Querella argentina aguarda con ansiedad indagatoria a Martín Villa en la causa del franquismo*

La jueza argentina María Servini interrogará el próximo jueves 3 de septiembre al exministro franquista por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Casi un año de trabas y dilaciones han impedido que el exminist

ro de la transición Rodolfo Martín Villa haya declarado ante la justicia argentin

a por los crímenes de lesa humanidad que se le achacan durante el franquismo. Pero este 3 de septiembre, si no surge otro imponderable, el acusado deberá rendir cuentas ante la única jueza del mundo que investiga los crímenes de la dictadura, la argentina María Servini.

La indagatoria, que en un comienzo fue pautada para el 9 de septiembre de 2019, no será realizada en Buenos Aires, como pretendía la magistrada, sino en el Consulado de Argentina en Madrid. La cita fue programada a las 11.00 hora local (16.00 hora española) y será por videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom, lo que resuelve una de las últimas dificultades que ha encontrado Servini para concretar la citación, dadas las restricciones causadas por la pandemia.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmaron a Público que la directora de asistencia jurídica de este organismo, Flavia Amoroso, puso en conocimiento de la indagatoria a la cónsul general argentina en España, Moira Wilkinson, a fin de que actúe como fidataria durante el acto procesal, según pidió la magistrada en un oficio el pasado 27 de julio.

 

Palabra de querellantes

Inés García Holgado y Adriana González son las querellantes que dieron origen a la causa el 14 de abril de 2010 junto a Darío Rivas, que falleció a los 99 años en abril del año pasado. Ambas tienen confianza en que por fin se concretará el interrogatorio, pero también reconocen cierta desazón por las trabas que han empantanado el avance de la causa desde su inicio.

“El hecho de que, en varias ocasiones, el Gobierno español haya protegido a este asesino me provoca un sentimiento de ansiedad ante la espera, ya que deben transcurrir unos días más para que se tome la declaración indagatoria a Martín Villa”, reconoce Inés en diálogo con Público.

Para esta querellante, España es un Estado que protege a los genocidas franquistas, pues “siempre tiene un as en la manga a último momento para no cumplir con la justicia”, afirma la mujer. “Pero en este momento, no me imagino ninguna opción para que Martín Villa pueda burlar la justicia. Además tengo esperanzas en ella, en la querella argentina, en sus abogados y en la jueza”.

Su compañera Adriana Fernández aprecia la repercusión que puede tener la indagatoria a Martín Villa “no sólo por las consecuencias que tenga sobre su persona, sino por el efecto dominó que puede llegar a tener respecto de los otros imputados”. Por eso espera “que esta vez pueda finalmente concretarse para dar fuerza a esta causa tan vapuleada por las autoridades españolas que se han negado sistemáticamente a que avance”.

Esta querellante sabe que una vez sea interrogado Martín Villa, la jueza podrá sobreseerlo, procesarlo o pedir más medidas, como sumar las declaraciones de otros imputados. En cualquier caso, su declaración es la novedad más relevante que tiene la causa en los últimos años. El exministro es uno de los 15 acusados de los 20 originales que imputó Servini por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo en octubre de 2014, cuando dictó órdenes internacionales de detención contra todos ellos.

“Hace algunos años Servini solicitó su extradición al Gobierno español, así como que fuera la justicia de ese país la que lo interrogara por los crímenes que se le adjudican en el expediente a su cargo”, recuerda Adriana. “No tuvo éxito: las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977. Ya es tiempo de que terminen tantas décadas de total impunidad. Exigimos justicia y juicio y castigo a los culpables”.

 

Imputado clave

Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico que se incorporó en 2018 a la causa, destaca que Martín Villa, de 85 años, es “uno de los jerarcas del régimen de Franco que continuó con máximas responsabilidades en el Estado luego de la muerte del dictador, y es el responsable durante la transición de la cruenta represión a la clase trabajadora y al pueblo”.

“Estamos al borde de iniciar una nueva etapa una vez se cumpla con un acto procesal fundamental como es la declaración indagatoria a uno de los principales imputados vivos en la querella contra los crímenes del franquismo”, valora la abogada.

Martín Villa, que entre 1975 y 1979 fue ministro de Relaciones Sindicales y del Interior, está imputado por doce homicidios agravados “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”, lo que puede acarrear pena perpetua.

Entre otros delitos, se le adjudica la matanza de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 y el asesinato del joven Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978, cuando las Fuerzas de Seguridad dispararon sobre una multitud e hirieron a más de 300 personas. Este último caso, representado por Barindali y su equipo, fue incorporado en 2019 al expediente.

 

Turno de España

Hay otro acontecimiento que puede cambiar el curso de este caso, y es que “la fiscal general Dolores Delgado dejó sin efecto la orden de su antecesora que instruía a todos los fiscales para rechazar toda rogatoria, exhorto y o pedido de medidas de prueba que tuviera que ver con la querella argentina”, destaca la abogada.

Esa directriz, que emanó de la fiscal Consuelo Madrigal, estuvo vigente durante los últimos cuatro años. Víctimas del franquismo, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), y distintos referentes sociales habían pedido que su orden quedara sin efecto. “A partir de ahora quedará librado a cada juez o jueza a las que le lleguen los pedidos del Juzgado de Buenos Aires resolver si van a colaborar o no”, concluye Barindali. “Esperamos ver que la judicatura española también refleje con su actitud que la grieta de la impunidad se va haciendo cada vez más grande y podamos dar pasos positivos para el avance de la causa”.

 

* Artículo aparecido el 31 de agosto en el diario español Público.

La Justicia argentina cae sobre sus propios jueces para juzgar los crímenes de la dictadura

Esta semana ha comenzado en Mendoza (noroeste del país) un juicio que marca un precedente en el historial de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983). No sólo por ser una megacausa que por primera vez tiene por imputados a varios jueces. Se pone la lupa en una de las patas que tuvieron los militares para sostenerse como poder de facto, y que hasta ahora aparece menguada dentro del universo de acusados por estos crímenes, castrenses en su inmensa mayoría: la de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.

Uno de los magistrados consiguió sortear el juicio por problemas de salud mental, y se mantendrá con arresto domiciliario. Los otros cuatro se han sentado en el banquillo, junto a fiscales, militares y policías, acusados de no haber investigado detenciones ilegales, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robos de bienes, desapariciones, asesinatos, y hasta la apropiación de un bebé -hoy nieta recuperada - pese a los reclamos de hábeas corpus y denuncias directas de los familiares de las víctimas.

Una de las personas que consiguió resquebrajar esa impunidad judicial fue el juez de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo. "Entre los años 1975 y 1983, se tramitaron en la Justicia Federal mendocina unos 350 hábeas corpus (170 aproximadamente corresponden al período 1975/1977) (...) por sujetos que revestían alguna apariencia de autoridad, o bien, que por alguna razón, podía presumirse estaban en poder de las fuerzas de seguridad", denunciaba Palermo cuando como fiscal pidió la elevación de la causa a juicio oral. "No hubo uno solo que, a juicio de los magistrados que debieron resolverlos, tuviese mérito para intentar el hallazgo y la liberación de la víctima privada ilegalmente de su libertad".

"El aporte que el Poder Judicial ofreció al plan sistemático de represión consistió en garantizar la impunidad de las aberraciones que se cometían mediante la no investigación de las mismas", concluía en su petitorio el funcionario judicial. "Este aporte resultó determinante para que el ataque sistemático a la población civil haya podido ser llevado a cabo de la manera en que se llevó. (...) Estos jueces y fiscales no pueden ser considerados de otro modo que no sea como cómplices primarios de estos delitos".

Después de dos años de investigación, se ha constituido este juicio que se convierte en un megaproceso por reunir en torno a sí 15 causas distintas con 41 personas imputadas en total. A lo largo de los 18 meses, serán llamados más de 600 testigos para esclarecer lo sucedido con 207 víctimas, entre las que hay desaparecidos y asesinados.

Dos de los jueces procesados son Luis Miret y Otilio Romano, que consiguieron reciclarse con la llegada de la democracia al ser reconocidos como camaristas. Hasta 2011, cuando fueron destituidos por un juicio político, eran figuras de peso dentro del poder judicial y político de la región.
No en vano, Mendoza no tuvo hasta hasta 2009 ninguna causa que llegara a juicio sobre los crímenes de la dictadura, aun cuando las leyes que garantizaban la impunidad, las de Punto Final y Obediencia Debida, habían sido anuladas seis años antes y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005.

Romano consiguió huir a Chile pero  la Corte Suprema lo extraditó de vuelta a Argentina. "Ambos [jueces]", cuenta el reconocido periodista Horacio Verbitsky en el diario Página12, "resistieron todo lo posible su alojamiento en la misma cárcel común en la que aguardaban el debate los policías y militares y la celebración de un único juicio, porque aún creían ser parte de una elite, diferente y superior".

Cuentas pendientes

 

En 2011, el propio Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar a los jueces que colaboraron con los represores o que han tratado, a día de hoy, de entorpecer las causas de delitos de lesa humanidad.

Para desbaratar la impunidad judicial que algunos magistrados pueden crear en sus provincias en base a padrinazgos y favores políticos, empieza a ser común trasladar a jueces de otras provincias para que se hagan cargo de los juicios orales celebrados en un determinado territorio.

"Muchos de los hoy denunciados como cómplices de la dictadura, que eran civiles, estaban en funciones en el aparato judicial", explica a Público Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. " Hay todo un procedimiento interno de los funcionarios que hay que destuitir para avanzar después en el juzgamiento. Las propias estructuras del poder juducial estaban enquistando gente que a su vez estaba acusada, y para los jueces era difícil avanzar, porque eran sus propios compañeros".

Argentina ha procesado por delitos de lesa humanidad a 272 civiles hasta diciembre de 2013, un número pequeño si se tiene en cuenta que 2335 personas han sido imputadas hasta ahora. Entre ellos hay médicos, empresarios, personal de inteligencia, representantes de la Iglesia y 53 funcionarios judiciales, de los que 32 son jueces. "Esto tiene que ver con la forma con la que se estructura la investigación de los hechos en los juicios", añade Varsky. "Primero se comenzó con la identificación de los responsables directos, y luego se fue avanzando hacia otros posibles responsables, como son los civiles".

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el año 2013 concluyó con 114 personas condenadas, un 27 % más que en 2012.

En la actualidad, hay 1069 procesados entre todas las causas. Hasta ahora se han condenado a 520 personas, mientras que 60 han sido absueltas. Si bien es cierto que sólo 71 condenas tienen sentencia firme, la cifra de detenciones ha ido siempre en aumento: el año pasado se arrestaron a 114 personas, por lo que la cifra de detenidos por delitos de lesa humanidad es ya de 927, de los cuales la inmensa mayoría se encuentran en prisión: un 62,1%, frente al 36,2% que tienen detención domiciliaria, un 1,1 % que se encuentra en dependencias de las fuerzas de seguridad, y un 0,6 % en hospitales.

Sólo un ex juez ha sido sentenciado hasta ahora, Víctor Hermes Brusa, en 2009.


* Artículo publicado el 17-02-2014 en el diario español Público