Uruguay engrasa la ley contra los represores

El Gobierno uruguayo comienza a salir de la empantanada situación en la que se había sumergido por intentar, simplemente, juzgar los delitos de la última dictadura (1973-1985). El presidente, José Mujica, promulgó anteayer una ley, sancionada por el Parlamento el pasado miércoles, que evita que estos crímenes prescriban. Casualidad o no, ese mismo día un juez procesó a cinco exmilitares y a un policía retirado por el asesinato de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Este caso ha tenido gran trascendencia por ser ejemplo de la represión que ejerció el Plan Cóndor en el Cono Sur bajo los Gobiernos dictatoriales de los setenta. La nuera del poeta, secuestrada en Buenos Aires cuando estaba embarazada y trasladada a Uruguay en 1976, dio a luz de manera clandestina antes de desaparecer. Su hija, Macarena Gelman, con ayuda de su abuelo, consiguió este año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiera una investigación y condenara al Estado uruguayo por la desaparición de su madre.

Si bien los represores imputados ya cumplían prisión por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ahora también serán investigados por este crimen.

El viernes también fue testigo de otra iniciativa, esta vez popular, que protagonizaron 24 ex presas políticas al presentar una querella contra decenas de militares en la que denuncian haber sido vejadas con violaciones y torturas.

Sin embargo, estos procesos no siempre tuvieron una dinámica tan fluida. Hasta ahora, todos los crímenes de lesa humanidad corrían el riesgo de prescribir el próximo martes debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que en mayo estableció como "delitos comunes" las transgresiones del régimen militar.

Ex presas políticas se querellan contra militares por haber sido torturadas

Un camino lleno de trampas

El Frente Amplio, desde el Gobierno y con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, pudo reaccionar a tiempo con la ley promulgada por Mujica, pero el sendero para llegar hasta aquí se hizo hostil y lleno de trampas. Y dentro de la coalición se abrieron muchas heridas.

La pauta de todo este conflicto parte de la ley de caducidad todavía vigente, una normativa promulgada en 1986 que amnistía a los militares de cuantos crímenes hayan cometido durante la dictadura. Esta norma podía haberse revertido con más facilidad si no hubiera estado refrendada no ya por uno, sino por dos plebiscitos aprobados por la ciudadanía en 1989 y en 2009.

La ley de caducidad, no obstante, incluye una cláusula que permite al Ejecutivo apartar de su aplicación los casos que considere convenientes. Desde que el Frente Amplio llegara al Gobierno con el presidente que antecedió a Mujica, Tabaré Vázquez, la coalición se ha apoyado en esta prerrogativa para excluir 16 casos en total. En junio, Mujica reactivó 88 juicios que habían sido bloqueados por administraciones anteriores.

La legislación que ahora entra en vigor no elimina la ley de caducidad, pero sí la modifica. Y permite de alguna manera sortear los plebiscitos populares, sin enfrentarlos directamente, para comenzar a hacer justicia. Un camino que no ha sido fácil ni concluye aquí.


* Artículo aparecido el 29-10-2011 en el diario español Público.

La nieta del escritor argentino Juan Gelman testifica contra la dictadura*

“El 14 de enero de 1977 fui dejada en una canasta en la puerta de una familia, que pensé que eran mis padres hasta que me enteré que era hija de desaparecidos”. Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, fue uno de los 500 bebés que los militares argentinos sustrajeron a detenidas embarazadas a lo largo la dictadura (1976-1983). Hoy es una joven de 33 años que actúa como testigo en uno de los juicios que se celebran en Argentina sobre crímenes de lesa humanidad.

Macarena se dirigió el pasado miércoles al tribunal para relatar el secuestro de sus padres, Marcelo Gelman y María Claudia García, que tenían 20 y 19 años respectivamente cuando fueron capturados en 1976. Ellos son dos de los 200 prisioneros políticos que pasaron entre mayo y noviembre de aquel año por un antiguo taller conocido como “Automotores Orletti”, un nombre de fachada que ocultaba uno de los centros clandestinos de detención más sanguinarios de aquella época.

Automotores Orletti fue precisamente una de las bases neurálgicas del Plan Cóndor, aquel pacto de coordinación entre las dictaduras sudamericanas de la región que pretendía exterminar a toda la oposición. El juez que instruye el caso, Daniel Rafecas, comparó el centro clandestino con los campos de concentración del nazismo, y el fiscal federal Federico Delgado sostuvo que fue un “enclave del terror que no lo conducía una horda desbocada, sino algo calculado y planificado que convertía a todos (los prisioneros) en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites”.

La madre de Gelman, embarazada, fue trasladada de allí a una cárcel clandestina de Montevideo a las pocas semanas. “Nunca comprendí por qué mi mamá, siendo argentina, fue trasladada a Uruguay”, confesó Macarena.“Cuando yo nací -el 1 de noviembre de 1976- permanecí un mes y medio con ella hasta el 22 de diciembre, cuando ella fue vista por última vez, según el relato de un soldado uruguayo”, añadió.

Su madre continúa todavía desaparecida, mientras que los restos de su padre fueron encontrados en 1989. Tras haber recibido un tiro en la nuca, su cadáver había sido colocado “en un tambor de 200 litros con cal arriba”, que después fue “arrojado al canal San Fernando” del Río de la Plata, tal y como ha relatado su hija.

Macarena Gelman reconoció durante su comparecencia el esfuerzo de su abuelo, premio Cervantes de Literatura en 2007, que durante años la buscó sin descanso. La joven, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, también recordó a su padre adoptivo, que “estaba retirado como policía cuando me dejaron en la puerta de la casa, por estar en desacuerdo con el régimen uruguayo”.

El juicio Automotores Orletti, en el que están procesados seis ex militares y agentes de inteligencia, es parte de una megacausa con más de 100 imputados en la que se investigan los delitos cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército, una jurisdicción militar que tuvo a su cargo más de 60 centros clandestinos.

* Artículo aparecido el 06-08-2010 en el diario español Público.