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martes, 8 de septiembre de 2020

Por primera vez en la historia un exministro franquista rinde cuentas ante la justicia

 

El exministro español Rodolfo Martín Villa se ha convertido este jueves en el primer acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo que es interrogado por la justicia.


No rindió cuentas ante los tribunales españoles, sino ante una jueza argentina, María Servini, que desde 2010 instruye la única causa del mundo en indagar lo sucedido durante la dictadura. Martín Villa tuvo que presentarse en el Consulado argentino de Madrid, donde fue interrogado por videoconferencia por la magistrada desde las 11.00 hora local (14.00 GMT). Salió de la sede diplomática pasadas las 17.00 horas (20.00 GMT), según transmitieron a Sputnik fuentes de la querella.

ACUSACIONES

El exministro está acusado de doce homicidios agravados durante el período de la Transición que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Era ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), cuando tuvo lugar una matanza en Vitoria en la que fueron asesinados cinco obreros:: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo García, y Bienvenido Pereda Moral.

Martín Villa era ministro de Gobernación o de Interior (1976-1979), cartera que tenía las Fuerzas de Seguridad a su mando, cuando la Guardia Civil y la Policía Armada dispararon a Ramón Gómez Jáuregui, José Luis Cano y Francisco Javier Fernández Núñez en el municipio de Rentería, en la provincia vasca de Guipuzcua (norte), durante la semana proamnistía que en mayo de 1977 movilizó a miles de personas en todo el país.

Al exministro también se le acusa de la muerte de Jesús María Zabala, asesinado en 1976 durante una represión en la localidad guipuzcoana de Hondabarría (norte); de María Menchaca, asesinada se año en Vizcaya (norte) por un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz, acribillado en Madrid en 1977.

En 2019 se incorporó una nueva imputación en su contra por el asesinato de Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona (norte).

EN SU DEFENSA

A ocho días de declarar, ingresaron al juzgado de Servini una serie de cartas en apoyo a Martín Villa que hizo llegar su abogado, Fernando Goldaracena. Provenían nada menos que de los últimos cuatro expresidentes que tuvo España: Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018). También acudieron en su defensa con sus respectivas misivas los exsecretarios generales de los dos sindicatos principales de España, CC.OO y UGT, y dos juristas considerados “padres” de la Constitución española.

Todos ellos alababan al exministro como un paladín de la democracia. Alguno más desenvuelto, como Mariano Rajoy, del PP, y Felipe González, del PSOE, recriminaban las “falsedades en la que se sustenta la acusación”, la cual representa a las víctimas del franquismo, y osaban pedir a la jueza que procediera contra la querella, por mancillar el honor de un adalid comprometido con el Estado de derecho que tanto contribuyó al nacimiento de la democracia en España.

 

*  Artículo publicado en la agencia internacional Sputnik el jueves 3 de septiembre.





miércoles, 2 de septiembre de 2020

Querella argentina aguarda con ansiedad indagatoria a Martín Villa en la causa del franquismo

La jueza argentina María Servini interrogará el próximo jueves 3 de septiembre al exministro franquista por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Casi un año de trabas y dilaciones han impedido que el exministro de la transición Rodolfo Martín Villa haya declarado ante la justicia argentina por los crímenes de lesa humanidad que se le achacan durante el franquismo.

Pero este 3 de septiembre, si no surge otro imponderable, el acusado deberá rendir cuentas ante la única jueza del mundo que investiga los crímenes de la dictadura, la argentina María Servini.

La indagatoria, que en un comienzo fue pautada para el 9 de septiembre de 2019, no será realizada en Buenos Aires, como pretendía la magistrada, sino en el Consulado de Argentina en Madrid. La cita fue programada a las 11.00 hora local (16.00 hora española) y será por videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom, lo que resuelve una de las últimas dificultades que ha encontrado Servini para concretar la citación, dadas las restricciones causadas por la pandemia.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmaron a Público que la directora de asistencia jurídica de este organismo, Flavia Amoroso, puso en conocimiento de la indagatoria a la cónsul general argentina en España, Moira Wilkinson, a fin de que actúe como fidataria durante el acto procesal, según pidió la magistrada en un oficio el pasado 27 de julio.

Palabra de querellantes

Inés García Holgado y Adriana González son las querellantes que dieron origen a la causa el 14 de abril de 2010 junto a Darío Rivas, que falleció a los 99 años en abril del año pasado. Ambas tienen confianza en que por fin se concretará el interrogatorio, pero también reconocen cierta desazón por las trabas que han empantanado el avance de la causa desde su inicio.

“El hecho de que, en varias ocasiones, el Gobierno español haya protegido a este asesino me provoca un sentimiento de ansiedad ante la espera, ya que deben transcurrir unos días más para que se tome la declaración indagatoria a Martín Villa”, reconoce Inés en diálogo con Público.

Para esta querellante, España es un Estado que protege a los genocidas franquistas, pues “siempre tiene un as en la manga a último momento para no cumplir con la justicia”, afirma la mujer. “Pero en este momento, no me imagino ninguna opción para que Martín Villa pueda burlar la justicia. Además tengo esperanzas en ella, en la querella argentina, en sus abogados y en la jueza”.

Su compañera Adriana Fernández aprecia la repercusión que puede tener la indagatoria a Martín Villa “no sólo por las consecuencias que tenga sobre su persona, sino por el efecto dominó que puede llegar a tener respecto de los otros imputados”. Por eso espera “que esta vez pueda finalmente concretarse para dar fuerza a esta causa tan vapuleada por las autoridades españolas que se han negado sistemáticamente a que avance”.

Esta querellante sabe que una vez sea interrogado Martín Villa, la jueza podrá sobreseerlo, procesarlo o pedir más medidas, como sumar las declaraciones de otros imputados. En cualquier caso, su declaración es la novedad más relevante que tiene la causa en los últimos años. El exministro es uno de los 15 acusados de los 20 originales que imputó Servini por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo en octubre de 2014, cuando dictó órdenes internacionales de detención contra todos ellos.

“Hace algunos años Servini solicitó su extradición al Gobierno español, así como que fuera la justicia de ese país la que lo interrogara por los crímenes que se le adjudican en el expediente a su cargo”, recuerda Adriana. “No tuvo éxito: las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977. Ya es tiempo de que terminen tantas décadas de total impunidad. Exigimos justicia y juicio y castigo a los culpables”.

Imputado clave

Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico que se incorporó en 2018 a la causa, destaca que Martín Villa, de 85 años, es “uno de los jerarcas del régimen de Franco que continuó con máximas responsabilidades en el Estado luego de la muerte del dictador, y es el responsable durante la transición de la cruenta represión a la clase trabajadora y al pueblo”.

“Estamos al borde de iniciar una nueva etapa una vez se cumpla con un acto procesal fundamental como es la declaración indagatoria a uno de los principales imputados vivos en la querella contra los crímenes del franquismo”, valora la abogada.

Martín Villa, que entre 1975 y 1979 fue ministro de Relaciones Sindicales y del Interior, está imputado por doce homicidios agravados “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”, lo que puede acarrear pena perpetua.

Entre otros delitos, se le adjudica la matanza de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 y el asesinato del joven Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978, cuando las Fuerzas de Seguridad dispararon sobre una multitud e hirieron a más de 300 personas. Este último caso, representado por Barindali y su equipo, fue incorporado en 2019 al expediente.

Turno de España

Hay otro acontecimiento que puede cambiar el curso de este caso, y es que “la fiscal general Dolores Delgado dejó sin efecto la orden de su antecesora que instruía a todos los fiscales para rechazar toda rogatoria, exhorto y o pedido de medidas de prueba que tuviera que ver con la querella argentina”, destaca la abogada.

Esa directriz, que emanó de la fiscal Consuelo Madrigal, estuvo vigente durante los últimos cuatro años. Víctimas del franquismo, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), y distintos referentes sociales habían pedido que su orden quedara sin efecto. “A partir de ahora quedará librado a cada juez o jueza a las que le lleguen los pedidos del Juzgado de Buenos Aires resolver si van a colaborar o no”, concluye Barindali. “Esperamos ver que la judicatura española también refleje con su actitud que la grieta de la impunidad se va haciendo cada vez más grande y podamos dar pasos positivos para el avance de la causa”.

 

* Artículo aparecido en el diario español Público el 2 de septiembre de 2020. 

** Versión en catalán: https://www.publico.es/public/querella-argentina-repudia-les-cartes-dels-quatre-expresidents-espanyols-suport-martin-villa.html











lunes, 31 de agosto de 2020

Querella argentina aguarda con ansiedad indagatoria a Martín Villa en la causa del franquismo*

La jueza argentina María Servini interrogará el próximo jueves 3 de septiembre al exministro franquista por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Casi un año de trabas y dilaciones han impedido que el exminist

ro de la transición Rodolfo Martín Villa haya declarado ante la justicia argentin

a por los crímenes de lesa humanidad que se le achacan durante el franquismo. Pero este 3 de septiembre, si no surge otro imponderable, el acusado deberá rendir cuentas ante la única jueza del mundo que investiga los crímenes de la dictadura, la argentina María Servini.

La indagatoria, que en un comienzo fue pautada para el 9 de septiembre de 2019, no será realizada en Buenos Aires, como pretendía la magistrada, sino en el Consulado de Argentina en Madrid. La cita fue programada a las 11.00 hora local (16.00 hora española) y será por videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom, lo que resuelve una de las últimas dificultades que ha encontrado Servini para concretar la citación, dadas las restricciones causadas por la pandemia.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmaron a Público que la directora de asistencia jurídica de este organismo, Flavia Amoroso, puso en conocimiento de la indagatoria a la cónsul general argentina en España, Moira Wilkinson, a fin de que actúe como fidataria durante el acto procesal, según pidió la magistrada en un oficio el pasado 27 de julio.

 

Palabra de querellantes

Inés García Holgado y Adriana González son las querellantes que dieron origen a la causa el 14 de abril de 2010 junto a Darío Rivas, que falleció a los 99 años en abril del año pasado. Ambas tienen confianza en que por fin se concretará el interrogatorio, pero también reconocen cierta desazón por las trabas que han empantanado el avance de la causa desde su inicio.

“El hecho de que, en varias ocasiones, el Gobierno español haya protegido a este asesino me provoca un sentimiento de ansiedad ante la espera, ya que deben transcurrir unos días más para que se tome la declaración indagatoria a Martín Villa”, reconoce Inés en diálogo con Público.

Para esta querellante, España es un Estado que protege a los genocidas franquistas, pues “siempre tiene un as en la manga a último momento para no cumplir con la justicia”, afirma la mujer. “Pero en este momento, no me imagino ninguna opción para que Martín Villa pueda burlar la justicia. Además tengo esperanzas en ella, en la querella argentina, en sus abogados y en la jueza”.

Su compañera Adriana Fernández aprecia la repercusión que puede tener la indagatoria a Martín Villa “no sólo por las consecuencias que tenga sobre su persona, sino por el efecto dominó que puede llegar a tener respecto de los otros imputados”. Por eso espera “que esta vez pueda finalmente concretarse para dar fuerza a esta causa tan vapuleada por las autoridades españolas que se han negado sistemáticamente a que avance”.

Esta querellante sabe que una vez sea interrogado Martín Villa, la jueza podrá sobreseerlo, procesarlo o pedir más medidas, como sumar las declaraciones de otros imputados. En cualquier caso, su declaración es la novedad más relevante que tiene la causa en los últimos años. El exministro es uno de los 15 acusados de los 20 originales que imputó Servini por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo en octubre de 2014, cuando dictó órdenes internacionales de detención contra todos ellos.

“Hace algunos años Servini solicitó su extradición al Gobierno español, así como que fuera la justicia de ese país la que lo interrogara por los crímenes que se le adjudican en el expediente a su cargo”, recuerda Adriana. “No tuvo éxito: las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977. Ya es tiempo de que terminen tantas décadas de total impunidad. Exigimos justicia y juicio y castigo a los culpables”.

 

Imputado clave

Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico que se incorporó en 2018 a la causa, destaca que Martín Villa, de 85 años, es “uno de los jerarcas del régimen de Franco que continuó con máximas responsabilidades en el Estado luego de la muerte del dictador, y es el responsable durante la transición de la cruenta represión a la clase trabajadora y al pueblo”.

“Estamos al borde de iniciar una nueva etapa una vez se cumpla con un acto procesal fundamental como es la declaración indagatoria a uno de los principales imputados vivos en la querella contra los crímenes del franquismo”, valora la abogada.

Martín Villa, que entre 1975 y 1979 fue ministro de Relaciones Sindicales y del Interior, está imputado por doce homicidios agravados “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”, lo que puede acarrear pena perpetua.

Entre otros delitos, se le adjudica la matanza de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 y el asesinato del joven Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978, cuando las Fuerzas de Seguridad dispararon sobre una multitud e hirieron a más de 300 personas. Este último caso, representado por Barindali y su equipo, fue incorporado en 2019 al expediente.

 

Turno de España

Hay otro acontecimiento que puede cambiar el curso de este caso, y es que “la fiscal general Dolores Delgado dejó sin efecto la orden de su antecesora que instruía a todos los fiscales para rechazar toda rogatoria, exhorto y o pedido de medidas de prueba que tuviera que ver con la querella argentina”, destaca la abogada.

Esa directriz, que emanó de la fiscal Consuelo Madrigal, estuvo vigente durante los últimos cuatro años. Víctimas del franquismo, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), y distintos referentes sociales habían pedido que su orden quedara sin efecto. “A partir de ahora quedará librado a cada juez o jueza a las que le lleguen los pedidos del Juzgado de Buenos Aires resolver si van a colaborar o no”, concluye Barindali. “Esperamos ver que la judicatura española también refleje con su actitud que la grieta de la impunidad se va haciendo cada vez más grande y podamos dar pasos positivos para el avance de la causa”.

 

* Artículo aparecido el 31 de agosto en el diario español Público.

martes, 10 de marzo de 2020

Jueza argentina pospone al 26 de mayo el interrogatorio de Martín Villa


María Servini aplazó dos meses la audiencia indagatoria del exministro franquista, que en un comienzo estaba prevista para el 20 de marzo en la Embajada argentina de Madrid.

 

La jueza argentina que instruye la causa sobre los crímenes del franquismo, María Servini, postergó al 26 de mayo la declaración indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa en la Embajada argentina en Madrid. En una resolución a la que accedió Público en exclusiva, la magistrada anunció que pretende viajar a la capital española desde el 23 de ese mes al 4 de junio.

Servini solicitó a la Cancillería argentina que “se instruya a los representantes de la embajada o consulado argentinos en Madrid, Reino de España, a efectos que arbitren los medios necesarios para
que el juzgado se constituya en ese lugar y se reciba declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa en esa embajada o representación consular, el día martes 26 de mayo de 2020, y días
subsiguientes si fueran necesarios”.

La jueza difirió la declaración indagatoria de Martín Villa “para lograr la concesión de las pertinentes autorizaciones administrativas, habilitación y liquidación de fondos para la obtención de pasajes, viáticos, alojamiento, etc.; y en atención a las recientes noticias publicadas en distintos portales de la web sobre el avance del coronavirus”.

En otro oficio remitido a la Corte Suprema, la titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina solicitó autorización para trasladarse a Madrid junto con tres funcionarios de su juzgado desde el “23 de mayo al 4 de junio del presente año 2020”.

Eterna espera

La magistrada había anunciado en una resolución el pasado 4 de diciembre que viajaría a España para interrogar al exministro el 20 de marzo, pero la dilación en los trámites para llevar adelante la audiencia llevaron a Servini a fijar una nueva fecha.

Hace poco más de una semana, Servini emitía un oficio en el que recordaba “la proximidad de la fecha dispuesta” para interrogar a Martín Villa y exhortaba a que hubiera una respuesta definitiva y concluyente de las autoridades españolas” sobre su viaje a Madrid. Un galimatías burocrático en las últimas semanas propició el retraso de la audiencia indagatoria de Martín Villa, que en un origen Servini había programado para el 9 de septiembre en Buenos Aires y que después ella misma aplazó al 11 de diciembre. En un oficio del 4 de diciembre de ese mes, Servini volvió a posponer la declaración indagatoria para el 20 de marzo, sólo que esta vez citó al exministro en la Embajada argentina de Madrid.

El 20 de enero, un confuso documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina advertía a la jueza que su último requerimiento debía haber sido presentado como una “solicitud de asistencia internacional (exhorto internacional)”, según “habían adelantado” desde el Ministerio de Justicia de España. Fuentes de esa cartera aseguraron a Público que ellos no habían emitido ninguna información oficial, y que sólo transmitían los mensajes que se intercambiaban las Cancillerías de ambos países.

La jueza argentina ha visto a lo largo de este proceso cómo en dos ocasiones el propio Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de José de la Mata, y el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid rechazaban los auxilios judiciales internacionales que ahora sí parecen ser necesarios para su viaje a Madrid.
La única causa que investiga los crímenes de la dictadura franquista en el mundo se encuentra con una paradoja: la jueza quiere tomarle declaración a uno de los imputados y el propio acusado, Martín Villa, asegura que quiere responder ante ella, pero esa audiencia es aplazada una y otra vez desde hace más de medio año.

El exministro franquista, que debe responder por crímenes de lesa humanidad, es acusado del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un crimen que puede conllevar prisión de por vida. En las querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso, se le achacan además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves.

Carrera de obstáculos

La falta de cooperación de las autoridades españolas ocasiona que hasta el momento no hayan respondido ante la justicia ninguno de los quince imputados en el expediente, de los 20 originales, entre los que hay exministros, jueces, policías y hasta un médico imputado por el posible robo de bebés.

La Fiscalía y la Audiencia Nacional rechazaron en 2014 la extradición del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño, y del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, ambos acusados de torturas durante el franquismo. En sintonía con esta postura, el Consejo de Ministros denegó en marzo de 2015 la entrega a Argentina de siete exministros franquistas acusados de delitos imprescriptibles.

En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José Utrera Molina, que murió al año siguiente sin responder nunca a las acusaciones. Meses después, la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo Madrigal instruyó a las fiscalías provinciales para que se negaran a tomar declaraciones en el marco de esta causa. Su instrucción todavía no ha sido anulada.

Todos estos delitos se investigan en Argentina porque este país reconoce en su Constitución el principio de justicia universal, avalado en el derecho internacional, que permite a cualquier país investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de dónde se perpetraron los delitos o quiénes sean sus víctimas.

* Artículo publicado en el diario español Público el 7 de marzo de 2020.

viernes, 14 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia obstaculiza el interrogatorio a Martín Villa de la justicia argentina


La jueza argentina María Servini no viajará a España para tomar la declaración indagatoria del exministro franquista el próximo 20 de marzo, tal y como había pedido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.
 
La dilación es la invitada permanente en la causa argentina que investiga los crímenes del franquismo. La jueza María Servini se ha visto obligada a postergar la declaración indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa que tenía previsto realizar el 20 de marzo en la Embajada argentina en Madrid, según confirmaron fuentes de su juzgado a esta periodista.
En esta ocasión, las trabas han surgido del Ministerio español de Justicia. La cartera que dirige el ministro Juan Carlos Campo rechazó la pretensión de la magistrada de interrogar el próximo mes a Martín Villa por no haber librado un exhorto internacional en el marco del tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.
La titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina había tramitado a través de la Cancillería argentina una solicitud formal que se canalizó a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, quien a su vez trasladó el pedido al Ministerio de Justicia.
La magistrada intentó desde un comienzo que fueran los jueces españoles los que tomaran la declaración indagatoria del exministro franquista. El juzgado de instrucción n.º 5 asignado por sorteo, a cargo del juez José de La Mata, repitió la cantinela que forma parte de la liturgia española para bloquear la pesquisa de la justicia argentina: que los crímenes del franquismo se encuentran caducados, aun cuando el derecho internacional reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Pero dado que el propio Martín Villa había manifestado su intención de declarar ante la jueza Servini, el juzgado de instrucción n.º 5 recomendó que la declaración indagatoria se realizase en el consulado argentino en Madrid. Cuando la magistrada avanzó con esa solicitud y fijó la fecha del interrogatorio para el 20 de marzo, el Ministerio de Justicia exigió que el pedido se tramite a través de un exhorto internacional.
Dilación permanente
El juzgado de Servini ha perdido la cuenta de la cantidad de exhortos que han sido rechazados, diferidos o dejados sin efecto por la justicia o el Gobierno español. Sucedió desde el nacimiento de la investigación, el 14 de octubre de 2010, cuando Servini se dirigió por vía diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si se estaban investigando en España los crímenes franquistas.
La Fiscalía General del Estado tardó casi un año en contestar. En su respuesta el 28 de junio de 2011, el organismo informaba en un documento sin firma que se habían tramitado diversos casos. Su réplica fue objetada por la querella de la causa, por el exjuez Baltasar Garzón y por organismos como Amnistía Internacional, que recordaron que en España no se habían investigado jamás los delitos de la dictadura.
La falta de colaboración de las autoridades españolas ha sido una constante desde entonces. La Fiscalía y la Audiencia nacional se opusieron en 2014 a la extradición de cuatro agentes de seguridad del régimen acusados de torturas, entre ellos el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.
Ese mismo año, el Estado español ignoró la orden internacional de detención dictada por la jueza contra 20 imputados en el expediente, de los cuales ya fallecieron cinco.
En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José Utrera Molina, quien falleció al año siguiente sin que nunca llegara a rendir cuenta de las acusaciones en su contra. En su afán dilatorio, el Ministerio de Justicia requirió el listado de preguntas que tenía previsto hacer la magistrada, lo que obligó a posponer una vez más las indagatorias. Meses después, la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo Madrigal reveló sus cartas al ordenar a las fiscalías provinciales que suspendieran la declaración de los querellantes que habían sido citados en diversos juzgados españoles en virtud de la petición de Servini.
La instrucción de la exfiscal general todavía no ha sido anulada. Entre tanto, el juzgado de Servini enviará un nuevo exhorto, tal y como reclama el Ministerio de Justicia, para poder interrogar a Martín Villa, imputado en Argentina por el "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un crimen que puede acarrear prisión perpetua.
En las querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso se le imputan además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves. Todos estos delitos pueden investigarse por el principio de justicia universal reconocido en el derecho internacional y en la propia Constitución de Argentina que permite que cualquier país pueda investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de quiénes sean sus víctimas o dónde se perpetraron los delitos.
Atenta a esta situación, la Coordinadora  Estatal de Apoyo a la Querrella Argentina (CEAQUA) ofrecerá este jueves una rueda de prensa en Madrid para denunciar la injerencia del Gobierno español ante la investigación que intenta esclarecer los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre julio de 1936 y junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

* Artículo original publicado en el diario español Público.





miércoles, 17 de abril de 2019

Muere Darío Rivas, el hombre que hizo nacer la querella del franquismo

Falleció este lunes en Buenos Aires con 99 años Darío Rivas, el primer querellante de la causa que investiga en Argentina los delitos de lesa humanidad de la dictadura franquista.

Darío Rivas, en abril de 2015. (A.D.P)

Hace nueve años, el 14 de abril de 2010, Darío Rivas presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires una denuncia particular para que comenzara una investigación sobre los crímenes del franquismo en base al principio de justicia universal reconocida por la Constitución argentina.

No fue un periplo fácil, pero este querellante abrió un proceso judicial que ha contribuido a que en los últimos años la memoria histórica sea un eje trascendental de la política nacional española. La causa que impulsó este gallego llevó a que la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del expediente, imputara y ordenase la detención de una veintena de excargos franquistas. Entre ellos se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa, quien asegura que viajará en septiembre a Buenos Aires para declarar ante la magistrada argentina.

Darío Rivas vivió a través de un anhelo: el de conseguir justicia para su padre, Severino Rivas, fusilado 'por traición a la patria' el 29 de octubre de 1936, tres meses después de asumir como alcalde del ayuntamiento de Castro de Rei, en Lugo. "Lo hago todo por mi padre", llegó a decir en una ocasión.

En un viaje al pueblo lucense de Portomarín en 2004, Darío Rivas descubrió a través de una charla casual con una lugareña que dos hombres durante la Guerra Civil habían sido asesinados y enterrados en una cuneta. El hijo reconoció al padre por un gabán que le había obsequiado su hermana. Al año siguiente consiguió que su progenitor fuera la primera víctima del franquismo exhumada de una fosa común en Galicia.

No fue su único hito. Inició en los juzgados argentinos con el patrocinio del fallecido Carlos Slepoy y el abogado Máximo Castex la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. En 2013 se presentó en la embajada de España en Buenos Aires con 5.000 firmas de apoyo a la causa, aunque no le dejaron ingresar. Al año siguiente intentó entregarle a la canciller alemana Angela Merkel una carta en la que reclamaba que su país pidiera perdón por los crímenes nazis durante la Guerra Civil.

Porque este hombre, que desembarcó en Argentina con nueve años, era de mirada limpia y palabra firme. "Franco era el criminal más grande del siglo XX, y todavía lo seguimos discutiendo", afirmó en alguna entrevista con este diario. "Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos. En España no existe la justicia, desde el momento en el que vamos contra una dictadura latente”.

Compañeras en lucha


Junto a él impulsaron la causa como primeras querellantes Inés García Holgado y Adriana Fernández, quien visitó este domingo al anciano en un geriátrico del barrio de Villa del Parque de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba recluido desde hacía dos años. "Yo amanecí pensando: 'tengo que ver a Darío sí o sí'. Al fin y al cabo era un día muy emotivo: se celebraba el 88 aniversario de la República y nueve años de la querella. No sabía que me estaba despidiendo, pero lo vi muy mal, muy flaquito, muy desmejorado. Hicimos lo que pudimos para ver si podía tener un mejor final. Yo quería que él hubiera tenido el final de un guerrero, no así, no pidiendo pista", cuenta a Público esta argentina.

Darío Rivas, junto a Adriana Fernández, Inés García Holgado y el abogado Carlos Slepoy (A.D.P)


Fernández recuerda su relación con Darío Rivas, que la trataba "como una nieta, una sobrina". Cuando él vendió su casa, situada en la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, y fue enviado al geriátrico, comenzó el principio de este final. "Creo que él se fue allí pensando que iba a ser un lugar en el que podría hacer su vida, no que iba a estar internado. Creo que él no era consciente de adónde estaba yendo. Y desde entonces no fue el mismo, cuando era una persona muy libre. Ahí comenzó su debacle".

Darío habría cumplido 100 años en febrero. "Nos deja un legado muy grande, abrió una puerta de justicia. Gracias a él se inicio esta querella que permitió que tanta gente fuera escuchada ante la jueza, no sólo nosotros, que tuvimos nuestros familiares represaliados en 1936, sino también víctimas de niños robados, presos del franquismo. El nombre de Darío será bandera de justicia de ahora en más, estará presente en todo, y seguiremos la lucha que él empezó", concluye su compañera.

"Las personas no son fungibles. Darío es irremplazable, no va a haber otro.
Surgirán otras personas, pero él no a a volver", reconoce García Holgado, que como querellante junto a Fernández constituyó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina del que Rivas era presidente honorario. "Perdemos una persona muy importante de la causa, como lo fue también Carlos Slepoy o Paco Lores, presidente de la Federación Gallega. Es un valor que perdemos, y en Argentina somos poquitos para luchar. Lo vamos a extrañar muchísimo".

García Holgado deja una revelación para el final: Darío Rivas quería ser testigo de la exhumación de Franco. "Hasta hace un mes decía que él iba a viajar a España para ver a Franco fuera del Valle de los Caídos. Se nos están yendo víctimas y defensores de víctimas por culpa de esta dilación del Gobierno español. Esta gente se está yendo sin ver justicia", reprocha.


* Artículo aparecido el 16 de abril de 2019 en el diario español Público.

martes, 26 de septiembre de 2017

Martín Villa acepta finalmente los 48.000 euros de fianza impuestos por la Justicia argentina

El exministro Rodolfo Martín Villa, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, ha consentido finalmente en depositar la fianza dictada por la jueza argentina María Servini de Cubría para conceder su exención de prisión.

El represor había recurrido el pasado martes la caución que decretó la magistrada, pero a los dos días, Martín Villa desistió de su apelación.
En un primer fallo, Servini había establecido en más de un millón de euros (21.250.000 pesos) el monto que debía pagar el exministro para evitar su encarcelamiento en caso de que decidiese pisar Buenos Aires.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tribunal de segunda instancia, anuló esa resolución después de que el defensor de Martín Villa, Fernando Goldaracena, cuestionara la fianza de la jueza por considerarla desproporcionada.

En un nuevo auto fechado el 15 de septiembre, la magistrada redujo la caución del exministro a un millón de pesos (48.300 euros), pero el exministro franquista volvió a pedir la revisión de la cifra hasta que, por algún motivo, decidió no objetar más la decisión.

El desenlace jurídico de no mantener su apelación es que ha quedado firme la resolución de Servini. Cuando Martín Villa desembolse la cantidad que pide la jueza, será automática su exención de cárcel.

Consecuencias

Es de esperar que en algún momento la magistrada levante también la orden de detención internacional que pidió en su contra en octubre de 2014, cuando lo imputó por crímenes de lesa humanidad junto a otros 19 represores franquistas.
En realidad, esa captura internacional no llegó a regir porque la sección de Interpol en España denegó la detención preventiva con fines de extradición a Argentina de la veintena de imputados originales reclamados por la jueza, pedido que había sido avalado por la oficina de la organización policial radicada en Buenos Aires.

La defensa de Martín Villa podría adelantarse y pedir que quede sin efecto la orden de arresto contra su cliente, o bien Servini podría concederla de oficio. De este modo, el exministro franquista se aseguraría de que puede salir de España sin temor a ser detenido.

Durante todo este tiempo, el represor ha insistido en que quiere declarar ante la magistrada por los delitos que se le imputan en el expediente “con independencia de lo que se decidiera en España por el Gobierno o por los tribunales de Justicia”, de acuerdo a una carta que remitió a la jueza en noviembre del año pasado.

Ése fue uno de los motivos que valoró la Cámara de Apelaciones para anular el 22 de agosto un fallo de Servini que denegaba la exención de prisión solicitada por Martín Villa.

El tribunal de apelaciones considera, por otra parte, que en la causa no está fundamentado por qué los delitos atribuidos al exministro durante la transición son de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles.

Entre otros crímenes, el represor ha sido acusado de ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria durante la que fueron asesinados cinco obreros.
 
En todo caso, ahora es el turno de Martín Villa, que desvelará en cuestión de tiempo si realmente dijo la verdad al asegurar una y otra vez que quiere declarar libremente ante la jueza, y que incluso está dispuesto a aportar datos históricos sobre el período investigado.

* Artículo publicado el 23 de septiembre de 2017 en el diario español Público.

martes, 18 de julio de 2017

La jueza argentina vuelve a denegar la exención de prisión de Martín Villa

Estará de nuevo decepcionado el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, quien el pasado viernes dijo sentirse "encantado" con el dictamen de un tribunal de apelaciones de Argentina que cuestionó una resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría, responsable de la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes de la dictadura española.



La respuesta de Servini llegó 24 horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejara el pasado jueves sin efecto, por "infundado", un auto anterior de la jueza en el que se negaba la posibilidad de que Martín Villa pudiera declarar ante la justicia argentina sin ser encarcelado.

En una nueva resolución de 53 páginas, la magistrada resolvió de nuevo "no conceder" la exención de cárcel del exministro franquista "bajo ningún tipo de caución".

Servini fundamentó su negativa en el hecho de que los delitos de Martín Villa se encuadran "dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados en autos, cometidos en España a partir de 1936 y hasta el año 1977 como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político".

En calidad de ministro de Relaciones Sindicales, el franquista ordenó la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976, en la que resultaron asesinadas cinco personas, recordó la jueza.

Como ministro de Gobernación, Martín Villa también dirigió la represión de la denominada Semana Pro Amnistía que tuvo lugar entre el 8 y el 15 de mayo de 1977 en el País Vasco y en Navarra, a raíz de la cual fallecieron un veterano luchador antifranquista, Rafael Gómez Jáuregui, y el joven José Luis Cano Pérez.

Dado que era el máximo responsable de las fuerzas del Estado, la jueza también achaca al exministro de Gobernación las muertes de José María Zabala Erasun, asesinado por un guardia civil en septiembre de 1976; de María Norma Menchaca, que falleció el 9 de julio del mismo año a manos de un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz García, asesinado por un grupo de ultraderechistas en enero de 1977.

El exministro está acusado del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un delito que conlleva prisión perpetua en Argentina.

"Resta poner de resalto que el imputado Rodolfo Martín Villa, al día de la fecha, no se ha puesto a derecho a pesar de los reiterados exhortos librados a fin de recibirle declaración indagatoria", sostuvo la magistrada.

Dudas de la Cámara

Con su dictamen, la Cámara Nacional de Apelaciones en ningún momento revocó la primera resolución de Servini, según confirmaron a Público fuentes del despacho de la jueza, pese a que así que se difundió la noticia en los medios españoles.

La sala II del tribunal se limitó a observar que "la calificación jurídica de orden internacional (es decir, de lesa humanidad) así invocada no fue realizada con base en una fundamentación que abordara las circunstancias distintivas que, según se alegó, tiene en los hechos puntuales por los que se querelló a Villa".
Ese análisis era "ineludible" para discernir "el espacio temporal en que ocurrieron (los hechos imputados a Martín Villa) y el contexto que los rodeó".
En concreto, los miembros de la Cámara no entendían que se calificasen como delitos de lesa humanidad hechos que tuvieron lugar entre 1976 y 1977, a lo que la jueza alegó que durante ese período estuvo vigente un período de represión postfranquista que exige incluir esos años dentro de su investigación.
El abogado de Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha apelado este lunes la nueva resolución de la magistrada, por lo que la Cámara de Apelaciones deberá expedirse de nuevo.

Sobre el exministro franquista sigue pesando una orden de captura internacional, a raíz de su imputación declarada por Servini el 30 de octubre de 2014.


* Primicia aparecida en Público

sábado, 30 de abril de 2016

EXCLUSIVA - Jueza argentina solicita al Vaticano documentación sobre los crímenes del franquismo


BUENOS AIRES.- La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye desde Argentina la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, no ha quedado satisfecha con el silencio que obtuvo por toda respuesta del Gobierno español sobre su pedido para interrogar en España a los 19 cargos franquistas que están imputados en su expediente. Lejos de amilanarse, la magistrada ha recurrido ahora al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según ha podido saber esta periodista en exclusiva.

La jueza Servini en su despacho de Buenos Aires, en 2015 (Ana Delicado Palacios)

La jueza ha liberado un exhorto para que que el Estado de Vaticano aporte toda la documentación que tenga “relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, el período que abarca su investigación.
El Vaticano también debe dar cuenta de toda la información en su posesión relacionada con “los religiosos católicos que fueron objeto (…) de persecución, sanciones, cárcel y torturas”, de acuerdo a la solicitud que realizó la querella argentina.

En paralelo, Servini ha realizado el mismo pedido a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La magistrada remitió comisiones rogatorias a los juzgados de cada una de estas ciudades para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información.

Pedidos a la Generalitat

 

La magistrada ha ido más allá en la causa y aceptó una catarata de pedidos que había realizado la querella para avanzar en la pesquisa de los delitos del franquismo. Para empezar, involucra a la Generalitat de Catalunya. Tres testigos de la querella denunciaron “la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas de asesinatos, que tuvieron lugar en Catalunya en escenarios diversos de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el período comprendido entre 1936 y 1977”.

La jueza accedió a liberar un exhorto a los juzgados de Barcelona, Tarragona, Mataró y La Fatarella a fin de que ordenen a la Generalitat de Catalunya “que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares”. Ese material está disponible en el Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, que cuenta con un banco de ADN gracias al depósito genético que realizaron centenares de familias.

Los tres querellantes que solicitaron este exhorto elaboraron un listado sobre los emplazamientos en donde yacen los restos de los cadáveres, “principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán”, destacan en el expediente de su pedido.

Esos lugares son principalmente laboratorios de universidades catalanas, en concreto, los del Área de Antropología Física de la Universidad Autónoma de Bracelona, en el municipio de Cerdanyola del Vallès de la provincia barcelonesa, así como en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También hay restos en “diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana para estos trabajos”, y en El Memorial de Les Camposines, en Lleida.

Exhumaciones y declaraciones testimoniales

 

La jueza también liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas en Mallorca que se encuentran en la fosa común que alberga el Cementerio Municipal de Porreres, y cuya desaparición forzada fue denunciada por la Asociación Memòria de Mallorca.

En otro requerimiento, la magistrada ordenó a través del juzgado de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto de Cipriano Martos Jiménez, un sindicalista afiliado al PC que fue detenido por esa fuerza policial en 1973, antes de ser torturado y asesinado con la ingestión forzada del contenido de un cóctel molotov, llamado de forma socarrona el “cóctel de la verdad”. Tenía 18 años. Servini también solicita que declare como testigo el hermano de Cipriano, Antonio, ante el juzgado de Sabadell, en Barcelona.

Además exige la exhumación del cadáver de Cipriano, que fue enterrado en secreto en el cementerio de Reus, en Tarragona. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha ofrecido a realizar la tarea, y ya comenzó a elaborar un informe técnico de la fosa.

Por último, la jueza solicitó tomar declaración testimonial a cinco testigos del País Vasco a través de la instrucción de los juzgados en donde vive cada una de estas personas, que por su avanzada edad no pueden trasladarse hasta Buenos Aires. La misma disposición ha adoptado en relación a otros seis querellantes en Catalunya.


* Artículo aparecido el 29 de abril en el diario español Público.

miércoles, 16 de marzo de 2016

Justicia argentina recibe denuncia por los crímenes cometidos contra las mujeres durante el franquismo*

La organización Womens Link Worldwide presentó este miércoles ante la Justicia argentina una querella contra los crímenes de género cometidos durante el franquismo en el marco de la causa que investiga los delitos de la dictadura española (1939-1975), explicó a Sputnik Nóvosti su abogada, Teresa Fernández.

Ésta es la primera querella que da cuenta de los crímenes que sufrieron específicamente las mujeres y niñas durante la dictadura por el hecho de ser mujeres”, contó Fernández. 
 
La querella se presentó ante la jueza federal María Servini de Cubría para que sea integrada en la macrocausa que recayó en su juzgado el 14 de abril de 2010, y que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo bajo el principio de justicia o la jurisdicción universal.

En virtud de este principio, amparado por el derecho internacional, la Justicia de un país puede perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad fuera de sus fronteras, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o del territorio en donde se han producido los delitos. 
 
La querella de Womens Link Worldwide denuncia la represión perpetrada contra seis mujeres, de las cuales sólo una sobrevive hasta la actualidad. Cuatro testimonios de familiares permiten reconstruir los hechos que sufrieron cinco mujeres, dos de ellas hermanas. 
 
La denuncia también esboza un contexto general de la represión que sufrieron las mujeres durante el terrorismo de Estado en España, “en concreto de las mujeres republicanas o tildadas como tales durante los 40 años de dictadura”, señaló Fernández.

Womens trabaja para garantizar que los procesos de justicia internacional incluyan los crímenes de género violencia sexual, porque en conflictos armados o en regímenes dictatoriales hay violencia contra la mujer, pero es siempre invisibilizada”, sostuvo la abogada.

La organización, que también ha trabajado en Guatemala para incluir la perspectiva de género en el genocidio perpetrado en ese país, se contactó a finales de 2014 con los abogados de la querella que trabajan desde hace casi seis años en el caso.

Nos propusimos ampliar la denuncia, y desde entonces recopilamos información con la ayuda de los familiares de las víctimas”, añadió Fernández.
En España nunca se constituyó ninguna comisión de la verdad sobre los delitos del franquismo, por lo que no se sabe con certeza cuántas mujeres fueron represaliadas por su condición de mujer durante la dictadura.

La magistrada Servini de Cubría, que instruye esta causa judicial única en el mundo, pidió en 2014 la extradición de 20 imputados españoles –tres fallecidos– por crímenes del franquismo, solicitud que España rechaza hasta el momento

Entre tanto, la jueza ha invitado a denunciar los crímenes de la dictadura a través de los consulados argentinos en España, y viajó en dos ocasiones a este país para recoger en persona declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros  crímenes.


* Artículo publicado el 16 de marzo de 2016 en la agencia de noticias internacional Sputnik. 

lunes, 8 de diciembre de 2014

"Podemos es un grito de alerta en el mundo contemporáneo" – ENTREVISTA EN EXCLUSIVA A JOSÉ MUJICA (PARTE II)


¿Qué opina de Podemos? 

Vinieron a verme los muchachos, hace poco. Son un grito de alerta en el mundo contemporáneo. Porque ¿cuál es la bandera?. La verdadera bandera es lo que debería de ser cotidiano: la honradez, no ser corrupto, ser de derecho. Ésta es la primera bandera que está levantando con éxito político, ¿verdad?

Pepe Mujica en el jardín de su vivienda
Mujica, durante al entrevista (Matías Ball)

Sí.

Eso tendría que ser lo normal en una sociedad, no podría ser una bandera política. Pero cuando se transforma en una bandera de carácter decisivo, es porque la sociedad está enferma. Es una cosa que sobresale, y sobresale porque daría la impresión de que el sistema político está bastante enfermo. Ha perdido una credibilidad enorme ante la gente.

Ahora, esto pasa en casi todos los países. Un presidente cerca de las capas más postergadas de la sociedad debería ser la norma y no la excepción. Y sin embargo, en este mundo, eso no sucede. Política es una mala palabra.

Eso significa que las repúblicas vinieron y aparecieron en el mundo para suscribir que los hombres somos iguales. Y fue una bofetada a las monarquías y al origen de sangre azul de la nobleza. Pero ¿qué pasa? Se nos están colando adentro, de contrabando e institucionalmente, usos y costumbres que son más propios de la monarquía que de la república. Entonces los gobernantes se confunden y entran a vivir como la minoría privilegiada y no como vive la mayoría de la sociedad. Y crean una distancia con el común de la gente, y la gente termina no creyendo. Y esto es la peor enfermedad que puede tener una sociedad: no creer.

¿Por qué?

Porque en la vida hay que creer en algo. Los seres humanos somos los bichos más utópicos que inventó la naturaleza. Si seremos utópicos que creamos las religiones, ¿verdad?. Inventamos que este mundo es un valle de lágrimas para ir a un paraíso, cosa que tenemos que revertir. Y donde vos vayas, en cualquier rincón del mundo y en cualquier época, te das cuenta de que la gente cree en algo.

¿Por qué lo hace?

Porque tiene la necesidad de creer en algo. Indistintamente de que lo que crea sea bolazo [mentira] o no, no importa eso. Es la cosa más constante que te encontrás. De ahí yo digo que la gente tiene que creer en algo. Ahora, si tienen un Gobierno en el que no creen en nada, y una clase política en la que no creen un carajo,¿qué nos queda? El nihilismo, cada cual a lo suyo.

Trágico.

¿Sí, verdad? Pero nunca tuvimos tanta riqueza como tuvimos hoy, nunca tuvimos tantos medios, nunca tuvimos tantos instrumentos como tuvimos hoy, y estamos siendo infelices. Qué paradoja, ¿no?

Eso está pasando en España

Por eso tiene éxito quien levanta una esperanza, porque no es lo que les levanta, es que la gente necesita creer en algo. Yo no soy creyente, pero le tengo respeto a la religión porque he visto morir gente, y he visto que las religiones cumplen un servicio de ayudar a alguien a morir. Y eso es una cosa muy seria, por eso la respeto.

Le he escuchado decir que con los procesados de delitos de lesa humanidad, quizás bastaría con saber la verdad antes que enjuiciarlos.

Eso pasó en la Sudáfrica de Mandela.

Ahora, ¿está al tanto de la causa abierta en Argentina por los crímenes del franquismo? Porque las víctimas de la dictadura española están intentando que se juzgue a los responsables en alguna parte del mundo, y no sólo para saber la verdad, sino para obtener lo que ellos consideran justicia, es decir, que las personas que hasta ahora vivían en la impunidad, paguen por sus crímenes. Me gustaría saber su opinión.

Yo no creo en la justicia en el sentido etéreo. Para mí, la justicia es una vieja a la que pintamos con dos platillos y que está ahí, supuestamente neutral, pero no, porque siempre se inclina para el que es más fuerte en la sociedad en la que se vive. Los hombres tuvimos que inventar esa institución porque si no, nos arrancábamos los ojos los unos a los otros. Hubiera sido la ley del talión.

Entonces cumple una función social.

Sí, pero la justicia está teñida siempre del punto de vista y de los intereses de la clase más fuerte que está dominando en ese momento. Los hombres no podemos ser justos en ese sentido que parece perfecto, de equilibrio. Somos parte, los hombres siempre tomamos parte hasta mancharnos, aunque no nos demos cuenta. 

Pero esta es una respuesta filosófica, ahora te voy a hablar desde el punto de vista práctico.

Yo soy un luchador social. Lo que me interesa es el poder, la lucha por el poder. Y el poder es ganar la voluntad de la gente. Cada torturador, en su época, cumplía una función. Si no era él, el asesino hubiera sido otro, porque él estaba cumpliendo una función represiva de la sociedad en ese momento.

¿Es decir?

Tomemos los héroes de América Latina. Nuestro José Artigas es héroe de la independencia de Uruguay. Si lo hubiera agarrado España, desde el punto de vista del derecho español, era una traidor. Lo hubieran fusilado, por lo menos. Lo mismo Simón Bolívar. Como ganaron los del otro lado, pasaron a ser héroes.
La historia la cuentan los vencedores.

Claro. Ahora, a mí lo que me interesa es lo que rodea a cada ser humano. No me interesa ganar un torturador o algo por el estilo, ése está del otro lado. Con ése tengo que cargar. Me interesa ganarle la familia, ganarle los hijos, los hermanos, el núcleo de relación. Cuanto más lo agreda yo, más difícil me resulta de ganar ese mundo que lo rodea. Para mí, lo fundamental es multiplicar la fuerza, porque lucho por el poder, no por la justicia, lucho por el poder de los que no tienen poder, que son los más débiles.

¿Y entonces?

No es inteligente querer ganar la voluntad de gente frente a la que aparezco como un agresor. No se gana a palos. A palos se aplasta, y ganar significa convencer. Nunca vas a convencer al que pisas por agredirlo. Para que te dé un margen de duda, no tiene que tener de entrada con qué rechazarte. Si él está esperando que lo vas a agredir, y tú no lo agredís, la respuesta que va a dar es otra. Esto es muy sutil.

Me doy cuenta.

Esto no es para cualquier periódico. El común de la gente no puede entender estas cosas. Pero yo soy un viejo que viví muchos años en el calabozo, repensando y repensando.

Que estas palabras vengan de una persona que pasó tanto tiempo en la cárcel y que además sufrió tanto, llama mucho la atención. Es extraordinario.

Es que no es común. 

Pero al mismo tiempo pienso en los republicanos españoles, y en las víctimas, y me pregunto dónde está la justicia para ellos.

Sí, y te comprendo perfectamente. Uno tiene que aprender a lidiar, a andar con una bolsa de cosas de las que nadie te va a resarcir. Es difícil. Por eso yo admiro el camino de Mandela en Sudáfrica. La justicia es que la gente sepa. Si yo asesiné, yo asumo públicamente que asesiné. Ése es el castigo. Es fuerte, ¿eh?

 Mucho.

Te libro de deuda jurídica, pero tendrás que vivir mirando el espejo de la verdad. Es muy inteligente. Ese viejo [Mandela] también pensó.


* Entrevista publicada el 26 de noviembre de 2014 en el diario español Público

jueves, 13 de noviembre de 2014

Interpol reclama la detención de 19 dirigentes franquistas

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. 

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE

Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.


La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".


El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.


En la eterna espera


"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".


Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.


Procesos estirados en el tiempo


Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo.  

* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

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