Organizaciones de derechos humanos cuestionaron este
viernes al Gobierno argentino de Mauricio Macri por habilitar un
centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes
penales o ingresen al país de manera irregular.
“Amnistía
Internacional observa con preocupación la creación de un centro de
detención para personas migrantes”, indicó la entidad en un
comunicado.
El Ministerio de
Seguridad firmó el jueves un convenio con la Dirección Nacional de
Migraciones, en el que también interviene el Ministerio de Justicia
y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, por el que este último
organismo cede un inmueble de la capital argentina para que funcione
como centro de detención.
El Gobierno nacional
alojará en este establecimiento a todos los extranjeros que
incumplan las leyes migratorias “en calidad de detenidos” y “en
carácter de comunicados”.
El convenio, que
tendrá una duración de cuatro años, entrará en vigor a partir del
1 de septiembre.
El centro se
constituye “al sólo y único efecto de cumplir la orden de
expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo
necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances
dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar
el destino mencionado”, indicó Migraciones.
La Policía Federal,
dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra
Patricia Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los
extranjeros retenidos”.
“El alojamiento de
los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados,
separados de los detenidos por causas penales”, añade el
comunicado.
Esta
medida “representa un
punto de quiebre en
la política migratoria argentina (...)
reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por
promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y
restricción de la migración”, denunció
AI.
Aunque el Ejecutivo
alega que este centro servirá “de manera exclusiva al alojamiento
de las personas infractoras a la Ley 25.871 [de Migraciones] y su
normativa complementaria vigente”, Amnistía objetó que esta
medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria
argentina”.
Aprobada en
diciembre de 2003, la Ley de Migraciones fue reconocida
internacionalmente por incorporar cláusulas en sintonía con la
protección de derechos humanos, y por priorizar la regularidad de
los extranjeros frente a pautas de restricción en donde la detención
interviene como control migratorio.
El Gobierno de Macri
“está ampliando los criterios de retención y expulsión”,
denunció por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), un organismo que supervisa el estado de derechos humanos en
Argentina.
En la plataforma
Change.org ha surgido una iniciativa que han firmado más de 1.000
personas contra este “paradigma basado en el derecho de expulsión
del Estado, que concibe las migraciones como un 'problema' de
seguridad nacional y de orden público”.
Argentina ha sido
históricamente un país receptor de inmigrantes. La Dirección
Nacional de Migraciones celebraba en 2015 que Argentina se había
convertido en el principal receptor de inmigrantes de América Latina
con el 4,6 por ciento de su población extranjera, casi 2 millones
de personas.
Artículo publicado este viernes en la agencia internacional de noticias Sputnik.
