión entre los años 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con la ayuda de Estados Unidos.

Foto durante la lectura de la sentencia, del CIJ.

Este viernes culminó en Buenos Aires el emblemático juicio que investigó durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.

Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.

Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).

A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo Feroglio.

Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.

Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron cada uno 13 años de pena.

Fueron sentenciados a 12 años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos Caggiano Tedesco.

Ocho años obtuvo de cárcel el exmilitar Federico Minicucci por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, en la provincia de Buenos Aires

Las dos absoluciones fueron para el exdirector del Liceo Militar General Juan Avelino Rodríguez y el excoronel Carlos Horacio Tragant.

La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en el baquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.

La justicia consideró probada la desaparición forzada de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras 69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utilizó el Plan Cóndor como base operativa, un taller mecánico de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

Los tres años que duraron las audiencias dejaron al descubierto cómo los regímenes militares del Cono Sur de América Latina aniquilaron de manera sistemática a los opositores políticos de sus respectivos países.

El Plan Cóndor tuvo hasta un acta de fundación “para el intercambio de información subversiva”. El documento fue firmado en 1975, durante el Chile de Augusto Pinochet, por los responsables de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del Terror, hallados en Paraguay en 1992.

La documentación revela cómo se crearon tres instancias para coordinar la represión. Primero se constituyó una base centralizada con información sobre grupos guerrilleros, partidos de izquierda, y activistas políticos o sindicales que se opusieran a los regímenes. Después se identificó y aniquiló a los llamados “enemigos” a nivel local. El último paso extendía la persecución al resto de los países de Ameŕica Latina, e incluso de Europa.

Los archivos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense revelaron que este país no sólo tuvo conocimiento del Plan Cóndor desde sus orígenes, sino que además ayudaron a los regímenes dictatoriales con logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.

La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a Argentina, Chile y Uruguay como los miembros del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión de inteligencia.

Durante más de una década, el Plan Cóndor organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima entre los desaparecidos o asesinados también hubo 3.000 niños.


* Artículo publicado el 27 de mayo en el diario español Público.

Líder del radicalismo en Argentina reconoce la crisis de su partido

El candidato a gobernador por la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, dijo en una entrevista exclusiva con Sputnik Nóvosti que la Unión Cívica Radical (UCR) no ha podido reponerse de la debacle social y económica que sufrió el país en 2001.

"No nos recuperamos de la crisis de 2001, nos destruyó completamente. Nos mató. No ha aparecido un liderazgo. Lo que tenemos es bastante pobre, como oferta", reconoció Morales a esta agencia.

Por primera vez desde el regreso de la democracia, la UCR en Argentina no tendrá ningún representante en las fórmulas presidenciales que competirán en los comicios generales del 25 de octubre.

Argentina elegirá el domingo a sus candidatos presidenciales

Atrás quedan mandatarios radicales que dejaron una impronta en el país, ya fuera positiva, con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989), o desastrosa (1999-2001), cuando el país colapsó en la crisis que terminó con el Gobierno de Fernando de la Rúa.

 Al mismo tiempo, la presencia de líderes de la UCR en gestiones provinciales es residual: solo en Corrientes (noreste del país) gobierna un radical, Ricardo Colombi, desde 2001.

Este panorama podría cambiar tímidamente a partir de diciembre, cuando se renueven los cargos nacionales y locales sometidos a elección este año.
En Mendoza (oeste) ya ganó en las elecciones locales de junio el radical Alfredo Cornejo y otras dos provincias podrían ser gobernadas por la UCR: dentro de tres meses tienen posibilidad de ganar los candidatos Eduardo Costa en Santa Cruz (sur) y Gerardo Morales en Jujuy (norte).

Candidato en Jujuy

El senador Morales es uno de los principales referentes del radicalismo, junto con el senador Ernesto Sanz y el diputado Julio Cobos, ex vicepresidente entre 2007 y 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Actualmente no oculta sus simpatías por el diputado Sergio Massa, un peronista disidente que también competirá por la presidencia y que figura tercero en los sondeos.

Scioli y Massa exponen sus planes económicos de cara a las presidenciales

Morales se refugia en el territorio, donde tiene muchas posibilidades de desbancar al actual gobernador peronista Eduardo Fellner, quien está por cumplir su tercer mandato.
"Nuestra definición de Gobierno se sostiene en la idea de la pacha mama y los recursos naturales", explica: "No compartimos el modelo del Gobierno provincial que hace a Jujuy capital nacional de la minería", añade.

Según señaló a esta agencia, "tenemos un presupuesto de 18.000 millones de pesos [1.800 millones de dólares] y la minería aporta 25 millones de pesos en regalías [2,5 millones de dólares]".

"No pagan el agua, y no están siendo sustentables ambientalmente, así que tenemos ahí un desafío, más allá de tratar de preservar los puestos de trabajo", agrega.

El dirigente asume que la provincia debe cambiar la lógica: "Con 700.000 habitantes, hay 110.000 planes sociales (o subsidios), 85.000 empleados públicos y 55.000 puestos de trabajo en la actividad privada", enumera.

"Necesitamos pequeños reservorios de agua y cambiar la matriz de la obra pública, tenemos 450.000 hectáreas según el plan de ordenamiento territorial para producir, pero estamos produciendo 170.000; necesitamos obras de riego", asegura.

Enemigos locales 

Uno de sus mayores desafíos es desarmar el entramado que ha creado la dirigente barrial Milagros Sala con su organización Tupac Amaru, que tiene 80.000 afiliados.

"En Jujuy tenemos un problema que tiene que ver con los fondos paraestatales que se entregan a organizaciones como la Tupac", detalla.

En el municipio de Humahuaca "llegan 4,5 millones de pesos (450.000 dólares) todos los meses para la Tupac, mientras que el intendente [alcalde] maneja una coparticipación del 1,5 millones (150.000 dólares)", desarrolla.

"En 10 años tendrían que haber construido 2.100 viviendas, y construyeron 700", añade.

Milagros Sala se ha unido al gobernador Fellner para apoyar su reelección en las próximas elecciones.

* Entrevista publicada el 9 de octubre de 2015 en la agencia rusa Sputnik

 

Morales teme sufrir un varapalo en la elección de los jueces

Bolivia celebró este domingo elecciones judiciales y no políticas, pero en el país andino se interpretan los resultados de estos comicios como un plebiscito a la gestión de quien impulsara este proceso inédito, el presidente Evo Morales.

Hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) difunda los resultados oficiales, a más tardar el 29 de octubre, las únicas cifras disponibles son las de una consultora, Ipsos Apoyo, que realizó un sondeo a boca de urna para el canal privado de televisión ATB. Según esta empresa, los votos nulos y blancos rozan el 60%, frente a un 39% de sufragios válidos. La oposición, que hizo campaña para que la ciudadanía invalidase su papeleta, celebró que los votos nulos alcanzan supuestamente el 45%.

Con el rostro serio y sin sonreír en ningún momento, el presidente Evo Morales compareció tras el cierre del proceso electoral para señalar todo lo contrario. “La participación del pueblo boliviano fue todo un éxito”, sostuvo. “Quienes invitaron a boicotear estas elecciones fracasaron”.

Lo mismo salió a respaldar el presidente del TSE, Wilfredo Ovando. "De algo que estamos seguros es que hubo una asistencia masiva de la población en este proceso electoral" indicó el magistrado.

El supuesto fracaso de la votación puede achacarse a dos motivos. El primero hace énfasis en la poca información que tuvo la población sobre los 115 candidatos. El segundo recuerda el descontento indígena que ha erosionado en las últimas semanas el apoyo a Morales por su afán de construir una carretera en un parque natural.

Unos 5,2 millones de bolivianos debían elegir a los 56 magistrados de los cuatro máximos tribunales del país. La oposición, que ha proclamado la derrota del presidente en estos comicios, no olvida que desde 2005, Evo Morales ha ganado con mayoría absoluta los seis procesos electorales celebrados en el país.

Éste sería el primer varapalo en las urnas que recibe el presidente desde que llegara al poder, hace casi seis años.

Los bolivianos eligen a sus jueces

Nunca un país había sometido a sufragio popular la elección de sus autoridades judiciales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó esta insólita elección en el país andino para acabar con los nombramientos políticos y, por el contrario, ver cómo los máximos tribunales del Estado eran ocupados por letrados imparciales e independientes. Pero la mayoría de los 5,2 millones de bolivianos convocados a las urnas dudaba de unos comicios que no acababa de entender y hacía temer una baja participación. Ambas circunstancias fueron aprovechadas por la oposición para pedir el voto nulo e intentar convertir las elecciones judiciales en un plebiscito sobre el presidente.

Para evitar favoritismos y que los magistrados con más medios o contactos políticos aventajasen a los más desconocidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vetó las campañas electorales de los candidatos, la difusión de sondeos de opinión y los editoriales a favor o en contra de los contendientes.


La única información de la que disponían los electores para votar era el currículum, el listado de méritos de los candidatos y cortas entrevistas publicadas de forma equitativa en los medios de comunicación. El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, señaló que el objetivo de estas reglas tan estrictas era permitir "que los bolivianos escojan magistrados que no demuestren intereses políticos o económicos". Sin embargo, como resultado de estas limitaciones, un 92% de los bolivianos afirmaba no conocer a ninguno o tan sólo a unos pocos de los candidatos, según una encuesta publicada hace un par de semanas por el periódico El Día.

"Este pretende ser un proceso de democratización explicó a Público el exdirector de Le Monde diplomatique en Bolivia, Pablo Stefanoni, pero, sin información y sin campañas electorales, es complicado para cualquier persona que no este metida en esto saber cuál es el currículum ideal".

Polémica preselección

 

La preselección de candidatos a los 56 cargos del Tribunal Constitucional, el Supremo, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura se realizó en sesiones públicas y mediante entrevistas. Pero eso no bastó a la oposición, que acusó a Evo Morales de querer acaparar el Poder Judicial. Algunos partidos criticaron que la última palabra en la preselección de los candidatos corrió a cargo de la Asamblea, de mayoría oficialista, ocultando que el proceso electoral fue establecido en la Constitución, aprobada en referéndum antes incluso de que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales se hiciera con el control mayoritario de la Asamblea.

"En teoría, los aspirantes a los cargos judiciales son apartidistas", explicó Stefanoni. "Pero el MAS de Evo Morales cuenta con dos tercios de la Asamblea, y eso ha generado dudas sobre si los candidatos son independientes".

La oposición ha sabido capitalizar las deficiencias del proceso electoral y la indignación popular contra la construcción de una carretera que iba a atravesar una reserva natural indígena en la Amazonia para llamar al boicot, poniendo en un aprieto a muchos electores. "Si votas nulo, como propone la derecha, o si votas no, como ha pedido el Movimiento Sin Miedo que gobierna La Paz, caes en la consigna política de la oposición", sentencia Stefanoni.

* Artículo aparecido el 16-08-2011 en el diario español Público

Evo Morales paraliza la carretera amazónica

El presidente boliviano, Evo Morales, ha decidido suspender por ahora la construcción de una carretera que iba a atravesar una reserva amazónica en el centro del país, mientras las dimisiones se suceden en su Gobierno.

Dos días después de que la Policía cargara contra una protesta indígena opositora al proyecto, son ya tres los funcionarios que han renunciado. Aunque había asegurado en repetidas ocasiones que la carretera sería construida "sí o sí", el mandatario boliviano se ha visto desbordado por la repercusión que ha tenido la intervención policial contra una marcha indígena de 1.500 manifestantes, que avanzaba hacia La Paz desde el pasado 15 de agosto.

El entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, señaló como responsable de la agresión al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien ya ha presentado su renuncia aunque dijo que él no había instruido el operativo contra los indígenas. También Llorenti dimitió poco después.

Además del viceministro y su superior, también abandonaron su cargo la directora de Migración, María René Quiroga, y la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón.

Abrumado por los acontecimientos, Morales ha calificado la acción de la Policía como "imperdonable" y ha prometido la creación de una comisión especial con representantes de organismos nacionales e internacionales para investigar los incidentes. "No comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el Gobierno y no puedo defender o justificar la misma".

El presidente boliviano ha afirmado que no había ordenado a la Policía que cargara contra la marcha y ha asegurado que la construcción de la carretera se detiene hasta que se celebre un referéndum en Beni y Cochabamba, los departamentos que comunicaría la carretera. Los indígenas, descontentos, reanudarán la caminata, ya que la decisión de suspender el proyecto es sólo temporal.

La ruta, cuyo trazado prevé la partición en dos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), iba a servir de corredor interoceánico para comunicar zonas de Brasil y de Perú, según el Gobierno. Para los indígenas, la carretera es una aberración ecológica y social muy dañina para las comunidades que viven en el Tipnis, asediadas por productores de coca que han ocupado el terreno para plantar sus cultivos.

*Artículo aparecido el 28-09-2011 en el diario español Público.

Un conflicto con los indígenas pone en jaque a Evo Morales

El apoyo indígena al presidente boliviano Evo Morales ha comenzado a erosionarse. Nunca, desde que llegara al poder en enero de 2006, había sido tan evidente el desencanto de los pueblos nativos con el mandatario aymara, el primero en llegar a la presidencia desde la independencia del país en 1825. La indignación se ha desbordado desde este domingo, cuando la policía reprimió una marcha que desde hace 43 días trata de avanzar hacia La Paz para protestar por la construcción de una carretera en una reserva natural de la Amazonía.

El malestar se ha cobrado ya su primera víctima política con la renuncia de la ministra de Defensa Cecilia Chacón. Además dos huelgas de hambre comenzaron este lunes en Cochabamba y Santa Cruz (centro del país), mientras que grupos indígenas mantienen vigilias en al menos cuatro ciudades del país desde hace más de una semana.

En las acampadas se ha declarado la alerta por la represión policial, después de que unos 500 policías intervinieran con gases lacrimógenos en el campamento que los manifestantes indígenas, en su camino hacia la capital del país, habían levantado cerca de Yucumo, a 320 kilómetros al noreste de La Paz.

La comisión de la marcha denunció 37 desaparecidos y la muerte de un bebé de tres meses, aunque la policía lo niega. “Lo que se ha hecho es evacuar a la gente de la forma más ordenada posible, sacarlos y embarcarlos en vehículos a sus comunidades”, justificó por su parte el ministro de la Presidencia, Carlos Romero. “Se está haciendo la clasificación de la gente para enviarla a sus regiones”.

La ONU, en cambio, ha pedido una investigación, y el defensor del Pueblo Rolando Villena, que dijo estar sorprendido por lo ocurrido, anunció que impulsará una demanda legal contra el Gobierno.

Horas antes de la represión, tras reunirse con 16 comunidades a favor de su proyecto, Evo Morales había anunciado la convocatoria de un referéndum en los departamentos de Cochabamba y Beni (noreste), las dos regiones que comunicaría la carretera, y había prometido además una ley contra los asentamientos ilegales en la reserva forestal por donde pasaría la autopista.

Según los propios organizadores, son unos 1.500 los manifestantes que comenzaron el pasado 15 de agosto una marcha desde Trinidad, capital del departamento de Beni, en dirección a La Paz, a 600 kilómetros de distancia. Con el respaldo de indígenas de otras regiones, se oponen al proyecto vial Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que partiría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“Bolivia es el país con más reservas probadas y probables de gas, y todas están debajo de parques naturales, donde viven comunidades indígenas”, explicó a esta periodista Marielle Cauthin, una de las activistas. “Esto puede llevar a un etnocidio, porque los indígenas viven de la sevicultura, de la caza y de la pesca. Necesitamos caminos, pero no a costa de un sacrificio tan fuerte”.

La construcción de la carretera, de 306 kilómetros, ha sido adjudicada a la empresa brasileña OAS por 420 millones de dólares. El Gobierno ha insistido en la necesidad de esta ruta que se convertiría en un corredor bioceánico al atravesar toda la Amazonía y comunicar regiones de Perú con las de Brasil a través de Bolivia.

Los indígenas, en cambio, consideran este proyecto un atropello a sus derechos, y exigen que se convoque una consulta popular tal y como establece la Constitución, impulsada por el mismo Evo Morales y aprobada por el pueblo en 2009. Los nativos, que han recurrido a la Organización de Estados Americanos (OEA), han denunciado también la invasión paulatina del Tipnis por parte de productores de hoja de coca de Cochabamba, llamados “colonizadores”, que han ido usurpando terreno del parque con sus cultivos.

* Artículo aparecido el 27-09-2011 en el diario español Público. Fue escrito un día después de regresar de un viaje por Bolivia.

Bolivia condena la masacre del 'Octubre Negro'

Casi ocho años después de la masacre conocida como Octubre Negro, el Tribunal Supremo de Bolivia emitió ayer una sentencia contra siete de los 17 acusados.

Dos exministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron condenados a tres años de prisión por ser partícipes en la matanza de al menos 67 civiles. Además, hubo 450 heridos. Otros cinco militares recibieron penas que oscilan entre los 10 y 15 años de cárcel por el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta", especialmente en El Alto, junto a La Paz.

A pesar de ser histórica, la resolución de la Justicia ha generado una satisfacción más bien tibia. La Central Obrera Boliviana no dudó en calificarla de "benévola", aunque lo que sobre todo pesa es que el principal responsable de la masacre, el expresidente Sánchez de Lozada, sigue prófugo en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía por extraditarlo a él y a siete de sus exministros. Dos de ellos huyeron también a Estados Unidos, mientras que otros cuatro se fugaron a Perú y uno más, el exministro de Educación Hugo Carvajal, eligió España como refugio.

Ya lo dijo el ministro de Comunicación, Iván Canelas, al señalar que "los verdaderos autores intelectuales siguen fuera del país".

La matanza se remite a octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada hizo uso de la fuerza militar para reprimir una movilización popular que protestaba contra la decisión gubernamental de exportar gas a Estados Unidos y a México a través de puertos de Chile, al que Bolivia reclama el acceso soberano al mar que perdió en 1879. Las revueltas, en las que participó el por entonces líder indígena Evo Morales, habían comenzado un mes antes con la demanda popular de nacionalizar e industrializar el gas.

La posterior represión militar desencadenó protestas multitudinarias en todo el país, que terminaron con la muerte de más de 60 campesinos y la renuncia de Sánchez de Lozada, que se marchó precipitadamente a Estados Unidos.

* Artículo aparecido el 01-09-2011 en el diario español Público.

Evo Morales también gana en las regiones*

Los resultados de las elecciones regionales celebradas el pasado domingo en Bolivia parecen ser un motivo de alegría para su presidente, Evo Morales, si bien la oposición ha celebrado el apoyo recibido en las regiones que hasta ahora han estado bajo su control.

Aunque la victoria de Morales no será en principio tan contundente como en las pasadas elecciones de diciembre, en las que salió reelegido como presidente del país con un 64,2% de los votos, los sondeos a pie de urna auguran que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ganado en la mayor parte de los departamentos del país: Oruro, Potosí y Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

Morales se proclamó vencedor también en Pando, una de las regiones de la denominada “media luna” que tradicionalmente ha sido considerada un bastión de sus oponentes autonomistas.
La oposición en cambio ha reafirmado su poder en el resto de los departamentos que la configuran: Santa Cruz, Beni y Tarija.

Las encuestas además confirman el triunfo del MAS sólo en tres de las diez principales alcaldías del país. Una de las mayores decepciones para el oficialismo ha sido su derrota en La Paz, sede del poder ejecutivo y legislativo, que permanecerá en las manos del Movimiento sin Miedo (MSM), una fuerza política unida al MAS hasta diciembre del año pasado pero que en estas elecciones ha presentado sus propios candidatos.

Según las estimaciones preliminares, la capital constitucional del país, Sucre, tendrá también alcalde opositor. Según Morales, en cualquier caso el MAS ha pasado de tener 100 alcaldías a controlar unas 200.

Entre tanto la Corte Nacional Electoral (CNE) ha destacado la masiva participación ciudadana durante la jornada electoral, en la que fueron convocados a votar más de cinco millones de bolivianos. La Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) subrayó también la tranquilidad del proceso.

Aunque reconoció que esperaba poder hacerse con más alcaldías, el jefe de Estado boliviano se ha mostrado satisfecho con los resultados de estas elecciones que configurarán por primera vez un Estado plurinacional autonómico tal y como establece la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009.

Por primera vez en la historia del país, tendrán potestad para legislar tanto los municipios como las asambleas departamentales, entre las cuales hay 23 indígenas cuyas leyes y costumbres ancestrales serán respetadas. Además las gobernaciones tendrán sus propias administraciones autonómicas.

* Artículo aparecido el 06-04-2010 en el diario español Público.

La corrupción es un delito imprescriptible en Bolivia

El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.

Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.

La corrupción es un delito imprescriptible en Bolivia

El mismo vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ha definido como la “Ley Guillotina”. Desde el 1 de abril una nueva normativa en este país declara imprescriptible el delito de corrupción, y no reconoce ningún tipo de inmunidad o fuero a la hora de juzgar delitos de enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público, incluidos “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.

“Siento que ha llegado la hora de sentar la mano a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas”, afirmó el presidente Evo Morales al promulgar la Ley Anticorrupción, con la que espera recuperar casi 10.000 millones de dólares robados al Estado en los últimos 40 años.

Según el mandatario, ex autoridades del país han empezado estos días a traspasar sus bienes a otras personas. Organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han pedido el arresto de los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005), y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97), todos ellos acusados de corrupción. También estarán en la mira de la Justicia el cardenal Julio Terrazas y Guillermo Fortún, aspirante opositor a la alcaldía de La Paz en las elecciones de ayer.

Evo aspira a convertir Bolivia en un Estado plurinacional*

Más de cinco millones de bolivianos fueron convocados ayer a las urnas en unas elecciones regionales históricas que permitirán la creación de un Estado plurinacional autonómico. Ésta es la primera vez que los votantes eligen de forma directa a sus autoridades departamentales, municipales y regionales en unos comicios en los que el presidente Evo Morales espera consolidar su poder.

En total se elegirán a 2.502 autoridades, entre las que se encuentran nueve gobernadores, 337 alcaldes y 1.855 concejales. Además serán designados 267 miembros de las asambleas legislativas provinciales que tendrán la facultad de legislar a nivel regional, algo que antes no sucedía.

Aunque no se conocerán los resultados hasta dentro de 15 días, los periódicos del país se hacen eco de varias encuestadoras que no dudan de la victoria del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando. La oposición retendría Santa Cruz (bastión de la defensa autonomista en el país ) y Beni, mientras que en disputa quedarían Chuquisaca y Tarija.

Ante una oposición desmembrada, el MAS es el único partido que presenta candidatos para todos los puestos de todo el país. Como segunda fuerza política a nivel nacional puede surgir el Movimiento Sin Miedo (MSM), que hasta diciembre fue aliado del Gobierno pero que ahora presenta candidatos propios para cuatro de las gobernaciones y para 176 municipios.

Morales, que ha descartado que pueda trabajar durante los próximos cinco años junto a la oposición, confía en reducir la abstención que en las últimas elecciones rondó el 10%.

Ésta es la sexta vez que el presidente boliviano se somete al voto popular desde que ganara los primeros comicios en 2005 con el 53,7% de los votos. En 2006 el MAS volvió a triunfar en la elección de constituyentes (50,7%). Dos años después Morales se impuso en el referéndum revocatorio de mandatos (67,4%) y también en 2009 cuando se votó la nueva Constitución (61,4%). El pasado diciembre fue elegido con más del 60% de los votos en las elecciones que lo consagraron de nuevo como presidente.

* ARtículo aparecido el 05-03-2010 en el diario español Público.