Argentina procesa a un periodista por delitos de lesa humanidad

Imagen del artículo que salió publicado
en la revista 'Para ti' con la falsa entrevista.

En un fallo sin precedentes, la Justicia argentina ha procesado por primera vez a un periodista por crímenes de lesa humanidad. Habla la madre de un subversivo muerto fue el título del artículo que publicó la revista Para Ti en 1979, basado en una falsa entrevista a una mujer que estaba en ese momento detenida-desaparecida en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de represión más cruentos de cuantos existían en Argentina.

El juez federal Sergio Torres es quien ha procesado al ex editor jefe de la revista, Agustín Bottinelli, por el delito de coacción. "El objeto del reportaje habría sido poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y de difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos", señala el auto del magistrado. 

La mujer víctima de aquella entrevista apócrifa se llama Thelma Jara de Cabezas, y era madre de un joven, Gustavo Cabezas, que con 17 años había desaparecido en 1976. Nunca más lo encontraron. Buscando su paradero, Thelma pasó a integrar la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. El 30 de abril de 1979 fue secuestrada. Según el magistrado, "se encuentra probado que Bottinelli, valiéndose de la situación amenazante que atravesaba la mencionada Jara de Cabezas, respecto de su vida y su integridad física, arbitró los medios necesarios para que se le realizara la mencionada entrevista, resultando su acción apta para vulnerar el bien jurídico protegido por la norma, para luego fraguar su contenido y ordenar su publicación en la revista Para Ti".
El semanario tenía en aquel momento una tirada de 80.000 ejemplares. Todavía sigue en circulación. "La revista desempeñó un papel trascendente en la acción psicológica de la dictadura (1976-1983), unida a la revista Gente y a otra que se llamaba Somos, todas pertenecientes al grupo Atlántida, la editorial más poderosa de Argentina en aquel entonces", cuenta a Público Pablo Llonto, abogado de Jara de Cabezas. 

"Para Ti llegó a desembarcar en España , aunque fracasó", añade el letrado. "De hecho, Bottinelli fue enviado a España cuando comenzó la democracia, en 1983-1984, para abrir una oficina que pretendía ser la rama española de la editorial Atlántida. Cuando se inició esta causa, en 1984, él ya estaba allí".

Cómo inventar una entrevista

 

En el momento en el que se realizó el reportaje estaba de visita en Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Era septiembre de 1979. "Esta Comisión había llegado a la Argentina después de haber intentado durante varios meses ingresar al país para comprobar lo que se estaba denunciando en el exterior sobre las violaciones de derechos humanos", apostilló Llonto. "Durante la visita de la CIDH salió este reportaje junto con otras operaciones de prensa que atacaban a la Comisión, con tapas de revistas que pedían que se investigara la violación de derechos humanos en la Unión Soviética".

"Lo hacés si querés. Acá no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Pero si no querés, puntos suspensivos". La sugerencia a Jara de Cabezas, apenas disimulada en lo que era una clara amenaza, provino del ex militar Ricardo Cavallo, condenado en 2011 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Para realizar la entrevista, fue cerrada para la ocasión una confitería de la ciudad de Buenos Aires. "Allí concurrieron un periodista y un fotógrafo que fueron enviados por la revista. Se encontraron con un escenario en el que estaba Thelma, acompañada por otro señor, rodeados por una serie de personajes. Después declararon que ella no estaba tranquila, pero se terminó haciendo el reportaje", cuenta el abogado.

La mujer estaba en situación de cautiverio y tortura cuando fue sacada de la ESMA. Le compraron ropa, la llevaron a la peluquería, y luego la trasladaron a la confitería. Junto a ella estaba otro joven en cautiverio, también en la ESMA, al que hicieron pasar por su sobrino. En las mesas de al lado se apostaban miembros del grupo de tareas que operaba en la ESMA, vestidos de civil. "El reportaje fue concertado por alguien de la Marina [que manejaba la ESMA], algo que Bottinelli niega", denuncia Tollón. 

El hijo de Jara de Cabezas era un militante juvenil de Montoneros. "El periodista que fue a hacer la nota dijo años más tarde que le había llamado la atención que el texto que finalmente publicó la revista no era el que él había enviado, y que eso lo tenía que haber editado Bottinelli. Thelma cuenta que en la medida de lo posible había dejado traslucir que era una madre que estaba buscando a su hijo desaparecido", continúa el abogado.

La revista iba dirigida en general al público femenino con temas que giraban en torno a la moda y con consejos cotidianos a madres y abuelas. Pero en aquella edición donde salió Jara de Cabezas, aparecía en sus páginas interiores la madre de un subversivo que denunciaba cómo la organización guerrillera Montoneros engañaba a los familiares, y cómo los organismos de derechos humanos en realidad se dedicaban a mentir. "Bottinelli terminó tergiversando más la entrevista, poniendo en boca de Thelma que los asuntos de los derechos humanos eran en realidad una cuestión de los comunistas", reseña Llonto.

"El papel que cumplió el periodismo durante la dictadura es uno de los más oscuros del mundo", puntualiza el letrado, que además es periodista. "Salvo pocas excepciones, el resto de la prensa apoyó el golpe de Estado, lo sostuvo, y realizó acciones día a día sobre la población para hacernos creer que en la Argentina no se violaban los derechos humanos y que la dictadura era necesaria y justificada. A los que somos periodistas, nos duele todo ese aparato de prensa que mostró ese lado tan perverso".

Comienza ahora para Bottinelli una etapa de la causa que culminará en un jucio oral el año que viene, siempre que la Cámara Federal a la que probablemente apele confirme el procesamiento. El exeditor ha sido además embargado por un millón de pesos argentinos, casi 100.000 euros al cambio oficial. Entre tanto, el abogado de Jara de Cabezas apelará la decisión del juez para que cambie el delito de coacción por el de participación en la privación ilegal de libertad de su representada.

Desde que comenzaran los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina, 538 personas vinculadas con la dictadura han sido condenadas. La mayoría cumple su condena en las cárceles federales.



* Artículo aparecido el 9 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

Argentina sigue descubriendo los horrores de su dictadura

Argentina ha constatado en las últimas horas que la investigación de los crímenes de la dictadura no se limita al espacio que brindan los tribunales de Justicia. Dos hallazgos de restos humanos y la publicación de fotos inéditas sobre las víctimas de los vuelos de la muerte completan la escenografía de un periodo de represión en el que los militares no sólo cometieron delitos de lesa humanidad, sino que además trataron de ocultarlos.
En un edificio militar de la provincia de Tucumán se han localizado los restos de al menos 15 personas enterradas en una fosa común. "Los cuerpos se encontraban ubicados como cayeron", según el Centro de Información Judicial (CIJ). "Varios de ellos [estaban] atados en las extremidades superiores" y junto a otros se detectó "la presencia de proyectiles de arma de fuego".

En la fosa, que funcionó como lugar de ejecución, también quemaban los cadáveres, como refleja la presencia de neumáticos y restos humanos carbonizados, de acuerdo con el informe de la CIJ. La primera vez que se encontraron cadáveres en el Arsenal Miguel de Azcuénaga fue en marzo. Ahora ya son cuatro las fosas descubiertas en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en el norte del país. Por él podrían haber pasado unos 900 prisioneros.

Al recinto militar acudía el general Antonio Domingo Bussi, que además de ser el gobernador de Tucumán durante la dictadura y la democracia fue quien creó y dirigió los 30 centros clandestinos de la provincia. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, el represor se presentaba en ocasiones para ser el primero en disparar un tiro en la nuca a los detenidos que aguardaban en fila a ser fusilados.

No es la única noticia que llega de Tucumán. Por fin se han identificado los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas. Un hombre que, a los pocos días de haber asumido Bussi como gobernador de facto, fue secuestrado en 1976 delante de su familia.

Luego, en 2008, el general sería condenado a arresto domiciliario perpetuo por la desaparición del exlegislador, pero el 24 de noviembre Bussi falleció. Parecía que no se sabría nada más de Vargas, pero las primeras excavaciones en un pozo de agua de 50 metros de profundidad han revelado, en cambio, que entre otros restos de cuerpos calcinados, cal y productos químicos se encontraba el pie derecho del político.

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó ayer a un juez federal 130 fotos de víctimas de los vuelos de la muerte, otra de las prácticas de exterminio a la que solían recurrir los militares para deshacerse de las 30.000 personas que hicieron desapa-recer en la dictadura.

Las imágenes, tomadas por la Prefectura y la Policía uruguaya, confirman que los marinos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) arrojaban a los presos políticos al Río de la Plata. Los cuerpos quedaban a la deriva, arrastrados por las corrientes marinas, hasta que algunos encallaban en las costas de Uruguay.

Atados de pies y manos

La gran mayoría de las víctimas estaban atadas de pies y manos. Algunas, incluso, habían sido torturadas antes de ser lanzadas al agua, como revelan las marcas que habían dejado en los cadáveres las descargas aplicadas con una picana eléctrica.

Es la primera vez que se desclasifica toda esta información y también la primera que la CIDH accede a entregar sus archivos confidenciales para un proceso judicial. En este caso, la megacausa de la ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el mayor centro clandestino de detención que existió en Argentina.

* Artículo aparecido el 16-12-2011 en el diario español Público.

El 'Ángel de la Muerte' pasará el resto de su vida entre rejas

Finalmente pasará el resto de su vida entre rejas. El excapitán de Marina Alfredo Astiz fue sentenciado el miércoles a la pena máxima junto a otros 11 militares en una causa que se ha convertido en uno de los juicios más emblemáticos de cuantos investigan los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

El logro histórico de este proceso, de hecho, puede compararse al del Juicio a las Juntas de 1985, cuando por primera vez fueron juzgados los militares entre ellos, el dictador Jorge Videla que perpetraron el golpe de Estado de 1976 para imponer a continuación durante los ocho años siguientes un estado de terror permanente.
En esta ocasión se investigaban, en pa
rticular, los crímenes cometidos contra 86 personas que pasaron por la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de tortura que existió en Argentina durante la dictadura, que duró hasta 1983.

Los magistrados condenaron a 12 de los 18 procesados a cadena perpetua. Además de Astiz, fue sentenciado a cárcel de por vida el excapitán de fragata Jorge el Tigre Acosta, jefe de inteligencia de los grupos de tareas que operaban en la ESMA, que se encargaban de secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas.

El juicio forma parte de otro proceso más grande en el que se investigan los delitos de lesa humanidad

Otros cuatro exmilitares recibieron condenas que oscilaron entre los 18 y los 25 años de prisión. Y dos imputados fueron absueltos, pero no pisarán la calle porque están siendo investigados en otros juicios. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), parte querellante en este proceso, apelará estos indultos.

Testimonio de los horrores

Las audiencias, que se prolongaron durante 22 meses, han sido las que han transformado este juicio en un testimonio vivo de los horrores del régimen militar, pero sobre todo en la certeza de que la justicia podía llegar. Así lo deseaban centenares de personas que, antes de la resolución judicial, aguardaron a las puertas del tribunal la sentencia que recibirían los 18 procesados.

En este juicio, que forma parte de otro proceso más grande en el que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, participaron unos 200 testigos, 80 de los cuales fueron víctimas.

Entre otros casos, se investigó la desaparición en 1977 del escritor argentino Rodolfo Walsh y el secuestro, ese mismo año, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, así como de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.
Han sido muy relevantes en este juicio las sentencias a cadena perpetua, que tienen un componente especial porque se ha hecho justicia con la historia. Sirva de ejemplo la pena máxima con la que ha sido castigado el exvicealmirante Óscar Montes por la muerte de María Cristina Lennie, una joven que en 1977 se apresuró a tomar cianuro cuando iba a ser secuestrada por los comandos militares.

Su fallecimiento, en un principio, se había intentado justificar como un supuesto suicidio, pero después los fiscales del caso consiguieron que se admitieran como hechos la privación ilegal de libertad y las torturas a las que Lennie fue sometida.

Muchos son, en realidad, los delitos que perpetraron los marinos en la ESMA, y esta causa ha servido para ponerlos en evidencia.

Además de las torturas y los asesinatos, existió la apropiación de bebés que nacían en cautiverio. Existieron también los vuelos de la muerte, una práctica de exterminio a la que recurrieron los militares para deshacerse de sus víctimas, las cuales eran drogadas antes de subirlas a un avión y tirarlas al río de la Plata. La "metodología de eliminación" también incluía la quema de los cadáveres para no dejar ninguna pista ni evidencia de las atrocidades cometidas por los militares.

Apenas cien supervivientes

Con la sentencia de este juicio no se cierra la investigación de los crímenes cometidos en torno a la ESMA. Todavía hay 70 procesados que serán investigados en otros ocho procesos, ahora en curso, por la desaparición de casi 800 personas.

Un número elevado, aunque no debe olvidarse que por este centro de tortura atroz por la cantidad y la saña con la que los militares impusieron tormentos a sus víctimas pasaron unas 5.000 personas en total, de las cuales sobrevivieron apenas unas cien.

De este modo se concluye una parte de esta megacausa que, en realidad, es un paso más de cuantos se están dando para que los torturadores del régimen militar argentino no salgan impunes.

Han pasado ya ocho años desde que el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer el primer aniversario, invalidara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Estas fueron promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1986) y protegían a los militares de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

Quedan también atrás los indultos del exmandatario Carlos Menem (1989-1999), con los que se trató de sellar la impunidad de represores como Jorge Rafael Videla o como el exalmirante Emilio Massera, que fue precisamente el máximo representante de la ESMA.

Massera murió en noviembre de 2010 tras ser declarado incapaz por padecer demencia. Por lo tanto, no pudo ser imputado en los procesos que afrontaba por delitos de lesa humanidad.

La primera condena a los represores de la ESMA, en cualquier caso, es también motivo de celebración para países como Suecia, que había pedido la extradición de Astiz por el asesinato de su conciudadana Dagmar Hagelin.

También para Francia, que a su vez reclamaba al Ángel de la Muerte por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.

No tardó en reconocerlo ayer el ministro de Exteriores galo, Alain Juppé, quien sostuvo que el fallo judicial contra los 18 militares "honra a Argentina".

* Artículo aparecido el 28-10'-2011 en el diario español Público.

Cadena perpetua en Argentina para el 'ángel de la muerte'

La Justicia argentina condenó ayer a cadena perpetua al excapitán de marina Alfredo Astiz, también conocido como el “ángel de la muerte, y a 12 de los otros 17 represores procesados en uno de los juicios que más expectativa ha despertado en los últimos meses. La razón es que por primera vez se emitió sentencia en torno a los crímenes cometidos en uno de los centros clandestinos de exterminio más cruentos del país, conocido como la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Han sido casi dos años de audiencias que han contado con el testimonio de 160 testigos, 79 de ellos sobrevivientes del centro de represión. Este proceso, dividido en tres tramos para investigar 86 crímenes, incluía los casos del escritor argentino Rodolfo Walsh, desaparecido en 1977, de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, secuestradas ese mismo año.

Se calcula que apenas sobrevivió un centenar de los 5.000 prisioneros que pasaron por la ESMA, el centro de represión más grande del país. De los 18 acusados en este juicio, 17 militares y un médico, sólo dos fueron absueltos en lo que ha sido la primera etapa de esta megacausa, la cual tiene todavía en trámite otras ocho causas judiciales.

Funcionamiento

Los grupos de tareas encargados de la represión que trabajaron en el entorno de la ESMA secuestraban a sus víctimas tanto en la capital de Buenos Aires como en  provincia. El objetivo, según el Centro de Información Judicial (CIJ), era “interrogarlas mediante la aplicación de tormentos para obtener nombres, direcciones y otros datos generales tendientes a desarticular agrupaciones políticas y sociales”. Después eran asesinadas con una “metodología de eliminación”: o se quemaban los cuerpos, o se arrojaban al río de la Plata en los llamados “vuelos de la muerte”.

Astiz, uno de los condenados a cadena perpetua en este juicio, se hizo conocido por la alevosía con la que se aprovechó de su aspecto angelical para infiltrarse en grupos activistas de derechos humanos y así señalar a los que serían después secuestrados. “Las falsas querellas no nos perdonan que hayamos combatido con éxito a la subversión”, señaló el “ángel de la muerte” antes de recibir sentencia.

Otro de los sentenciados a la pena máxima fue el ex capitán de fraga Jorge “El Tigre” Acosta, sobre el que pesaba la decisión final en la ESMA de quién sería torturado y quién asesinado, y que hasta el día de hoy se considera un combatiente de guerra.

Los únicos imputados que se bajaron del proceso durante su transcurso fueron un penitenciario por problemas de salud y el exprefecto Héctor Febres, envenenado en 2007 con cianuro mientras cumplía prisión preventiva.

Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, indicó no obstante que la jornada de ayer fue “histórica”, y destacó que la labor de la Justicia argentina "es la lucha más digna de la historia reciente de los argentinos".

* Artículo aparecido el 27-10-2011 en el diario español Público.

El “ángel de la muerte” no será trasladado a Francia

El ex capitán de la marina Alfredo Astiz, uno de los representantes más significativos de la dictadura argentina (1976-1983), permanecerá por ahora en Argentina. La Corte Suprema de Justicia rechazó por “improcedente” un pedido de Francia que esperaba extraditar al represor, más conocido como “el ángel de la muerte”, para juzgarlo por la desaparición de dos monjas francesas durante el régimen militar. 

 Según el máximo tribunal, "la jurisdicción penal argentina se está ejerciendo sobre la base del principio de territorialidad”, que establece que los delitos serán investigados en el lugar donde se perpetraron.

En una resolución de varias hojas, los jueces subrayaron que Francia no tiene “facilidades notoriamente mayores que la República Argentina para conseguir las pruebas del delito", y que dado que Astiz ya tiene abierta una causa en el país, el acusado no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

En abril de 2010 otro tribunal argentino se opuso a la extradición del ex marino, pero Francia reclamó entonces a la Corte Suprema, sin éxito. Ahora deberá esperar a que la causa sobre el asesinato de las religiosas Leónie Duquet y Alice Domon se resuelva en este país.

La insistencia de Francia en este caso tenía por objetivo "prevenir decisiones absolutamente sorprendentes" por parte de la Justicia argentina, según reveló hace más de un año la abogada de las familias de las monjas Sophie Thonon. Para la letrada, era importante insistir en la extradición de Astiz para evitar que la Justicia argentina pudiera volver a condenar con “penas irrisorias” a ex militares del régimen de represión. Thonon, que acusó a los jueces argentinos de permitir “algunas exoneraciones penales escandalosas”, aseguró que Francia debía “prevenirse ante una situación idéntica en el caso Astiz”.

En 1990, la Justicia francesa condenó en ausencia al ex marino por el secuestro y asesinato de las dos monjas, mientras que el Gobierno galo solicitaba a Argentina ese mismo año, por primera vez, la entrega del ex marino. Llegaron después otros pedidos de extradición, en 2001 y en 2003, que fueron siempre desestimadas por el país latinoamericano.

Astiz ha sido reclamado además por Suecia, España e Italia. Este último país, de hecho, también lo condenó en ausencia a prisión perpetua por la desaparición de tres italianos. Mientras tanto, Astiz cumple prisión preventiva en una cárcel de la provincia de Buenos Aires como imputado en la megacausa del centro clandestino de detención ESMA, que desde 2009 investiga a 19 personas por la desaparición de las monjas y del periodista argentino Rodolfo Walsh, entre otras víctimas.

El “ángel de la muerte” pasó a la fama por servirse de su aire de inocencia para infiltrarse dentro de Madres de Plaza de Mayo como hermano de un desaparecido. En diciembre de 1977 aquel joven rubio y de ojos azules, asiduo de un grupo de activistas de derechos humanos, señaló con un beso a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres, que horas después fueron secuestradas, torturadas, y lanzadas en vida al río de la Plata con los llamados “vuelos de la muerte”.

* Artículo aparecido el 06-11-2011 en el diario español Público.

Argentina recobra la memoria para juzgar la dictadura*

Las violaciones a los derechos humanos son imposibles de evitar en una guerra". Con esta frase el capitán Jorge El Tigre Acosta defendió el jueves pasado ante un juez en Buenos Aires su actuación como jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), el símbolo de la brutal represión durante la dictadura argentina. Acosta se convirtió esta semana en el primer alto cargo militar que admite que la ESMA servía como cárcel clandestina. Sus declaraciones significan un paso importante en los esfuerzos de la justicia argentina para aclarar lo que pasó en aquella época oscura.

"No se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado [soportado] los fusilamientos. ¿Dar a conocer los restos? Pero ¿qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo".

El ex general argentino Jorge Videla admitía así, en el libro El Dictador, publicado por los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro en 1998, la desaparición forzada de miles de personas durante la dictadura que él encabezó entre 1976 y 1983.

Videla fue juzgado junto a sus compañeros de la Junta de Comandantes el almirante Eduardo Massera y el general Orlando Agosti, entre otros por el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida firmadas por Alfonsín en 1987 y la amnistía dictada en 1989 por su sucesor, Carlos Menem, convirtieron en papel mojado las condenas e impidieron cualquier juicio posterior.

La impunidad duró más de 15 años, hasta que un juez, posteriormente el Congreso y finalmente la Corte Suprema, certificaron la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Desde entonces, las investigaciones judiciales sobre hechos ocurridos durante la dictadura se han multiplicado en Argentina. En 2009, el número de causas judiciales abiertas al respecto creció un 300% en relación a 2008, y el número de condenas en ese mismo periodo aumentó un 70%

El propio Videla tiene en la actualidad tres causas abiertas en Buenos Aires y otra en la provincia de Córdoba, aunque todavía no se ha fijado ninguna fecha de audiencia para los procesos. Él aguarda a que estos se celebren desde la cárcel, donde cumple su condena desde 2008.

Juicios hasta 2024

A pesar de esta elevada actividad judicial, el balance de los juicios abiertos no es del todo satisfactorio para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que participa en muchos de los procesos como parte querellante. "Si bien 2009 terminó con un número elevado de condenas, sigue siendo muy alto el valor de causas que están en etapa de instrucción, que son el 70% de un total de 318. Eso es demasiado", indica Carolina Varsky, abogada del CELS.

De hecho, hasta la fecha 226 personas han muerto antes de ser juzgadas dado su estado avanzado de edad o por problemas de salud, y existe el riesgo de que muchos otros fallezcan sin ser juzgados dada la lentitud de los procesos. "Al paso que vamos, los juicios no terminarán hasta el año 2024", lamenta Varsky.

En diciembre de 2009 había 634 personas procesadas por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Para los responsables de este organismo, el fiscal general Jorge Auat y el abogado Pablo Panteri, el camino que ha emprendido Argentina es muy valioso "porque fue el primer país del mundo que juzgó el terrorismo de Estado en los años ochenta, aunque fuera de una manera limitada".

"Luego vino un periodo de impunidad, característica general de todos los países, y después el país fue capaz de dar la vuelta a esta situación", opinan Auat y Panteri. Algunos de los que sobrevivieron a la represión militar son hoy testigos clave en los procesos abiertos.

Entre los juicios más destacados de los que se han iniciado figura el que se sigue en la actualidad contra el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz. Conocido como el ángel de la muerte, es juzgado junto a otros 18 militares por los crímenes perpetrados en la ESMA. Astiz está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 víctimas, entre ellas las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

Obreros y estudiantes

En su informe final de 1984, conocido con el nombre de Nunca Más, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor argentino Ernesto Sábato, estimó que casi 9.000 personas habían desaparecido de manera forzada. Muchos casos ni siquiera fueron denunciados. Conadep calculó que el 30% de los desaparecidos eran obreros y el 21% estudiantes. Casi el 33% de los detenidos no tenía más de 25 años.

Durante los años de Videla se construyeron 364 centros clandestinos de detención, en donde se torturó y asesinó de forma sistemática a los opositores del régimen. La llamada solución final argentina se aplicó, según organizaciones de derechos humanos, a unas 30.000 personas.

No ha sido fácil tratar de hacer justicia. Lo intentó el primer presidente democrático tras la dictadura, Raúl Alfonsín. "Él tuvo una plan para hacer justicia bastante claro", señalan Auat y Panteri. Alfonsín ordenó el procesamiento de las cúpulas militares en lo que se conocería como el Juicio a las Juntas. Pero después de la condena a cadena perpetua de Videla y Massera cundió el miedo, y algunos oficiales se sublevaron.

El juicio contra el jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Camps, quien reconoció que había contribuido a la desaparición de 5.000 personas, fue la última causa que se abrió antes de que Alfonsín aplacara el levantamiento militar con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El comienzo de una nueva etapa en la historia de la justicia argentina se inicia el 6 de marzo de 2001, "cuando el juez Gabriel Cavallo dicta por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", señalan Auat y Panteri. En 2005, la Corte Suprema ratificó el auto de Cavallo.

"Señores jueces: nunca más"

"En esta segunda etapa no hay un plan. No hay un modelo predispuesto por alguien", precisan los jefes de la Unidad Fiscal. "Tiene un mayor grado de espontaneidad. Se trata de juzgar todos los hechos y a todos los autores". A finales de 2009, ya se había condenando a 73 personas por crímenes de terrorismo de Estado.

Pero aún hay muchos obstáculos a la hora de juzgar crímenes que sucedieron en la clandestinidad y hace tantos años. "Las causas se traban, muchos procesos se demoran mucho en la etapa de instrucción, a veces faltan los jueces, y hay incluso problemas logísticos como falta de salas para celebrar los juicios", explica la abogada Varsky.

En la memoria de quienes hoy hacen justicia quedan las frases que pronunció el fiscal Julio César Strassera durante su alegato final en el primer juicio a las Juntas de 1985: "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más".

"El estrés que sufrimos es de por vida"

Eduardo Grande. Presidente de la Asociación Argentina de Salud

¿Cómo entiende la sociedad los procesos judiciales sobre la dictadura abiertos en los últimos años?
Los juicios son más apoyados por los que somos mayores de 40 años que por los que hoy tienen 35, que no conocieron ese periodo y sólo saben de él por referencia, por comentarios, por escritos. La sensación de temor de esos años no fue conocida por los jóvenes, con excepción de quienes tuvieron algún familiar directo que vivió aquellos momentos, en los que sólo existía la justicia empleada por el Gobierno militar, que era unilateral. Ahora se está intentando otra justicia diferente, a través de civiles, para evaluar lo que pasó.

¿Cómo lo viven los mayores?
Tenemos estrés, un estrés que no se borra nunca en el individuo. El estrés queda de por vida porque es una situación cognitiva o emocional que genera una depresión muy marcada, una ansiedad que es difícil de controlar.

Podría ocurrir que las víctimas de una situación traumática sean las primeras en rechazar la vuelta al pasado que suponen los juicios.
Acá no es así. Hubo un proceso diferente, porque promulgaron una amnistía. Nadie podía tocar nada, y así quedó todo muerto. El tema de los juicios se ha comenzado a revivir con los dos últimos gobiernos. Ahora queremos que las cosas se aclaren a través de la Justicia, que esta actúe protegiendo al ciudadano. Y a medida que la gente se va dando cuenta de las situaciones que se vivieron, apoyan más los juicios.


* Artículo aparecido el 21-03-2010 en el diario español Público.