"Pedimos que Argentina reclame al Gobierno español la extradición de represores franquistas"

Argentina sigue atenta la evolución de la causa abierta en el país para juzgar los crímenes del franquismo. Los representantes de las víctimas se han reunido este jueves con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, para referirse a la querella y denunciar la actitud del Gobierno español, que rechazó el 13 de marzo la extradición de los 20 imputados franquistas que solicitó la jueza María Servini de Cubría, instructora del proceso.

En la reunión con Fresneda también participó una delegación de la plataforma argentina de apoyo a la querella y Carlos María Duhalde, consejero de la embajada argentina en Madrid. "España nos enseñó a nosotros qué era la jurisdicción universal, y ahora desanda un camino que nos había marcado a todo el mundo", expresó el secretario de Derechos Humanos tras el encuentro.

Manuela Bergerot (CeAqua) y el abogad Carlos Slepoy, con simpatizantes de la querella, junto al Palacio de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

Fresneda también manifestó su contrariedad por que España obstaculice cualquier intento de averiguar lo que sucedió durante el franquismo. “No sirve tener inmensos mausoleos de la memoria que no provocan la discusión de las nuevas generaciones sobre lo que pasó en la historia. ¿Qué aprendizaje tiene la juventud española para decir 'nosotros somos garantes de la democracia' si le tapan todo? El mundo tendrá que hacerse cargo”, afirmó.

Los representantes de las víctimas recordaron al secretario que el Gobierno de Mariano Rajoy está incumpliendo el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial, vigente desde 1990, al negarse a colaborar con la causa. "El único que puede exigir que cumpla ese tratado es el Gobierno argentino. Por eso buscamos constantemente el apoyo de la comunidad internacional y cómo no, el de un referente en derechos humanos como es Argentina”, explicó a Público Manuela Bergerot, representante de La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

El Gobierno español no sólo ha espantado cualquier tipo de cooperación, sino que en mayo de 2013 realizó una protesta formal ante el Ejecutivo argentino cuando estaban por producirse las primeras videoconferencias entre Servini y las víctimas. En aquel comunicado, España alegó que se estaba incumpliendo el Tratado entre ambos países porque interpretaba que se necesitaba su autorización para que pudieran presentarse testigos ante el consulado argentino.

"El Tratado se hace cuando es necesario la colaboración judicial de un país con otro, no cuando las víctimas se presentan a declarar voluntariamente", objetó Slepoy. "Pero este precedente de protesta nos sirve, porque hoy planteamos que ha habido un incumplimiento muy serio precisamente de ese Tratado. Hay un artículo que establece que por razones de urgencia, y lo es en caso de delitos de lesa humanidad, se puede pedir la detención previa en el marco de un proceso de extradición, y por lo tanto, es obligación detener a esas personas y ponerlas a disposición judicial".

Eso significa que los seis exministros franquistas y los otros 12 imputados tenían que haber sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional. "El Gobierno español dio órdenes a la Interpol de España, además, para que no los detuvieran. Por eso pedimos al Ejecutivo argentino que eleve su protesta por el incumplimiento del Tratado ante un hecho tan grave como éste", expresó el abogado.

Slepoy considera que la situación con el Gobierno español es muy similar a lo que sucedió en Argentina ante los pedidos de detención hechos desde España para juzgar a los responsables de su última dictadura (1976-1983).

"El expresidente Carlos Menem sacó un decreto para impedir que cualquier organismo colaborara con la Justicia española, que pedía la extradición de los responsables", relató el letrado. "Su sucesor Fernando De La Rúa moderó esa posición al establecer que daría traslado de cada denuncia que llegara a los jueces argentinos".

No debe olvidarse que el juez Baltasar Garzón llegó a emitir 198 órdenes internacionales de detención que fueron retrasadas sistemáticamente. Años después, un juez argentino decidió detener a los máximos jerarcas de la dictadura. Así se desencadenó el fin de la impunidad en Argentina con el Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el Congreso anuló las leyes que impedían juzgar a los responsables.

Los cambios en España también son paulatinos, pero visibles. Todos los partidos, menos el PP, firmaron este martes una resolución en el Senado para establecer una comisión de la verdad sobre el franquismo. Los organismos de derechos humanos en torno a la ONU insisten también con que España debe investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio territorio.

Los cambios políticos que pueden producirse a corto plazo en España pueden provocar, por último, el final de una impunidad que comenzó a resquebrajarse hace casi cinco años, cuando los primeros querellantes de la causa presentaron sus denuncias ante la Justicia argentina.


* Artículo publicado el 27 de marzo de 2015 en el diario español Público.

Slepoy: "España da un bochornoso espectáculo de impunidad con la causa del franquismo"

BUENOS AIRES.- Los representantes de las víctimas del franquismo han difundido un comunicado de repudio a la decisión del Consejo de Ministros este viernes, que denegó la solicitud de extradición solicitada por la Justicia argentina de ocho exministros franquistas y de otros doce imputados por delitos de lesa humanidad.

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalán, había desestimado la extradición de los veinte franquistas –tres de los cuales han fallecido hace poco– acudiendo a tres argumentos: el principio de territorialidad, que concede la competencia de investigar a los tribunales españoles por ser delitos cometidos por ciudadanos de este país en su propio territorio; la prescripción de los crímenes, al haber pasado más de quince años desde que ocurrieron los hechos denunciados; y el principio de la no doble incriminación, es decir, la excusa de que en el Código Penal franquista no estaba tipificado el delito de convalidar y ratificar una condena a muerte.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) desmiente los sofismas del Gobierno al recordar, en primer lugar, que los juzgados y tribunales españoles no gozan de una competencia preeminente para investigar los delitos, puesto que el principio de justicia universal avala a cualquier país para enjuiciar esos crímenes. Es sabido, además, que en España no se están investigando los abusos que cometió la dictadura.

Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y aún más: aunque el Gobierno pretenda soslayarlo, existe el principio de legalidad internacional, consagrado en tratados internacionales, que obliga a cualquier Estado a investigar este tipo de delitos aunque en su legislación interna no estén tipificados.

"Nos vemos obligados a recordar en este sentido que las condenas a muerte firmadas por los ministros franquistas se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, carentes de cualquier tipo de garantía procesal para las víctimas, generadores de absoluta indefensión y cuyas sentencias han sido además declaradas ilegítimas por la Ley de Memoria Histórica", destacan los defensores de las víctimas.

"El Gobierno invoca la Ley de Amnistía cuando esta ley es ilícita desde el punto de vista del derecho internacional", refirió a Público Carlos Slepoy, uno de los máximos referentes en la causa y abogado de las víctimas. "Por si fuera poco, hace alusión a los fusilamientos que acordaron los ministros franquistas y alega que, según la legislación franquista, esto era legal. Lo vergonzoso es que un Gobierno que se dice democrático acuda a este argumento".

Protección a los criminales

El representante de las víctimas subraya cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo evidencia su protección a los criminales del franquismo, sino que también desprecia las quejas y recomendaciones que han hecho los siguientes organismos de derechos humanos: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial también de Naciones Unidas.

"Es increíble que se persigan sistemáticamente los crímenes del terrorismo de ETA, que tiene casi 1.000 víctimas, pero que la política española no reaccione ante los delitos del franquismo, teniendo en cuenta que no son sólo centenares de miles de víctimas, sino que además es simple y llanamente terrorismo de Estado", sentenció Slepoy.

Por eso, razona el abogado, esto es parte del proceso. "En Argentina, el Gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa tenían la misma actitud y denegaron todo tipo de colaboración. Sin embargo, luego se produjeron cambios políticos en el país que permitieron que esta situación se revirtiera".

El letrado considera que con los cambios políticos que habrá en España en breve se podrá avanzar a través del Gobierno central, en las Comunidades Autónomas e incluso con los ayuntamientos. "El mantenimiento de la impunidad de estos crímenes es cada vez más insostenible por la creciente presión social y política", convino Slepoy.

Los abogados de las víctimas presentarán nuevas reclamaciones de imputaciones, y solicitarán a la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora de la causa, que envíe un exhorto para tomar declaraciones a los que ya están imputados, ya sea trasladándose ella a España o por videoconferencias, además de continuar con otros pedidos que incluyen muestras de ADN y exhumación de fosas.

* Artículo aparecido el 14 de marzo de 2015 en el diario español Público.

"Sólo podrá pararse a Israel con la justicia universal"

La primera denuncia interpuesta en Argentina contra el Estado israelí por los crímenes cometidos en Gaza no será un hito aislado. El abogado argentino Carlos Slepoy, que participa en la causa contra los crímenes del franquismo abierta en este país, prepara una querella para que se condene a Israel por delitos de lesa humanidad.

Slepoy impulsó en España los juicios contra los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, y consiguió que se enjuiciara en España al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a 1.084 años de prisión por ser responsable, entre otros delitos, del asesinato de 30 personas que fueron arrojadas al Río de la Plata en dos vuelos de la muerte.

Pero no hace falta remontarse a dictaduras pasadas para encontrar crímenes imprescriptibles. Un Estado, formalmente democrático, hace pocas semanas bombardeó la Franja durante 50 días y mató a más de 2.100 personas en lo que denominó la operación Margen Protector. De visita en Argentina, Slepoy presentará en los juzgados de Buenos Aires una querella penal, junto con abogados de la Asociación Americana de Juristas entre los que están Beinusz Smuckler y Carlos Tobal, para que Israel sea juzgado "por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio", tres figuras penales que no prescriben.

"En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los territorios ocupados y la instalación de colonias", expone Slepoy a Público. "Frente a esta realidad, mucha gente se pregunta cómo se para esto. La Corte Penal Internacional no va a actuar, primero, porque ni EEUU ni Israel son parte de su Estatuto. Por otra parte, Palestina no está reconocida como Estado".

- ¿No habría otra posibilidad?

- La otra alternativa sería crear un tribunal penal internacional ad hoc, como se hizo para Yugoslavia, para Ruanda o para Sierra Leona. Pero esto requeriría o una decisión de la Asamblea General de la ONU o una resolución del Consejo de Seguridad. Vuelve a ser muy remota la posibilidad de que esto suceda.

- Su propuesta es clara, dada su trayectoria profesional: la justicia universal.

- Nuestra pretensión es que se abra un procedimiento aquí, otro en España, que se abran en Chile, en México y en todos los países que pueden ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes, para que puedan ser perseguidos de forma múltiple y concertada. Y en caso de que alguno consiguiera la detención de alguno de los responsables, que se determine cuál es el tribunal en mejores condiciones para juzgar.

- ¿Por qué promueven la querella en Argentina?

- En Argentina hay ahora dos procedimientos abiertos: el del franquismo y otro sobre los crímenes en Paraguay. Antes de la querella por los delitos franquistas no existía nada. Cuando se interpuso, la jueza archivó la causa. Hubo que recurrir y al final la Cámara Federal la abrió de nuevo. ¿Qué va a pasar con esta nueva querella? Vamos a ver. Aquí en Argentina hay ya una primera denuncia presentada en Córdoba que es muy importante. Vamos a colaborar juntos, podrían unirse las causas en un futuro. Lo interesante es que, no siendo ninguno jurista, aquellos demandantes apelaron al principio de justicia universal.

- La diferencia con su iniciativa es que ustedes presentan una querella, que es distinto de una denuncia.

- Sí, lo que implica que participarán víctimas o familiares de víctimas, sin perjuicio de que haya asociaciones palestinas y organismos de derechos humanos.

- La querella va dirigida contra la cúpula política y militar Israelí, como la denuncia de Córdoba.

- En principio nosotros pedimos la captura internacional del primer ministro Benjamín Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y Moshé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny Gantz y el vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio, Moshe Feiglin, porque son los que aparecen claramente como ejecutores del plan. Pero una vez abierto el procedimiento declaran testigos, expertos, se acumulan pruebas y eventualmente pueden surgir nuevos responsables. 

- Ahora, en Argentina es considerable la influencia de grupos de presión judíos.

- Presuponemos que habrá una reacción de la comunidad judía aquí y de la de Israel, que atribuyen los crímenes a los atentados producidos por Hamás. El represor siempre busca justificaciones. La dictadura argentina decía que se veía obligada a desaparecer a la gente porque los subversivos cometían delitos y atentaban contra el ser nacional.

 Pero estos crímenes no tienen justificación alguna. La desproporción de medios entre una y otra parte es tremenda: 64 muertos israelíes frente a más de 2100 palestinos. Y aparte está el tema de los niños.

Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin que haya ningún tipo de sanción, como si viviéramos en un lugar donde no existiera el derecho internacional, en donde no hubiera existido un tribunal de Núremberg. En la querella, van a constar los nombres de todos los asesinados que se conozcan, y sobre todo de los niños. Tenemos ya una lista elaborada por Save The Children con el nombre y edad de 373 niños.

Alcance de la justicia universal

 

- En este mundo sin aparente derecho internacional, ¿qué cabida ha tenido la justicia universal?

- Al calor de la detención de Pinochet en 1998, un fiscal apeló la decisión del juez Baltasar Garzón planteando que era incompetente. En octubre arrestaron a Pinochet y en noviembre la Audiencia Nacional se declaró por unanimidad competente para investigar los crímenes en Argentina y Chile y, por tanto, consagrando la idea de la justicia universal que ya estaba en los textos españoles.

- ¿Y hubo un cambio de rumbo?

- Se creó una enorme expectativa. La primera en interponer una querella, tras aquello, fue la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que en 1999 denunció un genocidio en Guatemala. Un juez se declaró competente pero su decisión se recurrió ante la Audiencia Nacional, la cual reconoció que si bien había indicios suficientes para pensar en un genocidio, no estaba acreditado que las víctimas hubieran interpuesto sus demandas en la propia Guatemala, y que siendo subsidiaria la actuación de la jurisdicción española, no procedía la apertura del procedimiento. Es decir, que son los mismos jueces, ante una causa mucho más evidente como era el genocidio en Guatemala, los que deciden archivarla. Recurrimos al Tribunal Supremo, que decidió que España era competente pero sólo sobre las víctimas españolas.

- Acudieron al Tribunal Constitucional, entonces.
- Sí, quien revocó ambas resoluciones planteando que la Justicia española era competente, que esta cuestión de los españoles no se correspondía en absoluto con la idea de la jurisdicción universal que se define por la naturaleza del crimen y no por la nacionalidad de las víctimas, y en este punto, dijo que no se puede hablar de jurisdicción subsidiaria sino competente. La idea es que todos los tribunales de los distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen, que es lo que esperamos que ocurra en relación con Palestina.

- ¿Sirvió de algo aquello?

- La causa de Guatemala sigue abierta, el juez incluso viajó hasta allí. Tuvo una influencia muy grande para que el dictador Ríos Montt fuera juzgado después, y no sólo eso, sino que permitió la apertura de hasta quince causas en España basadas en la justicia universal. Pero a raíz de una nueva masacre en Gaza en 2009, hubo presiones del Gobierno israelí y de EEUU con el tema de Guantánamo, y de los chinos con respecto al Tíbet. El PSOE modificó con el apoyo del PP la ley que establecía la justicia universal irrestricta en España y estableció puntos de conexión: que las víctimas tenían que ser españolas, o que tenía que haber vínculos relevantes con España del país en el que se cometieron los crímenes, y planteaba la subsidiariedad de nuevo.


- Y la última reforma del PP terminó de liquidar la jurisdicción universal en España.

- No. España firmó las Convenciones de Ginebra, así que está obligada a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que diga su ley interna. Incluso en esa modificación de la ley de la justicia universal por parte del PP, se aclara que será "sin perjuicio de los tratados que internacionales que España ha ratificado". Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rescató el caso del asesinato del periodista José Couso invocando la IV Convención de Ginebra, que determina que son competentes para investigar los crímenes todos los países firmantes de las convenciones aunque no se hayan hecho en su territorio ni hayan participado en el conflicto. Es la única sentencia, junto con la Convención de Apartheid, que establece la jurisdicción universal.

- De ahí a que las autoridades israelíes se pongan nerviosas hay un trecho.

- Este principio de la jurisdicción universal existe desde el siglo XVIII, pero su aplicación efectiva no llega a 20 años. En tiempos históricos es un tiempo muy corto. España, que es un país con un enorme retroceso en relación a la investigación de los crímenes de su propio territorio, es el país del mundo en donde más procedimientos abiertos por justicia universal existen, aun con la abrogación del PP. Así como Argentina es una referencia mundial por juzgar a sus propios criminales, España lo es por juzgar a los criminales de otros países. Con la reforma del PP esto queda ahora limitado, pero hay siempre vericuetos que los jueces que están dispuestos a investigar utilizan. Y como los jueces de la Audiencia Nacional han intervenido prácticamente todos ellos en causas de este tipo, tienen más incorporado que otros jueces en el mundo la idea de la justicia universal.

- Así que España podría tomar el relevo de Argentina con la querella.

- España es la cuna de la justicia universal, de su aplicación efectiva. Y todos los países que firmaron las Convenciones de Ginebra, que son casi todos los países del mundo, deben responder a ese principio, por lo que existe la posibilidad de que se interpongan querellas en varios lugares.

- Ahora, el Comité Especial de Naciones Unidas que visitó los territorios ocupados acusó a Israel en 2011 de violar sistemáticamente los derechos humanos, y durante los últimos ataques israelíes contra Gaza, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nancy Pillay, pidió a Israel que asumiera sus crímenes de guerra, pero todo se queda en palabras.

- Es algo parecido a las resoluciones de las comisiones de la ONU con respecto al franquismo, con la diferencia de que los crímenes en Gaza se están cometiendo en la actualidad. El tema es hacer justicia, quién persigue a los criminales y de este modo evitar crímenes futuros.

- El contexto no parece ayudar.

- Estamos asistiendo a una especie de secuestro de la justicia internacional por parte de las potencias que tienen el poder de decidir a quiénes se juzga, cuándo y de qué modo: el peso el Consejo de Seguridad, las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el hecho de que la Corte Penal Internacional no haya tomado ningún tipo de decisión pese a la evidencia de los crímenes, el hecho de que la Asamblea o el Consejo de Seguridad de la ONU no haya tomado ninguna iniciativa para crear un tribunal especial. El desamparo para las víctimas es tremendo. Frente a esto, felizmente, se ha ido fortaleciendo la idea de la justicia universal.

- ¿Cuál es su aspiración?

- Sería magnífico que hubiera 20 ó 30 tribunales del mundo que abrieran diligencias y pidieran la detención de la cúpula israelí, primero como modo de hacer sentir que alguien  pretende hacer algo por los palestinos, también en apoyo a los judíos que se oponen a todo esto, y sobre todo para que esta gente sienta que está perseguida por la comunidad internacional. Que si salen de su territorio pueden ser detenidos, que tienen que parar y buscar otra manera de resolver el conflicto.

- ¿Aunque al final no sean enjuiciados?

- La búsqueda de la justicia universal tiene efectos que van más allá de la justicia misma o del enjuiciamiento. La impunidad en Israel no se va a quebrar. Basta ver que las cárceles israelíes están pobladas de palestinos y no hay un israelí en una cárcel palestina. Esto demuestra que Palestina es un territorio ocupado, que Hamás es un producto de la ocupación. Plantean los túneles como si fuera un tremendo delito, cuando todos los pueblos que han luchado por su liberación han buscado salidas de este tipo, como los vietnamitas. Pareciera que el delito es construir un túnel y no ocupar un territorio.

- La aplicación de la justicia universal pretende lanzar el mensaje de que estos crímenes no pueden quedar impunes y que hay jueces tan dispuestos a detenerlos físicamente como de detener la posibilidad de futuras masacres.

- ¿Cómo imagina que puede llegar a funcionar la justicia universal?

- En todos los países existen estructuras judiciales asentadas. Abogamos porque en todos los países existan juzgados específicamente dedicados a investigar crímenes de lesa humanidad, y  específicamente dedicados, esos u otros, a ejercer la jurisdicción universal. Si esto es así, las víctimas podrán interponer su denuncia en esos tribunales, que tendrían que comprobar que se están cometiendo esos crímenes y lanzar órdenes internacionales de detención. Qué diferente hubiera sido la historia si España hubiera actuado contra el franquismo no 20 años después como lo hizo, sino en el mismo momento en el que se cometían los crímenes.

La idea es que en el futuro haya un órgano, como podría serlo la Corte Penal Internacional si fuera imparcial, que ordenara todo esto. O sea, que los tribunales comenzaran a actuar, que acogieran las denuncias de las víctimas y que consultaran con ese organismo si el juzgado de un país u otro o él mismo se encarga de investigar eso mismo. Hay que hacer algo para combatir el secuestro que tienen las grandes potencias de la justicia internacional.

 La solución es resignarse a la impunidad o actuar todos de común acuerdo tal de manera que sea ineficaz presionar en un país porque la denuncia se interpondría en otro, y que por tanto, se interponga la idea de la justicia por encima de los intereses. 


* Artículo aparecido el 24 de septiembre de 2014 en el diario español Público