El Congreso argentino aprueba la ley de Papel Prensa

El Senado argentino sancionó este jueves una controvertida ley que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para diarios. El oficialismo consiguió el apoyo de seis legisladores de fuerzas aliadas para aprobar la normativa con un total de 41 votos a favor, frente a 26 senadores que se pronunciaron en contra y otro más que se abstuvo. Diputados opositores han decidido denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el supuesto “peligro” que corre en Argentina la libertad de expresión, pero la polémica sobre este proyecto hace tiempo que ha trascendido al Parlamento para pisar la calle, siendo los principales diarios del país, Clarín y La Nación, los más acérrimos opositores a la norma.

La ley establece cómo debe funcionar Papel Prensa, la única productora en Argentina de papel de celulosa y papel. A partir de ahora la empresa deberá fijar un solo precio de venta, y además tendrá que operar “como mínimo, a pleno de su capacidad” de modo que pueda “satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”.  El Ejecutivo será el regulador de todo este proceso.

Papel Prensa abastece en la actualidad a casi 170 periódicos en todo el país, lo que representa un 74% del mercado interno. El resto del papel es importado. Con la nueva ley, si la empresa no puede cubrir por sí sola la demanda, el Estado tendrá derecho a intervenir en ella, y por tanto, podrá acrecentar su participación accionaria, que hoy es del 27,46%. Clarín, dueño del 49% de las acciones, y La Nación, poseedor del 22,49%, consideran que la mediación del Estado atenta contra la Constitución.

Clarín, que pertenece al grupo multimedios más grande de Argentina, se encargó de dejarlo en claro el pasado domingo cuando publicó como portada una hoja en blanco con sólo un epígrafe: el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe al Congreso el dictámen de leyes que restrinjan la libertad de imprenta. La Nación, por su parte, afirma que las inversiones estatales serán el modo que tendrá el Ejecutivo de “apoderarse” de Papel Prensa “no porque sea rentable, sino porque le es políticamente útil: controlar a los diarios”.

Una lectura muy diferente hace el Gobierno de Cristina Fernández, que se apresuró a agilizar la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado ahora que vuelve a tener mayoría en ambas Cámaras, recuperada tras las elecciones del pasado octubre. “Del total producido por Papel Prensa, Clarín y La Nación utilizan el 70% para cubrir sus necesidades”, denunció uno de los mayores defensores de la ley, el senador oficialista Aníbal Fernández. “El resto se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio 15% mayor", precisó. 

La misma presidenta ha indicado que el objetivo de la ley es garantizar “el acceso al insumo básico para los diarios pequeños que es el papel”. Fernández también señaló que “fue el Estado el que generó la primera fábrica de papel de diarios, con recursos de todos los argentinos”.

La disputa por Papel Prensa va mucho más allá del intercambio de palabras, y el año pasado, la jefa de Estado denunció a los directivos de Clarín y La Nación por delitos de lesa humanidad, tras acusarlos de haber coaccionado en 1976 a los dueños originales de la empresa con la complicidad de la dictadura (1976-1983).

* Artículo original aparecido el 24-12-2011 en el diario español Público

Sin resultados concluyentes los test a los hijos de la dueña de Clarín

Por primera vez se afianza en Argentina la idea de que Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín, podrían no ser descendientes de personas desaparecidas durante la dictadura (1976-1983). El pasado viernes concluyeron unas pruebas de ADN que comparaban el perfil genético de los dos jóvenes con el de familias de desaparecidos entre 1975 y 1976 y los resultados, por ahora, han sido negativos.

Dentro de ese grupo, hay todavía cuatro casos en los que no hay resultados definitivos. El ADN de Marcela fue cotejado en total con 55 familias, pero con tres de ellas la información genética disponible resultó ser "insuficiente" para poder excluir o confirmar un vínculo biológico entre ellos. Tampoco puede determinarse la coincidencia de ADN entre Felipe y una de las 57 familias cotejadas con su perfil.

En esta misma semana se descartó también el vínculo genético de los jóvenes con dos familias que desde hace más de una década reclamaban, a través de una causa judicial, la paternidad de los hermanos, quienes no tienen parentesco entre sí. Clarín, el grupo multimedia más importante del país, entiende que esto "deja en claro que Marcela y Felipe no son hijos de personas desaparecidas" y que, además, "resulta imposible que lo sean en los casos posteriores a 1976 [año en que, se supone, nacieron los dos jóvenes], ya que desde mayo y julio de ese año los hermanos vivieron con [la directora de Clarín] Ernestina Herrera de Noble".

Este caso dio un giro inesperado hace casi un mes, cuando Marcela y Felipe se sometieron voluntariamente a una extracción de sangre para que su ADN pudiera ser cotejado con el de las familias que denunciaron el robo de menores durante la dictadura. Lo hicieron, según dijeron, "para poner fin a una persecución política" del Gobierno, enemistado con Clarín.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo

En cambio la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que ha conseguido restituir la identidad a 104 hijos de desaparecidos, ha indicado que todavía no existe "un resultado negativo" y que lo importante es llegar a la verdad, "sea cual sea".

En dos semanas continuarán los cotejos con las familias de desaparecidos entre 1977 y 1978 que ordenó la Justicia. El mapa genético de Marcela y Felipe será entonces comparado con el de otras 132 familias que brindaron su ADN para identificar a víctimas de la desaparición forzada.

* Artículo aparecido en el diario español Público

Cristina Fernández prohíbe la publicidad sexual en la prensa

Ayer entró en vigor en Argentina el decreto que prohíbe la publicación de anuncios de prostitución en la prensa de este país. La jefa de Estado, Cristina Fernández, promulgó además una ley contra la trata de seres humanos, que ahora pasa a ser delito federal. El ejecutivo de Buenos Aires pretende con esta doble medida "la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres".

Todos los anuncios de comercio sexual se agrupaban hasta ahora en el "rubro 59", una categoría más de las existentes en la publicidad de la prensa escrita argentina. "Les deja pingües ganancias a los diarios que hacen negocios con esta oferta", indicó la presidenta durante un acto. "No se puede desde las tapas [portadas] pedir al Gobierno que luche contra la trata de personas y después en las páginas comerciales publicar avisos", añadió.

Los principales diarios argentinos de tirada nacional que permitían estos anuncios eran hasta ahora Clarín, La Nación, Ámbito Financiero y El Argentino. Además de ser el diario de mayor difusión, Clarín era también el periódico que más dinero ingresaba por este tipo de publicidad.

Los anuncios de prostitución de este matutino en particular habían sido ya motivo de reproche por parte del jefe de Gabinete de ministros argentino, Aníbal Fernández, quien denunció que Clarín ingresaba "un millón de pesos [casi 170.000 euros] por mes en el rubro 59". Esta cifra, multiplicada por los 12 meses del año, casi equivale a lo que el periódico recibió durante 2010 de publicidad oficial del Gobierno: 12,9 millones de pesos (2,18 millones de euros).

La presidenta argentina también aprovechó la firma del decreto para criticar a Clarín, en lo que parecía una escalada más en la pugna que desde 2008 mantiene en permanente disputa al Gobierno de la presidenta y al grupo multimedia al que pertenece el diario. Un conflicto avivado desde entonces por la Ley de Medios promulgada por el Ejecutivo, la disputa por el principal proveedor de papel para prensa, del que Clarín es uno de los accionistas mayoritarios, y el enfrentamiento de la dueña del diario, Ernestina Herrera del Noble, con la Justicia, que quiere averiguar si sus dos hijos adoptivos fueron robados a desaparecidos.

* Artículo aparecido el 07-06-2011 en el diario español Público

Argentina está pendiente de dos pruebas de ADN

Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la directora del diario argentino Clarín, han decidido renunciar a la batalla judicial que se abrió hace más de una década para comprobar si eran hijos de desaparecidos de la dictadura militar (1976-1983). En un comunicado dirigido a la Justicia, los dos hermanos han anunciado que se someterán a una extracción de sangre con la “mayor premura posible”. Lo que ha causado también sorpresa es que han pedido que sus muestras biológicas sean cotejadas con todos los patrones que alberga el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución que contiene todo el material genético de familiares que buscan a niños apropiados ilegalmente durante el régimen militar.

Con la intención de "poner fin al acoso y persecución política y mediática de que son objeto", según comentó Héctor Silva, uno de los abogados defensores de la familia, los dos hermanos han tomado esa decisión para “terminar con esta causa que les ha generado enormes padecimientos tanto a ellos como a su madre [Ernestina Herrera de Noble, dueña del mayor grupo multimedia de Argentina]”.

Tanto Marcela como Felipe han rechazado con el escrito presentado a la jueza Sandra Arroyo Salgado, responsable del caso, la posibilidad de recurrir la última resolución de la Cámara de Casación Penal, que el pasado 2 de junio obligaba a los dos hermanos a que les fuera realizada la extracción obligada de muestras biológicas que contuvieran ADN.

Precisamente ayer expiraba el plazo para que los hermanos Noble Herrera presentaran su apelación ante la Corte Suprema. “Decidimos renunciar a nuestros derechos constitucionales y no buscaremos que la Corte revise la decisión de las instancias judiciales previas que ordenaron medidas compulsivas de extracción de sangre y saliva”, indicaron en el texto que firmaron ellos y sus seis abogados.

La magistrada Arroyo Salgado fue quien ordenó en diciembre de 2010 “la extracción directa, con o sin consentimiento” de muestras biológicas de los dos hermanos. La Cámara de Casación reafirmó después esta medida, pero estableció un límite: sólo podían compararse los datos genéticos de Marcela y Felipe con el ADN de personas que hubieran desaparecido hasta mediados de 1976.

Ésta fue una de las causas por las que el proceso judicial se dilató por tanto tiempo: los dos hermanos sólo llegaron a contemplar el cotejo de datos genéticos con las dos familias querellantes que impulsaron la causa, mientras que Abuelas de Plaza de Mayo, parte también del proceso, quería que la comparación del perfil biológico de Marcela y Felipe no se limitara a un número determinado de casos, sino que se extendiera a todo el BNDG.

"Es una buena decisión. La verdad es que la vida de ellos [Marcela y Felipe] era un infierno", destacaba ayer la presidenta de la organización, Estela de Carlotto, que fue quien en 2001 denunció a la dueña de Clarín por apropiación ilegítima y falsificación de documentos públicos. Abuelas ha conseguido, mediante las pruebas de ADN, recuperar hasta ahora la identidad de 103 nietos apropiados por la dictadura, pero se calcula que existen otros 400 en paradero desconocido.

Éste es un cambio inesperado en una causa judicial que ha enfrentado al Gobierno de los Kirchner y a Clarín, que mantiene una línea opositora. En las próximas horas se prevé que la jueza Arroyo Salgado fije la fecha para la extracción de ADN.

* Artículo aparecido en el diario español Público

Incoherencias sobre Papel Prensa

Fue la presidenta argentina Cristina Fernández la que definió como “thriller” el proceso de compra durante la dictadura (1976-1983) de Papel Prensa, la mayor productora de papel para periódicos del país, pero las declaraciones de los antiguos dueños de la empresa, contradictorias y confusas entre sí, han servido para convertir esta historia en un culebrón, a casi una semana de que el Gobierno anunciara su intención de denunciar ante la Justicia a los diarios Clarín y La Nación por haber incurrido en “amenazas y presiones” para hacerse con el control de la compañía.

Lo único comprobable hasta ahora es que Lidia Papaleo, viuda del antiguo dueño de la empresa David Graiver, traspasó las acciones de Papel Prensa a Clarín y a La Nación en noviembre de 1976, tres meses después de que su marido muriera en un extraño accidente en México, y cuatro meses antes de ser secuestrada y torturada por la dictadura.

Ha sido ella la que ante los tribunales declaró esta semana que la venta se concretó cuando estaba en libertad. Papaleo había precisado anteriormente en una carta al Gobierno que el director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, le había amenazado: “Firme o le costará la vida de su hija y la suya”.

En la presentación de un informe sobre Papel Prensa que acusa a los dos diarios de cometer delitos de lesa humanidad, la presidenta sostuvo el pasado martes que la familia Graiver vivía en “libertad ambulatoria”, con “presiones y amenazas” y en una “apariencia de legalidad”.

Es aquí que aparece el hermano de la viuda, Osvaldo Papeleo, en el papel de intérprete, al argumentar que las palabras de Lidia han sido mal entendidas. “Cristina [Fernández] nunca dijo que mi hermana estuviera presa cuando vendió las acciones de Papel Prensa”, asegura. “Claro que estaban en libertad [los miembros de su familia]. Querían asegurarse (de) que entregaran las acciones”.

Al mismo tiempo surgen en escena el hermano y la hija del ex dueño de Papel Prensa, Isidoro y María Sol Gravier, que niegan que la familia fuera extorsionada, y que por ello, no tienen “nada que reclamar”.

Isidoro Graiver ha dicho además estar sorprendido por las afirmaciones de Osvaldo y Lidia Papaleo. Admite que su familia estaba agobiada por las deudas en 1976, desconoce que hubiera amenazas por parte de la dictadura, pero sí señala que la viuda de su hermano recibía presiones de personas que decían ser parte de la guerrilla Montoneros. En todo caso “las negociaciones [sobre la venta de la empresa] las llevé adelante yo personalmente”, afirma. “La familia gozaba para esa fecha de total libertad para realizar la operación”.

Entre tanto, el pasado viernes llegó a la Cámara de Diputados un proyecto que pretende declarar “de interés público” la fabricación, distribución y comercialización de pasta celulosa y de papel para diarios. En la defensa de esta iniciativa, Cristina Fernández acusó a Clarín de “controlar la palabra impresa” por ser accionista mayoritario de Papel Prensa.

* Artículo aparecido el 29-08-2010 en el diario español Público

El Gobierno denunciará ante la Justicia a Clarín y La Nación*

No fueron 400, como auguraba la prensa argentina, sino 26.000 las páginas del informe que ha presentado la presidenta Cristina Fernández para acusar a los diarios Clarín y La Nación de cometer en 1976, al comienzo de la dictadura (1976-1983), “ilegalidades” en la compra accionaria de Papel Prensa, el principal proveedor de papel para los periódicos argentinos.

Este informe será presentado a la Justicia para denunciar a los dos diarios por haber supuestamente incurrido en delitos de lesa humanidad. “Como titular del Ejecutivo, quiero dar encause a Papel Prensa después de 31 años de manejo oscurantista”, indicó Fernández. “Y voy a enviar al otro poder [legislativo], en el cual tenemos minoría en ambas cámaras, un proyecto de ley cuyos ejes serán declarar de interés publico la producción de pasta papel celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización”.

Además la presidenta anunció la creación de un “marco regulatorio” que determinará “precio, condiciones y cantidad de venta de papel” para todos los periódicos del país, y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso para dar seguimiento a la empresa.

Clarín replicó ayer con las declaraciones en primera página de Isidoro Graiver, hermano de quien fuera dueño hasta 1976 de Papel Prensa, David Graiver. “Realizamos las ventas de bienes de nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad”, aseguró. “No tengo ni he tenido intención alguna de reclamar”.

El Gobierno, por su parte, ha rechazado esta información. “David e Isidoro se habían separado, no eran socios, y eso es una situación histórica, comprobable”, sostuvo el canciller argentino Héctor Timerman.

* Artículo aparecido el 26-08-2010 en el diario español Público.

El Gobierno argentino se enfrenta a Clarín y La Nación*

La confrontación entre el Gobierno argentino y el diario Clarín ha llegado a su punto más alto desde que los Kirchner llegaran al poder en 2003. A los pocos días de que el Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández decidiera cancelar la licencia de la operadora de Internet Fibertel, que pertenece al grupo Clarín, una nueva afrenta ha vuelto a colocar al Gobierno no sólo contra el mayor grupo mediático de Argentina, sino también contra La Nación, uno de los diarios más vendidos del país.

Ayer el Gobierno se disponía a presentar un informe de 400 páginas para denunciar a los dos periódicos de tirada nacional, junto al diario argentino La Razón, por haber comprado de forma ilegal durante la dictadura (1976-1983) las acciones de Papel Prensa, el mayor fabricante de papel para diarios del país.

Clarín es su accionista mayoritario, con el 49% de la empresa, mientras que el Estado tiene el 27,46%, y el periódico La Nación el 22,4%. El Gobierno pretende demostrar con el informe “Papel Prensa, La Verdad”, que existen “pruebas irrefutables de la complicidad que existió entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en el momento en que se produjo el traspaso de las acciones de Papel Prensa”, según ha explicado la directora estatal de esa empresa, Beatriz Paglieri.

Según ha adelantado, en el informe se incluye el testimonio de la viuda del banquero David Graiver, que fue accionista de Papel Prensa. Quien fuera su mujer, Lidia Papaleo, traspasó posteriormente sus acciones a Clarín, La Nación y La Razón, pero ahora denuncia que en noviembre de 1976 fue forzada a vender sus acciones bajo torturas y amenazas de muerte por parte del director de Clarín, Héctor Magnetto, y de la dictadura.

En un comunicado conjunto, tanto Clarín como La Nación rechazaron las acusaciones del Gobierno afirmando que “era una historia inventada”, y especificaron que los integrantes del grupo Graiver, fueron detenidos cinco meses después por los represores de la dictadura, pero por “imputaciones ajenas a este tema”.

Así fue. La dictadura detuvo a los vendedores de la empresa del Grupo en 1977 porque los acusó de pertenecer a la guerrilla Montoneros. Pero Clarín y La Nación también remarcan que en todo este tiempo Lidia Papaleo nunca había mencionado “presión alguna de los diarios”. En cambio defienden su compra de las acciones de Papel Prensa, “que fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época”

Los dos socios coinciden en señalar que lo que en realidad pretende el Gobierno es dominar la fábrica de papel para diarios, que abastece a unos 170 diarios en todo el país, para así controlar la información. Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, admitió a Público que estaban esperando la publicación del informe para estudiar los pasos a seguir. “Vamos a esperar el informe”, indicó a Público. “Pero podemos decir que es una historia inventada sobre cómo se hizo la transferencia de las acciones, disfrazando una cuestión que esconde la voluntad del Gobierno de controlar que no le son adictos. Esto forma del plan”.

Se esperaba que ayer el Gobierno, durante la presentación de este informe que ha elaborado el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, anunciara además su envío a Justicia para iniciar una demanda penal contra Clarín y La Nación. Por ahora, la única en pronunciarse ha sido la Cámara Nacional de Apelaciones, que ayer mismo dictó un fallo que no reconoce ningún sustento para permitir la intervención judicial en Papel Prensa que había solicitado el Gobierno.

* Artículo escrito para el diario español Público el 24-08-2010

Los hijos de la dueña de Clarín denuncian una campaña de persecución en su contra.*

“Sólo queremos que nos respeten”. Agarrados de la mano, los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se mostraron por primera vez ante las cámaras de televisión el pasado jueves para defender a su madre ante la atención que ha despertado una investigación judicial en curso que pretende determinar si son hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

“Nuestra madre es la directora de Clarín pero para nosotros fue, es y será nuestra mamá. La persona que hace 34 años nos eligió como hijos, y que siempre nos habló con la verdad”, dijeron al principio del vídeo que emitió Todo Noticias (TN), un canal propiedad del grupo Clarín.

En un mensaje muy parecido al que publicaron el mismo día en los principales diarios del país, Felipe y Marcela Noble Herrera acusaron al Gobierno de Cristina Fernández de querer utilizar su caso políticamente para atacar a su madre. “Nos terminó de convencer un mensaje de la Presidenta que, sin nombrarnos, aludió permanentemente a nosotros. Desde ese momento, nos sentimos con miedo, angustiados, perseguidos”, afirmaron.

Los hijos de la dueña de Clarín se refieren así al discurso que pronunció Cristina Fernández el pasado 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976, en el que se ofreció para acompañar ante los tribunales internacionales a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que entre otras causas impulsa una batalla judicial para determinar la identidad de Felipe y Marcela.

“¿El gobierno necesita políticamente que nosotros seamos hijos de desaparecidos?”, plantearon en la grabación televisada los hijos de Herrera de Noble. “¿Después qué querrán? ¿Que aparezca nuestra madre como apropiadora?”.

Marcela y Felipe fueron adoptados en 1976 por la dueña de Clarín, y ahora la Justicia intenta que su ADN sea cotejado en un organismo nacional que alberga la información genética de las víctimas de la dictadura.

En un artículo escrito el 11 de enero de 2003, Ernestina Herrera de Noble planteó la posibilidad de que sus hijos adoptivos hubieran sido “víctimas de la represión ilegal”. Un mes antes un juez la había acusado de adulterar los expedientes de adopción de Marcela y Felipe, y por ello había pasado tres días en una dependencia policial hasta que le concedieron el derecho a la prisión domiciliaria por su estado avanzado de edad. Días después aquel magistrado fue destituido por mal desempeño, y ella quedó liberada.

“Me causa tristeza por los chicos [Felipe y Marcela], porque las presiones que reciben les impiden observar que no se trata de una cuestión política lo que está en juego”, respondió por su parte el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quien recordó además que las familias biológicas también tienen derecho a conocer la identidad de los posibles hijos de desaparecidos.

* Artículo aparecido el 24-04-2010 en el diario español Público.

Un juez en Argentina se enfrenta a la ley de medios*

El Gobierno apelará la decisión judicial de suspender dos artículos

La Ley de Medios de Comunicación Audiovisual vuelve a ser un asunto de controversia en Argentina después de que un juez haya frenado la aplicación de dos de sus artículos. Esta disposición responde a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.

Uno de los artículos que ha sido declarado inconstitucional por el juez federal Edmundo Carbone es el 41, que sólo autoriza la transferencia de licencias con la supervisión de la Autoridad de Aplicación (el ente regulador).

El otro artículo dejado sin efecto es el 161, que otorga a las empresas el plazo de un año para desprenderse de las licencias que excedan la cantidad permitida por la ley. “Vencido dicho plazo improrrogable, serán aplicables las medidas que al incumplimiento en cada caso correspondiesen”, dice el texto.

Para el juez eso significa vulnerar la libertad de prensa. Carbone, en realidad, señala en el auto que los dos artículos contravienen lo dispuesto en el Código Civil, ya que “las leyes no tienen efecto retroactivo y “en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”. El juez, que ya ha enviado la resolución a la jefatura de Gabinete argentina, argumenta que los artículos “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.

Reducción de licencias

La nueva ley de medios, aprobada por el Senado el pasado 10 de octubre, reduce de 34 a 10 las licencias que pueden tener las compañías. El Grupo Clarín es uno de los más afectados al ser dueño de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, “la resolución dictada por el juez es sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior”.

El ministro considera “llamativo” que el juez, antes de intervenir en el recurso presentado por Clarín, haya propuesto la renuncia a su cargo fechada para el 31 de diciembre de este año. “Nadie en sus cabales [hace esto] faltando 15 días para retirarse”, añadió.

Alak ha señalado que la medida de Carbone no es una declaración de inconstitucionalidad, sino una medida “provisoria, un examen superficial de la cuestión” que además, “no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”. El Gobierno ya ha comunicado que apelará la resolución.

El jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, también ha levantado sospechas en torno al juez. Ayer declaraba que “la gente cercana” a Carbone “dice que la presión por parte del monopolio fue muy fuerte”.

*Artículo aparecido el 17-12-2009 en el diario español Público