Interpol reclama la detención de 19 dirigentes franquistas

La sección argentina de la Interpol ha comunicado a su homóloga en Madrid la detención preventiva con fines de extradición de 19 franquistas imputados en la resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría , instructora de la causa que investiga en este país los crímenes del franquismo. 

Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.EFE

Con fecha del 4 de noviembre, la oficina de la Interpol argentina confirmó al juzgado de Servini de Cubría que ya había cursado "una comunicación muy urgente" a Madrid para avisarles de la orden de detención que pesa sobre siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado.

La Interpol de Argentina también le pide al juzgado argentino que le facilite todos los datos de identificación que conozca de los imputados, para "evitar confusiones de homonimia", según se lee en la notificación. "No obstante a lo indicado precedentemente, y dentro del marco de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, se ha solicitado nos proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean de los nombrados", añade el texto.

La orden de la Interpol procede al auto de la jueza que el pasado 31 de octubre ordenó la detención internacional y consiguiente extradición de 20 funcionarios de la dictadura, entre los que se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. En concreto, son siete ex ministros, dos antiguos jueces, ocho policías, un ginecólogo y un abogado. El ex ministro Antonio Barrera de Irimo, uno de los imputados en la resolución de la magistrada, también estaba incluido en la orden de la Interpol, pero ha fallecido  recientemente, con lo que la acción penal contra él se extingue.

En aquella resolución de 286 hojas, Servini de Cubría adjudicó a los franquistas un abanico de crímenes entre los que destacan los delitos de homicidio, secuestro, tortura y hasta la sustracción de un recién nacido. La jueza federal confirmó que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

El septiembre de 2013, la magistrada ya había encomendado a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, de los primeros cuatro franquistas imputados en la causa. Dos de ellos, el exescolta Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte González habían fallecido para cuando se emitió la orden, por lo que la imputación se centró en el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y en el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ambos acusados de torturas.

En la eterna espera

"Ahora es de esperar que se proceda a la detención de los imputados lo más rápido posible, porque hay riesgo de fuga y esto podría entorpecer el proceso", comentó a Público el abogado de las víctimas del franquismo, Máximo Castex. "Estamos a día 12, hace más de una semana que la Interpol notificó la detención preventiva de los acusados". El abogado reconoce que habrá que aguardar a que las autoridades españolas tomen la iniciativa. "Primero tiene que pronunciarse el Consejo de Ministros español para ver si da vía libre a que el pedido argentino sea resuelto por el poder judicial español", reflexiona. "Después se sorteará un juzgado central de instrucción que posiblemente citará a los imputados y tomará medidas cautelares, como sucedió con el caso de González Pacheco y Muñecas Aguilar".

Lo más probable que al ser policía internacional, la Interpol sólo actúe contra los imputados en caso de que traten de salir de España. "Por algo la Interpol está solicitando públicamente a las autoridades españolas que faciliten todos los registros filiatorios que posean sobre estas personas", añade Castex. "Por ahora, han procedido como conminaba la jueza en su resolución, cursando las órdenes de detención preventiva". El abogado representante de la querella en Argentina confía en que tenga un final feliz alguno de los 19 procesos que ahora hay en curso. "Lo que ocurre es que no se cumplen los plazos", lamenta.

Procesos estirados en el tiempo

Esto no es ninguna sorpresa, pues no hay más que observar la tranquilidad que se tomó España para contestar a los primeros pedidos de extradición de la Justicia argentina que llegaron en 2013.

La jueza emitió el pedido de detención internacional contra González Pacheco y Muñecas Aguilar el 18 de septiembre. Rápida fue la Fiscalía española, que en menos de una semana dictaminaba que las detenciones no eran necesarias "habida cuenta la antigüedad de los hechos" y cuestionó la orden de detención que había librado la Interpol al asegurar que no se sustentaba en un "relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión".

Dos meses después, el 18 de noviembre de 2013, llegaba el pedido de Servini al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy se tomó once días más para autorizar que el proceso de extradición de Muñecas Aguilar y Billy el Niño fuera dirimido por la Justicia española. A los pocos días, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional citó a los franquistas, les retiró el pasaporte, y los obligó a comparecer semanalmente en el juzgado. Finalmente, en abril de este año, la Audiencia Nacional rechazaba en el curso de cuatro días la extradición de González Pacheco y de Muñecas Aguilar con el argumento de que sus delitos habían prescrito.

Hoy, no son dos, sino 19 imputados sobre los que de nuevo se tiene que pronunciar la Justicia española, con el agravante de cada vez es mayor la atención que se brinda a la única causa abierta en el mundo que juzga a los represores del franquismo.  

* Artículo aparecido el 12 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

"La clave es que en este proceso está vinculado el suegro de Gallardón"

Más de un año ha pasado desde que la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, emitiera su primera resolución en la que dictaba órdenes de detención internacional contra cuatro exfuncionarios franquistas. Dos de ellos habían fallecido, y la Audiencia Nacional terminó por rechazar el pedido de extradición de los otros dos, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Máximo Castex, junto al también representante de las víctimasante la Justicia argentina Ricardo Huñis, la abogada Ana Messuti y el querellante Darío Rivas, de fondo (A.D)

Desde el origen de la causa en 2010, la magistrada emitió cuatro exhortos, realizó videoconferencias desde Argentina para dialogar con víctimas del franquismo, e incluso viajó a España para conocer de primera mano los estragos que había hecho la dictadura española. El golpe de gracia llega con este segunda segunda resolución en la que imputa y pide la extradición de ocho exministros franquistas, dos antiguos jueces, ocho expolicías, un ginecólogo y un abogado.

Es la primera vez que la Justicia ordena la detención de altos cargos del Gobierno franquista. "Todas las imputaciones que pedía la Fiscalía y la querella han tenido buena acogida por parte de la jueza", explicó a Público Máximo Castex, abogado de las víctímas que elevó a la Justicia los pedidos de extradición. "Lo que me pone contento es la buena noticia que esto supone para las víctimas. Estoy pensando en Andoni Txasko Díaz [superviviente a la masacre de Vitoria], y Merçóna Puig Antich [hermana de Salvador, último ejecutado a garrote vil por la dictadura]".

La Justicia argentina debe esperar ahora a que su requerimiento tenga correlato en la Justicia española. "Tendremos que aguardar para ver qué ocurre con los jueces que intervengan en la Audiencia Nacional y las resoluciones que tomen al respecto. Pueden ordenar las detenciones de estas 20 personas, de algunas de ellas, o tomar medidas cautelares, que es otra manera que tienen los jueces para su citación", expuso Castex.

Esta última alternativa fue la que escogió el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2013, ante el pedido argentino de que se extraditara a Muñecas Aguilar y González Pacheco, acusados de torturas. Ruz los citó en su juzgado y les impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retención de su pasaporte y la concurrencia esporádica al juzgado. Meses después, la Audiencia Nacional terminó por rechazar su extradición.

"Ahora es distinto, porque hay que ver la repercusión que en el poder judicial español tendrán estas 20 imputaciones. Primero se verá qué dice el Consejo de Ministros y si gira los pedidos de extradición a la Audiencia Nacional, con la gran diferencia de que en este proceso está vinculado también José Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón", reflexionó el abogado. "Aquí si habrá un cambio radical con respecto a los casos anteriores".

Si el Consejo de Ministros autoriza a que el caso sea resuelto por el poder judicial, habrá una primera etapa de instrucción que tramitará la Audiencia Nacional. Después de que el organismo tome contacto con los imputados y ordene posibles medidas o pruebas cautelares, se realizará una audiencia pública que estará a cargo de la Sala de lo Penal de la Audiencia, integrada por tres jueces.
"Eso es independiente de las medidas de detención a través de la Interpol que ya ha cursado la jueza para estos 20 imputados", recordó el abogado argentino. "Y aunque España rechazara la extradición de Billy el Niño y Muñecas Aguilar, para la Justicia argentina siguen siendo imputados y sujetos a ser extraditados".

Diferencias de fondo

 

Los pedidos de detención contra los 20 franquistas establecen una nueva pauta en la trayectoria de la causa. "Es la primera vez que se imputa a ex ministros, además por hechos de conocimiento internacional. Personajes como Rodolfo Martín Villa y Utrera Molina, que son los más notorios entre esta veintena de imputados, van a potenciar la atención que se le dé al desenlace del pedido argentino. A diferencia de la vez pasada, que fueron dos imputados, ahora tenemos 20 procesos en futuro curso", resaltó Castex.

La querella pidió las primeras nueve imputaciones en marzo de 2013, de las que la jueza apoyó cuatro. En 2014, llegó la segunda solicitud para que Servini de Cubría extraditara a 15 franquistas más. "Después de que el fiscal presentara su dictamen a finales de octubre pidiendo la indagatoria de estos últimos, volvimos a reiterar nuestro pedido de que en la resolución de la jueza se incluyeran a los cinco exministros cuya imputación había quedado pendiente", añadió el abogado.

La otra diferencia con la primera resolución de la jueza es que en esta ocasión aparece mencionada la actuación de la Fiscalía. "Al dejar constancia de los pedidos de indagatoria del Ministerio Público Fiscal, lo que hizo Servini de Cubría fue reforzar y respaldar los reclamos de la querella. En su primera orden de extradición contra Muñecas Aguilar y González Pachecho, la jueza sólo mencionaba los aportes y las acusaciones de la querella, pero ahora nombra la actuación  y solicitud de la acusación pública, encabezada por el fiscal".

Para que los 20 imputados pasen a ser procesados, tienen que ser extraditados a Argentina a fin de realizarles la declaración indagatoria, pues la legislación argentina no permite el juzgamiento en ausencia. Entre tanto, la jueza podría pedir otras medidas ya solicitadas por la Fiscalía, como la exhumación de restos o la apertura de fosas comunes.

Pero lo más importante, a juicio de Castex, es ver cómo repercute esta noticia en la sociedad. "La clave es ver cómo reaccionan no sólo las víctimas, sino España entera. Se está poniendo en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos, a ocho exministros", resaltó el abogado.
"Creo que por un real convencimiento, llegará un momento en que la Justicia española, fiscales y jueces, dirán basta y tomarán intervención. Si para una Justicia extranjera esto queda claro, qué mejor que tome cartas la Justicia española para que haya una investigación real", razonó Castex. "Por eso es importante ver cómo reaccionará el conjunto del país, y qué postura adopta una dirigencia política que podría estar representada por Podemos. Éste es el objetivo general, y en este sentido, la resolución de la jueza va encaminada a lograrlo".


* Artículo aparecido el 03 de noviembre de 2014 en el diario español Público.

Argentina pedirá más extradiciones de franquistas pese al bloqueo de la Audiencia

"Jurídicamente la Audiencia Nacional está en las antípodas del reclamo de la Justicia argentina". El abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la causa sobre los delitos del franquismo desde Buenos Aires, ha cuestionado los alegatos  que ha esgrimido la Audiencia Nacional para negarse a la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas. "Se requirió una cosa y la Justicia española contestó otra", sostuvo.

 

"La Audiencia Nacional entiende que el caso de Muñecas es una denuncia de tortura aislada, sin conexión con el genocidio que se está investigando, y por lo tanto, aplica las reglas de prescripción para esos casos", explica el abogado. "Pero las pautas de prescripción no corren para los casos de delitos de lesa humanidad, que es lo que aquí se está investigando".

Castex denuncia que en la resolución ni siquiera se analiza el contexto histórico de los hechos denunciados, así fuera para descartarlo. "Las torturas por las que se reclama la extradición de Muñecas se realizaron en un contexto histórico determinado en el cual la tortura era sistemática, y eso es lo que le da el carácter de genocidio. No habrían ocurrido esas torturas de no haberse dado ese contexto", resalta.

El abogado hace énfasis en la diferencia de calificación jurídica que hace del caso la Justicia española y la argentina. "No hay conexión aparente, para la Audiencia Nacional, entre las torturas imputadas a Muñecas y el genocidio que llevó a cabo el franquismo", subraya. Castex además destaca que, de las siete carillas de la resolución, los argumentos jurídicos de la Audiencia están resueltos en apenas dos hojas. Las otras cinco se dedican a deambular sobre cómo llegó el pedido y de qué estuvo acompañado.

La querella argentina esperó a tener la resolución de la Audiencia Nacional para valorar  los alegatos presentados en unanimidad por los tres jueces de la sección tercera del tribunal. "Existe la posibilidad de recurrir si lo quiere la Fiscalía española, pero tal y como se ha expedido en la vista pública y en ocasiones anteriores, no lo va a hacer", Tampoco podrían recurrir las víctimas del franquismo, que no han sido parte del proceso, ni el Estado argentino, al no haberse personado como parte jurídica en la causa.
La semana que viene los abogados acudirán al juzgado a explicar la reacción de la Audiencia Nacional, aunque el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa, no emitirá ninguna decisión notificada hasta que no llegue la comunicación formal de la Audiencia Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La querella argentina da por descontado que seguirá con la causa. "Nosotros tendremos que reunirnos y tomar decisiones al respecto, por ejemplo con la resolución de imputaciones pendientes de la jueza, y con respecto a las medidas que dependen del juzgado, como retomar los viajes que se frustraron y ampliar las videoconferencias".

Los abogados también tienen puesta una mínima esperanza en que se realicen nuevos procesos de extradición con otros magistrados de la Audiencia Nacional, lo que abriría la posibilidad de que emitieran votos diferentes. Bastaría con que dos de los tres magistrados que deben decidir sobre una instrucción judicial accedieran a los pedidos de extradición de Argentina.

Nuevo fiscal en Argentina

La querella argentina también destaca el impulso que en Argentina podría tener la causa con la intervención de un nuevo fiscal, Ramiro González. "Nosotros pedimos, atentos a la nula actividad del fiscal Federico Delgado, la incorporación de una procuración especial sobre crímenes de lesa humanidad. Delgado se excusó de actuar, y la causa fue remitida por Servini, de modo que se realizó un nuevo sorteo", aclara Castex.

El nuevo fiscal, que tendrá una vista pública para definirse en el caso, podría acompañar a la querella en la causa contra los crímenes del franquismo. "González es el acusador público, a diferencia de nosotros, que somos el acusador privado. Podría pedir a la jueza medidas probatorias, indagatorias, y hasta extradiciones", añade el abogado.

Todavía quedan por ser resueltos 20 pedidos de extradición que ha elevado la querella argentina a la jueza desde el comienzo de la causa, en abril de 2010: cinco pendientes del el año pasado -de un primer listado de nueve personas  en el que estaban Jesús Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, además de otros dos fallecidos- y quince que se pidieron en abril.

Larga espera

España ha tardado siete meses en rechazar la orden de detención que pesaba sobre Muñecas, imputado por torturar a Andoni Arrizabalaga Basterrechea cuando estuvo detenido en el cuartel de la Guardia civil de Zarautz, en 1968. El juzgado de Servini de Cubría todavía espera a que la Audiencia Nacional resuelva el pedido de extradición de Billy el Niño, acusado de cometer torturas a 13 personas entre 1971 y 1975.

El abogado Carlos Slepoy, que lleva la causa desde España, ya informó en abril de que la magistrada, en cualquier caso, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino".


* Artículo aparecido el 26 de abril en el diario español Público.

Diplomacia española e Israel*

Durante el bombardeo de Israel a la franja de Gaza, su ministerio no fue capaz de emitir un comunicado tajante en el que quedara claro su rechazo a la matanza que llevaba a cabo por entonces el Estado sionista. El mismo presidente de Gobierno podría ser considerado un defensor a ultranza del pueblo palestino en comparación con él. Ahora, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, ha dado un paso muy lúcido hacia lo que puede ser no sólo el desinterés más cínico de cuanto ocurre en los territorios ocupados, sino el apoyo de mayor peso que puede brindar para que Israel quede impune de cualquiera de sus actos.

Pudo hacer gala de su adhesión no hace muchos días, cuando por entonces un juez de la Audiencia Nacional de España imputó al ex ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer, y a otros seis militares, un delito de lesa humanidad. Se rescataba así del olvido un ataque intencionado en la franja de Gaza en el año2002, que acabó con la vida de 14 civiles palestinos, 11 de ellos niños, y que dejó heridas a unas 150 personas.

La querella la interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR). Da la casualidad que los tribunales españoles tienen jurisdicción para investigar delitos de genocidio y terrorismo aunque estos se hayan cometido fuera de las fronteras españolas, y aunque no haya ningún español involucrado. Y Moratinos parecía conforme con esto, cuando declaró el mismo día que se dio a conocer el auto, el pasado 29 de enero, que la “obligación” del Gobierno era “respetar la Justicia”.

Tardó apenas unas horas en cambiar de opinión. Al día siguiente, el ministro llamaba a su homóloga israelí, Tzipi Livni, para asegurarle que el Gobierno español tiene previsto modificar la ley que precisamente ha permitido al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Adreu, encausar a los militares israelíes y a su ex ministro de Defensa por crímenes de guerra.

El ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que casi no fue capaz de abrir boca durante la invasión israelí en la franja de Gaza, ha encontrado el tiempo y las ganas para mostrarle al Estado sionista su aprecio incondicional. Hace una semana inauguraba la versión en castellano de la página web Yad Vashem, el sitio en internet del Museo del Holocausto de Jerusalén. Un mes antes, España ingresaba como miembro de pleno derecho en la organización internacional para la Educación, Memoria e Investigación del Holocausto. Para esto el Gobierno español llevaba haciendo méritos desde que ganó las primeras elecciones, en 2004, cuando estableció el 27 de enero como el Día Oficial de la Memoria del Holocausto.

Por eso se defiende desde entonces la transmisión de la Shoah –“Holocausto”– como “punto de referencia” en la educación, y por eso, en un reciente viaje a Oriente Medio, Moratinos se comprometía a enviar policías y guardias civiles como parte de una fuerza internacional para la frontera de Gaza. Y así seguiremos, siendo cohortes y fieles seguidores de Israel, haga lo que haga, con nuestra protección más servicial, ya de antemano, garantizada.

* Artículo escrito para el diario público El Telégrafo (Ecuador)