El Senado argentino sancionó este jueves una controvertida
ley que declara de interés público la producción, distribución y
comercialización de papel para diarios. El oficialismo consiguió el apoyo de seis
legisladores de fuerzas aliadas para aprobar la normativa con un total de 41
votos a favor, frente a 26 senadores que se pronunciaron en contra y otro más
que se abstuvo. Diputados opositores han decidido denunciar ante la
Organización de Estados Americanos (OEA) el supuesto “peligro” que corre en Argentina la
libertad de expresión, pero la polémica sobre este proyecto hace tiempo que ha
trascendido al Parlamento para pisar la calle, siendo los principales diarios
del país, Clarín y La Nación, los más acérrimos opositores a la
norma.
La ley establece cómo debe funcionar Papel Prensa, la única
productora en Argentina de papel de celulosa y papel. A partir de ahora la
empresa deberá fijar un solo precio de venta, y además tendrá que operar “como
mínimo, a pleno de su capacidad” de modo que pueda “satisfacer la totalidad de
la demanda interna de papel para diarios”.
El Ejecutivo será el regulador de todo este proceso.
Papel Prensa abastece en la actualidad a casi 170 periódicos
en todo el país, lo que representa un 74% del mercado interno. El resto del
papel es importado. Con la nueva ley, si la empresa no puede cubrir por sí sola
la demanda, el Estado tendrá derecho a intervenir en ella, y por tanto, podrá
acrecentar su participación accionaria, que hoy es del 27,46%. Clarín,
dueño del 49% de las acciones, y La Nación, poseedor del 22,49%,
consideran que la mediación del Estado atenta contra la Constitución.
Clarín, que pertenece al grupo multimedios más grande
de Argentina, se encargó de dejarlo en claro el pasado domingo cuando publicó
como portada una hoja en blanco con sólo un epígrafe: el artículo 32 de la
Constitución, que prohíbe al Congreso el dictámen de leyes que restrinjan la
libertad de imprenta. La Nación, por su parte, afirma que las
inversiones estatales serán el modo que tendrá el Ejecutivo de “apoderarse” de
Papel Prensa “no porque sea rentable, sino porque le es políticamente útil:
controlar a los diarios”.
Una lectura muy diferente hace el Gobierno de Cristina
Fernández, que se apresuró a agilizar la ley en la Cámara de Diputados y en el
Senado ahora que vuelve a tener mayoría en ambas Cámaras, recuperada tras las
elecciones del pasado octubre. “Del total producido por Papel Prensa, Clarín
y La Nación utilizan el 70% para cubrir sus necesidades”, denunció uno
de los mayores defensores de la ley, el senador oficialista Aníbal Fernández.
“El resto se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15%
mayor", precisó.
La misma presidenta ha indicado que el objetivo de la ley es
garantizar “el acceso al insumo básico para los diarios pequeños que es el
papel”. Fernández también señaló que “fue el Estado el que generó la primera
fábrica de papel de diarios, con recursos de todos los argentinos”.
La disputa por Papel Prensa va mucho más allá del
intercambio de palabras, y el año pasado, la jefa de Estado denunció a los
directivos de Clarín y La Nación por delitos de lesa humanidad,
tras acusarlos de haber coaccionado en 1976 a los dueños originales de la
empresa con la complicidad de la dictadura (1976-1983).
* Artículo original aparecido el 24-12-2011 en el diario español Público
