Macri busca la segunda vuelta en Argentina ante la unidad del peronismo

No hay resquicio de duda sobre la victoria que logrará en las elecciones generales el abogado peronista Alberto Fernández junto a su compañera de fórmula, la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Sólo algunos dirigentes cercanos al presidente Mauricio Macri, y quizás el propio mandatario, imaginan un escenario en el que el oficialismo se aproxime lo suficiente a su rival para forzar una segunda vuelta.

Macri al momento de votar este domingo en Buenos Aires.

En la puesta en escena de esa ensoñación, Macri ha mostrado un entusiasmo ferviente para intentar reducir los más de 15 puntos de ventaja que logró Fernández en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto. Su campaña “Sí se puede” lo hizo visitar 30 ciudades del país durante las últimas semanas con un sólo afán del que se hicieron eco sus seguidores: “Mauricio la da vuelta”.

Las multitudes que acompañaron al presidente durante su gira proselitista son la imagen buscada por el Gobierno para motivar al electorado y conseguir una participación histórica como la que hubo en los comicios que consagraron tras la última dictadura (1976-1983) al primer presidente democrático, Raúl Alfonsín (1983-1989).

Pero la convulsión que atraviesan Chile y Bolivia por estos días, y que sacudió con anterioridad a Perú y después a Ecuador, tiene su correlato en Argentina a través de las convocatorias electorales que dan cuenta del deterioro social y económico que abocó el Gobierno de Macri a segmentos cada vez más vastos de la sociedad.

Desigualdad y deuda

“Hay una estrategia de planificación de la desigualdad que se viene sosteniendo en el tiempo y que hace que un país que tiene todas las condiciones para resolver los problemas sociales que presenta no lo haya podido hacer”, razona en diálogo con Público el exdiputado y economista Claudio Lozano. “No hay ninguna razón para que en Argentina haya hambre, cuando es una potencia alimentaria, ni pobreza, cuando tiene capacidad para que no exista”.

El actual Gobierno terminará su legislatura con índices de pobreza e indigencia más altos de los que se encontró al llegar. La primera afectará por entonces al 37 % de la población (16,5 millones de personas) y la segunda alcanzará al 8,3 por ciento (3,7 millones). El desempleo llegó a su tasa más alta en estos cuatro años de gestión (10,6 por ciento, representativo de 2,1 millones de personas), pero el porcentaje de población que busca trabajo aunque lo tenga supera el 29 por ciento (5,9 millones de habitantes).

El mayor deterioro se sintió en el último año. Desde que el Gobierno firmó a mediados de 2018 un rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 56.300 millones de dólares, “hay 5,2 millones de pobres más, derrumbe social que implica que por cada persona que nace en nuestro país, nueve pasan a situación de pobreza”, destaca el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Lozano.

“Argentina está viviendo un final anunciado de un tipo de políticas denominadas neoliberales pero que se sostienen en el criterio de la apertura comercial y financiera de carácter irrestricto, tanto para el ingreso de bienes como para el ingreso y egreso de capitales”, resume Lozano. “Esto es acompañado de procesos de fuerte desregulación de la actividad económica con tendencias privatistas sostenidas con grandes procesos de endeudamiento”.

En diciembre de 2015, cuando asumió la actual administración, la deuda externa pública y privada era de 170.625 millones de dólares, por lo que en estos casi cuatro años aumentó 82 % hasta alcanzar los 310.800 millones de dólares, el 68 % del PIB.

El Gobierno presume de haber conseguido su principal compromiso con el FMI: reducir los gastos del Estado frente a los ingresos al 0,1 % del PIB en lo que va de año. Claro que si se cuentan los intereses de deuda, el déficit financiero llega al 2,1 por ciento del producto interior bruto.

Lozano lo presenta de otra manera. “El pago de intereses de deuda representa el 30 % del gasto de la administración nacional, que tiene 29 funciones, de las cuales una sola, la de la deuda, equivale a 24”. Ese monto “más que duplica el gasto en seguridad social, más que triplica el gasto en educación, y duplica el gasto en salud. Es once veces el gasto en promoción y asistencia social, 16 veces la inversión en ciencia y tecnología, 26 veces la de vivienda. La prioridad exclusiva y excluyente del presupuesto nacional es el gasto en intereses de deuda pública”.

Ajena a los números finitos sobre finanzas, la sociedad ha visto cómo se pulverizaba su poder adquisitivo con una inflación del 53,5 % interanual en un contexto de polarización política conocida como “grieta” que no ha mermado desde que la expresidenta Cristina Fernández abandonó el poder.

Peronismo unido

Como líder del peronismo que acaricia de nuevo su vuelta al poder se afianza Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete en los cuatro años que gobernó el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y en los siete primeros meses de la legislatura de Cristina Fernández, hasta que renunció por diferencias con la expresidenta.

Desde aquel momento y durante una década, ambos líderes se mantuvieron distanciados, pero tras reencontrarse hace unos meses, la exmandataria convocó a Fernández para liderar la principal fuerza opositora del país.

A lo largo de este último tiempo, el dirigente peronista ha consolidado su relación con gran parte de los gobernadores del país, cuya influencia se extiende hasta el Congreso a través de los diputados y senadores que les responden.

Con la promesa de erradicar el hambre y de poner al país “de nuevo en pie”, será difícil que el líder de la alianza opositora Frente de Todos no se convierta este domingo en el presidente electo de Argentina. Para ello debe obtener al menos el 45 % de los sufragios o alcanzar el 40 % y lograr una ventaja mayor a 10 puntos porcentuales sobre Macri.

En estas elecciones también se renuevan la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados, 130, y un tercio de los asientos del Senado, 24, en representación de ocho provincias.

En paralelo, el peronismo medirá su influencia en cuatro distritos del país que eligen a sus respectivos mandatarios provinciales. La provincia de Buenos aires (este), la más poblada del país, abandonará a su actual gobernadora, la oficialista María Eugenia Vidal, para depositar su confianza en el exministro de
Economía del Gobierno anterior, Axel Kicillof. Hay más incertidumbre sobre lo que pueda pasar en la capital argentina, donde también espera reafirmarse en su cargo quien sucediera a Macri en 2015, Horacio Rodríguez Larreta, pero no así en las provincias de Catamarca (noroeste) o en La Rioja (noroeste), donde gobierna el peronismo desde 1983.

 Haya o no una segunda vuelta el próximo 24 de noviembre, el próximo presidente asumirá su cargo el 10 de diciembre por los próximos cuatro años.

* Artículo publicado el domingo en el diario Público de España.

Argentina se envuelve en la incertidumbre de otro colapso económico

Las elecciones primarias del pasado domingo en las que el presidente Mauricio Macri fue derrotado por un amplio margen dieron paso a una semana turbulenta que ha llevado al Gobierno a reaccionar con medidas paliativas contrarias a su sesgo ideológico.

Los argentinos echan cuentas. Faltan diez semanas para las elecciones generales y seis más para que concluya la actual legislatura del presidente Mauricio Macri. Una vida, si se toma en perspectiva la vertiginosa semana que acaba de concluir y que invita a pensar en qué centro de gravitación particular se mueve Argentina para que una ciudadanía habituada a las crisis se haya visto a las puertas de un nuevo descalabro.

La actual coyuntura se desencadenó tras las elecciones primarias del pasado domingo, en las que la fórmula opositora Frente de Todos, liderada por el peronista Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), sacó más de 15 puntos de ventaja a la alianza oficialista Juntos por el Cambio con la que Macri aspira a la reelección por otros cuatro años.

Ninguna encuesta había previsto que los Fernández fueran a imponerse por una abrumadora diferencia por sobre la coalición gobernante. La conmoción que sacudió al oficialismo tomó cuerpo al día siguiente, cuando los mercados hundieron las acciones argentinas, dispararon el riesgo país de los 872 a los 1.467 puntos y depreciaron el peso argentino un 32 por ciento de un solo golpe, aunque luego se revirtiera al 19 por ciento.

En la rueda de prensa que brindó aquel lunes, un Macri desencajado atribuyó la turbulencia económica a su principal rival por considerarlo un fiel representante del kirchnerismo, la fuerza que lo precedió en el poder y gobernó durante doce años, con el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) primero, y con Cristina Fernández (2007-2015) después.

El jefe de Estado llegó incluso a culpar al electorado por votar como lo hizo; negó que las elecciones hubieran ocurrido, puesto que no se habían elegido cargos sino candidaturas, y advirtió que la inestabilidad que volvía a sumir al país en la incertidumbre era “sólo una muestra” de lo que podía pasar si volvía el kirchnerismo.

En el margen de dos días, el peso argentino se depreció otro 14,5 por ciento y el riesgo país escaló hasta los 1.957 puntos. De nada sirvió que el mandatario emitiera el miércoles un mensaje de disculpas antes de que abriera la Bolsa de Buenos Aires y anunciara una batería de medidas económicas para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de la población.

Fueron momentos de congoja. El presidente apareció sin autoridad y vaciado de poder precisamente ante los mercados en los que él había depositado su confianza desde el primer minuto de su Gobierno para que Argentina tuviera en algún momento acceso al crédito y a las inversiones. Fue determinante que apareciera un Alberto Fernández conciliador que atendió la llamada telefónica del presidente y se mostró dispuesto a reunirse con él para calmar la turbulencia financiera en las postrimerías de esta semana.

Con el correr de las horas, el jefe de Estado parece haber recobrado cierta compostura al anunciar varias medidas económicas que tienen por fin paliar la subida del dólar, pues la brusca depreciación del peso argentino llevó a que en estos días los precios aumentaran un promedio del 15 por ciento.

Entre otras acciones de carácter impositivo, Macri congeló por tres meses los precios de los combustibles y eliminó hasta fin de año el IVA de diversos productos de la canasta básica, entre los que abundan los hidratos de carbono y no tanto las proteínas.

Dispuesto a no dar por perdidas sus aspiraciones electorales, Macri se ha revuelto contra los ejes que han marcado su propia gestión durante estos tres años y medio al traicionar su propia política económica, monetaria y fiscal.

El dólar, que tenía una zona de flotación delimitada con un mínimo y un máximo, sobrepasó el límite superior de 51,45 pesos argentinos sin que el Banco Central pestañeara. Pero la principal deslealtad que arrastra el Ejecutivo es con el único acreedor de Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un crédito de 57.000 millones de dólares al mismo Gobierno que ahora hace saltar por los aires su compromiso de equilibrar el déficit fiscal primario.

La catarsis de paliativos económicos anunciados esta semana abrirán un agujero fiscal de unos 100.000 millones de pesos (1.560 millones de euros), según estimaciones locales, sin que el Gobierno haya previsto un aumento de los ingresos para compensar los gastos.

La debacle económica de esta semana terminó con una contracción del peso del 23,3 por ciento y un acomodamiento en los 1.658 puntos del riesgo país, que marca la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional.

En medio de rumores sobre un eventual cambio de ministros en el Gobierno que hasta el momento no se ha concretado, este país volverá una vez más sus ojos al mercado la semana que viene para tomar el pulso a la decisión de dos calificadoras de riesgo, Fitch y Standard&Poor's, de rebajar este viernes la calificación crediticia del país.

Otro capítulo de consecuencias imprevisibles se abrirá entonces, con un Gobierno que no se reconoce a sí mismo y dentro del cual pugnan dos tensiones: el afán de controlar el descalabro económico del que pende Argentina, y la ansiedad electoralista que no da por perdida una batalla librada desde el Estado.

* Artículo publicado en el diario español Público.

El mercado pone contra las cuerdas la política económica de Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, atraviesa el período más delicado desde que llegó al poder en diciembre de 2015. La desaprobación del mandatario se extendió entre la población hasta llegar al 55 por ciento, el peor nivel desde que comenzó su legislatura, y la confianza en su política económica se ha derrumbado a niveles inéditos.

El sobresalto económico que ahora atraviesa el país no pudo llegar en peor momento. Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando el peso argentino se devaluó el jueves, en un sólo día, un 8,3 por ciento. Asustado por el cimbronazo, el Gobierno elevó por tercera vez en una semana las tasas de interés hasta llevarlas al 40 por ciento, y redujo del 30 al 10 % el patrimonio en dólares que pueden tener los bancos.

Los inversores financieros habían ingresado durante el año pasado una cantidad récord de divisas, estimada en 8.000 millones de dólares, a través de una estrategia conocida como carry trade (arbitraje de divisas), que consiste en vender dólares para volcarlos a corto plazo en otra moneda que tenga una mayor tasa de interés. “En 2017, la devaluación del peso fue del 17 % y la tasa de interés promedio fue del 35 %, así que el negocio fue bueno”, cuenta a Público Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres.

Pero la entrada de plata dulce no es eterna. El aumento de las tasas de interés en EEUU contribuyó a que la divisa local se haya depreciado más de un 13 por ciento en el transcurso de este 2018, mientras el mercado especula con un país que se ha endeudado en los últimos dos años a niveles no alcanzados por ninguna otra nación emergente. En paralelo, hace un mes entró en vigor un impuesto a la renta financiera en manos de extranjeros. “Eso explicó el retiro masivo de fondos”, sostiene el analista argentino. “El Banco Central cometió el error de salir a vender reservas garantizando el precio de salida, y se aceleró el proceso de caída de los títulos argentinos y el peso”.

Lo sucedido no fue una crisis de confianza hacia el Gobierno, sino el final de un negocio que había sido muy grande y volátil, según el economista. “Tenemos un sistema financiero muy pequeño en un país con grandes necesidades económicas, fiscales y de infraestructura. Sólo en enero se colocaron en un solo bono 9.000 millones de dólares para financiar al fisco. Eso da una idea de la vulnerabilidad de Argentina ante los movimientos de capitales”.

Para confirmar al mercado que sostendría su programa de ajuste económico, el Gobierno también anunció una bajada del déficit primario del 3,2 al 2,7 % del PIB a fin de ahorrar 3.200 millones de dólares este año, lo que contraerá la inversión pública, y en concreto, las partidas destinadas a infraestructura, uno de los principales indicadores que permitió al país crecer un 2,8 % en 2017.

De acuerdo a Spotorno, una parte se compensará con los 6.000 millones de dólares que hasta 2021 se invertirán en obras públicas a través de proyectos de participación público privada licitados por el Ejecutivo.

Endeudamiento y déficit

Para Claudio Lozano, exdiputado y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IpyPP), la causa del problema se debe en realidad a la desregulación comercial y financiera que ha llevado al país a depender en extremo del ingreso de capitales especulativos y del endeudamiento externo. “Esto hace que Argentina apenas produzca 6 de los 10 dólares que necesita para funcionar. Los otros 4 los consigue a través de deuda (30.000 millones por año) o garantizando renta en dólares atractiva para que ingrese capital local o extranjero”, afirma.

El exlegislador cuestiona las razones por las que Argentina bebe del financiamiento externo. “No recurrimos a él para garantizar inversiones productivas. Si así fuera, necesitaríamos menos deuda”, razona. “La gran mayoría del endeudamiento se utiliza para pagar deuda vieja. Sólo en 2017 pagamos 9.000 millones en intereses, ante una fuga de capitales de 23.000 millones de dólares anuales. Hay una situación de fragilidad vinculada al hecho de que no tenemos dólares, porque la apertura comercial ha producido un saldo negativo de 10.000 millones de dólares”.

El Gobierno de Macri reconoce que la deuda pública total durante sus dos primeros años de gestión llegó a los 80.000 millones de dólares. Para este año, el Ejecutivo se hipotecará en otros 46.000 millones, de los cuales el 80 por ciento es deuda externa. “En tres años, este Gobierno casi duplica el endeudamiento al que recurrió la última dictadura (1976-1983), que acumuló 45.000 millones de dólares de deuda, equivalentes a 75.000 millones hoy en día”, ilustra Lozano.

El déficit financiero, que incluye los intereses de deuda y del que el Ejecutivo no suele hablar, superó en 2017 el 6 % el PIB, y se estima que este año se situará en torno al 5,3 %.

Con las últimas medidas adoptadas el Gobierno ratifica un rumbo equivocado, enfatiza el economista, en un país sin divisas suficientes que no regula sus finanzas y que tampoco controla las liquidaciones de los agroexportadores. 

“Ninguna orientación económica lleva a ahorrar dólares”, resume el exdiputado. “Al revés, se está haciendo todo de manera tal que Argentina convierta en eterna su dependencia financiera, lo que deprime la inversión productiva al ser más rentable la primera”.

Este proceso recuerda una política ya vivida durante la dictadura y los años 90, advierte Lozano. “Ahora tropezamos por tercera vez en la misma piedra. Esto siempre ha terminado con una gran conmoción social y una crisis externa por exceso de endeudamiento”.

* Publicado el 8 de mayo en el diario español Público.

 

Análisis - Argentina está en emergencia ambiental por extensión de soja

La expansión de la soja en Argentina, que se da desde hace tres décadas con el aliento de Gobiernos y grandes conglomerados, ha provocado enormes costos económicos, ambientales y de salud que explican, en parte, las últimas inundaciones que sufre el país, señalaron expertos consultados por Sputnik.

"Estamos en una verdadera emergencia ambiental como consecuencia del modelo sojero implantado", señaló el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.

"En los últimos 25 años se desmontaron 8 millones de hectáreas de bosques nativos y se destruyeron humedales, cuando son superficies necesarias para soportar los fenómenos extremos que se viven como consecuencia del cambio climático", explicó Viale.

Provincias como Buenos Aires, La Rioja (oeste), La Pampa (centro), Chaco (norte) y Tucumán (noroeste) han sufrido fuertes precipitaciones en las últimas semanas, lo que provocó la evacuación de miles de personas y la pérdida de infraestructura en varias localidades sumergidas por el agua.

El monocultivo de soja absorbe cada año 500.000 nuevas hectáreas, sin que ningún Gobierno haya intentado contener su avance.

El actual Ejecutivo de Mauricio Macri tiene a varios funcionarios vinculados al agronegocio, como el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, también exgerente de Monsanto, y además, "ha bajado las retenciones a la exportación de la soja al tiempo que flexibiliza la legislación ambiental que habíamos logrado, como la Ley de Bosques, hoy desfinanciada", señaló el abogado.

Argentina se ha convertido en "un gran experimento masivo", aseguró Viale, pues es uno de los países con mayor superficie cultivada de soja transgénica y eso que requiere del uso de más agroquímicos, "lo que está provocando una situación desconocida en el mundo".

Existen zonas en el país como la localidad cordobesa de Monte Maíz (centro) donde los casos de cáncer se triplican con respecto a la media nacional, ejemplificó Viale.

FASES DE LA EXPANSIÓN

Por su parte, el ingeniero agrónomo Walter Pengue, doctor en agroecología y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, explicó a esta agencia que existen tres fases en el avance de la soja.

La primera es la denominada "cabecera de playa", etapa que transcurre entre 1996 y 2002, cuando la llegada de la soja conlleva el ingreso del glifosato y la siembra directa en la región pampeana, que abarca las provincias de Buenos Aires (este), Entre Ríos (este), Santa Fe (centro-oeste). Córdoba (centro), La Pampa (centro) y San Luis (oeste).

En esos seis años se perdieron 140.000 establecimientos agropecuarios, a razón de tres por día.

"La escala necesaria para mantener en una ecuación económica la producción de soja pasó de necesitar 250 hectáreas a principios de los años 90, a 350 hectáreas a mediados de la década, hasta llegar a 550 hectáreas en 2002", puntualizó Pengue.

Lo más rentable por entonces no era producir por unidades o hectáreas, sino por volumen, de modo que "los grandes establecimientos adoptaron la tecnología, y los pequeños se fundieron", añadió.

La demanda de nuevas tierras precipitó la segunda fase a partir de 2002-2003, cuando se produjo una subida exponencial de los precios de la soja hasta superar los 600 dólares por tonelada.

Se incentivó entonces la demanda de más tierra en la región pampeana "a base de comprar tierra a pequeños y medianos agricultores, y fomentada por una fuerte expansión de los pool de siembra (asociación de inversores), que captaron fondos del mercado internacional y nacional", detalló el experto.

Algunos de los principales promotores fueron el grupo El Tejar, que acumuló 800.000 hectáreas, o el grupo Grobo, "más interesado en el negocio que en la soja, con la venta de fertilizantes, agroquímicos y semillas", señaló Pengue.

El intento en 2008 de gravar los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de retenciones móviles de acuerdo a su precio internacional conllevó a una revuelta que hizo tambalear el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Esta segunda fase culminó entre 2008 y 2009 para dar paso a la actual: una expansión del cultivo de la soja desde la región pampeana, que se extiende por 55 millones de hectáreas, hasta la región del Chaco, que incluye otros 10 millones de hectáreas (norte-oeste).

Este proceso de "pampeanización" no sólo trasladó el modelo productivo, sino también "su lógica económica, financiera, y su práctica cultural, que es convertir un bosque en algo llano y hacerlo cultivo", indicó el profesor.

"Eso cambia la perspectiva que se tenía del productor rural en la región chaqueña, que tenía la perspectiva de la madera como algo dentro de su lógica hasta visual", agregó.

A eso se suma que el actual Gobierno entrega subsidios a los productores de las regiones marginales extrapampeanas para que puedan bajar la soja a los puertos de salida y así equiparar, con dinero público, sus costos a los del productor pampeano.

Esta última etapa en la que se encuentra el país desvela la consecuencia de las dos anteriores: "problemas económicos porque el precio de la soja no es tan rentable, una expansión irracional de la soja, deforestación, cambio de suelos, catástrofes climáticas, y la inacción del Estado para controlarlo", concluyó el ingeniero.

La población de pueblos fumigados y zonas afectadas, sin embargo, comienzan a reclamar un cambio en la producción que contemple otros granos, la fruticultura, y la horticultura.
El país sudamericano tiene actualmente 23 millones de hectáreas dedicadas al monocultivo de soja transgénica, casi tres veces el territorio de Irlanda.


* Análisis publicado el 13 de abril en la agencia de noticias Sputnik.

Los maestros de Argentina, en pie de guerra contra Macri

El comienzo del ciclo lectivo en Argentina tras el verano austral suele ser un dolor de cabeza para el presidente de turno, pues los sindicatos docentes son uno de los primeros colectivos en negociar los aumentos salariales que regirán durante el resto del año para compensar la inflación, que en 2016 superó el 40 %.

Vista de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, durante la manifestación del miércoles

Lejos de llegar a un consenso, el presidente Mauricio Macri avanza sin freno hacia una colisión con los maestros de la educación pública al atrincherarse en su negativa de abrir, como cada año, una discusión nacional que defina el salario mínimo docente en todo el territorio.
Los sindicatos advirtieron que iban en serio cuando convocaron una huelga de 48 horas el pasado 6 de marzo, día en que estaba previsto el comienzo del curso escolar. El paro repercutió en todo el país, con una vistosa demostración de fuerza en las calles de Buenos Aires durante una manifestación que convocó a decenas de miles de personas.
A esta medida de fuerza siguieron cuatro días más de huelga nacional, dos la semana pasada, y otras dos este martes y miércoles.
El conflicto se agrava en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento de la población. La mayoría de los colegios de primaria y secundaria en la jurisdicción más importante del país acumulan once días de huelga, lo que repercute en las clases de más de cuatro millones de alumnos.
Como parte del pulso que el Gobierno sostiene contra los sindicatos docentes, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una paga extra para los profesores que no se sumaran a la huelga, y convocó a voluntarios para brindar apoyo escolar, lo que hizo hervir de ira a los sindicatos.
En línea con la postura adoptada por el presidente, Vidal también ha comenzado a descontar del sueldo de los maestros los días de clase perdidos. El castigo afecta a unos 100.000 profesores, uno de cada tres docentes de la provincia.
Este intento de quebrar el apoyo a la huelga se mantiene en un claro desafío a la justicia, que hace unos días intimó a la provincia a que devuelva las retenciones salariales que aplicó contra docentes por participar en una huelga en agosto del año pasado.
El Ejecutivo nacional, mientras tanto, se escuda en el carácter federal del país para rechazar una discusión nacional de los aumentos, y recuerda que son las provincias las que pagan los sueldos de los profesores, aunque por la Ley de Financiamiento Educativo, promulgada en 2006, está obligado a convocar a nivel nacional las llamadas paritarias (negociaciones) salariales.
Los gremios reclaman una mejora en su sueldo del 25 % para este año, más un 10 % que compense la caída del poder adquisitivo en 2016, mientras que la jurisdicción de Buenos Aires, que marca la pauta de las negociaciones que seguirán en el resto de los distritos, dejó en claro su predisposición al diálogo al ceder y aumentar su oferta salarial del 18 % al 19 %, en tres cuotas y ajustable según la inflación.
El colmo para los sindicatos llegó este martes. En coincidencia con la huelga de 48 horas que comenzaban los maestros, Macri presentó los “dolorosos” resultados de un informe sobre el nivel educativo de los alumnos argentinos.
“Cuatro de cada diez chicos de sexto grado de la escuela pública no comprende textos, pero en la privada son dos de cada diez”, informó el presidente. “Eso marca la inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada contra aquel que tiene que caer en la escuela pública”.
En un Gobierno donde banqueros y gerentes empresariales encontraron su vocación política, la frase que deja en evidencia la estima de Macri por la educación que brinda el Estado encontró su respuesta en las calles de la capital argentina.
Cuatro columnas provenientes de Cuyo (oeste), Patagonia (sur) el Nordeste, el Noroeste argentino confluyeron en la ciudad de Buenos Aires para demostrar al Gobierno que están muy lejos de conformarse con la precariedad general que afecta al sistema educativo de Argentina, uno de los más prestigiosos del continente hace décadas.
Según sus organizadores, unas 400.000 personas asistieron a la marcha que desbordó el centro de la capital argentina.
La manifestación amenaza con agravar una de las peores crisis políticas que ha tenido el Ejecutivo durante sus quince meses de gestión. Sumado a las movilizaciones que en los últimos días han sacado a la calle a miles de personas, sea de la mano de los maestros, o de la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno tiene pocos días para contrarrestar el caldo de cultivo que se está generando de cara al próximo 6 de abril, cuando se celebre la primera huelga general contra Macri.

* Artículo aparecido en el diario español Público el 22 de marzo de 2017.

Argentina endurecerá requisitos para otorgar residencia a extranjeros

El Gobierno argentino modificará la Ley de Migraciones para retirar la residencia y expulsar del país a los extranjeros que hayan sido condenados a más de tres años de prisión, anunció a Sputnik el subdirector de la Dirección Nacional de Migraciones, Julián Curi.

 

Alguien que cometa un delito con penas privativas de la libertad superiores a tres años no podrá pedir la dispensación (para residir en el país), de acuerdo a lo que estamos planteando", señaló Curi.

La legislación actual establece que un extranjero pierde el derecho de permanecer en Argentina si es condenado a más de cinco años de cárcel.

En base a la normativa vigente, "no podemos retirar la residencia a un extranjero que comete un delito que conlleva una pena de cuatro años, como un abuso sexual simple", ejemplificó el funcionario.

Al mismo tiempo, la Ley de Migraciones indica en su artículo 29 que no puede ingresar al país un extranjero que tenga antecedentes penales o haya sido condenado por delitos que bajo la legislación argentina conlleven penas privativas de libertad de tres años o más.

"Si supiéramos que ese delito (por ejemplo, abuso sexual simple) se cometió en el país de origen, el extranjero condenado no podría obtener la residencia ni ingresar a Argentina", señaló Curi.

Con la reforma que plantea, el Gobierno de Mauricio Macri pretende equiparar las causales que impedirían el ingreso al país de un extranjero con las que conllevan la retirada de la residencia.

En caso de que un extranjero haya recibido una pena de cárcel menor a tres años, "establecemos que el director nacional de Migraciones puede dispensarlos", informó el subdirector.
Agilizar expulsiones

En los últimos 10 años se otorgaron 2,5 millones de residencias a extranjeros en un país en el que habitan más de 40 millones de personas, según el último censo oficial de 2010, indican las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones.

Consultado sobre el número de solicitudes de residencias rechazadas en ese mismo lapso, el subdirector comentó que ese tipo de datos no se manejan porque "no es relevante para nuestros estudios".

También durante la última década, la administración comenzó a tramitar 15.000 disposiciones de expulsión, pero se ejecutaron aproximadamente 100.

"El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada dura 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco u ocho años", detalló Curi, de modo que "se hace inmaterial practicar la expulsión de estas personas".

Algunos casos de narcotráfico, de hecho, "han corrido por esta vía", agregó.

A través de la condición de "extrañamiento" que estipula la Ley de Migraciones en su artículo 64, un extranjero en prisión puede salir de Argentina a partir de la mitad de su condena si tiene orden de expulsión firme y consiente en ella.
Por la vía administrativa, cualquier persona con una orden de expulsión puede presentar un recurso de consideración en primer lugar, después un recurso de alzada, y por último un recurso extraordinario.

Si el trámite de expulsión continúa, comienza por vía judicial el proceso de prueba que se puede alargar unos dos años; ya con sentencia, la persona puede apelar primero a la Cámara de Apelaciones y después recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

"El problema es que los plazos establecidos por ley son kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", insistió el subdirector.

La modificación de la Ley de Migraciones pretende acortar, por ello, los plazos recursivos.

El Gobierno agilizará así los mecanismos para que los trámites de expulsiones se prolonguen por un máximo de dos meses.

"Una persona condenada por cualquier delito que conlleve pena de prisión es plausible de ser expulsada", afirmó Curi.

Hasta ahora, los inmigrantes con penas menores por delitos de narcotráfico "tampoco están contemplados en la escala penal para ser expulsados, lo que nos parece injusto", añadió.

La modificación de la Ley de Migraciones que impulsa el Ejecutivo se haría por decreto reglamentario y no a través del Congreso, un asunto "que no tratamos nosotros porque es un resorte del Poder Ejecutivo", zanjó el subdirector de Migraciones.

Para profundizar los controles, el Gobierno ha conseguido acceso en tiempo real a las bases de datos de Interpol, ha mejorado los sistemas informáticos y la infraestructura y ha asignado más agentes durante esta temporada de verano austral a la supervisión de las fronteras.Entre 2011 y 2015, el Estado argentino concedió 646.524 radicaciones temporales y 632.440 permanentes, mientras en el primer cuatrimestre de 2016 se aceptaron 50.281 radicaciones temporarias y 35.776 permanentes.

Por nacionalidades, los paraguayos lideran el listado de las radicaciones permanentes y temporarias concedidas, seguidos por los bolivianos y los peruanos.

El cuatro por ciento de la población penitenciaria de Argentina, compuesta por 71.464 personas, es extranjera, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia.

El porcentaje es similar al de la población inmigrante que tiene este país, que representa 4,5% de todos los habitantes, de acuerdo al censo de 2010.


 * Artículo publicado en la agencia Sputnik Nóvosti el 19 de enero de 2017

 

Rechazo a un centro de detención para extranjeros creado por Gobierno argentino

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron este viernes al Gobierno argentino de Mauricio Macri por habilitar un centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.

“Amnistía Internacional observa con preocupación la creación de un centro de detención para personas migrantes”, indicó la entidad en un comunicado.

El Ministerio de Seguridad firmó el jueves un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones, en el que también interviene el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, por el que este último organismo cede un inmueble de la capital argentina para que funcione como centro de detención.

El Gobierno nacional alojará en este establecimiento a todos los extranjeros que incumplan las leyes migratorias “en calidad de detenidos” y “en carácter de comunicados”.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.

El centro se constituye “al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar el destino mencionado”, indicó Migraciones.

La Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.

“El alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales”, añade el comunicado.

Esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina (...) reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y restricción de la migración”, denunció AI.

Aunque el Ejecutivo alega que este centro servirá “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [de Migraciones] y su normativa complementaria vigente”, Amnistía objetó que esta medida “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”.

Aprobada en diciembre de 2003, la Ley de Migraciones fue reconocida internacionalmente por incorporar cláusulas en sintonía con la protección de derechos humanos, y por priorizar la regularidad de los extranjeros frente a pautas de restricción en donde la detención interviene como control migratorio.

El Gobierno de Macri “está ampliando los criterios de retención y expulsión”, denunció por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que supervisa el estado de derechos humanos en Argentina.

En la plataforma Change.org ha surgido una iniciativa que han firmado más de 1.000 personas contra este “paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un 'problema' de seguridad nacional y de orden público”.

Argentina ha sido históricamente un país receptor de inmigrantes. La Dirección Nacional de Migraciones celebraba en 2015 que Argentina se había convertido en el principal receptor de inmigrantes de América Latina con el 4,6 por ciento de su población extranjera, casi 2 millones de personas. 

Artículo publicado este viernes en la agencia internacional de noticias Sputnik.

Macri asume entre incógnitas y expectativas el poder en Argentina

BUENOS AIRES.— El presidente Mauricio Macri se consagra mañana jueves como el nuevo mandatario de Argentina para los próximos cuatro años. Debe zambullirse en un escenario complejo entre las aguas de un contexto regional en el que los Gobiernos de izquierda pierden fuelle y los partidos opositores de la derecha en esos países le dan la bienvenida, pero es muy cuidadoso a la hora de adelantar sus próximos pasos.

Macri, que durante los últimos ocho años fue jefe de Gobierno [alcalde] de la ciudad de Buenos Aires, no dio a conocer quiénes iban a formar parte de su Gobierno hasta que no ganó la segunda vuelta de las elecciones del pasado 22 de noviembre, como tampoco se ha explayado en comunicar cuáles serán sus primeras medidas al frente del Ejecutivo.

El mandatario sí ha esbozado algunas prioridades de su política exterior. La semana pasada fue recibido en un mismo día por la presidenta brasileña Dilma Rousseff y por la mandataria chilena Michelle Bachelet. En su visita al principal socio comercial de Argentina, Macri se reunió con los empresarios de la Federación Industrial de San Pablo (Fiesp) para invitarlos a participar en el "plan de infraestructura más grande de la historia de la Argentina".

Desde el Mercosur (integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela), Macri ha manifestado su intención de converger hacia la Alianza del Pacífico (bloque que conforman Chile, Colombia, México y Perú). Pero los “socios naturales” de Argentina, según el nuevo Gobierno, son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

El próximo objetivo es que el mandatario estadounidense Barack Obama visite Buenos Aires en 2016. A una década del famoso "No al Alca" del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) en la IV Cumbre de las Américas, la nueva canciller Susana Malcorra postula que el Área Libre de Comercio de las Américas con Estados Unidos "no es una mala palabra” y podría ser una "alternativa" al Mercosur.

El nuevo rumbo de Argentina en sus relaciones internacionales ha quedado en evidencia cuando en una de sus pocas definiciones, Macri apuntó contra Venezuela y afirmó que invocaría la cláusula democrática que prevé el Mercosur para expulsar al país del organismo “porque persigue a los opositores y no respeta la libertad de expresión". Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de este país el pasado domingo, considera que ya no hay ninguna razón para solicitarla.

El presidente también cambiará el discurso que hasta ahora mantuvo su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, en el litigio que sostiene Argentina desde hace 14 años contra los fondos especulativos que se rehusaron a ingresar en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a los que sí accedió el 93% de los acreedores, y que ahora reclaman el pago total de sus títulos. Macri espera llegar a un acuerdo con ellos el año que viene.

Política nacional

El antagonismo entre Mauricio Macri y Cristina Fernández ha tenido su apogeo con los preparativos del traspaso de mando, ya que la exmandataria quería entregarle en el Congreso el bastón de mando y la banda presidencial, símbolos del poder ejecutivo, y el presidente insistió en que ese acto volviera a celebrarse, como era costumbre hasta 2003, en la Casa Rosada, palacio de Gobierno.

Las negociaciones se rompieron después de que Macri presentara un amparo judicial para que su mandato comenzara a las 00h del jueves. La jueza María Servini de Cubría dictaminó que Cristina Fernández terminaba su mandato a la medianoche de este día, y que la presidencia de Macri comenzaba en ese mismo momento, por lo que la expresidenta rehusó asistir a la ceremonia.

Más allá del acto de asunción que lo tiene por protagonista, Macri debe encarar el aumento de la inflación persistente en los últimos años y acentuada en los últimos días, y por ello intenta consensuar con sindicatos y empresarios un acuerdo para retrotraer los precios al último día de noviembre. Además sólo pagarán el llamado impuesto a las ganancias (al sueldo) los salarios superiores a los 30.000 pesos (unos 3.000 dólares al dólar oficial), y la misma escala se aplicará a los aguinaldos de diciembre.

Con un dólar oficial en torno a los 10 pesos argentinos y un paralelo en el mercado que no se aleja de los 15, el presidente dice que eliminará las restricciones vigentes en la compra de divisas extranjeras y unificará el tipo de cambio en lo que se traduce como una devaluación. A cuánto estará el dólar, no se sabe.

Para saber lo que puede suceder en un país agroexportador como Argentina, no hay más que observar los movimientos del sector cerealero y oleaginoso, que está reteniendo la exportación de su cosecha, valorada en 11.300 millones de dólares, a la espera del nuevo Gobierno. El presidente se ha comprometido a eliminar los impuestos a las exportaciones de trigo, girasol y maíz, y a reducir las retenciones de la soja.

Nuevo mapa político

La gobernabilidad de Macri, que es el primer presidente democrático de Argentina que no pertenece al peronismo o al radicalismo —los principales movimientos políticos del país— se pondrá en cuestión en el Congreso, donde la coalición Frente para la Victoria (FpV) del anterior Gobierno retiene la mayoría en ambas Cámaras.

Es de interés del mandatario que no haya problemas en su relación con los gobernadores de las provincias, así sean de otro signo político. Ellos necesitan llevarse bien con el Gobierno nacional para sanear las cuentas regionales, y Macri necesita que sus diputados y senadores lo respalden en las iniciativas parlamentarias.

Como líder de un Gobierno que promete menos confrontación política y más diálogo, más difícil se presenta la disputa que mantiene con tres funcionarios nombrados por el anterior Ejecutivo:Martín Sabbatella, José Sbatella y Alejandra Gils Carbó, que lideran respectivamente la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal (jefatura de los fiscales).

Macri buscará la manera de sustituirlos a todos ellos. La jefa de los fiscales, Gils Carbó, sólo puede ser destituida con un juicio político que debe avalar el Congreso. El resto de los funcionarios pueden afrontar distintos procesos de remoción por "mal desempeño de sus funciones”.

Con el fin de calmar el recelo que genera en parte de la población, el Gobierno asegura que Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF seguirán en manos del Estado, y que no eliminará los programas sociales, aunque también ha reconocido que subirán las tarifas del gas y de la electricidad con un subsidio que sólo se mantendrá para los sectores con menos recursos, según ha confirmado el ex presidente de Shell Argentina Juan José Aranguren, nuevo ministro de Energía.

Hay una presencia relevante de directivos de empresas en las carteras del Gobierno, quienes convivirán con otros dirigentes procedentes de la gestión de Macri en la capital argentina y con el único ministro de Cristina Fernández que seguirá en su puesto, Lino Barañao, de Ciencia y Tecnología.

Con esta coyuntura se prepara Macri para ejercer el poder, una vez despida a las autoridades extranjeras que llegaron a Buenos Aires para acompañarlo en su asunción y cierre tras de sí las puertas de la Casa Rosada desde donde gobernará Argentina.