América Latina critica las recetas neoliberales que hunden Europa

Gran parte del protagonismo de la XXI Cumbre Iberoamericana, que culminó ayer en Asunción con la participación de 22 países, se la han llevado España y Portugal. No por ello debían estar contentos. América Latina, que de crisis sabe y de situaciones críticas también, ha dejado claro que no aplaude la catarata de ajustes que ha realizado la Unión Europea y que, por el contrario, su proyecto político es exactamente el opuesto: más inversión pública, más políticas sociales y más Estado, pese a quien pese.

Éste era, precisamente, el lema de la Cumbre: "Transformación del Estado y desarrollo". El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, lo quiso llamar de un modo más poético. "Las cinco revoluciones", enfatizó, que los países latinoamericanos deben emprender en política macroeconómica, educación, equidad, innovación y modernización de las instituciones públicas para conseguir que, por fin, "ésta sea la década de América Latina".

Sin perder la cortesía, Iglesias definió como "una pena" que el bloque europeo no "haya mirado un poco las experiencias de América Latina de los noventa y de principios de esta década", cuando la región se sumergió en un periodo de privatizaciones, recortes sociales y liberalización de servicios que dejaron en la región un raquítico Estado de bienestar, ya de por sí debilitado.

Lo dijo con otras palabras el presidente paraguayo y anfitrión de esta Cumbre, Fernando Lugo, al denunciar en su discurso inaugural que son precisamente estos modelos "impuestos o importados" los que han llevado a "profundas crisis sociales, a una real crisis de cierto modelo de Estado".

Ausencias notables

El mandatario, sin dejarse amilanar por las numerosas ausencias que han nublado esta Cumbre, advirtió de que el sistema económico y social al que América Latina se sometió hace no tanto tiempo tiene consecuencias perversas, "facilitando la fuga de capitales, la pérdida de nuestras riquezas naturales, la creación de una clase social privilegiada, el desempleo masivo, la inseguridad social, una gran masa de desheredados y la marginación de los indígenas".

Aunque gran parte del crecimiento latinoamericano se basa en la exportación de materias primas y no tanto en la industrialización, desde este lado hay un modelo económico relativamente progresista que apuesta por volcar el crecimiento del país en la creación de empleos, en una incipiente seguridad social y en el acceso gradual de la población a la salud y a la educación.

En esta ocasión, España y Portugal únicos países europeos, además de Andorra, presentes en el cónclave, se limitaron casi a escuchar lo que América Latina tenía que decir sobre una crisis que a los argentinos, por ejemplo, les hace recordar su corralito de 2001.

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que asistió a su última convención como mandatario, se despidió de sus homólogos latinoamericanos del mismo modo que España, en definitiva, se retira de este congreso silenciosa y con un mensaje que meditar. Hace una semana, la Unión Europea la elogiaba por aplicar en tiempo y forma los planes de austeridad exigidos. Ahora, América Latina indica a su socio que desaprueba este camino, ya sufrido en carne propia, y que no seguirá los pasos dados al otro lado del charco.

Prueba de esta independencia la dio ayer el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando abandonó la primera sesión plenaria al tomar la palabra la vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Pamela Cox.

El mandatario ecuatoriano denunció que, cuando él era ministro de Economía, este organismo había chantajeado a su país por cambiar de política económica. "[Cox] debería comenzar su discurso pidiendo disculpas por el daño que el Banco Mundial ha hecho a América Latina y al planeta. ¿Por qué en este foro tenemos que escucharles?", sostuvo antes de marcharse.

Autonomía

La Declaración de Asunción, con la que se clausuró esta Cumbre, reforzó la misma idea de autonomía: un Estado más consolidado, nuevos programas de cooperación y una serie de anexos que insisten en demandas repetidas cada año, como el fin del bloqueo a Cuba, el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la propuesta ecuatoriana de respetar un parque natural de la Amazonia, rico en petróleo, a cambio de una compensación económica.

Las ausencias de la mitad de los 22 presidentes invitados a este foro dejaron, no obstante, un malestar que ya viene de antes, como dio a entender Correa al indicar que este tipo de foros se habían banalizado algo. O, como afirmó el viernes no sin cierta guasa el presidente chileno, Sebastián Piñera: "América Latina tiene tantas cumbres que parece una cordillera".


* Artículo aparecido el 29-10-2011 en el diario español Público.

Pequeña rebelión de España ante la Unión Europea

Madrid rechazó las últimas recomendaciones del bloque, que sugerían un aumento del IVA y de los impuestos a los combustibles. Un "no" simbólico de un país que acató una de las reformas estructurales más severas

Hasta ahora, España era uno de los países que, como Grecia, seguía sin rechistar todas las propuestas sugeridas tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea -que equivale al poder Ejecutivo de la Unión-. Esta institución emitió el pasado martes una serie de recomendaciones, en las que exigía, a cada uno de sus miembros, nuevos ajustes y más recortes sociales y económicos.

En el caso de España, la Comisión consideró que el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero debía poner un techo de gasto en las Administraciones, una rebaja a las cotizaciones sociales de los trabajadores; tenía que aprobar también, y lo antes posible, la reforma que lleva la edad de jubilación a los 67 años y además, incluir un sistema automático para equiparar ese tope establecido con la esperanza de vida.

El Ejecutivo de Zapatero, que hasta ahora siguió religiosamente todas las propuestas del FMI y de la Unión Europea, consideró ahora que estas propuestas están fuera de lugar. En primer lugar, se niega a reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, porque "sirven para pagar futuras pensiones", según argumentó la ministra de Economía, Elena Salgado. "Esa recomendación no la vamos a seguir en el corto plazo. Dentro de no sé cuántas legislaturas, cuando las reformas estén produciendo sus efectos, será ocasión de ver qué dice la Comisión", afirmó.

El Gobierno del PSOE recuerda el castigo que ha recibido en las últimas elecciones municipales y autonómicas del 22 de marzo, cuando un millón y medio de personas le retiraron su apoyo como represalia por los recortes adoptados en su segunda legislatura: reforma laboral, reducciones salariales, recorte del gasto público, congelación de las pensiones, subida de los impuestos del IVA y del tabaco, recortes de 6 mil millones de euros en la inversión a obras de infraestructura, limitación a las ayudas por dependencia y discapacidad y el impulso a una reforma de las pensiones que atrasa la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

En realidad, todos los países miembros de la Unión Europea han acordado acatar la principal prioridad que establece la Comisión y que comparte la visión del FMI: ejecutar recortes y privatizaciones para "sanar" las cuentas públicas, que están en riesgo por los multimillonarios rescates bancarios con los que han tratado de salvar a la banca.

Muy distinto es lo que ocurrió en Islandia, un país de apenas 310 mil habitantes y que no pertenece a la Unión Europea, pero que quedó al borde de la bancarrota en 2008. Allí, los tres principales bancos del país, que eran, a su vez, las empresas más grandes de la nación, colapsaron por deudas por lo que el Gobierno se vio en la necesidad de nacionalizarlos. Hasta entonces había coqueteado con un sector financiero sin ningún control, hasta el punto de que el volumen de dinero que se manejaba en ese rubro equivalía a ocho veces el PIB nacional.

Pero la población había escarmentado, y así lo hicieron saber en dos referendos. En el primero, en marzo de 2010, dijeron "no" al hecho de cubrir de su bolsillo el quiebre de uno de los bancos. En el segundo, celebrado en abril de este año, volvieron a decir que no a la posibilidad de indemnizar a unos 300 mil ahorradores ingleses y holandeses que habían depositado su dinero en uno de los bancos islandeses.

Por si fuera poco, el ex primer ministro conservador que gobernaba durante la crisis, Geeir H. Haarde, está procesado en un juicio que comenzó este año por cometer "negligencia grave". En 2009, tras numerosas manifestaciones, se vio obligado a dimitir con todo el Gobierno en bloque. Él es el primer político en sentarse en el banquillo por la crisis financiera. Ahora gobierna la izquierda con mayoría absoluta, desde abril de 2011, tras 65 años de poderes conservadores.

España, en cambio, ha hecho todo lo contrario. Al compás de lo que marca la Unión Europea de mano del FMI, que tomaron por política salvar a los bancos de la ruina, hoy se sigue y ejecuta un plan de austeridad sin precedentes. Entre los países miembros hay una interdependencia económica, y se marca una pauta sobre el tipo de política económica y social a seguir. El "no" de España no puede deslindarse, en realidad, de una causa común que lidera la Unión Europea y bendice el FMI.

* Artículo aparecido en Infobae América el 08-06-2011

El valor de la palabra

¿Alguna vez se ha preguntado por qué “damos” nuestra palabra “de honor” cuando queremos que se confíe en lo que decimos? ¿Nuestra palabra no es de por sí honorable?

Existía una época en la que la palabra era un valor por sí misma. No se necesitaban aclaraciones ni testimonios por escrito, porque la palabra era inviolable aunque no hubieran pruebas materiales de lo dicho.

Ahora vivimos en una sociedad que asiste paralizada a un recorte de garantías sociales que se consiguieron a base de continuas luchas en el siglo pasado. No nos movimos con el desfalco que hicieron los bancos y que pagamos entre todos con dinero público, y así se dieron carta blanca para seguir impunemente con reformas laborales, despidos, precarización del empleo o congelación de salarios. Del hilo están suspendidos miles de trabajadores con una existencia precaria, nos eliminan derechos universales de un día para otro, y sin embargo la gente sólo sale a la calle para festejar cualquier victoria en los partidos de fútbol.

Del mismo modo que no cuidamos nuestros derechos, tampoco cuidamos de la palabra. Ambos pierden su significado, y nos hemos acostumbrado a que así sea.

Si funcionáramos en un sistema político respetable, los políticos podrían ser procesados, o inhabilitados en el ejercicio de la función pública, por las promesas que hicieron y no cumplieron. La impunidad es tal que presentan sus propuestas hasta por escrito, en lo que luego tratan de sacralizar con el nombre “Programa de Gobierno”.

Una vez alcanzado el poder, se pierde el valor de la palabra oral y escrita. No importan los compromisos realizados, y los discursos de antaño se desvelan como sugerentes campañas de imagen que sólo pretendían seducir y comprar.

Si nosotros no somos capaces de darle valor a la palabra, perdemos un derecho más. La política será un espacio de marketing donde cualquiera puede proclamar lo que quiera sin que luego sus acciones se verifiquen con su palabra.

He aquí un recordatorio de qué nos aseguraba el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, no hace tanto tiempo. ¿Qué haremos en esta ocasión?

Reacciones prosinoistas*

Nada ha impedido que el presidente del Gobierno español se abra paso como uno de los protagonistas mediáticos ante la agresión israelí en Gaza. No sólo su partido ha sido uno de los convocantes de la manifestación que se ha celebrado en Madrid en rechazo al asedio, sino que él mismo trató de evitar por un día las declaraciones asépticas y vacías de contenido que tanto le ayudan a quedar bien con todo el mundo.

No le salió del todo bien. Zapatero explicó que condenaba las “reacciones absolutamente desproporcionadas y contrarias al derecho internacional humanitario”, dejando entrever, no obstante, que la masacre que Israel realiza a destajo es una respuesta a las provocaciones de Hamás. También los medios de comunicación asumen, en casi cualquier información que ofrecen sobre el acoso a la población palestina, que fue Hamás quien rompió la tregua establecida entre ambas partes. No se mencionan los ataques israelíes del 5 de noviembre o del 2 de diciembre pasados, que acabaron con la vida de ocho milicianos palestinos cuando todavía estaba vigente el acuerdo del cese de hostilidades.

Quede claro, de entrada, lo que debía ser cumplido tanto por Hamás como por Israel en esos seis meses de alto el fuego: mientras a la organización palestina se le exigía el fin del lanzamiento de cohetes, Israel estaba obligado a terminar con sus embestidas, a levantar el bloqueo de los territorios ocupados y a reabrir los pasos fronterizos de Gaza.

El mismo presidente del Ejecutivo español no puede criticar a Israel sin reprochar a continuación a Hamás. Eso sí, no se le ocurrirá expulsar al embajador israelí del país, como ya ha hecho Hugo Chávez con el de Venezuela. Cómo será de contradictoria la actitud de Zapatero, que incluso la embajada israelí en España ha emitido una nota en la que muestra su sorpresa por la presencia de representantes del PSOE en las manifestaciones de varias ciudades españolas, dado que los lemas que pudieron leerse en ellas “no parecen compatibles con los objetivos expresados por el Gobierno”.

Zapatero tampoco se atreve a espabilar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su último comunicado con relación a la invasión israelí es del 4 de enero. En él se pueden encontrar las más elaboradas sinsustancias que, ante todo, procuran no escorarse hacia ningún lado. Más atareado se encuentra el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que en el primer semestre de 2008 vendió material bélico a Israel por millón y medio de euros, más que en todo 2007.

Dado que el sentir de gran parte de la opinión pública suele ser manipulado, hay ya iniciativas que empiezan a contrarrestar tanta palmadita en el hombro de Israel. Lo representan las siglas BDS: Boicot, Desinversión, Sanciones. No comprar productos cuyos códigos de barras comiencen por 729 –que señalan su proveniencia israelí– o enterarse de qué multinacionales apoyan al Estado sionista son algunas de las medidas que se difunden. Hay ya un ejemplo en la historia: el rechazo internacional que se levantó contra el apartheid de Sudáfrica a partir de los ‘60 fue clave para que éste acabara derrumbándose. Qué mejor estímulo para confiar en que un país no siempre puede despreciar, sin consecuencias, al resto del planeta.

*Artículo para el diario público ElTelégrafo (Ecuador).

Peligro ruso

La privatización es un tejemaneje de altos vuelos en España: no hay más que recordar la venta a corporaciones privadas de empresas en su día estatales –Telefónica, Iberia, Tabacalera, Endesa o Argentaria. Por eso no dejan de resultar curiosos los aspavientos políticos que ha originado el interés de la rusa Lukoil por la repentina bien amada Repsol –que en su día también pertenecía al Estado. La inquietud parece provenir por el hecho de que Lukoil sea una multinacional con sede en Rusia (ni siquiera puede decirse que sea rusa como sinónimo de estatal). El revuelo mediático hace presuponer además que Repsol YPF es una empresa española a la cual defender de ciertos compradores extranjeros. Por eso ha intervenido Zapatero, que al principio no mostró excesivo entusiasmo en que Lukoil pudiera comprar el 30% del accionariado de Repsol.

Quizá se explica entonces la entrada en escena del rey, que de acuerdo con el diario Público, llegó a llamar hasta seis veces al presidente del Gobierno para que considerara su postura con respecto a la intervención de la multinacional rusa. La Casa Real, incluso, reconoció la participación del rey como intermediador en la posible compra de Lukoil, según publica el portal Cotizalia. El Palacio de la Zarzuela no tardó mucho en ponerse en contacto de nuevo con la prensa para decir que no, que en realidad el rey no había tenido nada que ver porque ese no era su papel.

Mientras tanto, Zapatero habla de una defensa a Repsol –como si fuera una empresa estatal, primero, y como si alguien la estuviera atacando, en segundo lugar– aunque reconoce que no habrá ninguna intervención del Gobierno para evitar que Lukoil se haga con las acciones que sobre Repsol mantiene la constructora Sacyr Vallerhermoso. Es más: trata de calmar los ánimos diciendo que el 20% de las acciones de Lukoil pertenecen a una compañía asentada en Estados Unidos, para que se tenga en cuenta que la empresa rusa no es tan rusa y que la presencia de capital estadounidense es una tranquilidad para todos.

El miedo surge porque si se llega a concretar la operación, Lukoil pasaría a ser el primer accionista de Repsol. En ese caso, La Caixa rompería con la petrolera el control compartido que mantienen sobre Gas Natural, para evitar que el pulpo ruso se extienda hacia otro recurso estratégico.

A todo esto, surge la pregunta de por qué tanta alharaca en España por el destino de una multinacional –Repsol– que es considerada una de las principales compañías españolas, aunque los negocios se muevan en esferas privadas, y aunque todo ello se produzca en un país, que, paradójicamente, no tiene petróleo.