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martes, 31 de marzo de 2015

"El fin de la impunidad es irreversible, la única duda es cuándo"

BUENOS AIRES.- Las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional han respondido rápido a la reprimenda que el pasado viernes Naciones Unidas dio al Gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Este mismo lunes han manifestado su apoyo al organismo, aludiendo a futuras medidas que tomarán en breve y que pondrán a España en un brete aún más evidente.
Manuela Bergerot (CeAqua), Máximo Castex (abogado argentino), Ignacio Jovtis (Amnistía), Adriana Fernández, Inés García Holgado, Darío Rivas (querellantes originales de la causal), y Carlos Slepoy (encabezando la mesa) - ADP

Presentes en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires estaban los tres querellantes originales de la causa abierta en el país para investigar los crímenes franquistas –Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández–, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA), la plataforma argentina de apoyo a la querella, Amnistía Internacional Argentina y España.

“Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente” adujo Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Nosotros hemos documentado cómo en realidad no investiga los estas causas. En España se han presentado 114.000 denuncias, la mayoría por desapariciones forzadas. Nosotros tuvimos acceso a esos expedientes, y pudimos corroborar que todos ellos, sin excepción, han sido archivados”.

El comunicado emitido por la ONU concluía que si España no iba a investigar los crímenes del franquismo, estaba obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

“Después de 5 años luchando en esta querella, pidiendo medidas y acompañando a las víctimas, sabíamos que España nunca indagaría estos crímenes y que pondría trabas a su investigación. Y ésta fue la constante en las respuestas que daba a las rogatorias de la jueza”, relató el abogado que desde Argentina impulsa la causa, Máximo Castex. “Que ahora cuatro organismos internacionales de derechos humanes dicten este comunicado nos posiciona en una nueva etapa en la que vamos a seguir insistiendo con las extradiciones y con las indagatorias”.

El letrado mencionó el último pedido librado por la magistrada para exhumar a una de las víctimas, Timoteo Mendieta, localizado en una fosa común en Guadalajara. Después de un año, una jueza de esa provincia que debía resolver el exhorto de Argentina rechazó la exhumación. “¿Qué le queda a la querella? Insistir. Y esta semana se nos ha confirmado que se ha librado un nuevo auto insistiendo en esta exhumación”, reveló Castex.
 
Cuestión de tiempo
Manuela Bergerot, representante de CeAQUA, recordó que el de Argentina es el único proceso judicial abierto en el mundo que está investigando el franquismo. La joven contó que la Coordinadora está inmersa en una campaña desde octubre de 2014, cuando Servini dictó el auto de detención preventiva para 20 imputados –tres de los cuales han fallecido recientemente. “Hemos viajado a Ginebra donde pudimos reunirnos con el relator de la ONU Pablo de Greiff, se nos recibió también en el Parlamento Europeo, donde fuimos a pedir apoyo, y por eso ahora hemos venido también a Buenos Aires, donde buscamos un compromiso incluso de fuerzas políticas”.

Uno de los principales referentes en la causa, el abogado Carlos Slepoy, confirmó que han pedido al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que eleve su protesta contra España por incumplir el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por ambos países. “El Ejecutivo argentino debe protestar puesto que se trata de delitos de lesa humanidad: o se extradita, o se juzga, no se dejan con impunidad los crímenes de uno de los peores genocidios cometidos en el siglo XX, apoyado además por el nazismo alemán y el fascismo italiano”.

Slepoy destacó la colaboración permanente del Consulado argentino en Madrid, adonde acuden personas de manera continua para declarar e incorporarse a la querella.

“Fue un hecho insólito que todos los partidos, menos el PP, firmaron en el Senado una resolución hace unos días para crear una comisión de la verdad. Hemos conseguido para la querella argentina el apoyo de más de 100 ayuntamientos y gobernaciones en España. Algunos se han planteado presentarse como querellantes”, indicó el abogado. “El fin de la impunidad es irreversible. Cuánto tiempo durará, no lo sabemos con exactitud. Sí hay fuerzas políticas – Podemos, Izquierda Unida y distintas fuerzas nacionalistas del País Vasco, entre otras organizaciones, que están en contra de la impunidad del franquismo. Tienen un peso importante. Como sucedió en Argentina, esto acelerará el proceso”.


Hablan los querellantes
“El Estado español está cada vez más cercado para obligarlo a cumplir el principio de justicia universal”, resaltó la querellante Inés García Holgado. Su compañera Adriana Fernández contó que tanto ellas como Darío Rivas se reunieron hace unos días por primera vez con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.

“Fue la primera vez que pudimos contar lo que pasó con nuestros familiares ante un organismo internacional”, observó la mujer. “Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas. Al no hacerse cargo el Estado, los familiares también van muriendo. Yo supe hace seis años que mi abuelo había sido asesinado por la Falange. Como yo durante mucho tiempo, debe haber muchos casos que viven en el más profundo de los silencios”.

El querellante que inició la causa en Argentina, Darío Rivas, señaló por último que Franco todavía vive en España con sus leyes. “Dejó todo atado, y nos dejó también a todos atados con sus delitos”, alegó con sus 95 años. “Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y se le ocurrió hacer las leyes para regir el Estado después de muerto, poniendo de cabecilla a una corte con un rey corrupto. El actual Gobierno es representante del franquismo, así que la lucha es despareja”.


* Artículo aparecido el 30 de marzo de 2015 en el diario español Público.

jueves, 30 de octubre de 2014

Abogados argentinos se suman a la causa contra el franquismo

La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ha hecho llegar a la jueza que investiga los crímenes del franquismo un escrito en el que pide ser reconocida en la causa como Amicus Curiae, expresión latina que literalmente significa "amigos del tribunal", y que consiste en una presentación de una tercera parte en torno a un proceso a fin de expresar su opinión y realizar aportes de trascendencia.
Matilde Scaletzky escucha al abogado Máximo Castex, con el querellante Darío Rivas en primera fila (A.D)
"Se trata de apoyar la actividad que está desarrollando el juzgado", ha explicado Matilde Scaletzky, una de las dos delegadas nombradas por la AABA para seguir el curso de la causa. "Este proceso es importante porque se debate la violación de derechos humanos durante 40 años en España, el cual no ha tenido ninguna parte de crítica por parte de los sectores que detentan el poder en ese país".

Scaletzky ha recordado cómo las víctimas del franquismo han tenido que querellarse en Argentina para obtener justicia, "del mismo modo que nosotros fuimos a España para que se juzgara la dictadura argentina", resaltó. "Desde su origen en 1934, la AABA nunca ha dejado de defender las libertades públicas, y así seguiremos haciéndolo".

La Asociación ha presentado su escrito este martes ante la magistrada María Servini de Cubría, instructora de la causa. "Las políticas del franquismo y su metodología dieron como resultado la desaparición de alrededor de 300.000 personas, la existencia de 140.000 tumbas sin identificación [y] la existencia de alrededor de 30.000 niños robados a sus madres", manifiesta el texto.

Los abogados critican a l Gobierno del PP por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales"La AABA destaca cómo "la conducta del franquismo se mantuvo, con escasas modificaciones durante todo su Gobierno", pero cuyas consecuencias "duelen todavía hoy, porque no ha habido nada que reparara lo acontecido: no se buscó la verdad, por lo tanto no hubo justicia, y en consecuencia no hubo, tampoco, reparación".

Los abogados no dudan en criticar al actual Gobierno español por seguir "enfrentando a España con los organismos internacionales" y "por el incumplimiento de los pactos suscriptos por el país". Recuerdan que las peticiones de extradición por parte de Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas, fueron rechazadas por la Audiencia Nacional al considerarse crímenes prescritos por aplicación de la Ley de Amnistía.

Desde el origen de la causa en 2010, "son escasas las manifestaciones de la Judicatura [española] que indiquen algún cambio", subrayan en su escrito. "Para el sector político que detenta el poder no ha pasado nada, 'de eso no se habla', y eso trae como consecuencia que un amplio sector del pueblo español realmente ignore lo acontecido".

Más de 4.500 víctimas en la querella


El abogado Máximo Castex, representante en Argentina de las víctimas del franquismo, celebró el Amicus Curiae de la AABA puesto que es el primero de este tipo que se incorpora a la causa. "Esta presentación llega en el momento más álgido", destacó. "Acabamos de recibir una requisitoria fiscal de más de 300 páginas que además de avalar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años, se suma a las peticiones de la querella con respecto a las situaciones procesales de los imputados".

El fiscal federal Ramiro González elevó la semana pasada un dictamen a la jueza Servini de Cubría en el que pedía la indagatoria de quince exfuncionarios franquistas, incluidos cinco exministros. Era la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Argentina se expresaba en relación a la causa.

"Para las víctimas ésta es una gran noticia", sostuvo Castex. Con el dictamen del fiscal, efectivamente, todas las víctimas que hasta ahora habían presentado sus denuncias en los consulados argentinos en España han pasado a ser formalmente parte de la causa. "Gracias a eso, la Fiscalía ha podido individualizar más de 4.500 víctimas".

Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación que Servini de Cubría tendrá en cuenta. "Hasta ahora, los que presentaban esas denuncias en los consulados engrosaban la causa, pero al no estar como parte querellante con un patrocinio legal [un abogado], no podían formar parte del objeto procesal de investigación", aclaró Castex. "Ahora estas víctimas tienen un representante, que es el fiscal. Al haber sido incluidas ahora en su requerimiento, pasan a formar parte del mismo".

Castex recalcó, por último, que ahora son dos las partes acusatorias (la privada y la del fiscal) pidiéndole a la jueza la resolución de las indagatorias y otras medidos de prueba. "Espero que a final de año podamos tener novedades en ese sentido", vaticinó.

Exhumaciones en peligro

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes dos de los querellantes originales de la causa, Darío Rivas y Adriana Fernández. Esta última aprovechó la ocasión para alertar del inminente cierre del laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que se encuentra en el campus de Ponferrada (León). 

"Hay cuatro voluntarios que trabajan con restos exhumados de fosas de la Guerra Civil pero están a punto de agotar sus prestaciones por desempleo y no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo", denunció Fernández. "Gracias a ellos pudimos exhumar los restos de mi abuelo, pero la Asociación lleva tres años sin recibir un subsidio. Si no consiguen ayudas, no les quedará más remedio que cerrar en enero".


* Artículo aparecido el 29-10-2014 en el diario español Público.

jueves, 14 de agosto de 2014

Abuelas que recuperan nietos; nietas que buscan abuelos

"Se cumplió aquello que decíamos las Abuelas de Plaza de Mayo: ellos [los nietos] nos van a buscar, como nosotras los seguimos buscando'". Esta frase la pronunció Estela de Carlotto, presidenta de esa organización, cuando encontró este martes a su nieto Guido, robado en 1978 por los militares de la última dictadura argentina (1976-1983).

Inés García Holgado y Adriana Fernández, en Argentina. A. DELICADO


 Al escuchar aquellas palabras, dos mujeres se sintieron reivindicadas en su propia historia. Una de ellas busca la historia de su abuelo español desde hace 15 años. La otra encontró al suyo en una fosa común. Las dos son querellantes originales de la causa que se impulsa desde Buenos Aires contra los crímenes del franquismo. Nietas de republicanos, ambas han investigado sobre la muerte de sus abuelos. Quieren recuperar su memoria.

"En el caso de España, son los nietos los que buscan a sus abuelos", afirma a Público Inés García Holgado, de 50 años. "Yo sé dónde está enterrado el mío, pero estoy rastreando su historia a través de expedientes familiares, pericias y documentos. Investigo su caída desde un séptimo piso. Presuponemos que, por la costumbre de la época, a mucha gente la mataban así".

"En España han sido demasiados años de impunidad", denuncian Vicente García Holgado, que cuando falleció tenía la edad de la nieta que ahora lo busca, era telegrafista cuando en 1946 fue a conversar de asuntos gremiales a la Dirección de Pesca de San Sebastián. Cayó desde aquel edificio.  "Yo quiero saber más sobre esa historia", reclama Inés. "Mi abuelo intentaba ayudar a los pescadores del Puerto Pasajes para que no se afiliaran al Sindicato Vertical, que era franquista. Encontré un expediente que finaliza con un dicho un tanto raro, porque da por concluida la investigación en base a un oficio con un número. Así que sé que existe un documento que indagó su muerte, pero no lo hemos encontrado todavía".

Su abuela, al mismo tiempo, le contó que una vez falleció su marido, sustituyeron a todos los empleados del lugar. "Quizás lo hicieron para que no hubiera testigos localizables", presume la querellante. "Ella también reveló que el día que murió tenían planeado ir al teatro, y que mi abuelo tenía las entradas en el bolsillo".


La historia de Guido Carlotto (Ignacio Hurban hasta este martes, en la foto, junto a su abuela) también ha movilizado al padre de Inés, reacio por ahora a salir en la prensa. "Pero desde que Estela encontró a su nieto, tiene más esperanzas de encontrar a su hermano, también desaparecido", añade Inés. "Mi padre acaba de dar una muestra de ADN a un banco de datos de Barcelona para poder identificarlo. Espera que alguna vez lo encuentren en una fosa".

De reyerta entre vecinos a homicidio


Adriana Fernández asiente junto a Inés. Ella descubrió también que algo no cuajaba en la historia oficial sobre la muerte de su abuelo, Antonio Fernando González. "Una vez mi padre me enseñó una foto y me dijo: 'aquí está enterrado mi padre'. Pero yo sólo veía pasto", relata conmovida. "Él decía que su padre estaba donde la hierba crecía más verde y más alta. Y efectivamente, así fue. Decidí entonces que lo quería sacar del campo en el que yacía".

Su padre sabía el lugar exacto en el que su abuelo estaba enterrado porque él mismo araba aquellas tierras. "Pero mi padre tenía la versión de que su papá había fallecido en una reyerta entre vecinos, y que era natural enterrar a los campesinos en el campo", incide Adriana. "Yo crecí con esa versión, pero cuando fui tomando consciencia de lo que fue el franquismo, empecé a investigar, hasta que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) me dio su certificado de defunción, en el que se corroboraba que había sido un represaliado del régimen. El acta decía que había muerto en la lucha por el marxismo. Con ese dato pude entrar a la querella".

El abuelo de Adriana fue asesinado el 9 de octubre de 1936. Sólo a partir de la exhumación, los vecinos le contaron cómo había perdido la vida. "Lo habían paseado, torturado, y lo remataron de dos tiros. Tenía 24 años", cuenta su nieta.

Las dos mujeres coinciden en que la dictadura de Franco ha impuesto un manto de silencio en la generación precedente a ellas. "En Argentina, los organismos de derechos humanos son fuertes, así que la lucha es constante. En España, han sido demasiados años de impunidad", sentencia Adriana. "La generación de los hijos fue silenciada, como lo fue mi padre. Entre los nietos aparece ahora esa necesidad de querer saber qué sucedió con nuestros abuelos. La verdad siempre sale a la luz. En alguna generación aparece y quiere instalarse por fin".

Ellas se identifican como la generación que empieza a hacer despertar la memoria colectiva. Pero reconocen que hay mucha reticencia de algunos nietos que sospechan que tienen a sus abuelos enterrados en fosas comunes. "Conocemos casos de algunos que no quieren remover historias porque sus padres todavía se niegan a conocer la verdad. Prefieren esperar a que ya no estén. La generación de los padres sigue silenciando", lamentan.

La fuerza de la genética

Las Abuelas de Plaza de Mayo tienen presente que los nietos están buscando a sus abuelos en España, a la inversa que en Argentina. "Pero a menudo sucede que los abuelos en España están en fosas y los nietos no lo saben. Y lo que es peor: no se lo preguntan", sostiene Adriana. "De la misma manera, aquí hay nietos que siguen con su vida y que no quieren preguntarse quiénes son realmente. No quieren remover el pasado".


Desde el hallazgo de Guido Carlotto, el teléfono de las Abuelas no ha dejado de sonar. Decenas de personas quieren hacerse una prueba de ADN para comprobar su identidad. "Hace muchos años que uno tiene la esperanza de que, ante la aparición de sucesivos nietos, Guido apareciera finalmente. Estaba sin estar", recuerdan ambas. "Fue una batalla que la vida ganó entre tanta impunidad y genocidio. La aparición de Guido nos dio fuerzas para pensar que la Justicia llega tarde o temprano. Hubiera sido terriblemente injusto que Estela muriera sin abrazar a Guido".

El nieto de Estela, antes de conocer su verdadera identidad, había tocado en los ciclos "Música por la Identidad" organizados por Abuelas. Había incluso compuesto una canción, "Para la memoria", que publicó en el último aniversario del golpe militar en Argentina, el 24 de marzo. "Lo que dijo Estela nos revolucionó al hacernos sentir qué fuerte es la genética", coinciden ambas. "Eso te muestra que hay algo fuerte que no hay que contradecir. Si le prestas atención a lo que estás sintiendo, llegas a tu propia verdad, porque tiene que ver con tus orígenes".

En España, esto es cierto, averiguar el paradero de familiares desaparecidos es más difícil. "El Gobierno tiene que crear bancos de ADN. De otro modo, no pueden identificarse los cuerpos que se descubren", reclama Inés. "Ni siquiera se pueden exhumar los cuerpos porque no otorgan un presupuesto. Hay que esperar donaciones, o que las familias junten dinero para rescatar a sus propios muertos".

Las dos querellantes de la causa contra el franquismo, en cualquier caso, aseguran que sólo es posible reencontrarse con su historia cuando recuperan la de sus abuelos. "Yo sabía que el mío me estaba esperando", defiende Adriana. "Para mis familiares en España fue importante exhumarlo y llevarlo al cementerio para que estuviera con los suyos. Para mí, reconocerme en esos huesos, y en sus ideales".

* Artículo aparecido el 10 de agosto de 2014 en el diario español Público.

martes, 13 de mayo de 2014

"Se nos están muriendo los querellantes, las víctimas y los victimarios"

"Repudiamos la decisión de la Audiencia Nacional de no conceder la extradición de los torturadores Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco (Billy el Niño)". Los tres querellantes que dieron origen a la causa en Argentina contra los crímenes franquistas están sentados juntos en una cafetería de Avenida de Mayo, en Buenos Aires. Han comenzado a diseñar algunas estrategias con las que darle un nuevo impulso al proceso, pero algo dejan traslucir durante la conversación: cierto desánimo, quizás, que admiten a regañadientes.

Los 3 querellantes de la causa de Argentina
Los querellantes originales de la causa en Buenos Aires (A.D.P)

Ellos aventuran que algún juez de la Audiencia Nacional podría atreverse a conceder nuevos pedidos extradición procedentes de Argentina. Pero son conscientes de que ese mismo tribunal es el que toma los crímenes de lesa humanidad del franquismo como delitos aislados, y por tanto, prescritos.
Los tres desafían, a quien cuestione la naturaleza de los crímenes franquistas, a que acuda a la querella que la jueza María Servini de Cubría investiga en Buenos Aires. "El plan sistemático de genocidio está demostrado en la querella que presentamos. Están reflejados en los dichos de generales como Emilio Mola, o en la existencia de fosas comunes", sostienen Inés y Adriana.


El más implacable en su discurso es Darío Rivas, el hombre que inició en los juzgados argentinos la única causa que se tramita en el mundo por los delitos del franquismo. "Franco vive en España. La Justicia española está llena de descendientes de jerarcas del régimen. Los capitalistas españoles son herederos del capital extraído tras la guerra civil", acomete con 93 años quien fue hijo de Severino Rivas, ex alcalde de Castro de Rei (Lugo) fusilado en 1936 por los falangistas. "En España no existe la Justicia, desde el momento en el que vamos contra una dictadura latente.
Franco dijo que dejaba todo atado y bien atado, porque puso las leyes y el Gobierno".

Es frecuente oírle hablar de la monarquía, sobre todo "del nieto del traidor Alfonso XIII, que tenía que haber abdicado antes de huir de España, de acuerdo a la ley, pero que sin embargo se llevó el título y dejó que el pueblo se peleara en una guerra civil". El nonagenario acusa, desde su traje impoluto y su mirada acuosa y recóndita, siempre inquieta: "En España, el Quijote se murió, y quedaron sólo los Sancho Panza. La gente se sigue inclinando hacoa el rey, que es un degenerado y un inmoral, un mal ejemplo para el país", añade.

Darío Rivas juntó en 2013 cinco mil firmas de apoyo a la causa y fue a presentarlas en la embajada de España en Buenos Aires, junto con la fundadora de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Lo dejaron a las puertas del edificio, sin dejarlo pasar. En una frase, el anciano resume una de las paradojas del país que lo vio nacer. "Franco fue el criminal más grande del siglo XX, y todavía lo seguimos discutiendo".


Una generación callada por el terror

 "Siempre tendremos el ejemplo de los procesos que se dieron aquí por la dictadura argentina" concede Adriana. "Pero en España el proceso es más costoso porque es una dictadura más larga. Lo malo es que se nos están muriendo los querellantes,  las víctimas y los victimarios, y quizás no podamos ver en España un Videla que termine falleciendo en una cárcel común. Estamos ante un genocidio encubierto".

"En España no existe la Justicia, desde que vamos contra una dictadura latenteEsta mujer hizo descubrir a su propio padre, en 2011, que su abuelo Antonio Fernández González había sido asesinado y sepultado en una fosa común. "Mi padre contaba que su padre estaba enterrado en la montaña de manera natural porque creía que era la manera en que se inhumaban los restos de algunos campesinos. Él mismo araba esas tierras, y decía: ‘donde el pasto crece más verde y más alto, ahí está'".

Así viajaron a España para exhumar su cadáver, y cerca del suyo, descubrieron tres cuerpos más. El padre de Adriana murió al poco tiempo de un cáncer repentino. "Su enfermedad fue el último coletazo que yo recibí del franquismo", admite. "Él cerró su historia solo, no pudo exteriorizarla".
Hay documentadas 114.000 fosas comunes en todo el territorio español. "Las víctimas van a estar sepultadas en el olvido, así que es someterlas a una doble muerte. La generación de los hijos, con todo el terror, ha quedado callada completamente", finaliza la querellante. "Pero los nietos somos los que queremos saber qué sucedió con nuestros abuelos, al revés que en Argentina, que son las abuelas quienes buscan a los nietos. El Estado español no se hace cargo ni de sus crímenes ni de sus muertos".


Escrache público

 

"Como la Ley de Memoria Histórica está tan lavada, el Congreso podría tomar medidas como la de anular los sumarios, que están en los archivos militares", intercede Inés, que se incorporó a la causa para pedir justicia por su tío y dos tíos abuelos. "En este momento, personas como el padre de Darío o mis tíos están procesados por traición a la patria o por auxilio a la rebelión. Podrían declarar nulas esas mentiras, pero tienen miedo de que se venga un periodo de indemnizaciones".

Hay documentadas 114.000 fosas comunes en todo el territorio español Los tres querellantes admiten la posibilidad de acudir a alguna instancia internacional para apelar por las extradiciones que ha rechazado la Audiencia Nacional, aunque no anima el antecedente que dejó marcado el tribunal Europeo de DDHH en Estrasburgo en 2012, cuando rechazó una demanda contra el Estado español, al estar presentada "fuera de plazo", por la desaparición durante la Guerra civil de un diputado socialista.

Sí se están moviendo, en cambio, para recibir el apoyo del Corte Suprema de Argentina e incluso del poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Cristina Fernández. "Vamos a proponer, además, que se recolecten en España los datos de las personas que firmaron sentencias", remata Inés. "Así que mandaremos un proyecto para que todos aquellos que las tengan remitan los nombres de los que las firmaron y los lugares de los que vienen, a modo de escrache público".


* Artículo aparecido el 12 de mayo de 2014 en el diario español Público

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