Una delegación de víctimas, parlamentarios y representantes de asociaciones viajó a Buenos Aires para declarar ante la jueza María Servini de Cubría y pedir nuevas imputaciones en un impulso a la única causa que investiga los delitos de lesa humanidad de la dictadura española.
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| Rueda de prensa de la delegación española en la Asociación de Abogados de Buenos Aires (ADP) |
La jueza federal argentina María Servini de Cubría, responsable de la única causa en el mundo que investiga los crímenes de lesa humanidad del franquismo, recibió este miércoles en Buenos Aires junto al fiscal del caso, Ramiro González, a una comitiva que viajó desde España 12.000 kilómetros para incorporar nuevas declaraciones testimoniales a la querella y pedir la imputación de diez responsables de la dictadura.
“Le he agradecido que nos reciba, le he contado mis sentimientos: que en 41 años no me he podido sentar ante un juez a declarar, y que la impunidad en mi país es una maleta muy pesada que se acumula al dolor por la muerte de un familiar”. Así se expresa Fermín Rodríguez al pedir justicia por su hermano Germán, que tenía 23 años cuando fue asesinado por la policía de un tiro en la cabeza en 1978, durante las fiestas de los Sanfermines en Pamplona. Este jueves, por fin, declara como testigo ante la magistrada argentina en los tribunales federales de Buenos Aires.
“Es un peso más en la mochila cada vez que en España cierran casos y no me dejan reabrirlos, y no encuentro más que trabas, en una actitud judicial que sólo está destinada a proteger a los responsables”, continúa en diálogo con Público este hombre de 61 años, que presenció cómo una a una se archivaron todas las instrucciones judiciales en torno al asesinato de su hermano, la última en 1982. “Ésta es una página que no he podido pasar del todo, tengo que convivir con ella. Para ello necesito conocer la verdad y que se haga justicia”.
Por primera vez se incorpora en la causa una querella que da cuenta de la represión policial que tuvo lugar durante los Sanfermines de 1978 en la plaza de toros de Pamplona, donde había 20.000 personas. Fueron heridas 300, once de las cuales recibieron impactos de bala. La denuncia cuenta con el testimonio de siete víctimas y de dos asociaciones. Aitor Garjón, como parte de la Federación de Peñas sanfermineras de Pamplona-Iruñea, y Sabino Cuadra, perteneciente al colectivo San Fermin 1978 gogoan!, se presentan también este jueves ante la jueza.
Por la represión en Pamplona la querella pide que la magistrada curse órdenes internacionales de detención y extradición contra dos funcionarios y ocho agentes policiales. Público accedió al nombre de todos ellos.
Se trata de Ignacio Llanos Cifuentes, gobernador civil de Navarra; Vicente Javier Murillo Fernández, secretario general del Gobierno civil; Miguel Rubio Rubio, comisario de policía; Benito Pérez Vázquez y Francisco Abellán Vicente, ambos tenientes de policía; Vicente Lafuente Ramírez, teniente coronel de la Compañía de la Reserva General con sede en Logroño; Fernando Ávila García, comandante de las fuerzas policiales de Pamplona; los capitales César Jiménez Cacho y Cardosa Blesa; y Lino Bailo Campo, teniente coronel de la 532 comandancia de la Guardia Civil.
Manuel Ruiz es otro de los querellantes españoles que se sentará ante Servini de Cubría para brindar su declaración testimonial en relación a su hermano Arturo, asesinado por fuerzas parapoliciales en Madrid en 1977, cuando tenía 19 años, mientras participaba en una manifestación para reclamar libertades y más democracia. Su familia se enteró de su fallecimiento por televisión, mientras almorzaba.
El hermano de Arturo tiene hoy dos nombres clavados en la memoria. Uno es el de José Ignacio Fernández Guaza, el policía que asesinó a Arturo Ruiz antes de huir ayudado por sus compañeros. Sólo se sabe que pasó del País Vasco a Francia y de ahí a Sudamérica, donde se le pierde el rastro. El otro es el de Jorge Cesarsky Goldenstein, cómplice del primero al prestarle el arma. El confidente policial, de nacionalidad argentina, llegó a entregarse a la Dirección General de Seguridad, y “aunque fue condenado, la Ley de Amnistía por la que mataron a mi hermano lo sacó a la calle”, acota Ruiz.
El testimonio del querellante, de 63 años, permitirá reforzar las acusaciones que pesan sobre el exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, que el próximo 9 de septiembre se presentará ante Servini de Cubría para declarar en calidad de imputado por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista.
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| Los abogados Gerardo Caviglia y Jacinto Lara junto a los querellantes Fermín Rodríguez y Manuel Ruiz (ADP) |
500 querellas y miles de testigos
Ésta será la primera declaración indagatoria que recabará la jueza en los nueve años de
investigación que tiene el caso. Gracias a las 500 querellas individuales y colectivas que se han incorporado a la causa, en base al testimonio de miles de personas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires ha podido reconstruir los crímenes silenciados del franquismo bajo la tutela del principio de justicia universal, que permite indagar en los delitos imprescriptibles cometidos en otro país.
El fiscal Ramiro González, que impulsa también la investigación del caso, “dice que puede haber indicios de un delito planificado de genocidio, de que se intentó eliminar toda la disidencia”, revela a Público Ana Miranda, eurodiputada de BNG e integrante del Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo. “Hay un clamor social en el Estado español por que haya justicia y se conozca la verdad. El hecho de que Servini haya recibido a víctimas y familiares es muy emocionante, porque de hecho estaban conmovidos y agradecidos. Ella se mostró muy cercana. Su equipo además es muy cualificado y se lo están tomando muy en serio”.
Mientras tanto, la magistrada argentina continúa con la instrucción de la causa “pero quiere que haya un desbloqueo de la justicia española, que está negando todos los exhortos”, recuerda Miranda.
“La jueza nos ha transmitido las dificultades que sigue teniendo para que los tribunales españoles cumplimenten las comisiones rogatorios y los exhortos que han enviado”, coincide Jacinto Lara, abogado de las víctimas. “Cuando se tramita un procedimiento judicial en virtud de la justicia universal, el objetivo es imprimir un desgaste al Estado donde se han cometido crímenes que lo obligue a asumir la responsabilidad y enjuiciamiento de esos crímenes”.
En su decisión de paralizar esta semana la exhumación de Francisco Franco, hasta el propio Tribunal Supremo trató al dictador como jefe de Estado “desde el 1 de octubre de 1936, sin más connotaciones, ignorando que fue rebelde al Gobierno democrático de la II República”, objetó a su vez la jueza y diputada María Victoria Rosell, integrante de la comitiva española que viajó hasta la capital argentina.
“No hace sino avergonzarme que un país que fue cabeza en la jurisdicción universal y que tanto hizo por la justicia en Argentina y Chile ahora esté a la cola mostrando la impunidad de todos estos crímenes cuyas víctimas no han podido declarar ante una jueza o juez español”, recriminó durante una rueda de prensa convocada por la delegación. Ya es hora “de que el PSOE que va a presidir el Gobierno haga honor a su propia historia, a sus propios represaliados y a propios muertos y desaparecidos”, conminó.
Las pruebas acumuladas en la causa llevaron a Servini de Cubría en 2014 a ordenar la detención internacional y extradición de 20 responsables franquistas, entre ellos los exministros Martín Villa y el fallecido José Utrera Molina.
La querella espera ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez pase de las palabras a los hechos y anule la instrucción de la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que impide recibir los exhortos de la justicia argentina y que ocasiona que todas las querellas que denuncian delitos de lesa humanidad del franquismo hayan sido archivadas por los juzgados españoles.
