El margen de la historia: la abdicación del rey

Treinta y nueve años estuvo el dictador Francisco Franco en el poder,  y su sucesor ha optado por mantener su reinado exactamente el mismo tiempo. En total son 78 años. Ése es el tiempo que llevan los españoles sin poder decidir quién debe ser su Jefe de Estado, y en consecuencia, el modelo de país que quieren.

La abdicación del rey Juan Carlos I ha sido lo suficientemente precipitada como para ver grandes dosis de improvisación y no poco temor. En un país en el que la estructura bipartidista monárquica lleva tanto tiempo sin quebrarse, es raro que decisiones de tanto calado se tomen de manera tan arrojadiza. 

No en vano la semana pasada se quebraba el liderazgo del PPSOE al no llegar juntos al 50 % de los votos en las elecciones europeas, un 20 % si consideramos el censo que agrupa a todos los españoles. Junto a la irrupción de Podemos y el ascenso de IU, el máximo garante del espíritu monárquico del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba su decisión de no presentarse como nuevo secretario general de su partido.

Con un PP desprestigiado y a la deriva en el Gobierno, la Casa Real ha visto que cuanto más tiempo pasa, más tienen que lidiar con un país que no reconocen, que parece distinto, más combativo, más hastiado de las corruptelas políticas que hasta ahora parecían pasar sin pena ni gloria. Esta institución, incluida a bocajarro en la Constitución de 1978 que votaron la mayoría de los españoles, sufre una época turbulenta por culpa de sus propios miembros, empezando por el rey y esa foto con un elefante muerto detrás que lo llevó a pedir perdón delante de las cámaras.

Y sigue por su hija, la infanta Cristina, que con su marido Iñaki Urdangarín se ha encargado de despeñar aún más la reputación del rey: en enero, el 70 % de los encuestados no creía que el rey pudiera recuperar el prestigio perdido.

Proclamación de la II República en Madrid, 1931

Esto explica la decisión de abdicar, pero no el momento elegido. El príncipe Felipe ha tenido que volver apresuradamente de Salvador. Si su padre le había informado de su planeada abdicación allá por enero –13 días después de decirle a los españoles un 24 de diciembre que pensaba continuar con el reinado–-, ¿cómo es que el rey hace pública su decisión cuando su heredero está en pleno viaje? ¿Por qué la Casa Real se encarga de aclarar que Rajoy y Rubalcaba estaban ya informados en marzo?

Por no hablar de la reina. ¿Dónde está, en estos momentos tan trascendentales para su marido? En Nueva York. Sabido es, no obstante, que la pareja hace muchos años que está separada, y que Sofía vive en Londres, apareciendo por España sólo con determinados actos de peso. Tanto tiempo manteniendo el paripé, ¿y de repente el rey se levanta hoy, sin reina y sin príncipe, y decide que debe dejar el reinado al instante?

Periodistas como Ignacio Escolar aseguran que el vídeo en el que el rey anuncia su abdicación se ha realizado esta misma mañana. Si aquí la cúpula política estaba al tanto de la abdicación del rey desde marzo, queda un tanto extraño que el Gobierno se tenga que poner tan de repente a redactar una ley orgánica que regule la sucesión. Para haberlo sabido, les pilla muy de sorpresa.

Intocable como reconoce nuestra propia Constitución, Juan Carlos tendrá que apresurarse para que la Carta Orgánica del Consejo de Ministros incluya su inmunidad judicial. Entre tanto, los españoles, que no serán consultados por las buenas en este nuevo proceso, tienen la oportunidad de hacerse protagonistas de su propia historia. Hoy, a las 20h, podría darse el comienzo.

Ilegalizaciones a la carta*

Las próximas elecciones europeas que se celebrarán en junio han comenzado a suscitar mucha atención en España. No es que de por sí sus habitantes ansíen la llegada de unos comicios que no les provocan el menor entusiasmo: en las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2004, la abstención alcanzó casi el 55% del electorado. Pero resulta que ha presentado su candidatura Iniciativa Internacionalista. Hasta aquí podría haber pasado como una organización política más, si no fuera por el sobresalto que ha generado en los grandes partidos tradicionales y la torpeza que han evidenciado para intentar erradicarla del mapa.

Iniciativa Internacionalista ha sido contundente desde el manifiesto con el que se han dado a conocer. Abogan por la III República y señalan sin rubor al Rey Juan Carlos I como el peón teatral que quiso ser garante de la falsa transición impuesta por Franco. Rechazan la Europa del capital, la OTAN, la privatización de los derechos y servicios públicos, defienden el derecho a la autodeterminación y exigen una justicia social que sólo puede entenderse desde un repudio al capitalismo vigente.

Es éste un discurso demasiado estridente para el tono apocado que caracteriza la política española, acostumbrada a tibias generalizaciones y veladas referencias a términos vacíos que apelan más a la visceralidad que al raciocinio. Entonces el Gobierno del PSOE lanzó a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado contra Iniciativa Internacionalista acusándola de suceder a Batasuna, el partido independentista ilegalizado en 2003 por ser considerado parte de ETA.El Tribunal Supremo no tardó en darle la razón al Ejecutivo. No importaba que la formación política estuviera constituida por partidos legales, y que la izquierda abertzale del País Vasco se desmarcara de ella. Hoy Iniciativa Internacionalista estaría ilegalizada si no fuera por el Tribunal Constitucional, que en los últimos días ha revocado la sentencia del Supremo.

En realidad el Gobierno ya tiene práctica en esto de impugnar candidaturas. Desde 2002 se escuda en la Ley de Partidos, que no tuvieron problema en sacar adelante PP y PSOE por entonces, y que fue creada ad hoc para ilegalizar a Batasuna, empeñado en no condenar de forma explícita a ETA. No es que en España no se pueda condenar a una asociación que promueve acciones delictivas. ETA es ilegal precisamente por eso. Pero dado que el código penal no juzga como ilícita ninguna organización por las ideas que pueda tener –ni el español ni ningún otro–, había que engendrar una ley que cubriera este vacío por la fuerza, así fuera inconstitucional.

Y en eso PP y PSOE estarán siempre de acuerdo, porque al eliminar una opción política se refuerza el bipartidismo del que ambos salen beneficiados. Con razón la ONU ha cuestionado la facilidad con que el Gobierno echa mano de la ley para ilegalizar candidaturas, y con la misma lucidez Amnistía Internacional ha señalado la ambigüedad de una legislación que puede incriminar de forma muy alegre a cualquier partido de connivencia con el terrorismo.

No estaría de más recordarlo, para las próximas noticias difusas que puedan llegar sobre ilegalizaciones en España.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador).