Senadores kirchneristas justifican disensión en el voto sobre acuerdo con fondos buitre

ANÁLISIS- Buenos Aires - Los senadores Juan Manuel Abal Medina y Dalmacio Mera, de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV), explicaron a esta periodista los motivos que los llevaron a votar en contra y a favor, respectivamente, de la ley sancionada este jueves en el Senado, que permite pagar a los acreedores que no reestructuraron su deuda en los canjes de 2005 y 2010.

“Todos los senadores de la coalición estamos de acuerdo en que se debía terminar con este tema para salir de la suspensión de pagos”, coincidieron Mera y Abal Medina.

El Gobierno de Mauricio Macri consiguió aprobar este proyecto de ley tanto en Diputados como en el Senado, aunque no tenía la mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Quien tiene la hegemonía en la Cámara Alta, con 42 de los 72 legisladores, es el FpV, la coalición peronista liderada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Mientras que en Diputados una parte de la fuerza se escindió del FpV para integrar el Bloque Justicialista, en el Senado permanecen todos unidos bajo las mismas siglas, no así para votar el proyecto que este jueves recibió la sanción definitiva con 54 votos a favor, 16 negativos y 2 ausencias.

El juez estadounidense Thomas Griesa, que reconoció en 2012 la totalidad de la deuda que reclamaban los fondos buitre, condenó al país a la suspensión técnica de pagos en 2014 al imponer una cautelar que impedía que Argentina pudiera pagar el 93 por ciento de la deuda canjeada.

Aunque Abal Medina estaba de acuerdo con “salir de la suspensión de pagos extorsiva”, consideró que la ley aprobada es “peligrosa”.

“Posibilita un nuevo ciclo de sobreendeudamiento para un conjunto de usos que en la historia argentina siempre terminaron teniendo terribles consecuencias para la mayoría de la población”, sostuvo.

Sobre las discrepancias del bloque, Abal Medina esgrimió que en la oposición, “el FpV tiene más margen de libertad que cuando estaba en el Gobierno, cuando teníamos que avalar las medidas que venían del Ejecutivo”.


El eslogan “Patria o Buitres”, que empleó el núcleo más cercano a la ex mandataria Fernández para ilustrar su posición en el litigio, “fue una consigna a la que no debe reducirse la discusión”.

“Aquello sirvió como herramienta política, pero la valoración de si la ley es buena o no es un juicio más racional que valorativo, porque el Gobierno es de otro partido”, afirmó.

Junto al jefe del bloque en el Senado Miguel Pichetto, el senador intentó introducir algunas modificaciones al proyecto “que nos diera mayor garantías de control del proceso de endeudamiento, pero esa posición no tuvo consenso ni de un lado ni del otro”.

VOTO A FAVOR


El senador del FpV por la provincia de Catamarca (noroeste), Dalmacio Mera, votó a favor “porque lo decidió el Ejecutivo y nosotros no somos más Gobierno”, indicó.

Mera valoró que el Gobierno consiguiera una quita del 25 por ciento en el reclamo de pago original de los fondos buitre.

“Nos preocupaba que si no se aprobaba la ley, dejábamos servido en bandeja que quienes reestructuraron su deuda pudieran ejecutar la cláusula de aceleración [del contrato de bonos], dado que no reciben su pago desde hace más de año y medio por el embargo”, observó.

Ese riesgo entrañaba, según economistas, una posible demanda por valor de 30.000 millones de dólares.

La ley aprobada establece que debe levantarse la medida cautelar del magistrado como condición para pagar a los fondos buitre. Así “cumplimos con el deber moral de cuidar a los bonistas que canjearon su deuda”, afirmó Mera.

El legislador recordó que el juicio de los fondos buitre lo ganaron “en un juzgado que elegimos nosotros y en una jurisdicción que elegimos nosotros”, pues Argentina accedió a que el litigio se dirimiera en las Cortes de Nueva York.


TAREA PENDIENTE


La gestión anterior, por otro lado, no tuvo el margen necesario para llevar adelante el acuerdo que sí concretó el Ejecutivo de Macri.

Hasta diciembre de 2014 estuvo vigente la cláusula RUFO, que impedía a Argentina mejorar la oferta que se brindó a los bonistas que reestructuraron sus títulos.

En 2015, “empezamos con elecciones en el mes de marzo en distintos lugares, así que no era un año lógico para hacer un acuerdo de estas características, porque hubiéramos entrado en una enorme discusión electoral”, admitió Mera.

El bloque se conformó entonces con introducir algunas modificaciones al proyecto, “que trabajamos en línea con nuestros diputados,”, destacó Mera.

Al mismo tiempo, la coalición no quería poner en riesgo “la posibilidad de que los bonistas que aceptaron los canjes interpretaran posibles dilaciones como un intento de no destrabar sus embargos”.

Como Abal Medina, el senador restó importancia al desacuerdo de su grupo ante la ley, ya que a veces “los bloques determinan la libertad en sus votos, y es una muestra de fortaleza”.

“La minoría que votó en contra entendían que ésta no era una situación de oportunidad, nada más”, agregó el legislador, que aseguró que el FpV “seguirá trabajando unida porque son más cosas las que nos unen que en las que tenemos diferencias”.

El Gobierno debe pagar antes del 14 de abril 7.500 millones de dólares en base a los 21 acuerdos que negoció en Nueva York, pero emitirá deuda por 12.500 millones de dólares en total.
* Análisis publicado el 1 de abril en la agencia internacional de noticias Sputnik

El 'déjà vu' de Argentina con los fondos buitre

Con la atención de gran parte de los argentinos puesta en la final del Mundial que enfrentará este domingo a su país con Alemania, el Gobierno de Cristina Fernández mira de reojo el calendario ante otra disputa que tiene su desenlace el 30 de julio: antes de esa fecha, el Ejecutivo tendría que llegar a un acuerdo con algunos fondos especulativos que reclaman el pago íntegro de sus bonos de deuda, avalados por un fallo de la Corte Suprema estadounidense.

 

El juez Thomas Griesa es el nombre que ahora está en boca de todos. En noviembre de 2012, el magistrado sentenció que Argentina tenía que pagar 1.330 millones de dólares a tres fondos buitre que no entraron en los canjes de quita de deuda propuestos en 2005 y 2010 por el Gobierno argentino. La resolución fue apelada por el Ejecutivo. Pocos esperaban que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara, el pasado 16 de junio, la decisión de Griesa.

Argentina tiene ahora hasta finales de mes para llegar a un acuerdo con litigantes, pues para entonces vence el plazo de gracia que tiene Argentina para pagar en Estados Unidos 539 millones de dólares de vencimiento de deuda a varios acreedores que sí ingresaron en los canjes.

El fantasma de 2001

Pero el Gobierno argentino ya depositó este monto a finales de junio en el Banco de Nueva York, su agente de pago en Estados Unidos, el cual ha inmovilizado el dinero para no desobedecer a Griesa. La sentencia del magistrado advierte de que "en caso de no cumplirse el fallo, se embargarían los pagos de Argentina a los deudores con títulos reestructurados y consideraría aquellos bancos que incumplieran sus órdenes cómplices de desacato".

"Griesa va a tratar de armar el fantasma de la suspensión de pagos, pero es complicado justificarla porque Argentina ya giró el dinero, y por más que se haya bloqueado, es el juez quien impide que lo reciban los bonistas", explica a Público el doctor en Sociología Gabriel Merino, miembro del Centro de Estudios Formación e Investigación en Política Economía y Sociedad (CEFIPES).

"Lo que intenta Griesa es producir un golpe en la estrategia argentina de acercarse a los mercados en un contexto de problemas económicos que se han generado tras la devaluación de los últimos meses", presume Merino.

Cristina Fernández llegó a tildar de extorsiva la resolución judicial, que es favorable al 1% de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar íntegramente la deuda pública en mora tras la crisis de 2001, mientras que los bonistas que sí aceptaron la reestructuración del valor de sus bonos son el 92,4%.

"Hay una guerra entre gigantes, que llega a Estados Unidos y Europa", valora el investigador. "Se están enfrentando no sólo con Argentina, sino con otros sectores más poderosos. Los neoconservadores, que tienen menos poder, tratan de dinamitar todo canje de deuda. Ellos quieren que cualquier reestructuración, norma o legislación, se haga dentro de su país y así evitar instituciones internacionales. Al frente, Argentina intenta negociar con el apoyo de FMI, de la OEA, del G-77 y de otros grandes jugadores que no quieren  venir amenazado el tablero financiero internacional".

Pero puesto ya en crisis, los más atentos al devenir de este conflicto son los bancos que entraron en la reestructuración de la deuda argentina, como Barclays, Citigroup o Deutsche Bank. Argentina no sólo tiene que sobrevivir al 30 de julio. El 31 de diciembre vence la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a los bonistas que aceptaron los canjes reclamar las mismas condiciones que reciba hasta entonces cualquier otro acreedor.

Si Argentina accediera al reclamo de los fondos buitre, el resto de los acreedores que aceptó el canje podría disparar demandas para cobrar también ellos la deuda íntegra, lo que equivaldría para el Estado un desembolso de 120.000 millones de dólares que el país no tiene.

A corto plazo, la sentencia también puede habilitar las querellas de otros acreedores de deuda que no entraron al canje y que podrían reclamar 15.000 millones más.

De no ceder Griesa, según Merino, los bonistas podrían demandar al magistrado y a los agentes de pago que no giren el dinero de Argentina.

Deuda odiosa y soberanía

"El efecto del fallo de Griesa puede tener dos resultados", observa el economista y político Claudio Lozano, diputado nacional del partido de izquierdas Unidad Popular. "Acelerar la crisis de endeudamiento aumentando la deuda pública, o aprovechar la oportunidad para replantear la estrategia de la deuda y recuperar mayor margen de soberanía para nuestra política económica".

Lozano no duda en calificar el fallo de Griesa como inaceptable. "El conjunto de efectos del fallo Griesa es de tal magnitud que resulta imposible aceptarlo en esos términos. La sentencia está siendo cuestionada no sólo por los Gobiernos de América Latina, sino también los europeos, la ONU, el FMI y la OEA", reivindica. Este apoyo le daría a Argentina cierta maniobra de acción.

"Pueden pasar dos cosas: una, que el Gobierno se avenga a una suerte de negociación en donde acepte pagar con nueva deuda, volviendo a la vieja calesita del endeudamiento que tuvimos en los años 90", advierte el diputado. "Otra, que reemplace el Banco de Nueva York por el Banco de la Nación de Argentina como agente de pago y convoque a los acreedores actuales para cambiarles sus bonos por unos que tengan legislación local, de manera de no seguir emitiendo bonos que reconozcan tribunales y leyes extranjeras, una barbaridad de la reestructuración de deuda que sigue manteniendo lo que inauguró la última dictadura militar (1976-1983)".

A esto último se lo conoce bajo el término técnico de "prórroga de jurisdicción", lo que habilita a cualquier tribunal tratar a Argentina como deudor comercial y no como Estado soberano.

El contrato de canje que estableció con sus acreedores le permite a Argentina tomar el segundo camino planteado. Sólo bajo este escenario podría realizarse un proceso de auditoría integral de la deuda pública, como ha llevado a la práctica Ecuador con el Gobierno de Rafael Correa.

Este país pagó al final el 30% de su deuda sin que hubiera reclamos que lo frenaran, porque la auditoría que realizó puso sobre la mesa todas las ilegalidades e ilegitimidades que se habían realizado en los distintos procesos de endeudamiento.

"Desde 2001 en adelante, Argentina ha seguido emitiendo deuda pública violando nuestra propia Constitución y aceptando la emisión de bonos bajo ley y tribunal extranjero" critica Lozano. "Si nosotros hubiéramos realizado una investigación, tendríamos que haber declarado nulas todas esas emisiones de deuda. Si uno no cuestiona nada, termina siendo enjuiciado por un juez como Griesa".

Los dólares que no están

Argentina ha sido muy disciplinada durante la última década en el pago de su deuda. "Hemos pagado en ese tiempo 63.000 millones de deuda pública, tenemos 250.000 millones de deuda todavía (la mitad del PBI) y al mismo tiempo andamos embargados y enjuiciados por el mundo", añade el político.

Efectivamente, la presidenta Cristina se ve obligada a alquilar aviones en sus viajes internacionales para que no le embarguen la aeronave presidencial. Aun así, Lozano cree que el Gobierno se encamina a una negociación con los fondos buitre que acelerará la crisis de endeudamiento.

"Y no por casualidad", reflexiona el diputado. "Desde octubre de 2013, después de las elecciones legislativas, el Gobierno ha buscado endeudarse como demuestra la devaluación, la suba de las tasas de interés, el retraso de los salarios y las jubilaciones, y los acuerdos con Repsol y con el Club de París, que llevan implícita la idea de un acuerdo amigable con los fondos buitre y por esta vía, volver al mercado financiero internacional".

El partido que lidera Lozano cree que se negoció mal con Repsol porque Argentina tenía que haberle pasado la cuenta de un conjunto de facturas ambientales reconocida en juicios que tiene abiertos la multinacional no sólo en este país, sino también en América Latina y en Estados Unidos.
También reclama la revisión de la deuda que se acordó con el Club de París, visto que la mitad fue originada durante la dictadura, cuando no hay registro de todos los ingresos de dólares que supuestamente entraron. "Hubiera merecido una discusión este asunto de la deuda odiosa, que es la misma caracterización que hizo Estados Unidos con la deuda que tomó el dictador Saddam Hussein en Iraq y que luego fue condonada", alude el diputado.

Al no haberse discutido ninguno de estos parámetros, Lozano calcula que para finales de 2015 Argentina habrá incrementado sus vencimientos en dólares en 3.800 millones de dólares. "La política es: como no tengo divisas, incremento mi necesidad de divisas y por lo tanto incremento mi necesidad de deuda", resume el político. "La idea de que es necesario endeudarse para pagar los vencimientos de la deuda que reconocemos, cuando ésta merece ser discutida, nos devuelve al peor de los mundos en términos de estrategia de política".

Pero ¿acaso puede Argentina hacerse dueña y soberana de todas las decisiones económicas que le atañen, prescindiendo de amenazas y castigos que vengan de afuera? La falta de divisas en Argentina, uno de los problemas más graves que afronta el Gobierno, es lo que suele esgrimirse como motivo necesario para congraciarse con el sector financiero del exterior y así no quedar aislado como país.
Lozano evoca los 90.000 millones de dólares que en la última década se fugaron de Argentina, los depósitos que hay en el exterior por otros 200.000 millones, y recuerda que el saldo de las 50 principales empresas de Argentina triplica el resultado comercial del país.

"Debería haber algún tipo de discusión en la política pública para que los dólares argentinos estén en Argentina. Hay que buscar los dólares por ahí, y no sobre la base de allanarse a situaciones de limitación que propone el acuerdo con el sistema financiero internacional", expone el político. "Sin embargo, Argentina está hoy sin divisas como consecuencia de la privatización de las divisas que genera".


* Artìculo publicado el 12 de julio de 2014 en el diario español Público.